Por Henry Shuldiner

Las bandas en Haití causaron miles de muertes y el desplazamiento de más de un millón de personas el año pasado, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que pone en evidencia las extremas consecuencias humanitarias de su creciente control sobre el país.

Al menos 5.601 personas fueron asesinadas en Haití el año pasado debido a la violencia de las bandas, un aumento de más de 1.000 respecto a 2023, según lo que informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) el 7 de enero. Otras 2.212 personas resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.

Además, más de un millón de personas han sido desplazadas en todo Haití, lo que supone un aumento del triple respecto a las 315.000 registradas en diciembre de 2023, según los datos publicados el 14 de enero por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Es probable que la situación continúe deteriorándose. El Consejo Presidencial de Transición (Conseil Présidentiel de Transition, CPT), encargado de organizar las elecciones, se enfrenta a escándalos de corrupción, y una misión multinacional de apoyo a la seguridad ha tenido dificultades en los enfrentamientos con grupos criminales.

Además, la ONU advirtió que la falta de financiamiento podría empeorar las condiciones humanitarias, especialmente porque Haití sigue recibiendo a personas deportadas de otros países.

Las bandas ganan legitimidad política

Las bandas controlan en la actualidad más del 85% de Puerto Príncipe y las zonas aledañas a la capital, según las últimas estimaciones de la ONU, lo que hace cada vez más difícil poder excluirlas del diálogo político a pesar de la resistencia casi universal a legitimar su papel.

Este panorama sombrío se ve acentuado por la crisis actual en el seno del CPT de Haití, encargado de gobernar el país y organizar las elecciones antes de que finalice su mandato en febrero de 2026. Desde que asumió el poder en abril de 2024, el CPT se ha enfrentado a una agitación creciente, que incluye la destitución del primer ministro interino Gary Conille en noviembre y un reciente escándalo de soborno bancario en el que están implicados tres miembros.

Los escándalos impulsaron los llamamientos a la reforma. A principios de este mes, varios partidos políticos y coaliciones clave presentaron una propuesta a la Comunidad del Caribe (CARICOM) en la que abogaban por cambios en el TPC.

La propuesta presentada a la CARICOM hacía referencia a Viv Ansanm, la coalición de bandas más poderosa de Haití, señalando que, aunque el grupo no firmó el acuerdo político de abril por el que se establecía el gobierno de transición, apoya al menos una propuesta para reestructurar el consejo.

La mención de Viv Ansanm, liderada por el conocido jefe de la banda Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, no sorprende, ya que los vínculos entre entidades políticas como el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK) y las poderosas bandas se han puesto de manifiesto anteriormente. Pero el reconocimiento de la influencia de las bandas en una carta oficial evidencia el alcance del gobierno criminal establecido por la coalición de bandas en Haití y su posible papel en futuras negociaciones políticas.

“Debemos poner fin a esta hipocresía. Existe un fenómeno de grupos armados ilegales en el país, y debemos, como adultos y pragmáticos, resolver este problema”, dijo Liné Balthazar, presidente del PHTK y líder del Colectivo de Partidos Políticos del 30 de enero, al admitir en la emisora de radio haitiana Magik9 que Viv Ansanm participa en debates junto a importantes actores políticos.

El auge de la violencia

A medida que las bandas ganan legitimidad en los debates políticos, sus ataques se han vuelto más flagrantes, incluyendo algunas de las masacres más mortíferas de la historia reciente de Haití. La violencia se extiende ahora con frecuencia más allá de Puerto Príncipe hacia las zonas rurales, y las bandas atacan cada vez más las instalaciones sanitarias y diplomáticas.

En Petite Rivière, un pequeño asentamiento agrícola ubicado en el centro de Haití, los líderes comunitarios informaron que 150 personas fueron asesinadas en diciembre después de que miembros de las bandas Savien Gran Grief y Palmis atacaran a los residentes, mientras que los grupos locales de vigilancia tomaron represalias contra los presuntos miembros y simpatizantes de las bandas. Esto siguió a una masacre de octubre en la misma región de Artibonite, donde la banda Gran Grif asesinó al menos a 115 residentes.

