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La desigualdad de género no solo representa una violación a los derechos humanos, sino también un freno para el desarrollo económico global. Así lo advierte un informe del Secretario General de las Naciones Unidas presentado ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en el que se identifican las barreras legales y estructurales que continúan limitando la autonomía económica de millones de mujeres en todo el mundo.
El documento señala que las leyes discriminatorias relacionadas con la familia, la propiedad, la herencia y la nacionalidad siguen profundizando las brechas económicas entre hombres y mujeres.
Actualmente, alrededor de 250 millones de mujeres viven bajo sistemas de sucesión que restringen sus derechos patrimoniales, mientras que el 59 por ciento de los países analizados ofrece una protección baja, muy baja o inexistente sobre los derechos de las mujeres a la tierra.
Según Naciones Unidas, estas limitaciones legales reducen las posibilidades de las mujeres para acceder a activos productivos, financiamiento, emprendimientos y oportunidades de desarrollo económico, además de incrementar su vulnerabilidad frente a la pobreza.
“El contexto jurídico socava la igualdad económica de las mujeres y las niñas, lo que las vuelve más vulnerables a la pobreza”, advierte el informe.
Sin embargo, el organismo internacional también destaca que las reformas legales pueden tener efectos transformadores. De acuerdo con investigaciones citadas en el documento, más de 600 millones de mujeres han accedido a mayores oportunidades económicas desde 1970 gracias a modificaciones en las legislaciones familiares que ampliaron sus derechos y autonomía.
El peso económico de los cuidados no remunerados
Uno de los principales obstáculos para la participación económica femenina sigue siendo la carga desproporcionada de los cuidados no remunerados.
El informe señala que 708 millones de mujeres identifican las responsabilidades de cuidado como la principal barrera para incorporarse al mercado laboral.
A ello se suma que numerosos países aún mantienen restricciones para que las mujeres accedan a determinadas ocupaciones o carecen de mecanismos efectivos para protegerlas de la discriminación laboral asociada a las tareas de cuidado.
La ONU subraya que esta situación evidencia la estrecha relación entre los marcos legales y el empoderamiento económico de las mujeres. Aunque desde 2015 ha aumentado el número de países que prohíben la discriminación laboral por motivos de sexo o género, los avances continúan siendo lentos y desiguales.
El problema es aún más severo para quienes laboran en la economía informal, donde millones de mujeres permanecen excluidas de las protecciones jurídicas y de los mecanismos para reclamar sus derechos laborales.
La falta de justicia también tiene costos económicos
El informe advierte que la ausencia de acceso efectivo a la justicia genera costos que terminan trasladándose a otras áreas del gasto público.
Las investigaciones recopiladas por Naciones Unidas muestran que la falta de asistencia jurídica puede generar una “falsa economía”, ya que los problemas legales no resueltos suelen derivar en mayores gastos en salud, vivienda, protección infantil e incluso sistemas penitenciarios.
Por ello, el organismo sostiene que invertir en sistemas de justicia accesibles y con perspectiva de género no debe considerarse únicamente una obligación en materia de derechos humanos, sino también una política pública con beneficios económicos y sociales de largo plazo.
Más inversión para cerrar brechas
Ante este panorama, Naciones Unidas recomienda fortalecer los marcos legales para garantizar la igualdad y eliminar las disposiciones discriminatorias que aún persisten en numerosos países.
Asimismo, plantea aumentar las asignaciones presupuestales destinadas a construir sistemas de justicia sensibles a las necesidades de las mujeres y fortalecer los mecanismos de seguimiento sobre esos recursos.
El informe también propone incorporar indicadores de justicia y género dentro de los marcos económicos y de desarrollo, así como garantizar que todas las nuevas leyes relacionadas con la igualdad de género cuenten con financiamiento suficiente para su aplicación efectiva.
La conclusión de Naciones Unidas es clara: alcanzar una verdadera igualdad económica requiere algo más que crecimiento o generación de empleo. Implica eliminar barreras legales históricas, reconocer el valor económico de los cuidados, ampliar el acceso de las mujeres a la justicia y garantizar condiciones que les permitan participar plenamente en la vida productiva.
Sin estos cambios, advierte el organismo, millones de mujeres seguirán excluidas de oportunidades fundamentales para mejorar sus ingresos, su bienestar y sus perspectivas de desarrollo.