PorThania Urías

El 83.5% de las muertes maternas en Nicaragua entre 2023 y 2025 ocurrió dentro de hospitales, según los mapas del Ministerio de Salud. El dato contradice el relato oficial sobre avances sanitarios y ubica al país como el tercero con mayor mortalidad materna de Centroamérica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y una extensa investigación de Divergentes.

Jeanny Yasmina López Santiago tenía 20 años cuando ingresó al Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco, en Bluefields, para dar a luz a su primer hijo. Cuatro días después murió. Su familia denunció que los médicos insistieron en un parto vaginal pese a las complicaciones, antes de optar por la cirugía. Murió el 17 de noviembre de 2023.

Su caso, documentado por Divergentes, fue parte de un patrón.

Qué muestran los datos del Minsa

El gobierno sandinista presentó la reducción de muertes maternas como uno de sus avances sanitarios. Durante el Primer Simposio Nacional de Cuidado de Enfermería Perinatal, celebrado en junio de 2026, la directora nacional de Enfermería, Janeth Vega, informó que los fallecimientos bajaron de 21 en 2024 a 16 en 2025, una reducción interanual del 23.8%. Atribuyó el resultado al “fortalecimiento de la atención perinatal y a la incorporación de más de 160 enfermeros especialistas en las unidades hospitalarias”.

Según la nota de Divergentes, los registros del Minsa confirman esa tendencia descendente: 45 muertes en 2020, 37 en 2021 y 2022, 30 en 2023, 21 en 2024 y 16 en 2025. Pero esos mismos datos muestran otro dato.

Nicaragua registra 60 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, según la OMS. La cifra supera a Honduras (47), El Salvador (39), Panamá (37) y Costa Rica (24). Solo Guatemala, con 94, y Belice, con 67, presentan tasas más altas en la región.

La diferencia entre los conteos del Minsa y las estimaciones internacionales no implica contradicción: mientras el ministerio contabiliza los casos notificados por su red, la OMS aplica modelos estadísticos que corrigen posibles subregistros y permiten comparar países con metodologías distintas.

Las causas se repiten

La reducción en el número de muertes no modificó las razones por las que las mujeres nicaragüenses fallecen durante el embarazo, el parto y el puerperio. Los mapas oficiales del Minsa muestran que las tres principales causas se repiten sin variación a lo largo de la última década.

La hemorragia asociada al embarazo, el parto y el puerperio encabeza la lista en cada uno de los seis años analizados. Le siguen la enfermedad hipertensiva del embarazo y, en tercer lugar, la ruptura uterina durante el trabajo de parto, una emergencia obstétrica en la que el útero se desgarra mientras la mujer da a luz.

Un médico mide la presión arterial a una mujer embarazada – Muerte materna (Go Red for Women)

La proporción de muertes atribuidas a hemorragia creció. En 2020 representaba el 55,6% de los fallecimientos registrados ese año. En 2025, esa proporción llegó al 62.5%, pese a que el número total de casos disminuyó.

El ginecólogo y magíster en Salud Pública José Antonio Delgado Alvarado lo resumió ante Divergentes: “Una cosa es presentar números reducidos de mortalidad materna, y otra es decir que aunque tengas números reducidos, seguís manteniendo las mismas causas de mortalidad materna. Entonces, algo no está funcionando en el sistema”.

Morir dentro del hospital

La OMS sostiene que la atención por personal sanitario capacitado antes, durante y después del parto puede salvar la vida de la madre. En Nicaragua, los datos muestran que esa atención no está garantizando la supervivencia.

Entre 2016 y 2018, el 76% de las muertes maternas ocurrió en unidades de salud. Entre 2020 y 2022, esa proporción fue del 74,7%. Entre 2023 y 2025 alcanzó el 83.5%: 56 de 67 casos del período.

Delgado señaló: “¿Cómo se explica eso si hay más hospitales? El Ministerio de Salud anuncia la construcción de más de 80 nuevos centros hospitalarios, pero justamente en el año en que reporta la menor cantidad de muertes maternas, el porcentaje de mujeres que fallecen dentro de una unidad de salud es el más alto del período”.

Para el especialista, el dato es grave en el caso de la hemorragia posparto, porque ocurre cuando la paciente ya está bajo atención médica. “Si una mujer muere por esa causa dentro del hospital, donde el personal tiene el mayor control sobre su evolución clínica, eso evidencia una falla en la vigilancia obstétrica”, afirmó.