Las zonas urbanas también han sido escenario de horribles matanzas masivas. En diciembre, la banda de Wharf Jérémie mató a 207 personas, en su mayoría ancianos acusados de practicar vudú y de haber enfermado al hijo del líder de la banda, según la ONU. Para ocultar sus crímenes, la banda habría quemado o desmembrado los cuerpos y los habría arrojado al mar.

Envalentonadas por su creciente dominio, las bandas han ampliado sus ataques a sectores antes menos afectados, atacando con una frecuencia alarmante a trabajadores sanitarios y diplomáticos.

En diciembre, la coalición Viv Ansanm llevó a cabo dos ataques de alto perfil contra hospitales en Puerto Príncipe. Las bandas atacaron el único centro de traumatología neurológica de Haití con cócteles molotov. Una semana después, atacaron el Hospital General durante su ceremonia de reapertura, matando a tres personas. Ataques como estos han reducido drásticamente la funcionalidad de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe, con solo el 37% en pleno funcionamiento, según la OACDH.

El personal de la embajada también ha sido blanco de ataques. En enero, unas bandas dispararon contra vehículos blindados con matrícula diplomática, hiriendo a varios pasajeros, entre ellos el cónsul honorario de India, y un día antes atacaron una furgoneta de la embajada de Estados Unidos, hiriendo a un empleado. Anteriormente, en octubre, los ataques de las bandas contra vehículos de la embajada incluyeron uno en el que viajaba el jefe de la misión, según informó Miami Herald.

Una misión que tambalea

La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (Multinational Security Support, MSS) en Haití, dirigida por Kenia, sigue sin personal suficiente, sin fondos y mal equipada. La MSS no ha podido ayudar a la asediada Policía Nacional de Haití (Police Nationale d’Haiti, PNH) a expulsar a las bandas de los barrios, lo que permite a estos grupos criminales afianzar aún más su control.

En enero, otros 217 agentes de policía kenianos, 150 agentes guatemaltecos y ocho soldados salvadoreños se unieron al MSS, lo que eleva el total a casi 800, muy por debajo de los 2.500 efectivos previstos. Otros países, como Benín, que había prometido hasta 2.000 soldados, y Barbados, han retirado recientemente su apoyo.

La escasez de fondos se suma a los desafíos de la misión. Actualmente cuenta con unos 100 millones de dólares, muy por debajo de los 600 millones necesarios, según una investigación de The New Humanitarian y el periódico Nation de Kenia. Aunque Estados Unidos prometió inicialmente 300 millones de dólares, en enero, el presidente Donald Trump suspendió temporalmente los programas de ayuda exterior de Estados Unidos durante 90 días, lo que podría congelar una financiación crucial. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su apoyo a la misión durante su audiencia de confirmación en el Senado.

Más allá de la financiación y el personal, la MSS lucha con armamento inadecuado para contrarrestar a las bandas fuertemente armadas y expertas en el contrabando de armas en Haití. Aunque Estados Unidos ha proporcionado docenas de vehículos blindados, estos están diseñados para el transporte de tropas, no para el combate.

El futuro de la misión no está claro. En octubre, Leslie Voltaire, actual jefe del CPT, solicitó formalmente que el MSS se convirtiera en una operación completa de mantenimiento de la paz de la ONU. Aunque la administración Biden apoyó esta medida, se enfrentó a la resistencia de Rusia y China en los debates del Consejo de Seguridad de la ONU, y la postura de la administración Trump sobre el asunto aún no se ha anunciado.

Imagen principal: Un oficial de policía keniano, miembro de una fuerza multinacional de la ONU, patrulla una calle en Puerto Príncipe, Haití, 5 de diciembre de 2024. Crédito: AP Photo/Odelyn Joseph.

Kiev, 24 ene (EFE).- Las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación forzosa de más de un centenar de niños en dos zonas de la región oriental de Donetsk situadas a una veintena de kilómetros de las localidades de Pokrovsk y Velika Novosilka, dos de los municipios que Rusia intenta tomar en el este de Ucrania.

La decisión fue anunciada por la Administración Militar de Donetsk, que explicó que se debe al incremento de los ataques rusos. “Ahora que el enemigo refuerza sus ataques en Donetsk”, se lee en la nota oficial, “pedimos a los padres que, responsablemente, procedan a evacuar”.

