La plaga no empieza con la bala. Empieza con la puerta cerrada.
Pregúntale a Esmeralda. Ya no puede contestar.
Esmeralda Moronta de los Santos, 33 años. Fue a la Unidad de Violencia de Género en Alma Rosa, Santo Domingo Este, a las 2:52 de la tarde a denunciar a su expareja. Él la rastreó con un GPS. La esperó afuera. La mató a tiros cuando salía. Le habían dicho que volviera al día siguiente a completar el proceso. Ella nunca llegó a esa cita. 71a7
Ella sabía que su vida corría peligro. Por eso fue a pedir ayuda. No fue por chisme. No fue por exagerada. Fue porque el miedo tiene olor a sangre y ella ya lo sentía cerca.
La alarma suena así en RD:
22 feminicidios en solo 3 meses. De enero a marzo de 2026, la Procuraduría General registró 22 mujeres asesinadas. Solo 3 de esas 22 víctimas habían presentado denuncias previas. En todo 2025 hubo 49 feminicidios, y 59 cometidos por parejas o exparejas. En agosto de 2025 ya iban 48 mujeres fallecidas, 36 por parejas o exparejas.
La plaga infecta el silencio: 97.3% no denuncia. Más del 95% de las mujeres víctimas de violencia en el trabajo o espacios públicos no denuncian. En el ámbito laboral, 97.3% optó por el silencio. La ministra Faride Raful lo dijo: “Sabemos que muchas mujeres no denuncian, por miedo, por vergüenza, por desconfianza en el sistema… apenas una de cada diez víctimas busca ayuda formal”.
Te come la fe cuando denuncias. En más del 80% de los feminicidios registrados hasta agosto 2025, las víctimas no reportaron a las autoridades violencia de género. Y cuando lo hacen, el sistema falla: a Esmeralda le dijeron que volviera al día siguiente. La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, ordenó investigar si la Unidad de Violencia de Género agotó los protocolos.
17,552 denuncias en 3 meses y el sistema colapsa. De enero a marzo 2026 hubo 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. El 89% corresponde a violencia intrafamiliar y de pareja. Santo Domingo encabeza con 5,766 casos. Se gestionaron 7,644 órdenes de protección, pero solo se otorgaron 2,234.
Así opera la plaga aquí:
Primero te pone un GPS el hombre que juró matarte. Luego te cita la fiscalía para “mañana”. Después te convierte en titular: “Esmeralda intentó refugiarse en un colmado, pero no logró escapar”. Cada “vuelva mañana” es una célula más. Cada protocolo no activado es metástasis. 7305
Siete de cada 10 mujeres dominicanas de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El 41.8% la sufrió por su pareja o expareja. Y aun así, el 80% de las asesinadas no había denunciado. Porque saben cómo funciona la puerta cerrada. d890c65adaea
Una mujer no llega a la Unidad de Violencia de Género por gusto. Llega porque ya midió la distancia entre la calle Puerto Rico y el cementerio. Cuando Esmeralda entró a las 2:52 pm, estaba firmando su propia acta de defunción por adelantado.
La plaga se corta donde empieza: en la primera denuncia ignorada. En el “venga mañana”. En el GPS que la Policía no detectó. En la orden de protección que no se otorgó.
Faride Raful lo dijo: “Cuando matan a una mujer, nos matan a todas”. Y ya van 22 en 3 meses. 49 en 2025.
Porque cuando el Estado no te cree viva, te acaba contando muerta. Y la cuenta en RD ya no cabe en un boletín.
Para matar la plaga antes que caiga otra Esmeralda, hay que atacar los 3 puntos donde falla el sistema: cuando ella pide ayuda, cuando él la acecha, y cuando todos miramos para otro lado. No es con discursos. Es con mecanismos que funcionen hoy.
1. PROTOCOLO “CERO VUELVA MAÑANA en cada fiscalía, desde hoy
Qué es: Orden de servicio nacional. Si una mujer llega a denunciar violencia, NO sale sin 3 papeles:
1. Acta de denuncia con número de caso
2. Evaluación de riesgo firmada por fiscal
3. Orden de protección provisional
Cómo se impone: Si un fiscal dice “vuelva mañana” en caso de riesgo alto, es falta grave. Fundación Oruga + prensa publica nombre y unidad. Presión pública mata la negligencia.
Costo: $0. Es cumplir la ley que ya existe. Art. 309-1 del Código Penal.
2. BOTÓN DE PÁNICO NACIONAL VINCULADO AL 911
Qué es: No es app de juguete. Es sistema real. Al presionar, pasa esto en 10 segundos:
1. 911 recibe ubicación GPS + audio en vivo
2. Patrulla más cercana es despachada con código “ALMA ROJO”
3. Central Oruga y 5 contactos de la víctima reciben alerta
Cómo se logra: Convenio Oruga + INDOTEL + 911. Ya hay tecnología. Falta voluntad. Empezar piloto en SD Este con 500 mujeres en riesgo alto.
3. CASAS ALMA 72H – La puerta que siempre está abierta
Qué es: No son refugios del Estado a 3 horas. Son casas seguras de Oruga en cada municipio grande. Reglas: dirección secreta, 72 horas de estadía, abogada y psicóloga de guardia.
Para qué: Que ella tenga a dónde correr a las 2:52am sin tener que “volver mañana”. En esas 72h se saca la orden de protección y se arma plan de vida.
Meta: 1 Casa ALMA por cada 200,000 habitantes. Empezar con 3: SD Este, Santiago, San Cristóbal.
4. SEMÁFORO OBLIGATORIO EN ESCUELAS Y COLMADOS
Qué es: El Semáforo de la Relación impreso en:
1. Libros de 8vo a 4to de bachillerato
2. Factura de luz, agua y teléfono
3. Pared de todos los colmados, bancas, iglesias, salones
Por qué: El 80% no denuncia porque normalizó el verde y amarillo. Si una niña de 13 años sabe que “te revisa el cel” es VERDE, cortamos la plaga a los 14, no la enterramos a los 33.