Entre 2016 y 2018, el 76% de las muertes maternas ocurrió en unidades de salud. Entre 2020 y 2022, esa proporción fue del 74,7%. Entre 2023 y 2025 alcanzó el 83.5%: 56 de 67 casos del período.. EFE/Archivo

Dónde se concentra el riesgo

Los mapas del Minsa muestran que las muertes no se distribuyen de manera uniforme en el país. Cuatro Sistemas Locales de Atención Integral en Salud —Bilwi, la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Las Minas y Zelaya Central— concentraron 10 de las 16 muertes registradas en 2025, según información publicada por Divergentes. Eso equivale al 62,5% del total nacional.

La concentración geográfica tampoco es nueva. Entre 2016 y 2018, esos cuatro territorios explicaban el 39,5% de las muertes. Entre 2023 y 2025, la proporción llegó al 52.2%.

El contexto legal y sanitario

La mortalidad materna en Nicaragua no ocurre en un vacío. Desde 2006, el país prohíbe el aborto en todas las circunstancias, sin excepciones. La prohibición expone a las mujeres a continuar embarazos de alto riesgo sin posibilidad de intervención terapéutica legal.

En enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que Nicaragua violó los derechos de dos niñas sobrevivientes de violación al forzarlas a continuar sus embarazos, en lo que calificó como trato cruel, inhumano y degradante.

El comité instó al país a “revisar su marco legal y garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo para todas las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual”, según consignó Human Rights Watch.

La Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), impulsada por Naciones Unidas, plantea como objetivo eliminar las muertes maternas prevenibles. La OMS advierte que la mayoría de esos fallecimientos puede evitarse con atención oportuna y de calidad.

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue hallado la noche del domingo en una residencia de la urbanización Rexville, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo fue reportado a eso de las 7:37 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar.

Al llegar a la vivienda, agentes encontraron el cadáver de la mujer, cuya identidad no ha sido establecida.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Jennifer García, de la Policía Municipal de Bayamón. El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

EFE

Dolores de cabeza, problemas para conciliar el sueño y episodios de nerviosismo son algunas de las secuelas físicas y emocionales que padecen los niños afectados por el fuerte doble sismo que golpeó a Venezuela hace casi un mes, advirtió este martes la organización no gubernamental Plan International, con sede en Panamá.

La asesora regional de Protección de la Niñez en Acción Humanitaria de Plan International, Yesica Serrano, señaló en un comunicado que identificar estas señales de estrés postraumático y atenderlas oportunamente, junto con el acceso a servicios médicos, es una prioridad tan importante como la reconstrucción de viviendas e infraestructura dañada.

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Los sismos de 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia el 24 de junio pasado destruyeron parte de La Guaira, la zona costera aledaña a Caracas, donde se desplomaron decenas de edificios. Al menos cinco mil 208 personas murieron por los sismos, según las cifras oficiales, mientras que el número de desaparecidos es incierto.

En el texto, Plan International citó cifras de la agencia de Naciones Unidas responsable de coordinar la respuesta humanitaria (OCHA), según las cuales 107 campamentos transitorios albergan actualmente a más de 23 mil 800 personas, cerca del 86% de su capacidad total, mientras que más de 17 mil 900 personas continúan sin vivienda.

Las condiciones inadecuadas de vivienda están profundizando el impacto emocional del desastre en la niñez

La ONG señaló que las condiciones inadecuadas de vivienda, la acumulación de escombros y cambio en los arreglos de cuidado están profundizando el impacto emocional del desastre en la niñez y sus familias.

“Las organizaciones socias de Plan International que responden en el terreno reportan que las molestias físicas sin causa clara aparecen cada vez con más frecuencia, junto con señales de estrés postraumático y una sensación constante de inseguridad, y que, al escuchar con más atención, revelan semanas de sueño interrumpido, sobresaltos y miedo acumulado”, destacó la ONG global.

Es por esto que la asesora Serrano, quien se encuentra en Venezuela, advirtió que la actual fase de la emergencia exige atención y pidió que se atienda esta situación a través de apoyo psicológico.

“Cuando pasa el impacto inmediato del terremoto, el efecto no desaparece, se queda con niñas, niños y adolescentes, tanto en el cuerpo como en la mente. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, dificultad para dormir o miedo a los ruidos fuertes pueden ser señales de angustia que la niñez no logra expresar con palabras”, afirmó Serrano.

Agregó que “la salud mental de la niñez ya no puede tratarse como una respuesta secundaria. Si no atendemos el bienestar físico y emocional en conjunto, la recuperación será imposible”.