Los dos distritos afectados por la medida son Komar, situado al noroeste de Velika Novosilka, y Krivorizka, cerca de la línea del frente en la que los rusos presionan para acercarse a Pokrovsk.

En Komar quedan en estos momentos 76 menores, mientras que en los pueblos del distrito de Krivorizka permanecen 34 menores.

Las autoridades regionales ya extendieron este jueves la zona de evacuación forzosa de menores a una zona cercana al frente de Kúpiansk, en la región nororiental de Járkov. EFE

El carnaval de Lincoln, un pueblo del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, llegó a la localidad de Roberts y provocó un fuerte repudio debido al mensaje que hacía apología de la pedofilia. Allí, más de tres sujetos disfrazados y con la cara cubierta desfilaron arriba de un Fiat verde y blanco que tenía las inscripciones: “Aguanten las menores”, “Si hay pelito, no hay delito”, “2 besitos porque 3 se me para“, entre otras.

Luego de la viralización, la organización local, Mujeres Empoderadas Lincoln, repudió esta carroza: “Estos hechos siguen retrasando el avance en derechos de niños, adolescentes, mujeres y disidencias, sobre todo en un tema tan delicado como el abuso sexual infantil”.

Esta carroza que hacía apología del abuso sexual infantil y del grooming hizo el recorrido completo y con normalidad del carnaval este sábado. La prensa local y organizaciones cuestionaron la falta de control por parte del municipio de las carrozas que entraron al desfile.

Ante el rechazo generalizado, la Municipalidad de Lincoln, a través de la Delegación del Carnaval de Roberts, emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente las manifestaciones del grupo de jóvenes, que serían menores, según aclararon desde la organización.

“Repudiamos las manifestaciones totalmente desagradables y fuera de lugar correspondientes a uno de los motivos que participó del desfile la noche de ayer en la mencionada localidad”, expresaron.

Aunque dejaron en claro que “bajo ningún aspecto la organización del carnaval limita la participación ni censura las expresiones de quienes forman parte de este festejo popular, que justamente, por su condición, debe vivirse como una fiesta masiva, alegre y armónica”, advirtieron que no van a permitir este tipo de situaciones.

El comunicado tras la polémica. (Foto: Municipalidad de Lincoln)

 

Por otra parte, desde el Municipio recordaron que “el Carnaval Artesanal de Lincoln -como máxima Fiesta Nacional del Distrito y sus localidades-, en el último tiempo, ha dado pasos en pos de incorporar la perspectiva de derechos humanos, el respeto a la diversidad sexual y de género, y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad”.

“Consecuentemente, cada nueva edición de nuestra fiesta mayor supone el compromiso de todos para dejar atrás y abandonar las conductas machistas, violentas y ofensivas, que no hacen más que perpetuar estereotipos de género, el lenguaje sexista y la marginación de las minorías”, concluye el texto.

Como consecuencia de lo ocurrido, el grupo fue apartado del desfile y se le solicitó una retractación pública. Por ese motivo, este domingo los chicos no participaron del corso local y se inició una causa de oficio en la fiscalía de turno.

El descargo de uno de los chicos involucrados en el escándalo

Uno de los jóvenes que desfiló parado sobre el Renault 12, que según los organizadores sería menor de edad, publicó un descargo en su cuenta de Facebook. En el texto, justificó el incidente argumentando que “fue una broma”, y explicó que el auto lo compraron entre amigos, especialmente para el evento.

“Hola, pido disculpas si se ofendió o algo, pero esto es lo que en los pueblitos llamamos corsos. Es para divertirnos nosotros y a quienes nos miran. Todo lo hicimos en broma, como cualquiera haría si compra un auto con sus amigos para los corsos”, escribió el joven.

También aseguró que no son los únicos que realizan este tipo de bromas y si bien acercó sus disculpas, solicitó que no sean acusados de pedófilos y violadores. “Nos tienen que pedir disculpas por difamarnos a todos nosotros de esa manera, de pedófilos y violadores, que nada que ver, solo por una frase escrita en un auto”, expresó.