5. LISTA “CASO ESMERALDA” – Monitoreo agresivo de agresores
Qué es: Base de datos Oruga + Procuraduría. Todo hombre con denuncia por violencia + orden de protección activa entra a monitoreo.
Si se acerca a menos de 500 metros de la víctima, el GPS de él pita en 911 y en el cel de ella.
Cómo: Tobillera electrónica obligatoria para riesgo alto. Ya se usa para otros delitos. La vida de una mujer vale más que la comodidad de un agresor.
Si el Estado no pone tobillera, Oruga publica mapa de agresores por barrio. Que el barrio sepa.
6. FONDO “VUELVA HOY” – Plata para salir, no para el ataúd
Qué es: Fondo de emergencia de Oruga. $5,000 pesos inmediatos para cualquier mujer en ROJO. Sin papeleo.
Para qué: Pasaje, comida 3 días, cambiar la cerradura, pagar guardería mientras ella denuncia.
Por qué: Muchas no huyen porque no tienen ni para el concho. El feminicidio sale más caro que $5,000 pesos. Se fondea con empresas y donaciones. RD$1 de cada cerveza que se vende en el país mataría la plaga en un año.
7. CÁRCEL SIN FIANZA POR VIOLAR ORDEN DE PROTECCIÓN
Qué es: Reforma urgente. Si tiene orden de protección y se le acerca, va preso sin fianza 30 días mínimo. Hoy lo sueltan y la mata al salir.
Cómo: Presión al Congreso. Proyecto de ley “Ley Esmeralda”. Que cada diputado tenga que votar sí o no frente al país. El que vote no, que explique por qué el derecho del agresor vale más que la vida de ella.
La plaga se mata con 3 cosas: Luz, presión y una puerta abierta.
Luz = Que todo el mundo sepa qué es verde, amarillo y rojo.
Presión = Que cada funcionario sepa que si dice “vuelva mañana”, su nombre sale en prensa.
Puerta abierta = Casa ALMA + Botón de Pánico + $5,000 pesos para salir.
Hoy no les hablo de política. Les hablo de una plaga.
La plaga no empieza con la bala. Empieza con la puerta cerrada. Empieza con un “vuelva mañana” cuando una mujer va a pedir auxilio.
Se llamó Esmeralda Moronta. Tenía 33 años. Fue a denunciar a su expareja a las 2:52 de la tarde. Él la esperaba afuera. La había rastreado con GPS. La mató a tiros en la puerta de la fiscalía. Le dijeron que volviera al día siguiente a completar el proceso. Nunca llegó.
Esa es la plaga. Y está en todas partes.
Los datos duelen:
De enero a marzo de este año 2026, van 22 feminicidios. En todo 2025 fueron 49 mujeres asesinadas, 59 muertas a manos de parejas o exparejas.
Hay 17,552 denuncias por violencia en solo tres meses. ¿Saben cuántas órdenes de protección se otorgaron? Solo 2,234.
Más del 80% de las mujeres que terminan muertas, nunca denunció. ¿Por qué? Porque el 97% de las que sufren violencia en el trabajo no dicen nada. Porque una de cada diez víctimas busca ayuda. Porque cuando van, les cierran la puerta.
Siete de cada diez mujeres dominicanas han vivido violencia. Cuatro de cada diez, por su pareja o expareja. Esto no es un caso aislado. Es una epidemia. Es la plaga.
Una mujer no va a la fiscalía por gusto. Va porque ya midió la distancia entre su casa y el cementerio. Va porque el amarillo pasó a rojo. Va porque sabe que la próxima vez puede ser la última.
Y cuando el Estado le responde “vuelva mañana”, la está contando muerta por adelantado.
1. Se acabó el “vuelva mañana”. Toda mujer en riesgo alto sale de la Unidad de Violencia con tres cosas el mismo día: acta de denuncia, evaluación de riesgo y orden de protección. Es ley. Es vida. 2. El Semáforo de la Relación es de toda la nación. Verde es alerta. Amarillo es peligro. Rojo es huye ya. Si tocas rojo una sola vez, no regreses sola. Si hay dos amarillos, activa tu plan. Pégalo en tu colmado, en tu iglesia, en tu escuela.
3. Ninguna mujer vuelve sola a su casa después de denunciar. Nace la Red de Madrinas Oruga. Mujeres cuidando mujeres. Casas ALMA abiertas 24 horas. Porque si el Estado no abre la puerta, la abrimos nosotras.
A las mujeres de Quisqueya: Si él te revisa el celular, si te insulta, si te empuja “jugando”, si te puso la mano en el cuello, si te dijo que te mata… no esperes. No es amor. Es la plaga. Sal hoy.
A los hombres de Quisqueya: Si tu amigo, tu hermano, tu hijo controla, humilla, amenaza… páralo tú. El silencio te hace cómplice. La plaga se corta en casa.
Al Estado dominicano: Cada “vuelva mañana” es una firma en un acta de defunción. Abran las unidades 24/7. Den las órdenes de protección en una hora. Capaciten a sus fiscales. Porque Esmeralda fue a ustedes primero.
La plaga se corta en la primera denuncia. En la primera puerta abierta. En la primera vez que le creemos.
Que no haya una Esmeralda más.
Que no haya una puerta más cerrada.
Que no haya un “vuelva mañana” más.
Si estás en peligro ahora mismo: Línea Vida: 809-200-1202 Línea Mujer: 212 Emergencias: 911
Las bandas en Haití causaron miles de muertes y el desplazamiento de más de un millón de personas el año pasado, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que pone en evidencia las extremas consecuencias humanitarias de su creciente control sobre el país.
Al menos 5.601 personas fueron asesinadas en Haití el año pasado debido a la violencia de las bandas, un aumento de más de 1.000 respecto a 2023, según lo que informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) el 7 de enero. Otras 2.212 personas resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.
