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Por Georgia Pietropaoli

En Afganistán, la vida cotidiana de las mujeres es una crónica de desapariciones forzadas, violencia impune y restricciones asfixiantes impuestas sistemáticamente por el régimen. El asesinato de la funcionaria de la ONU Fereshteh Amadi y las oleadas de arrestos arbitrarios en Herat son solo el último capítulo de una estrategia planificada para eliminar a las mujeres del espacio público.

Fereshteh Amadi, una respetada empleada del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), fue hallada muerta en circunstancias misteriosas el 4 de junio en Kabul. La respuesta de las autoridades talibanes a esta tragedia confirma la estrategia sistemática de encubrimiento que impregna todos los aspectos de la vida pública afgana. Si bien la UNAMA confirmó la muerte de la funcionaria sin aclarar las circunstancias, los talibanes tardaron días en responder, calificándola de «suicidio». Sin embargo, esta reconstrucción resultó ser poco fiable, lo que provocó una oleada de críticas y exigencias de verdad, incluso en las redes sociales. La muerte de Amadi se produce tras un período de constantes amenazas debido a sus compromisos laborales. En 2023, los talibanes impusieron la prohibición a las mujeres afganas que trabajan con las Naciones Unidas: un edicto que no solo pisotea los derechos fundamentales, sino que rompe deliberadamente el vínculo vital entre las trabajadoras y las mujeres que, debido a las restricciones del régimen, solo pueden recibir ayuda de otras mujeres. Desde 2021, el régimen ha atacado sistemáticamente al personal femenino de la ONU, desatando acoso, amenazas de muerte e intimidación que ni siquiera ha perdonado a sus familias. La falta de una investigación transparente refleja una preocupante «normalización» de la violencia contra las mujeres: la vida de Fereshteh Amadi no tiene ningún valor para quienes ostentan el poder; es un acto de impunidad que condena a las mujeres afganas a desaparecer en el anonimato, relegadas a una noticia menor en el frenético flujo de crisis mundiales.

Al mismo tiempo, Herat se ha sumido en una pesadilla: el Ministerio de la Virtud ha lanzado una brutal operación de control. Las calles se han convertido en zonas de rastreo, decenas de mujeres han sido arrastradas a la fuerza y ​​arrestadas arbitrariamente bajo la acusación de no llevar el velo o el burka según las normas talibanes. Las mujeres han sido detenidas en la calle y llevadas a prisión sin un juicio justo, sin defensa y sin que sus familias sepan dónde están. La prisión, bajo el régimen talibán, es un lugar de aislamiento total y de abusos continuos.

Mientras tanto, las autoridades han emitido nuevas y escalofriantes directivas, transformando la vida cotidiana en una carrera de obstáculos donde incluso un perfume se convierte en un delito. Cualquiera que lo use, o simplemente cruce la mirada con un hombre en la calle, es tachada de «adúltera», una acusación extremadamente grave que conlleva una pena de castigo corporal público, en particular azotes, y que priva a la mujer de toda protección, deshonra a su familia y justifica su expulsión forzosa de los espacios públicos. La opresión no respeta ni siquiera los lugares de culto: el régimen considera «fuertemente desaconsejables» (makruh tahrimi) las oraciones dirigidas por imanes cuyas esposas no se ajustan al código de vestimenta del grupo. Se trata de una profunda intromisión en la vida privada, utilizada para obligar incluso a los líderes religiosos a hacer cumplir las restricciones impuestas a sus esposas. El gobernador de Herat ha ordenado a los líderes religiosos que utilicen los sermones de los viernes para poner a los fieles bajo la lupa del régimen, animándolos a estar vigilantes y denunciar a quienes no se ajusten a las normas. El resultado es un clima de terror paralizante: muchas familias, por temor a ser arrestadas o desaparecidas arbitrariamente, impiden que sus hijas y esposas salgan de casa, por el miedo constante de que una mujer que se marche por necesidad nunca regrese.

Lo que ocurre en Afganistán no tiene nada que ver con la religión ni la moral pública; es una herramienta de control e intimidación. El discurso talibán busca justificar la restricción de la libertad individual con tradiciones distorsionadas, pero la realidad es un sistema de apartheid de género. La comunidad internacional no puede limitarse a emitir breves notas de condolencia ni mirar hacia otro lado. Cada mujer arrestada, cada vida truncada sin explicación y cada rostro excluido de la vida social representa una profunda herida a la dignidad humana.

En Afganistán, incluso alzar la voz se ha convertido en un acto subversivo. Impedir que la invisibilización de las mujeres se convierta en la norma significa, ante todo, seguir alzando la voz, seguir denunciando. El silencio del mundo es el espacio que el régimen ocupa para llevar a cabo su labor de segregación; por el contrario, la vigilancia constante es el único antídoto que impide que la represión se convierta en historia. Ante esta invisibilización sistemática, el llamamiento de activistas afganos y juristas internacionales ya no es simplemente una petición de ayuda, sino un desafío al derecho internacional: la codificación del apartheid de género como crimen de lesa humanidad. Actualmente, el derecho internacional se esfuerza por comprender plenamente la naturaleza de un sistema que no solo discrimina, sino que también pretende eliminar la identidad social de la mitad de la población sin recurrir necesariamente a un conflicto armado convencional. Reconocer el apartheid de género no solo sería un acto simbólico, sino que allanaría el camino para que los mecanismos legales enjuicien a los responsables, imponiendo a la comunidad internacional la obligación de intervenir ya no por «buena voluntad», sino en virtud de un deber jurídico inalienable. Negarse a nombrar este crimen significa dejar al régimen impune y permitir que la opresión se convierta en una normalidad aceptada por el derecho internacional.

Este artículo fue publicado originalmente en Focus on África