Dos niñas de Nicaragua y una de Ecuador que quedaron embarazadas con 12 y 13 años tras ser violadas se vieron obligadas a llevar un embarazo forzado por las dificultades para acceder al aborto en su países, lo que vulneró su derecho a vivir con dignidad, ha dictaminado este 20 de enero el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El grupo de dieciocho juristas ha publicado una decisión sobre estos casos y ha considerado que obligar a niñas víctimas de violación a sufrir embarazos “es un acto que equivale a tortura”, en palabras de la integrante del comité Hélène Tigroudja.

Los casos de Susana, Lucía y Norma (pseudónimos para proteger sus identidades), llegaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2019 de la mano del movimiento regional Son niñas, no madres, quienes pidieron un pronunciamiento después de que no fueran adecuadamente investigados en Nicaragua y Ecuador.

Susana, abandonada por su madre cuando tenía un año de edad y enviada a vivir con sus abuelos, comenzó desde los 6 años a sufrir abusos sexuales por parte de su abuelo, miembro de un grupo armado local, y la dejó embarazada a los 12, viéndose obligada a tener el niño.

Por su parte, Lucía tenía 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a abusar sexualmente de ella, fue amenazada cuando intentó denunciar las violaciones y también se vio forzada a llevar su embarazo a término, siendo además sometida a abusos psicológicos y físicos por parte del personal médico durante el parto.

Norma, quedó embarazada con 13 años por el incesto perpetrado por su padre, quien ya había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades ecuatorianas.

“Históricas condenas” del Comité de la ONU

“Es un triunfo muy grande para las niñas”, señala a Efeminista la directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, Carmen Martínez, quien es parte del equipo legal que acompaña a las víctimas.

Explica que estas condenas, que son de obligatorio cumplimiento, son históricas y muy valiosas porque el comité señala que “privar a las niñas de un aborto impone embarazos y maternidades forzadas que vulneran sus proyectos de vida y que por eso se incurre en una violación del derecho a la vida y a la vida digna” establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por ambos gobiernos, que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Y agrega que sientan un precedente importante no solo para Nicaragua y Ecuador sino también para el resto de los países de la región y para un centenar de naciones que se han suscrito al pacto.

“Estos casos no son aislados sino que son testigo de un fenómeno estructural en donde existe violencia en contra de las niñas y adolescentes de nuestra región. Son casos de violencia de género en general, pero además con cifras altísimas de violencia sexual y aunado a ello embarazos no deseados y maternidad forzadas, como lo categoriza por primera vez el Comité de Derechos Humanos”, destaca Martínez.

La directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, Marianny Sánchez, añade que los dictámenes hacen “un reconocimiento importante a las voces y a las decisiones de las niñas como sujetas de derecho”.

“Por otro lado también es histórico que estas condenas reconocen que la negación del acceso a servicios de salud reproductiva, específicamente a servicios de aborto, constituye una forma de discriminación por razón de género porque se está imponiendo una visión forzada de mujer = madre, o una interpretación sumamente estereotipada de la función reproductiva de las niñas, como mujeres en desarrollo”, menciona.

Embarazo forzado y despenalización del aborto

La coordinadora de litigio estratégico de la organización Surkuna y abogada de Norma, Ana Vera, dice a Efeminista que, en su decisión, el Comité señaló que el Estado ecuatoriano “tiene que tomar todas las medidas posibles para garantizar, sin ningún obstáculo, el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres al aborto en casos de violación”.

“Esto para nosotras es un mensaje claro de que es fundamental eliminar el delito de aborto del código penal porque no hay otra forma”, señala.

En Ecuador, la interrupción del embarazo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las 12 semanas de gestación.

“No basta únicamente con que sea legal, tiene que haber acceso efectivo y eso no existe”, dice Vera, quien denuncia que en los hospitales “no saben qué hacer ni cómo actuar” ante las solicitudes de aborto, y que además hay una “obstrucción del acceso al aborto por violación” por parte del sistema de Justicia.

“Las cifras muestran que hay un descenso en el acceso. A pesar de que ahora tenemos ley y tenemos guía de práctica clínica del aborto terapéutico y directrices para el acceso al aborto por violación, la cantidad de mujeres, niñas y personas de las diversidades sexo genéricas con posibilidad de abortar que pueden acceder a un aborto legal es super limitada”, lamenta.

“La principal barrera es que el aborto sigue estando tipificado como un delito, entonces el acceso a un servicio de salud tan esencial como es la interrupción voluntaria del embarazo queda sujeto a esta dualidad”, añade Martínez.