Además, más de un millón de personas han sido desplazadas en todo Haití, lo que supone un aumento del triple respecto a las 315.000 registradas en diciembre de 2023, según los datos publicados el 14 de enero por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Es probable que la situación continúe deteriorándose. El Consejo Presidencial de Transición (Conseil Présidentiel de Transition, CPT), encargado de organizar las elecciones, se enfrenta a escándalos de corrupción, y una misión multinacional de apoyo a la seguridad ha tenido dificultades en los enfrentamientos con grupos criminales.
Además, la ONU advirtió que la falta de financiamiento podría empeorar las condiciones humanitarias, especialmente porque Haití sigue recibiendo a personas deportadas de otros países.
Las bandas ganan legitimidad política
Las bandas controlan en la actualidad más del 85% de Puerto Príncipe y las zonas aledañas a la capital, según las últimas estimaciones de la ONU, lo que hace cada vez más difícil poder excluirlas del diálogo político a pesar de la resistencia casi universal a legitimar su papel.
Este panorama sombrío se ve acentuado por la crisis actual en el seno del CPT de Haití, encargado de gobernar el país y organizar las elecciones antes de que finalice su mandato en febrero de 2026. Desde que asumió el poder en abril de 2024, el CPT se ha enfrentado a una agitación creciente, que incluye la destitución del primer ministro interino Gary Conille en noviembre y un reciente escándalo de soborno bancario en el que están implicados tres miembros.
Los escándalos impulsaron los llamamientos a la reforma. A principios de este mes, varios partidos políticos y coaliciones clave presentaron una propuesta a la Comunidad del Caribe (CARICOM) en la que abogaban por cambios en el TPC.
La propuesta presentada a la CARICOM hacía referencia a Viv Ansanm, la coalición de bandas más poderosa de Haití, señalando que, aunque el grupo no firmó el acuerdo político de abril por el que se establecía el gobierno de transición, apoya al menos una propuesta para reestructurar el consejo.
La mención de Viv Ansanm, liderada por el conocido jefe de la banda Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, no sorprende, ya que los vínculos entre entidades políticas como el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK) y las poderosas bandas se han puesto de manifiesto anteriormente. Pero el reconocimiento de la influencia de las bandas en una carta oficial evidencia el alcance del gobierno criminal establecido por la coalición de bandas en Haití y su posible papel en futuras negociaciones políticas.
“Debemos poner fin a esta hipocresía. Existe un fenómeno de grupos armados ilegales en el país, y debemos, como adultos y pragmáticos, resolver este problema”, dijo Liné Balthazar, presidente del PHTK y líder del Colectivo de Partidos Políticos del 30 de enero, al admitir en la emisora de radio haitiana Magik9 que Viv Ansanm participa en debates junto a importantes actores políticos.
El auge de la violencia
A medida que las bandas ganan legitimidad en los debates políticos, sus ataques se han vuelto más flagrantes, incluyendo algunas de las masacres más mortíferas de la historia reciente de Haití. La violencia se extiende ahora con frecuencia más allá de Puerto Príncipe hacia las zonas rurales, y las bandas atacan cada vez más las instalaciones sanitarias y diplomáticas.
En Petite Rivière, un pequeño asentamiento agrícola ubicado en el centro de Haití, los líderes comunitarios informaron que 150 personas fueron asesinadas en diciembre después de que miembros de las bandas Savien Gran Grief y Palmis atacaran a los residentes, mientras que los grupos locales de vigilancia tomaron represalias contra los presuntos miembros y simpatizantes de las bandas. Esto siguió a una masacre de octubre en la misma región de Artibonite, donde la banda Gran Grif asesinó al menos a 115 residentes.
Las zonas urbanas también han sido escenario de horribles matanzas masivas. En diciembre, la banda de Wharf Jérémie mató a 207 personas, en su mayoría ancianos acusados de practicar vudú y de haber enfermado al hijo del líder de la banda, según la ONU. Para ocultar sus crímenes, la banda habría quemado o desmembrado los cuerpos y los habría arrojado al mar.
Envalentonadas por su creciente dominio, las bandas han ampliado sus ataques a sectores antes menos afectados, atacando con una frecuencia alarmante a trabajadores sanitarios y diplomáticos.
En diciembre, la coalición Viv Ansanm llevó a cabo dos ataques de alto perfil contra hospitales en Puerto Príncipe. Las bandas atacaron el único centro de traumatología neurológica de Haití con cócteles molotov. Una semana después, atacaron el Hospital General durante su ceremonia de reapertura, matando a tres personas. Ataques como estos han reducido drásticamente la funcionalidad de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe, con solo el 37% en pleno funcionamiento, según la OACDH.
El personal de la embajada también ha sido blanco de ataques. En enero, unas bandas dispararon contra vehículos blindados con matrícula diplomática, hiriendo a varios pasajeros, entre ellos el cónsul honorario de India, y un día antes atacaron una furgoneta de la embajada de Estados Unidos, hiriendo a un empleado. Anteriormente, en octubre, los ataques de las bandas contra vehículos de la embajada incluyeron uno en el que viajaba el jefe de la misión, según informó Miami Herald.
Una misión que tambalea
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (Multinational Security Support, MSS) en Haití, dirigida por Kenia, sigue sin personal suficiente, sin fondos y mal equipada. La MSS no ha podido ayudar a la asediada Policía Nacional de Haití (Police Nationale d’Haiti, PNH) a expulsar a las bandas de los barrios, lo que permite a estos grupos criminales afianzar aún más su control.
En enero, otros 217 agentes de policía kenianos, 150 agentes guatemaltecos y ocho soldados salvadoreños se unieron al MSS, lo que eleva el total a casi 800, muy por debajo de los 2.500 efectivos previstos. Otros países, como Benín, que había prometido hasta 2.000 soldados, y Barbados, han retirado recientemente su apoyo.
La escasez de fondos se suma a los desafíos de la misión. Actualmente cuenta con unos 100 millones de dólares, muy por debajo de los 600 millones necesarios, según una investigación de The New Humanitarian y el periódico Nation de Kenia. Aunque Estados Unidos prometió inicialmente 300 millones de dólares, en enero, el presidente Donald Trump suspendió temporalmente los programas de ayuda exterior de Estados Unidos durante 90 días, lo que podría congelar una financiación crucial. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su apoyo a la misión durante su audiencia de confirmación en el Senado.
