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Una delegación de familiares logró ingresar a la sede del organismo para entrevistarse con la ministra de la Mujer, Yelitze Santaella, Sin embargo, el encuentro generó rechazo entre las denunciantes.
La activista Evelyn Pinto, miembro de la Alianza de Mujeres Políticas, criticó la posición de la funcionaria al señalar que emitió cuestionamientos contra los familiares de las detenidas, formulando preguntas como “¿son desaparecidos o no?” y “¿de qué se les acusa?”.
“Utilizan el cuerpo de la mujer como un botín”
A pesar de que la ministra defendió su gestión destacando la habilitación de un centro de atención ginecológica en el Centro de Formación Femenina Las Crisálidas, la activista señaló que los problemas estructurales son mucho más graves. Pinto denunció requisas con marcada connotación sexual y la práctica de la “desnudez forzada”, métodos que, afirmó, son aplicados sistemáticamente a las detenidas y a las mujeres que acuden de visita en su papel de cuidadoras.
La representante visibilizó el ensañamiento contra ese sector: “Sabemos que, por la falta de agua, se ha visto afectada su higiene menstrual y no tienen acceso a productos básicos. Son separadas de sus hijos en período de lactancia, y tenemos muchísimos casos de mujeres relacionadas con la Operación Gedeón que han sido víctimas de torturas. Hay un trato diferenciado con las presas relacionadas con la política; utilizan el cuerpo de la mujer como un botín”.
Exigencia de investigación independiente
Las manifestantes entregaron un documento con exigencias dirigidas al despacho de Santaella. La primera solicitud es una revisión e inspección exhaustiva de cada una de las cárceles de mujeres y calabozos policiales del país, con énfasis en auditar institutos penitenciarios que teóricamente son de reclusión exclusiva para hombres, pero en los cuales existen reportes de población femenina detenida.
Exigieron asimismo que el ministerio inste a los órganos de justicia a investigación independiente, transparente y con enfoque de género sobre las denuncias de agresiones sexuales y torturas. Las manifestantes recordaron a las autoridades que esos delitos constituyen graves violaciones de los derechos humanos que afectan a quienes siguen tras las rejas y a las excarceladas.
La movilización contó con el respaldo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), organización que instó a los organismos gubernamentales a “escuchar a las víctimas con responsabilidad y solidaridad”, en lugar de desestimar sus testimonios.