“Por un lado es un delito, y por otro lado es un servicio que tiene que estar garantizado, por lo que nunca se sabe si realmente las sobrevivientes de violencia sexual, como le pasó a Norma, van a poder acceder”, agrega la abogada del Centro de Derechos Reproductivos.

Medidas de reparación

En el caso específico de Nicaragua, donde hay una penalización total del aborto, Sánchez asegura que la sociedad civil y la comunidad internacional juegan un rol muy importante para “hacer veeduría ciudadana” y “estar atentos” a lo que pueda hacer el Gobierno.

Y también para exigir que el Estado presente cifras actualizadas acerca del estado de la maternidades en niñas en el país. “La misma decisión del Comité señala que (Nicaragua) es el país de la región con la tasa más alta de embarazos y partos en niñas menores de 14, con un 28 %, y eso también nos habla acerca de los efectos perniciosos de la criminalización total”, menciona.

“La criminalización total no repercute en que haya menos partos, todo lo contrario, expone a las niñas a una situación de total vulnerabilidad y desprotección”, agrega.

Las defensoras afirman que el Comité de la ONU dio a Ecuador y a Nicaragua 180 días para presentar avances en la ejecución de las recomendaciones y en el cumplimiento de las medidas de reparación a Susana, Lucía y Norma entre las que están las disculpas públicas, una indemnización, acompañamiento psicosocial y que ellas y su hijos puedan terminar sus estudios.

Además, las organizaciones que conforman Son niñas no madres seguirán a la espera de que el Comité se pronuncie por el caso de Fátima, quien sufrió violencia sexual por parte de un funcionario público cuando tenía 12 años, en su natal Guatemala.

Por EFE

GINEBRA.- Aunque las esperanzas de paz en Siria han aumentado tras la caída del régimen de Bachar el Asad, el país sigue sembrado de minas antipersona y otros artefactos sin detonar y los niños son a menudo las víctimas de sus explosiones, advirtió este martes el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Por redacción

Más de 150 científicos de renombre a nivel internacional han emitido un urgente llamado a la acción para prevenir una potencial crisis de hambruna global, un fenómeno que podría repercutir en millones de vidas en todo el mundo. Este grupo multidisciplinario de investigadores, que incluye expertos en agricultura, nutrición y sostenibilidad, advierte que las condiciones climáticas adversas, la degradación del suelo y la inseguridad alimentaria están convergiendo para crear un escenario alarmante.

El informe destaca que la producción agrícola enfrenta retos sin precedentes. El cambio climático ha alterado patrones de cultivo y ha generado sequías severas en diversas regiones. Además, la pandemia de COVID-19 ha complicado aún más la situación al desestabilizar las cadenas de suministro y aumentar los costos de alimentos y recursos. Estos factores combinados amenazan la capacidad de las naciones para alimentar a sus poblaciones, especialmente en áreas vulnerables.

Los científicos enfatizan que la falta de acción puede llevar a una escasez significativa de alimentos en la próxima década. Se estima que para el año 2050, la población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas, lo que requiere un aumento del 70% en la producción de alimentos. Sin embargo, las proyecciones actuales sugieren que, de no realizarse cambios drásticos en las políticas agrícolas y en la gestión de recursos, este objetivo será inalcanzable.

Una de las recomendaciones más críticas de este grupo de expertos es la necesidad de invertir en prácticas agrícolas sostenibles que prioricen la salud del suelo y la biodiversidad. Tecnologías innovadoras, como la agricultura de precisión y los sistemas agroforestales, se presentan como alternativas viables para maximizar la producción y minimizar el impacto ambiental.

Además, se subraya la importancia de políticas gubernamentales que respalden la investigación y la educación en materia de sostenibilidad. Las iniciativas que fomenten la colaboración entre agricultores, científicos y responsables de políticas públicas son cruciales para facilitar la adopción de prácticas más resilientes ante el cambio climático.

Por otro lado, el incremento del desperdicio alimentario se plantea como un desafío significativo. Se estima que aproximadamente un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierden o desperdician, lo que agrava aún más la crisis alimentaria. En este sentido, los científicos instan a implementar estrategias eficaces para reducir el desperdicio a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumidor final.