Más allá de la financiación y el personal, la MSS lucha con armamento inadecuado para contrarrestar a las bandas fuertemente armadas y expertas en el contrabando de armas en Haití. Aunque Estados Unidos ha proporcionado docenas de vehículos blindados, estos están diseñados para el transporte de tropas, no para el combate.
El futuro de la misión no está claro. En octubre, Leslie Voltaire, actual jefe del CPT, solicitó formalmente que el MSS se convirtiera en una operación completa de mantenimiento de la paz de la ONU. Aunque la administración Biden apoyó esta medida, se enfrentó a la resistencia de Rusia y China en los debates del Consejo de Seguridad de la ONU, y la postura de la administración Trump sobre el asunto aún no se ha anunciado.
Imagen principal: Un oficial de policía keniano, miembro de una fuerza multinacional de la ONU, patrulla una calle en Puerto Príncipe, Haití, 5 de diciembre de 2024. Crédito:AP Photo/Odelyn Joseph.
Kiev, 24 ene (EFE).- Las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación forzosa de más de un centenar de niños en dos zonas de la región oriental de Donetsk situadas a una veintena de kilómetros de las localidades de Pokrovsk y Velika Novosilka, dos de los municipios que Rusia intenta tomar en el este de Ucrania.
La decisión fue anunciada por la Administración Militar de Donetsk, que explicó que se debe al incremento de los ataques rusos. “Ahora que el enemigo refuerza sus ataques en Donetsk”, se lee en la nota oficial, “pedimos a los padres que, responsablemente, procedan a evacuar”.
Los dos distritos afectados por la medida son Komar, situado al noroeste de Velika Novosilka, y Krivorizka, cerca de la línea del frente en la que los rusos presionan para acercarse a Pokrovsk.
En Komar quedan en estos momentos 76 menores, mientras que en los pueblos del distrito de Krivorizka permanecen 34 menores.
Las autoridades regionales ya extendieron este jueves la zona de evacuación forzosa de menores a una zona cercana al frente de Kúpiansk, en la región nororiental de Járkov. EFE
El empoderamiento de lideresas es el motor de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) en Brasil, Ecuador y Perú, reconocidos por la FAO
Andréia recorre una feria en Brasilia donde se venden las flores “siempre vivas” y otras artesanías que su comunidad recoge y produce mediante un método agrícola ancestral. Nelly coordina por teléfono una visita al aeropuerto de Quito para evaluar la posibilidad de exhibir las barras de chocolate que produjo su localidad de manera sostenible bajo el sistema de “chakras amazónicas”. Luzmila, junto a sus compañeras, selecciona cuidadosamente las ultimas semillas de papa producidas en sus huertos para llevarlas al banco de semillas de Puno en Perú, donde se asegura la biodiversidad de este alimento.
Las historias de estas tres mujeres dan cuenta del trabajo y el valor que han desarrollado en sus comunidades para aprovechar el potencial de su entorno y, al mismo tiempo, respetar y proteger los recursos sin explotarlos. Ellas son clave porque son quienes preservan el conocimiento tradicional que permite este equilibrio en los denominados Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) en Brasil, Ecuador y Perú.
Los SIPAM, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), forman parte un programa que ayuda a las comunidades rurales a salvaguardar sus sistemas agrícolas tradicionales, sus territorios, su biodiversidad, sus sistemas de conocimientos y las culturas asociadas a estos sistemas donde el empoderamiento de las mujeres es el motor de todo.
En América Latina, y en otras partes del mundo, las mujeres son protagonistas de la conservación y mejoramiento de la biodiversidad y, a la vez, aportan a los medios de vida de sus comunidades y a la seguridad alimentaria de sus familias y del mundo.
Fuerza vital en sus territorios, mujeres de distintas edades y etnias se han convertido en pilares del desarrollo local y contribuyen a generar resiliencia ante los desafíos del cambio climático.
Andréia Ferreira dos Santos, de recolectora de flores a defensora del patrimonio del Quilombo
Criada por su abuela en el Quilombo Raíz, ha pasado toda su vida recolectando las llamadas “siemprevivas”, flores del cerrado brasileño con las que elabora ramos ornamentales de larga duración.
Recolectadas y secadas, estas flores son fundamentales para comunidades tradicionales de esta vasta ecorregión de sabana tropical en el este de Brasil, y por ello su sistema de cultivo y recolección fue reconocido en 2020 por la FAO como el primer Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) en Brasil.
Andréia pertenece a la quinta generación del Quilombo fundado por su tatarabuela. Su identidad está profundamente arraigada en la Serra do Espinhaço, en Minas Gerais, donde su comunidad se gana la vida recolectando estas flores. Según ella, en cada temporada, que varía según la especie, una persona puede recolectar hasta una tonelada de flores, que se venden entre 25 y 70 reales (entre USD 5 y USD 12) el kilo.
Sin embargo, con la llegada del cultivo de eucalipto a la región en los años 2000, la monocultura fue reemplazando gradualmente los bosques y las flores. En busca de una alternativa de ingresos, la comunidad apostó por el desarrollo de artesanías. “El impacto cultural y económico fue muy grande. Una forma de mantener nuestro modo de vida fue agregar valor”, explica Andréia. Así fue como, desde 2006, el trabajo manual con capim-dourado del Quilombo Raíz llegó a ferias en todo Brasil e incluso a otros países.
Eso no significa que la actividad tradicional fue abandonada. “Sigue siendo importante y se transmite de generación en generación”, ya que forma parte de la cultura y el modo de vida de los quilombolas, explica Andréia. Con el objetivo de articular la defensa de los derechos de su comunidad, ella se unió a los movimientos sociales en 2014, cuando pasó a integrar la Comisión en Defensa de los Derechos de las Comunidades Extractivistas.