Serrano recordó que los niños y adolescentes en distintas etapas de desarrollo “no siempre tienen las palabras o los medios para explicar lo que sienten, y no siempre lo demuestran de la misma manera”.

“Las niñas y los niños más pequeños pueden dejar de comer, tener dificultad para dormir, presentar episodios de llanto sin razón aparente o sobresaltarse con facilidad, mientras que las y los adolescentes son más propensos a aislarse, a estar más callados, a mostrarse más agresivos o a alejarse de quienes los rodean”, explicó.

La ONG aseguró que junto con sus socios en Venezuela ofrece apoyo psicosocial grupal e individual a niñas, niños y adolescentes, ayuda a las familias a cubrir necesidades urgentes que salvan vidas y fortalece los servicios de protección de la niñez, con especial atención a las niñas.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos cinco años, la región latinoamericana ha registrado más de 19.000 feminicidios. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados, mientras que más del 90 por ciento de las muertes violentas quedan impunes. Las organizaciones feministas denuncian la ineficacia del endurecimiento de las penas y reclaman prevención, investigaciones eficaces y políticas integrales contra la violencia de género.

Así lo consigna un resumen elaborado por el Observatorio Latinoamericano del Feminicidio, de los observatorios de la región, dice, con el objetivo de tener una mirada global del fenómeno que, en algunos países, muestra que a la violencia machista se suma la incapacidad institucional y la escasa visión integral de las violencias contra las mujeres en nuestra región.

Del resumen al que tuvo acceso SEMlac, destacamos algunos asuntos preocupantes, con informaciones incluso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal de las Naciones Unidas ha registrado 19.254 feminicidios en los últimos cinco años, es decir, 11 muertes violentas de mujeres por motivos de género al día, una cada dos horas.

En 2024, 14 de los 25 países con las tasas de incidencia relativa de feminicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe (ONU Mujeres y CEPAL), encabezados por Honduras, con 4,7 víctimas por cada 100.000 mujeres; Guatemala (1,9) y la República Dominicana (1,7). Todo ello sin tener en cuenta el enorme subregistro de datos, debido principalmente al miedo o a la imposibilidad de denunciar y, muy a menudo, a la falta de confianza en las fuerzas de seguridad y en los operadores de justicia, considerados indiferentes, arrogantes o, incluso, cómplices de los delincuentes.

Estas cifras superan con creces la media ponderada de la región, que oscila entre 1 y 1,3 casos por cada 100.000 mujeres. Brasil y México encabezan la lista de países con el mayor número absoluto de feminicidios, con 1.568 y 768 asesinatos, respectivamente (2025). El 42 por ciento de los ataques mortales los comete la pareja o la ex-pareja, y el entorno doméstico constituye el principal foco de riesgo, en particular para las mujeres de entre 21 y 30 años (22% de los feminicidios).

En 2025, en Honduras, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (Cdm) registró 936 agresiones contra mujeres y niñas, entre ellas 412 delitos sexuales y 262 feminicidios. Esto significa que en Honduras una mujer o una niña es asesinada cada 33 horas. El 46 por ciento de las personas agredidas tiene entre 11 y 39 años, lo que supone un aumento del 49 por ciento con respecto al año anterior.

La mayoría de los agresores formaban parte del círculo más cercano de las víctimas. Por primera vez, los delitos sexuales (44%) superan a los delitos contra la vida (31%), afectando principalmente a niñas y jóvenes (297). Las denuncias por violencia doméstica ascendieron a 41.895 y las de maltrato familiar a 48.642.

En los primeros seis meses de 2026, la situación no ha cambiado. El Observatorio ha registrado 126 muertes violentas de mujeres, una cada 34 horas. En mayo fueron asesinadas ocho mujeres en solo cuatro días, cuatro de ellas menores de edad.

Ante la gravedad de la situación y el enorme subregistro de casos, el Cdm y una veintena de organizaciones, colectivos y plataformas de mujeres y feministas han tomado posición exigiendo un enfoque integral de la violencia contra las mujeres.

“Estas cifras no son estadísticas abstractas, son vidas arrebatadas, familias destrozadas, hijos e hijas que crecen sin sus madres. Cada cifra tiene un nombre, una historia y una comunidad que llora su ausencia. Ante esta realidad, ninguna organización comprometida con los derechos de las mujeres puede permanecer en silencio”, advierten en una declaración conjunta.

En 2013, tras una larga lucha, el movimiento de mujeres hondureño logró un éxito histórico: la tipificación del delito de feminicidio. A pesar de ello, como acabamos de ver, la emergencia no ha cesado y las cifras ponen de manifiesto una situación extremadamente preocupante.