En conclusión, el grupo de científicos ha marcado la urgencia de actuar en múltiples frentes para evitar lo que podría convertirse en una de las crisis más devastadoras del siglo XXI. A medida que la comunidad internacional contempla sus opciones, la colaboración y el compromiso serán clave para asegurar un futuro donde la seguridad alimentaria sea una realidad y no una promesa incumplida. Las voces que llaman a la acción no solo buscan alertar sobre la inminente amenaza, sino que también presentan una oportunidad para revitalizar la manera en que producimos y consumimos alimentos en el planeta.

Por corresponsal IPS

ROMA – Los sistemas alimentarios en el mundo presentan avances alentadores y retrocesos preocupantes en la cuenta regresiva hacia el año 2030, de acuerdo con un estudio sobre 50 indicadores divulgado este martes 14 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esa combinación de avances y retrocesos “subraya la urgencia de acelerar la transformación de los sistemas alimentarios” en el mundo, planteó Lawrence  Haddad, director ejecutivo de la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición.

El informe, “Gobernanza y resiliencia como puntos de entrada para transformar los sistemas alimentarios en la cuenta atrás hasta 2030”, publicado en la revista Nature Food, presenta el primer análisis exhaustivo de un cambio desde 2000 en los indicadores clave de los sistemas alimentarios.

El estudio rastrea 50 indicadores de sistemas alimentarios en todo el mundo, organizados en cinco temas: 1) dietas, nutrición y salud; 2) medio ambiente, recursos naturales y producción; 3) medios de vida, pobreza y equidad; 4) resiliencia; y 5) gobernanza.

Haddad expuso que “la compensación de ventajas y desventajas es inevitable entre los objetivos en materia de sistemas alimentarios, como empleos, clima, nutrición, seguridad alimentaria y resiliencia”, con la gobernanza y resiliencia como puntos clave.

Considera que “con una gobernanza más sólida y mejores datos, las compensaciones pueden mitigarse e, incluso, convertirse en sinergias. Este informe nos ayuda a comprender cómo hacerlo, y a acelerar los progresos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” que tienen en 2030 su año-meta.

Por ejemplo, el ODS2, Hambre Cero, tiene entre sus metas poner fina al hambre (1ue padecen unos 700 millones de personas), a las formas de malnutrición, duplicar la productividad agrícola y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.

El nuevo informe analizó 42 parámetros en materia de resiliencia y nutrición, y encontró que 20 han mejorado desde el año 2000, con realizaciones notables como aumentos significativos en el acceso a agua potable sana y la disponibilidad de hortalizas.

También se ha incrementado la conservación de recursos fitogenéticos y zoogenéticos, lo que refuerza la resiliencia de los sistemas alimentarios frente a los choques climáticos y a otras perturbaciones.

Siete indicadores muestran disminuciones importantes, como la mayor volatilidad de los precios de los alimentos, el empeoramiento de la responsabilización de los gobiernos, y una menor participación de la sociedad civil.

Esos cambios indican la existencia de desafíos en el mantenimiento de la estabilidad y la coherencia de las políticas en un contexto de crisis mundiales.

En el informe se destaca el modo en el que el cambio en una esfera, como la gobernanza o la calidad de la dieta, incide en otras esferas, haciendo hincapié en la necesidad de enfoques coordinados y transectoriales.

Estudios de casos realizados en Etiopía, México y Países Bajos ilustran la importancia local de esas dinámicas.

La investigación que dio soporte al informe fue un trabajo de colaboración entre expertos y organizaciones destacados, coordinado por la FAO, la Alianza y las universidades estadounidenses de Columbia y Cornell.

Jessica Fanzo, directora de la iniciativa Alimentos para la Humanidad de la Escuela del Clima de la Universidad de Columbia, afirmó que “necesitamos una reforma integral de nuestros sistemas alimentarios para poder proporcionar a la población mundial los alimentos nutritivos necesarios para crecer y desarrollarse”.

“Nos enfrentamos a una sindemia de retos: aumento de las enfermedades relacionadas con la alimentación, desnutrición continuada y un clima cambiante. Combatirlos exige cambios significativos y rápidos”, insistió Fanzo.

A-E/HM

Por Montserrat Antúnez