Esta movilización ayudó al Sistema de Agricultura Tradicional de Sierra do Espinhaço a obtener la certificación de la FAO, que, junto a otros reconocimientos del gobierno brasileño, dieron visibilidad a la comunidad, lo que contribuyó a detener la entrada de la minería en la región, evitando la contaminación del agua en los campos de recolección. “El reconocimiento de la FAO fue muy importante. La comunidad entiende que es mucho más valioso tener agua que dinero”. Con muchos logros hasta ahora, la comunidad sigue organizándose para garantizar sus derechos gracias a la destacada acción de las mujeres. Los liderazgos femeninos, como el de Andréia, son mayoría: “es una red de mujeres trabajando para que la comunidad se mantenga. La asociación está compuesta solo por mujeres. Están en todos los contextos”, celebra la líder.
Leyenda: Andréia Ferreira dos Santos visita un punto de venta de venta de flores “siempre vivas” en Brasilia, tras asistir a un encuentro de la Red de Pueblos y Comunidades Tradicionales, que reunió a los liderazgos de los Quilombos.
Leyenda: De abril a octubre, las y los recolectores y sus familias suben a las montañas para recoger las principales flores “siempre viva”, permaneciendo allí durante semanas. Este periodo también representa un momento de encuentro de las comunidades, promoviendo la socialización.
Luzmila Mendoza, guardiana de semillas nativas y líder comunitaria por la agrobiodiversidad
Luzmila Mendoza es una de las nueve mujeres de la comunidad campesina Santa Rosa de Yanaque, en el distrito de Ácora, en la región peruana de Puno, quienes, a más de 4800 metros de altura sobre el nivel del mar, recuperan semillas originarias, herencia de sus ancestros, abuelas y madres, y las preservan para las futuras generaciones
“La semilla es como mi madre, la Pachamama”, asegura Luzmila, presidenta de “Productores Peruanos por la Agrobiodiversidad” y de la Asociación Yanaque. Para ella, cuidarlas va más allá de la supervivencia de su familia, tiene que ver con su empoderamiento y orgullo.
El valor de las semillas originarias es parte de la herencia cultural de algunos pueblos en América Latina, pero también representa el aporte que mujeres del campo como Luzmila ofrecen al mantenimiento de la seguridad alimentaria a nivel global.
Aunque los alimentos producto de la siembra de estas semillas tengan escaso valor en el comercio, Luzmila los cultiva y los comparte con su familia. “La semilla nativa de la quinua de colores es más nutritiva que la de la quinua blanca, pero tiene un precio de venta más bajo, por eso nosotros no las sembramos a gran escala, sólo para consumo familiar”, explica Luzmila.
Las productoras agrarias en Puno han recuperado más de 50 variedades de semillas nativas. Sólo Luzmila ha recuperado 26 variedades de papa, y distintas variedades de mashua, oca, olluco, cañihua y quinua nativa.
“Me siento orgullosa de haber recuperado, y de seguir conservando estas semillas nativas. Me gustaría que la demanda aumente para que las otras compañeras se animen a sembrarlas, porque son fuertes y resisten ante las heladas”, asegura Luzmila, dando cuenta del papel que las y los agricultores cumplen en las acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático.
Cuando Luzmila Mendoza se embarcó en la tarea de recuperación de semillas nativas, y estas produjeron papas, las mismas abuelas y abuelos del pueblo reconocieron variedades que hace mucho no tenían en sus mesas porque se pensaban extintas. “Mis abuelos usaban la papa Pintasqa, o la Pinta Milagros y la quinua Misa Jiwra junto a la Cantuta, para hacer ofrendas a la Pachamama, las que hasta hoy seguimos haciendo”, explica.
La Agricultura Andina de Perú, que se desarrolló hace más de 5.000 años y desde entonces ha continuado adaptándose al medio ambiente, fue reconocida por la FAO como SIPAM en 2011. Este conocimiento incluye terrazas, campos de cresta, sistemas de riego locales, herramientas y recursos genéticos endémicos, como la papa y la quinua, que se extienden por distintas altitudes.
En 2018, la asociación de productores que Luzmila representa fue contactada por el Proyecto para la Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la región andina del Perú, de la FAO y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente. A través del enfoque de SIPAM, la iniciativa trabajó junto a ellos la conservación de la biodiversidad en la chacra, revaloró sus prácticas tradicionales y diversificó sus procesos con asistencia técnica, articulando el trabajo de agricultoras y agricultores familiares,del gobierno central y los gobiernos locales, municipios, agrupaciones de productores agrecológicos y el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonape).
Entre las iniciativas concretas se encuentra la implementación de bancos de semillas familiares y comunales en cuatro regiones andinas del sur del Perú, entre ellas Puno, que han permitido que muchas mujeres se involucren y sean lideresas en sus comunidades.
Nelly Monar, gestora empresarial con raíces en la “chakra amazónica” ecuatoriana
Nelly Monar creció en una familia de ganaderos en Tena, provincia de Napo, región amazónica de Ecuador y estudió administración de empresas. Decidió dedicarse a la producción de barras de chocolate y su determinación, preparación y compromiso la llevaron a convertirse en la representante legal de la Asociación de Productores de cacao fino de aroma de Carlos Julio Arosemena Tola o más conocida como Asociación Tsatsayaku.
Su conocimiento del proceso de producción de chocolate va más allá de la gestión empresarial. En Tsatsayaku, Nelly aprendió desde el manejo del cultivo de cacao bajo el sistema agroforestal ancestral de la “chakra amazónica” hasta el trabajo diario de los técnicos encargados de garantizar tanto la calidad del grano como la de los productos de pasta de cacao, manteca de cacao, nibs de cacao, barras de chocolate y bombones artesanales.
La Asociación Tsatsayaku representa a cinco agrupaciones de productores cacao, wayusa, vainilla, plátano, sacha inchi y otros productos frescos de las provincias Napo y Orellana. Promueve la conservación del sistema ancestral “chakra amazónica”, así como el uso sostenible de los recursos naturales. En ella participan 2 400 familias, de las cuales, más de la mitad son mujeres y un cuarto son jóvenes.
