staffSanta Cruz de Tenerife (EFE).- Representantes de Save the Children y de los colegios de Trabajo Social han reclamado este martes en el Parlamento de Canarias reformas urgentes en el sistema de protección social y han incidido en particular en el problema del acceso a la vivienda, uno factor que está abocando a una exclusión estructural y a la cronificación de la pobreza infantil.
Catalina Perazzo, de Save the Children en España, y las trabajadoras sociales Dolores Fabelo, Maitane Cabrera y Naomí Armas, de los colegios oficiales de Canarias, han comparecido ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias para trasladar sus propuestas y han coincidido en que la carestía de la vivienda es un factor principal de empobrecimiento.
Perazzo ha detallado que el 40 % de la población infantil de Canarias está en riesgo de pobreza y ha pedido un enfoque integral para que las familias con hijos se sitúen en el centro del debate político y presupuestario, ya que el crecimiento económico y el empleo no han logrado revertir la exclusión.
Según la representante de Save the Children, entre que tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza y que el alquiler en Canarias ha subido un casi el doble que la media estatal en los últimos diez años, hay una situación «asfixiante» para los hogares con niños, que padecen un sistema de protección a la infancia infrafinanciado y mal diseñado.
Catalina Perazzo ha subrayado que las transferencias económicas directas son una de las formas más eficientes de sacar a las personas de la pobreza, pero España solo destina el 1,4 % del PIB a prestaciones familiares y de infancia, frente al 2,3 % de media en la Unión Europea.
También hay un problema de diseño de esas ayudas, porque las se canalizan principalmente por la vía fiscal, de manera que los hogares con hijos en situación de pobreza suelen quedar fuera porque no tributan.
Las medidas propuestas por Save the Children incluyen una reforma de la Renta Canaria de Ciudadanía para que sea un complemento real al Ingreso Mínimo Vital, un complemento específico para hogares con menores a cargo, ayudas reforzadas para familias monomarentales y un complemento de vivienda en zonas tensionadas.
Para Perazzo, es imprescindible una ventanilla única administrativa para evitar que las familias tengan que peregrinar entre administraciones para acceder a la Renta Canaria, el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas municipales.
También ha abogado por un refuerzo de los servicios sociales municipales y una ayuda universal por crianza para evitar que las familias entren en pobreza.
La universalización de la educación infantil, becas para todas las familias bajo el umbral de pobreza que se cobren al inicio del curso y ampliar la cobertura del comedor escolar son otras de sus propuestas.
En vivienda, la representante de Save the Children ha pedido que se aplique la ley estatal de manera que se declaren zonas tensionadas y que haya una protección específica para familias con hijos.
En políticas públicas, Catalina Perazzo ha defendido como imprescindible la cogobernanza entre Estado, Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos, así como la interoperabilidad de datos entre las administraciones, además de la evaluación de las políticas públicas.
En cuanto a la infancia migrante y jóvenes extutelados, ha reclamado el acceso al padrón de todos y acelerar su regularización administrativa, ya que muchos jóvenes salen del sistema sin permiso de residencia ni acceso a recursos y quedan expuestos al sinhogarismo y la exclusión social.
Naomí Armas, en representación de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias, ha alertado de que la pobreza infantil «deja huellas que acompañan durante toda la vida» y ha alertado contra «la normalización de la desigualdad» que se produce cuando «los datos dejan de escandalizarnos».
«Diariamente vemos madres, padres, niños, niñas y adolescentes haciendo enormes esfuerzos para superar las dificultades de acceso a la vivienda, empleos inestables, barreras educativas, problemas de salud mental, listas de espera interminables y prestaciones que no llegan cuando se necesitan», ha denunciado.
La trabajadora social ha explicado que en Canarias hay familias con menores viviendo pendientes de un desahucio, sobreviviendo en habitaciones realquiladas o cambiando continuamente de alojamiento porque no pueden acceder a una vivienda digna, una realidad cotidiana para los servicios sociales municipales y los centros educativos.
Maitane Cabrera, del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, ha denunciado que el sistema de protección se centra «en la reacción».
Los servicios sociales están desbordados, falta de personal y sobra burocracia, todo lo cual limita la prevención y la intervención comunitaria, ha dicho.
Ha incidido en que los servicios sociales municipales atienden cada vez más situaciones vinculadas a desahucios, hacinamiento, exclusión residencial y familias con menores sin alternativa habitacional estable.
«Lo que estamos viendo ahora es inaudito», se reciben llamadas de profesores, pediatras y trabajadoras sociales de sanidad, pero no existen alternativas habitacionales para las situaciones de desamparo de las familias, ha denunciado.
Los colegios oficiales de Trabajo Social de Canarias han planteado a la comisión parlamentaria el refuerzo urgente de los medios de los servicios sociales municipales, que están sobrepasados, e impulsar una política pública de vivienda valiente, porque «la pobreza infantil no se resolverá mientras existan familias atrapadas entre alquileres e infraviviendas».
También proponen una financiación estable para los programas de infancia, situar la prevención y el trabajo comunitario como eje central del sistema y coordinar las políticas públicas de educación, vivienda, sanidad y servicios sociales.
«Canarias necesita una respuesta más coordinada, preventiva, comunitaria y valiente», ha afirmado Maitane Cabrera. EFE