El nuevo Congreso, controlado por las fuerzas ultraconservadoras del bipartidismo tradicional como resultado de unas “elecciones fraudulentas” y fuertemente condicionadas por la injerencia estadounidense y las denuncias de fraude, ha aprobado una reforma que endurece las penas por el delito de feminicidio (de 25 a 30 años) y por el feminicidio agravado (entre 40 y 60 años) y crea órganos judiciales especializados.

Para las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, esta medida no solo es insuficiente, sino que representa un débil paliativo, una especie de “populismo punitivo” que se está extendiendo de la mano del avance de la derecha en el continente latinoamericano.

“No sirve de nada aumentar las penas si no se promueven políticas de prevención, ni se aborda seriamente la impunidad que afecta a más del 90 por ciento de las muertes violentas de mujeres”, explica a Pagine Esteri, Erika García, coordinadora del programa de justicia y litigio estratégico feminista del Cdm. Se ponen así en el punto de mira el sistema judicial y la falta de un enfoque integral ante el drama de la violencia de género.

Además de esto, continúa García, las organizaciones denuncian la falta de refuerzo del proceso de investigación, la reticencia sistemática de quienes administran la justicia a aplicar, el tipo delictivo de feminicidio, así como la complicidad de las fuerzas de seguridad, integrada en su mayoría por hombres.

Tras las elecciones de 2021, ganadas por Xiomara Castro y el partido Libertad y Refundación (Libre), varias organizaciones impulsaron una propuesta de ley especial integral contra la violencia hacia las mujeres. La entonces oposición bipartidista mayoritaria, con el apoyo de los sectores religiosos fundamentalistas y del aparato mediático controlado por los grupos de poder económico y político, se opuso enérgicamente a su presentación en el pleno y el proyecto quedó engavetado. La reciente reforma sigue siendo, por tanto, más un acto mediático improvisado que una respuesta global e integral a la problemática.

“Desde que tomaron posesión las nuevas autoridades, han puesto una bandera del movimiento pro-vida tanto en el hemiciclo parlamentario y en los distintos ministerios. Además —continúa la abogada del Cdm—, nunca han querido escuchar la opinión de aquellas organizaciones que llevan años en primera línea apoyando a las mujeres y que conocen muy bien las dinámicas que permiten que la violencia se reproduzca y se refuerce. Son muchos, demasiados, los ejemplos de incoherencia de esta gente”.

También hay fuertes críticas contra el doble rasero de la mayoría parlamentaria que, por un lado, dice querer defender la vida de las mujeres, pero por otro aprueba leyes que la ponen seriamente en peligro. “Han aprobado normativas que blindan las actividades agroindustriales, que criminalizan la defensa de la tierra y los bienes comunes, que despojan a las comunidades de sus tierras, que reactivan el empleo a tiempo parcial, precarizando aún más el mercado laboral y desmantelando los derechos. Las mujeres son las principales víctimas de estas leyes”, advierte García.

Por último, denuncian la hipocresía de la agenda ultraconservadora, que ha legislado la prohibición total y absoluta del aborto, blindándola con una reforma que solo permite su modificación con el voto favorable de tres cuartas partes de los diputados y que conspira, junto con el integralismo religioso, para negar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “La deriva fundamentalista religiosa y su incidencia en los derechos de las mujeres es una constante global que va de la mano de la radicalización hacia la derecha de los gobiernos de la región, convirtiéndose en uno de sus instrumentos privilegiados”, concluye la abogada del Cdm.

También es muy grave la situación que viven las mujeres en Guatemala, país que ocupa el segundo lugar entre los que tienen el mayor índice relativo de feminicidios. En 2025, se registraron 595 muertes violentas, lo que supone un aumento del seis por ciento con respecto al año anterior, de las cuales 206 fueron feminicidios (+14,4%).

Las denuncias por violencia de género ascendieron a 17 al día, con una tasa de 402,2 denuncias por cada 100.000 mujeres (fiscalía general). A pesar de ello, solo el nueve por ciento de las personas que sufren violencia denuncian los abusos. Este subregistro afecta especialmente a los pueblos indígenas, que en Guatemala representan el 46,3 por ciento de la población total (revista Puentes de Diálogos).

En lo que respecta a la violencia sexual, la fiscalía general registró 9.649 denuncias, de las cuales 60 por ciento (5.834 víctimas) correspondían a violaciones y 29 por ciento (2.839 víctimas) a agresiones sexuales. La mayoría de las víctimas son niñas y jóvenes (65,9%).