Nelly cree que uno de los grandes desafíos en la organización es que más jóvenes se involucren. La migración, la minería ilegal y la deforestación, son problemas del día a día. Sin embargo, ella cree que hay oportunidades en la ruralidad y trabaja para que su organización se convierta en ese espacio de oportunidades que tantos jóvenes amazónicos anhelan.
Ella ha sido testigo de cómo muchas veces las personas provenientes de pueblos indígenas tienen más barreras que superar, y desde Tsatsayaku trabajan bajo un enfoque de interculturalidad. Nelly apuesta por su cantón, que es el equivalente a un municipio en Ecuador, y cree que la cooperación y la comunicación entre el gobierno y las instituciones internacionales debe fortalecerse.
La chakra amazónica fue reconocida por la FAO como SIPAM en 2023 por ser un modelo único en el que las familias gestionan los espacios productivos de manera sostenible desde una perspectiva orgánica y biodiversa, ofreciendo múltiples servicios a las poblaciones. Aquí, las comunidades kichwa y kijus han desarrollado un sistema de policultivo que incluye cacao junto con especies madereras, frutales, medicinales, artesanales, comestibles y ornamentales, así como otras actividades que incluyen la caza y productos forestales.
El rol de la mujer dentro de la chakra amazónica es clave: cuida de las plantas y se preocupa de su producción. Obtener el reconocimiento como SIPAM fue un orgullo sobre todo para ellas porque les permitió dar a conocer al mundo la cosmovisión kichwa y la cultura del cuidado que mantienen los pueblos indígenas para la reproducción de la vida en las chakras amazónicas y los bosques.
La visibilidad que le otorgó el reconocimiento como SIPAM a los orígenes de sus productos y la historia de productoras y productores, quienes apuestan por una economía sostenible y responsable, ha impactado en un mayor empoderamiento de éstos en la gestión de las chakras amazónicas y en la posibilidad de agregar todo el valor de las prácticas ancestrales de cultivo a un mayor precio final en las barras de chocolate.
Nelly Monar es una mujer que ha desafiado estereotipos y ha apostado por su gente. Su historia de vida es inspiradora: de amor por su tierra y su cultura, y de la convicción de que, a través del trabajo colectivo, la educación y el empoderamiento, es posible transformar el destino de una comunidad y ofrecer nuevas oportunidades a las futuras generaciones
Leyenda: La Asociación Tsatsayaku, de la que Nelly Monar es representante legal, fue seleccionada para formar parte del Mecanismo para Bosques y Fincas de la FAO, que apoya a las organizaciones de productores pequeños productores forestales y agrícolas a aumentar sus capacidades técnicas y empresariales.
Leyenda: Secado de cacao en marquesinas de la Asociación Tsatsayaku.
El carnaval de Lincoln, un pueblo del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, llegó a la localidad de Roberts y provocó un fuerte repudio debido al mensaje que hacía apología de la pedofilia. Allí, más de tres sujetos disfrazados y con la cara cubierta desfilaron arriba de un Fiat verde y blanco que tenía las inscripciones: “Aguanten las menores”, “Si hay pelito, no hay delito”, “2 besitos porque 3 se me para“, entre otras.
Luego de la viralización, la organización local, Mujeres Empoderadas Lincoln, repudió esta carroza: “Estos hechos siguen retrasando el avance en derechos de niños, adolescentes, mujeres y disidencias, sobre todo en un tema tan delicado como el abuso sexual infantil”.
Esta carroza que hacía apología del abuso sexual infantil y del grooming hizo el recorrido completo y con normalidad del carnaval este sábado. La prensa local y organizaciones cuestionaron la falta de control por parte del municipio de las carrozas que entraron al desfile.
Ante el rechazo generalizado, la Municipalidad de Lincoln, a través de la Delegación del Carnaval de Roberts, emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente las manifestaciones del grupo de jóvenes, que serían menores, según aclararon desde la organización.
“Repudiamos las manifestaciones totalmente desagradables y fuera de lugar correspondientes a uno de los motivos que participó del desfile la noche de ayer en la mencionada localidad”, expresaron.
Aunque dejaron en claro que “bajo ningún aspecto la organización del carnaval limita la participación ni censura las expresiones de quienes forman parte de este festejo popular, que justamente, por su condición, debe vivirse como una fiesta masiva, alegre y armónica”, advirtieron que no van a permitir este tipo de situaciones.
El comunicado tras la polémica. (Foto: Municipalidad de Lincoln)
Por otra parte, desde el Municipio recordaron que “el Carnaval Artesanal de Lincoln -como máxima Fiesta Nacional del Distrito y sus localidades-, en el último tiempo, ha dado pasos en pos de incorporar la perspectiva de derechos humanos, el respeto a la diversidad sexual y de género, y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad”.
“Consecuentemente, cada nueva edición de nuestra fiesta mayor supone el compromiso de todos para dejar atrás y abandonar las conductas machistas, violentas y ofensivas, que no hacen más que perpetuar estereotipos de género, el lenguaje sexista y la marginación de las minorías”, concluye el texto.
Como consecuencia de lo ocurrido, el grupo fue apartado del desfile y se le solicitó una retractación pública. Por ese motivo, este domingo los chicos no participaron del corso local y se inició una causa de oficio en la fiscalía de turno.
El descargo de uno de los chicos involucrados en el escándalo
Uno de los jóvenes que desfiló parado sobre el Renault 12, que según los organizadores sería menor de edad, publicó un descargo en su cuenta de Facebook. En el texto, justificó el incidente argumentando que “fue una broma”, y explicó que el auto lo compraron entre amigos, especialmente para el evento.
“Hola, pido disculpas si se ofendió o algo, pero esto es lo que en los pueblitos llamamos corsos. Es para divertirnos nosotros y a quienes nos miran. Todo lo hicimos en broma, como cualquiera haría si compra un auto con sus amigos para los corsos”, escribió el joven.
