Que un hombre adulto viole a una niña es legal en Afganistán desde el 14 de mayo. Los talibanes promulgaron ese día el Decreto nº 18 o “Código de separación judicial de los cónyuges”, una norma que legaliza el matrimonio infantil sin que ni siquiera sea necesario escenificar un supuesto consentimiento de la menor; basta con su silencio. Lo que sanciona ese decreto es “que las niñas puedan ser casadas con seis, siete años o menos con la excusa de que luego pueden teóricamente pedir el divorcio al cumplir nueve años”, eso si siguen siendo vírgenes y osan enfrentarse a un marido adulto y a los jueces talibanes, resume la activista afgana Zubaida Akbar. A esa edad de nueve años es cuando la radical jurisprudencia islámica hanafí —la que siguen los talibanes— sitúa la pubertad femenina.

La normalización de la pederastia no es la única disposición de ese decreto que cierra aún más la jaula en la que los talibanes han encerrado a mujeres y niñas desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021. Akbar, directora del programa para Afganistán de la organización Femena, explica desde Estados Unidos que esa ley reduce casi a la nada las posibilidades de que una afgana obtenga el divorcio.

El Decreto nº 18 es una ley “particularmente desoladora”, lamenta la activista. Es también solo una más, apunta. En sus casi cinco años en el poder, los talibanes han sancionado alrededor de 140 normas. Esas leyes son los pilares de lo que Akbar llama “un infierno en la tierra”; un abismo que cada vez se hace más hondo mientras, al mismo tiempo, la comunidad internacional da pasos para legitimar a los fundamentalistas como gobernantes de Afganistán.

En 2025, Rusia se convirtió en el primer Estado en reconocer oficialmente al Gobierno de los talibanes. El mismo día en que se promulgó el decreto que legaliza el matrimonio infantil, el 14 de mayo, se supo que la Unión Europea había invitado para junio a Bruselas a una delegación de los fundamentalistas con el objetivo de discutir nuevas vías para expulsar a migrantes afganos.

“Una alfombra roja que esa Europa que se presenta como defensora de los derechos humanos les tiende a los talibanes, a quienes se les confiere así legitimidad”, resume la periodista afgana exiliada en España Khadija Amin.

Una de las primeras decisiones de los talibanes al regresar al poder fue suspender la Constitución que, entre otras salvaguardas, establecía una edad mínima de 16 años para contraer matrimonio. Esa ley no se respetaba en muchos casos, recuerda desde Londres Rachel Reid, de la Red de Analistas Afganos, pero al menos existía, al igual que “las juezas, las fiscales, las abogadas y los refugios para víctimas”, detalla la analista.

Los supuestos “Talibanes 2.0.” —una denominación utilizada desde 2020 por Estados Unidos, en parte para justificar la abrupta salida del país de sus tropas— no eran mucho más moderados que los que habían regido el país entre 1996 y 2001. Sí eran más conscientes de que no les convenía el estatus de paria ante una comunidad internacional cuya reacción probablemente querían testar. Quizás por ello los fundamentalistas avanzaron al principio con tiento. Con pretextos.

Por ejemplo en septiembre de 2021, cuando cerraron los institutos de secundaria femeninos y afirmaron que se trataba de una clausura “temporal” mientras garantizaban una segregación de sexos en la educación que ya existía. Para entonces ya habían instado a las afganas a no ir a trabajar.

Primero les prohibieron la secundaria. Después, en diciembre de 2022, la universidad. Desde entonces, los talibanes han ido clausurando todas las alternativas que las afganas buscaron para seguir formándose, como academias privadas de idiomas o escuelas profesionales gestionadas por organizaciones humanitarias. Los fundamentalistas persiguen con especial saña las escuelas clandestinas a las que, arriesgando sus vidas, algunas niñas del país asiático siguen asistiendo.

En el casi lustro de poder talibán, el 80% de las afganas han sido expulsadas del mercado laboral, según un informe de UN Mujeres. Las afganas tienen prohibido trabajar en la Administración, las fuerzas de seguridad, los bancos, las ONG y las agencias humanitarias de Naciones Unidas. Tampoco como fiscales, abogadas, jueces o diputadas y ni siquiera pueden regentar salones de belleza ni peluquerías, que los radicales cerraron en julio de 2023.

A las pocas que aún tienen un empleo se les exige que un pariente varón —el mahram o guardián, el padre, el marido o un hermano— las acompañe en el trayecto de ida y vuelta a su trabajo. Si una mujer prescinde o carece de ese tutor y osa aventurarse en la calle puede ser encarcelada y torturada. Las afganas no pueden tampoco obtener el pasaporte, acudir a un hospital ni viajar sin esa carabina.

El ocio les está igualmente vedado. A la prohibición general de escuchar música se suma la de entrar en parques naturales, jardines, gimnasios, baños públicos, restaurantes y cafés. Tienen vetado igualmente practicar deporte y conducir.

En 2024, los talibanes dieron un nuevo paso en su afán por convertir a las afganas en sombras al aprobar una ley de moralidad que les prohíbe mostrar su rostro, mirar a los hombres y hablar en público. Ya antes las habían obligado a cubrirse de la cabeza a los pies y prohibido el uso de perfume, tacones y ropa de colores vivos. Las afganas no pueden ni asomarse a una ventana. Los fundamentalistas han ordenado tapiar todo vano que permita verlas desde la calle o las viviendas vecinas.

Más grave aún es que las mujeres y niñas de Afganistán no pueden ser atendidas por médicos varones, cuando el país deplora una grave escasez de sanitarias que ahora solo irá a peor. En diciembre de 2024 los fundamentalistas eliminaron la excepción que permitía a las mujeres estudiar Medicina, enfermería o formarse como matronas.

Ese mismo año, los talibanes empezaron a dotar de rango de ley la batería de edictos misóginos que ya habían aprobado. Primero, con esa ley de moralidad que prohibió la voz de las afganas en público. El pasado mes de enero, sancionaron una norma que ejerce de Código Penal, que legaliza la violencia machista. Prevé, por ejemplo, una pena de 15 días de cárcel por romper un brazo a una esposa, mientras que organizar una pelea de perros puede ser castigado con cinco meses de prisión.

Los fundamentalistas legalizaron el 14 de mayo el matrimonio infantil

Ese mismo día, la UE invitó a una delegación talibán a Bruselas