La violencia provoca, además, un aumento exponencial de los embarazos adolescentes e infantiles, con 2.101 partos de madres de entre 10 y 14 años en 2024, lo que supone un incremento del ocho por ciento con respecto al año anterior (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva).

Feminicidios en América Latina
Existe un enorme subregistro de datos, debido principalmente al miedo o a la imposibilidad de denunciar y, muy a menudo, a la falta de confianza en las fuerzas de seguridad y en los operadores de justicia. Tomada de Resumen Latinoamericano
Pese a que en 2008 las organizaciones de mujeres y feministas lograran la aprobación de normativas especiales contra el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres (Decreto 22-2008), con penas de entre 25 y 50 años, y para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas (Decreto 9-2016), Guatemala sigue siendo uno de los países del mundo donde más mujeres mueren y desaparecen. Se calcula que al menos 13.800 mujeres desaparecieron en los últimos siete años, es decir, casi cinco al día.

“Debemos volver a la historia de Guatemala, un Estado con características coloniales que siempre ha representado los intereses de las oligarquías nacionales y del capital multinacional, excluyendo sistemáticamente a los pueblos indígenas y a las mujeres. Un Estado que, además, oculta esta realidad tras una falsa narrativa de defensa de los derechos de las personas”, explica a Pagine Esteri, Virginia Gálvez, miembro de la Colectiva feminista Actoras de Cambio.

Los 36 años de conflicto armado interno y de represión feroz, con más de 200.000 víctimas y al menos 45.000 desaparecidos, así como la influencia directa de Estados Unidos en las políticas contrainsurrecionales, han utilizado la militarización y el control masculino de los territorios, así como la violencia sexual, como armas contra los pueblos, contra las mujeres mayas y las mujeres organizadas.

“Fue una auténtica institucionalización de la violencia sexual, que ha permanecido en una impunidad casi total y que se ha reforzado con el paso de los años. Nos encontramos, por tanto, ante una auténtica deshumanización de la mujer, sobre todo de la mujer indígena, cuyo cuerpo se convierte en una extensión del territorio que hay que controlar e invadir, o en un objeto que hay que explotar sexualmente”, señala Gálvez.

Diversas organizaciones de mujeres y feministas señalan la atención a las supervivientes, el litigio estratégico y la lucha contra la impunidad, la sanación ancestral y comunitaria y la labor de sensibilización política como los principales elementos de una estrategia integral para hacer frente al flagelo del feminicidio y la violencia de género.

Para la activista, es fundamental hacer que el Estado asuma sus responsabilidades, denunciando su hipocresía, legitimando el trabajo de las organizaciones, creando mecanismos de respuesta y reparación, de sanación y recuperación de las mujeres, y generando condiciones sociales que impidan la repetición.

“Hay condiciones estructurales que deben cambiarse, pero también debemos avanzar en la lucha contra la impunidad, en la denuncia de la falsa protección por parte del Estado, rompiendo el silencio, reapropiándonos de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestra historia”, concluye.
AM.MX/fm

Cada 25 de julio, el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora nos recuerda que las mujeres negras no solo sobreviven a las crisis que las rodean. También son quienes sostienen la vida en medio de ellas.

En Haití, Tina Nadine Anilus lleva más de quince años haciendo exactamente eso. Fundadora del REFKAD (Rezo Fanm Kapab d’Ayiti), ha construido espacios de protección, escucha y acompañamiento para mujeres y niñas en uno de los contextos humanitarios más complejos del continente.

En esta conversación reflexiona sobre la resistencia, el liderazgo de las mujeres haitianas y lo que el mundo todavía no entiende sobre Haití.

¿Cuándo entendiste que las mujeres haitianas ya no podían esperar al Estado?

Después del terremoto de 2010 quedó claro que las mujeres y las niñas necesitaban mucho más que promesas. Necesitaban un lugar seguro donde pudieran sentirse protegidas, escuchadas y acompañadas.

Por eso fundé el REFKAD el 25 de noviembre de ese mismo año. Lo que comenzó como un compromiso personal se convirtió en un sueño colectivo construido junto a la comunidad. Hoy somos una red de más de 30 organizaciones y hemos acompañado a más de 30 mil personas.

Nunca pensé únicamente en crear una organización. Pensé en construir un espacio donde las mujeres supieran que no estaban solas.

¿Cómo se ve la resistencia de una mujer haitiana hoy?