También aseguró que no son los únicos que realizan este tipo de bromas y si bien acercó sus disculpas, solicitó que no sean acusados de pedófilos y violadores. “Nos tienen que pedir disculpas por difamarnos a todos nosotros de esa manera, de pedófilos y violadores, que nada que ver, solo por una frase escrita en un auto”, expresó.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió tres decisiones históricas que condenan a los Estados de Ecuador y Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos de Norma, Lucía y Susana, tres niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a la maternidad. En estas resoluciones, el Comité reafirma un mensaje contundente: las niñas deben ser niñas, no madres.
Estas decisiones son el resultado de una estrategia de litigio internacional iniciada en 2019 por el Movimiento Son Niñas, No Madres, una coalición integrada por más de una decena de organizaciones que trabajan para visibilizar las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas.
Las resoluciones emitidas por el Comité de la ONU son de obligatorio cumplimiento para los Estados involucrados. En ellas se ordena a Ecuador y Nicaragua a implementar medidas de reparación para las víctimas, así como a establecer medidas de no repetición que prevengan que otras niñas sean sometidas a situaciones similares. Estas decisiones también sientan un precedente jurídico a nivel internacional, ya que su alcance se extiende a los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El movimiento regional surgió en 2016, después de que Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Seguro (CLACAI) lanzaron la campaña #NiñasNoMadres, en la cual se concientizó sobre las maternidades forzadas y la violencia sexual en Latinoamérica.
En 2017, llevaron ambas problemáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el número de niñas violentadas por sus agresores y por el Estado iba en aumento. Cada año han presentado avances significativos para proteger la salud y derechos de las niñas.
El movimiento siguió de cerca el caso de Camila, una niña peruana que pastoreaba ovejas en la zona rural de Perú. A los nueve años, su padre la violó sexualmente por primera vez, él la amenazaba constantemente y le decía que si hablaba, mataría a su madre y hermano; esto continuó por varios años.
La menor quedó embarazada a los 13 años, su madrina la llevó a denunciar, los médicos determinaron que el embarazo sería de alto riesgo debido a su frágil salud mental. Su madre solicitó un aborto terapéutico, tardaron en darles respuesta por lo que Camila fue obligada a continuar con el embarazo.
Al poco tiempo, la menor tuvo un aborto espontaneo y la fiscal que llevaba su caso la denunció por ejercer un “autoaborto”, el cual contempla una pena mayor de todos los casos de aborto en dicho país. En este proceso, fue revictimizada y juzgada por la sociedad y las autoridades.
Aunque el violador recibió una cadena perpetua, la fiscalía y las personas que la criminalizaron no habían sido castigados hasta que “Son Niñas, No Madres” exigió justicia para la menor, el dictamen fue aprobado el 13 de junio de 2023, pero las autoridades no han reparado el daño.
La organización ha asistido a niñas de toda Latinoamérica, incluyendo: Guatemala, Ecuador, Perú y Nicaragua. El movimiento ha expuesto cuatro casos como los de Camila y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de sus respectivos países los presentaron ante el Comité de Derechos Humanos en mayo de 2019.
Caso Fátima
A sus 13 años, Fátima fue violada por un profesor y funcionario público de Guatemala, tres meses después su madre descubrió que la menor estaba embarazada. Denunció al agresor, sin embargo, José tenía contactos en la fiscalía y lo alertaron de su posible detención y huyó.
Si bien las autoridades conocían la situación de Fátima y su delicado estado de salud mental, le negaron el acceso al aborto y no le ofrecieron asistencia psicológica. La menor dejó sus estudios, pues era víctima de bullying en su escuela, dio a luz en septiembre de 2010 y 14 años después, el agresor sigue libre.
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Caso Lucía
La menor era integrante de un coro de la iglesia en Nicaragua, pues le gustaba cantar. El sacerdote de su parroquia comenzó a enviarle mensajes sexuales y a sus 13 años comenzó a violarla. Cuando cumplió 14, Lucía se enteró que estaba embarazada, su madre y ella denunciaron al agresor pero las autoridades entorpecieron el proceso, la obligaron a continuar con el embarazo y nunca procesaron al sacerdote.
Caso Norma
La infancia de Norma fue difícil debido a que sus seres queridos la protegían de su propio padre, quien había violado a su sobrina; por lo que siempre estaba bajo cuidados de otras personas. Cuando su abuela murió, la menor regresó a vivir con su papá y este la violó en repetidas ocasiones.
A los 13 años se enteró que estaba embarazada y su hermana la llevó a denunciar, pero los médicos no le dieron oportunidad de abortar a pesar de que el aborto está despenalizado en Ecuador cuando se pone en riesgo la vida de la madre. La menor intentó suicidarse y su padre pudo huir en cuanto se enteró de la denuncia.
Durante el parto, la menor fue víctima de violencia obstétrica y aunque no quería quedarse con el bebé, la manipularon para hacerlo. Cuatro años después, el agresor murió y Norma nunca obtuvo justicia por todos los daños que su papá y el Estado la hicieron pasar.
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Caso Susana
La menor fue víctima de violaciones desde los seis años, por parte de su abuelo, quien pertenecía a un grupo criminal en Nicaragua. A los 13 años quedó embarazada producto del abuso sexual, su abuela quería denunciar a su marido pero las trabas del Estado la impidieron, pues nadie quería recibir su denuncia.
Susana se vio obligada a continuar con su embarazo, pues las autoridades no le permitieron abortar. La denuncia fue rechazada cinco veces y luego la archivaron, hasta ahora, el agresor sigue libre y la amenaza constantemente.
Dos niñas de Nicaragua y una de Ecuador que quedaron embarazadas con 12 y 13 años tras ser violadas se vieron obligadas a llevar un embarazo forzado por las dificultades para acceder al aborto en su países, lo que vulneró su derecho a vivir con dignidad, ha dictaminado este 20 de enero el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El grupo de dieciocho juristas ha publicado una decisión sobre estos casos y ha considerado que obligar a niñas víctimas de violación a sufrir embarazos “es un acto que equivale a tortura”, en palabras de la integrante del comité Hélène Tigroudja.
