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La Defensoría de la Niñez descartó la existencia de antecedentes que adviertan delitos como trata o tráfico en marco del caso de niños haitianos que habrían entrado a Chile de forma irregular con el proceso de reunificación familiar.

En el programa Estado Nacional, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, dijo que “hasta ahora, con la información que manejamos, por la información también que ha venido saliendo desde los municipios, no hay al menos denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico y otro delito, tal como se ha hablado durante la semana”.

Y agregó que “hay un grupo de niños que formalmente han sido ubicado y que en definitiva también da cuenta de un trabajo coordinado de un trabajo coordinado de las instituciones competentes”.

En esa línea, indicó que ahora resta tener “certezas de cuál es su situación real, si están gozando o no de los derechos de que son titulares y efectivamente ver cuáles son las brechas que el sistema de protección integral”.

El defensor de la Niñez valoró las decisiones tomadas por la administración de José Antonio Kast al conformar “una fuerza de tareas, donde lo más positivo es que sea liderado por el Ministerio de Desarrollo Social (…) porque el enfoque que se le está dando a esta tarea no es el de la seguridad, no es de control migratorio, sino que es desde la mirada desde la protección de niños, niñas y adolescentes”.
A fines de abril de 2025, la Defensoría de la Niñez viene recibiendo presuntas alertas por vuelos chárters provenientes desde Haití con centenares de niños en el marco de la reunificación familiar. “En principio en el ejercicio de su derecho”, dijo Quesille.

Esta información es emanada por la Comisión de Defensa del Senado. “Frente a eso, la primera herramienta legal es efectivamente identificar si dentro de este proceso existen o no eventuales comisiones de delitos o existen vulneraciones de derechos”, manifestó.

Para ello, solicitaron información a la Policía de Investigaciones y al Servicio Nacional de Migraciones: “Pedimos a cada una de las instituciones que nos entregara un reporte detallado que nos permitiera ver la situación de los menores para ver si había vulneraciones o delitos”, apuntó.

Así, aseveró que la PDI “no nos da cuenta de situaciones que estuvieran vinculadas a la comisión de delitos”, mientras que el Sermig no entregó respuestas.