Muchas personas imaginan la resistencia como una gran protesta o un discurso. Pero, en Haití, muchas veces resistir significa algo mucho más cotidiano.

Es abrir la puerta a una mujer que no tiene dónde dormir. Es escuchar a una sobreviviente cuando nadie más quiere hacerlo. Es ayudar a una niña a volver a la escuela. Es sostener una comunidad cuando las instituciones han desaparecido.

«La resiliencia haitiana no es un eslogan. Es el precio de la ausencia del Estado, y la prueba de una nación que resiste y que lucha». — Tina Nadine Anilus

Sueles decir que Haití no es un país en quiebra, sino un país traicionado. ¿Por qué?

Porque detrás de cada imagen de violencia hay un pueblo que sigue de pie.

Cuando el mundo habla de Haití casi siempre habla de desastres, de pobreza o de violencia. Muy pocas veces habla de las personas que todos los días mantienen vivo este país.

«Haití no es un país en quiebra. Haití es un país traicionado». — Tina Nadine Anilus

¿Qué es lo que el mundo sigue sin entender sobre Haití?

Que se habla de Haití sin las haitianas.

Las organizaciones locales hemos sostenido este país durante cada crisis. Sin embargo, demasiadas veces la ayuda internacional llega sin escucharnos o sin confiar en quienes ya estamos haciendo el trabajo.

La mayor muestra de respeto sería fortalecer a las organizaciones haitianas y permitirnos liderar las respuestas.

Pedimos coherencia del mundo.

Has dicho que los cuerpos de las mujeres se han convertido en un territorio de guerra. ¿Qué significa eso?

Que la violencia sexual dejó de ser una consecuencia del conflicto para convertirse en una herramienta del conflicto.

Las pandillas utilizan las agresiones sexuales para sembrar terror, desplazar comunidades y controlar territorios.

Cuando el cuerpo de una mujer se convierte en un mensaje de poder, toda la sociedad queda herida.

¿Qué ocurre cuando una mujer llega al REFKAD?

Lo primero que hacemos es escucharla.

Después vienen la atención médica, el acompañamiento jurídico, el apoyo psicológico y, cuando es necesario, un lugar seguro donde quedarse.

Nuestro lema en creole resume todo lo que hacemos:

N ap Tandew, Nou kwè w, An n Pale pou sa chanje.

«Te escuchamos, te creemos. Hablemos para que esto cambie.»

Muchas mujeres nos dicen que es la primera vez que alguien les cree. Y a veces ese es el primer paso para reconstruir una vida.

También decidiste participar en política. ¿Qué aprendiste de esa experiencia?

En 2015 me presenté como candidata a diputada para la comuna de Carrefour en Puerto Príncipe. Fue una campaña marcada por la violencia. Uno de mis simpatizantes fue atacado con un arma blanca por colocar una fotografía mía y, el día de la elección, jóvenes que me apoyaban fueron golpeados y expulsados de los centros de votación.

Podría haber renunciado.

En cambio, confirmé algo que ya sabía: las mujeres negras haitianas tenemos derecho a ocupar los espacios donde se toman las decisiones que afectan nuestras vidas.

Si hoy pudieras sentarte frente a quienes toman las decisiones sobre Haití, ¿qué les dirías?

Que dejen de pensar en Haití únicamente cuando aparece en los titulares.

Que escuchen a las organizaciones locales antes de diseñar soluciones para nuestro país.

Que confíen en las mujeres haitianas.

Nosotras somos más que  beneficiarias de ayuda humanitaria. Somos quienes llevamos años sosteniendo este país.

¿Cómo imaginas el futuro que quieres construir?

Sueño con una Casa de las Mujeres.

Un lugar donde una sobreviviente pueda encontrar bajo un mismo techo alojamiento, atención médica, acompañamiento jurídico, apoyo psicológico, formación y un espacio seguro para sus hijos e hijas.

Pero, sobre todo, sueño con un Haití donde las mujeres no tengan que elegir entre el miedo y la huida.

Donde la justicia no sea un privilegio.

Y donde nuestras voces formen parte de todas las decisiones que afectan nuestras vidas.

Para terminar, ¿qué significa para ti el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora?

Es un recordatorio de que las mujeres negras más que  afectadas por las crisis, somos quienes sostienen la vida en medio de ellas.

Organizamos.

Cuidamos.

Reconstruimos.

Permanecemos.

Yo sigo en Carrefour haciendo lo mismo que he hecho durante más de quince años: luchar para que otras mujeres puedan vivir con dignidad.