Los casos de Susana, Lucía y Norma (pseudónimos para proteger sus identidades), llegaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2019 de la mano del movimiento regional Son niñas, no madres, quienes pidieron un pronunciamiento después de que no fueran adecuadamente investigados en Nicaragua y Ecuador.
Susana, abandonada por su madre cuando tenía un año de edad y enviada a vivir con sus abuelos, comenzó desde los 6 años a sufrir abusos sexuales por parte de su abuelo, miembro de un grupo armado local, y la dejó embarazada a los 12, viéndose obligada a tener el niño.
Por su parte, Lucía tenía 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a abusar sexualmente de ella, fue amenazada cuando intentó denunciar las violaciones y también se vio forzada a llevar su embarazo a término, siendo además sometida a abusos psicológicos y físicos por parte del personal médico durante el parto.
Norma, quedó embarazada con 13 años por el incesto perpetrado por su padre, quien ya había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades ecuatorianas.
“Históricas condenas” del Comité de la ONU
“Es un triunfo muy grande para las niñas”, señala a Efeminista la directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, Carmen Martínez, quien es parte del equipo legal que acompaña a las víctimas.
Explica que estas condenas, que son de obligatorio cumplimiento, son históricas y muy valiosas porque el comité señala que “privar a las niñas de un aborto impone embarazos y maternidades forzadas que vulneran sus proyectos de vida y que por eso se incurre en una violación del derecho a la vida y a la vida digna” establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por ambos gobiernos, que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Y agrega que sientan un precedente importante no solo para Nicaragua y Ecuador sino también para el resto de los países de la región y para un centenar de naciones que se han suscrito al pacto.
“Estos casos no son aislados sino que son testigo de un fenómeno estructural en donde existe violencia en contra de las niñas y adolescentes de nuestra región. Son casos de violencia de género en general, pero además con cifras altísimas de violencia sexual y aunado a ello embarazos no deseados y maternidad forzadas, como lo categoriza por primera vez el Comité de Derechos Humanos”, destaca Martínez.
La directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, Marianny Sánchez, añade que los dictámenes hacen “un reconocimiento importante a las voces y a las decisiones de las niñas como sujetas de derecho”.
“Por otro lado también es histórico que estas condenas reconocen que la negación del acceso a servicios de salud reproductiva, específicamente a servicios de aborto, constituye una forma de discriminación por razón de género porque se está imponiendo una visión forzada de mujer = madre, o una interpretación sumamente estereotipada de la función reproductiva de las niñas, como mujeres en desarrollo”, menciona.
Embarazo forzado y despenalización del aborto
La coordinadora de litigio estratégico de la organización Surkuna y abogada de Norma, Ana Vera, dice a Efeminista que, en su decisión, el Comité señaló que el Estado ecuatoriano “tiene que tomar todas las medidas posibles para garantizar, sin ningún obstáculo, el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres al aborto en casos de violación”.
“Esto para nosotras es un mensaje claro de que es fundamental eliminar el delito de aborto del código penal porque no hay otra forma”, señala.
En Ecuador, la interrupción del embarazo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las 12 semanas de gestación.
“No basta únicamente con que sea legal, tiene que haber acceso efectivo y eso no existe”, dice Vera, quien denuncia que en los hospitales “no saben qué hacer ni cómo actuar” ante las solicitudes de aborto, y que además hay una “obstrucción del acceso al aborto por violación” por parte del sistema de Justicia.
“Las cifras muestran que hay un descenso en el acceso. A pesar de que ahora tenemos ley y tenemos guía de práctica clínica del aborto terapéutico y directrices para el acceso al aborto por violación, la cantidad de mujeres, niñas y personas de las diversidades sexo genéricas con posibilidad de abortar que pueden acceder a un aborto legal es super limitada”, lamenta.
“La principal barrera es que el aborto sigue estando tipificado como un delito, entonces el acceso a un servicio de salud tan esencial como es la interrupción voluntaria del embarazo queda sujeto a esta dualidad”, añade Martínez.
“Por un lado es un delito, y por otro lado es un servicio que tiene que estar garantizado, por lo que nunca se sabe si realmente las sobrevivientes de violencia sexual, como le pasó a Norma, van a poder acceder”, agrega la abogada del Centro de Derechos Reproductivos.
Medidas de reparación
En el caso específico de Nicaragua, donde hay una penalización total del aborto, Sánchez asegura que la sociedad civil y la comunidad internacional juegan un rol muy importante para “hacer veeduría ciudadana” y “estar atentos” a lo que pueda hacer el Gobierno.
Y también para exigir que el Estado presente cifras actualizadas acerca del estado de la maternidades en niñas en el país. “La misma decisión del Comité señala que (Nicaragua) es el país de la región con la tasa más alta de embarazos y partos en niñas menores de 14, con un 28 %, y eso también nos habla acerca de los efectos perniciosos de la criminalización total”, menciona.
“La criminalización total no repercute en que haya menos partos, todo lo contrario, expone a las niñas a una situación de total vulnerabilidad y desprotección”, agrega.
Las defensoras afirman que el Comité de la ONU dio a Ecuador y a Nicaragua 180 días para presentar avances en la ejecución de las recomendaciones y en el cumplimiento de las medidas de reparación a Susana, Lucía y Norma entre las que están las disculpas públicas, una indemnización, acompañamiento psicosocial y que ellas y su hijos puedan terminar sus estudios.
Además, las organizaciones que conforman Son niñas no madres seguirán a la espera de que el Comité se pronuncie por el caso de Fátima, quien sufrió violencia sexual por parte de un funcionario público cuando tenía 12 años, en su natal Guatemala.
GINEBRA.- Aunque las esperanzas de paz en Siria han aumentado tras la caída del régimen de Bachar el Asad, el país sigue sembrado de minas antipersona y otros artefactos sin detonar y los niños son a menudo las víctimas de sus explosiones, advirtió este martes el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).
