Mujeres Periodistas Dominicanas organizan Segundo Foro

El Segundo Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas, pautado para este sábado 13 de julio, ha logrado convocar a un centenar de profesionales del sector con la motivación de constituir un espacio propio para actualizar conocimientos, reencontrarse con colegas, así como visibilizar los desafíos y retos de las labores informativas.

La sede de este evento anual es La Casa de los Jesuitas, donde opera la Dirección de Mecenazgos, que se transforma en un espacio para reencontrarse con la genealogía del periodismo de mujeres en el país; re-enfocar los procesos de cobertura y compartir experiencias para crear medios de factura de mujer en los espacios digitales.

La conferencia magistral estará a cargo de la educadora Mary Cantisano Rojas, quien abordará cómo la autobiografía es un género necesario para que las mujeres periodistas contribuyan con historias más representativas sobre la situación de las dominicanas. Cantisano Rojas será presentada por la periodista Altagracia Salazar; posteriormente, los comentarios estarán moderados por la reportera Aris Beltré en un diálogo al que se une la viceministra de la MESCyT, Paula Disla, y la periodista María Scharbay Martínez.

El Comité Organizador del Segundo Foro de Mujeres Periodistas también señaló que la conducción del evento estará a cargo de la subdirectora  de Hoy Digital, Millizen Uribe, conductora del telematutino Uno Más Uno.

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Como la primera edición, este segundo foro conmemora el aniversario de la revista Fémina, creada por Petronila Angélica Gómez Brea, en 1922, revista independiente y feminista, que aglutinó a 76 mujeres periodistas del país e Iberoamérica que abogaron por la ciudadanía.

Previo a la conferencia magistral, un emotivo acto inaugural reunirá a la directora general de Supérate, Gloria Reyes; el director general de Mecenazgos, Henry Mercedes; el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado; Noelia Arias, segunda vicepresidenta de Relaciones Públicas del BHD,  y la profesora de periodismo, Elvira Lora, CEO de @CiudadaníaFémina.

Homenaje a Pía Rodríguez

La alcaldesa de la Ciudad Primada de América, Carolina Mejía, encabezará el acto de memoria a la periodista Pía Rodríguez, junto al director de El Nuevo Diario y la dircom Vanessa González. Hijas e hijos de la pionera del periodismo político en el país recibirán el homenaje póstumo, al tiempo que se anunciará el galardón anual que busca promover el periodismo de mujeres.

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Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional

Recientemente, la alcaldesa Mejía, quien fue la conferencista magistral del pasado año, recibió al Comité Organizador y catalogó la unidad de las periodistas en torno al foro como valiente y ejemplar.

Durante el Segundo Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas se realizarán dos talleres simultáneos: “Nuevas perspectivas de una cobertura inclusiva”, durante el cual Patria Reyes, Lily Luciano y Lilian Tejeda explorarán posibles coberturas  desde emprendimientos hasta políticas de cuidados, moderadas por Marien Aristy Capitán.

También, en “Claves para la sostenibilidad de start-ups ante la gran prensa”, las periodistas Danielis Fermín, Cristal Acevedo y Altagracia Salazar, moderadas por  la presidenta de Acroarte, Wanda Sánchez, compartirán sus experiencias en la creación de nuevos medios.

Bazar y mural

Las periodistas, escritoras, narradoras y poetas Mercedes Castillo, Danielis Fermín, Natacha Feliz Franco, Ceinett Sánchez y Elsa Báez, presentarán sus obras en el primer bazar del Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas, en el patio español de La Casa de los Jesuitas.

En este espacio, el muralista Francisco Martínez, elaborará un mural conmemorativo al 102 aniversario de la revista Fémina, que se conmemora este 15 de julio de 2024.

El Segundo Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas cuenta el apoyo de El Nuevo Diario, BHD, Aerodom, Alcaldía del Distrito Nacional, Supérate, Grabo Estilo, Industrias San Miguel, KFC, Mujeres de Peso, Deya, MeEncanta! y KB.

Educadoras atienden a niñas y niños de familias vulnerables en sus domicilios en Ecuador

Quito, 10 de julio del 2024, (Quito Informa). – Sofía es risueña, con ojos grandes, el cabello peinado con cuatro colitas, tiene un año de edad y es una las niñas que forma parte del servicio de Atención Domiciliaria, de la Unidad Patronato Municipal San José (Upmsj).

La atención domiciliaria se inscribe en la política de Primera infancia y consiste en visitar los hogares de los usuarios, donde las educadoras comunitarias trabajan en áreas de participación, sensibilización y capacitación a familias, ofreciendo herramientas técnicas para la crianza positiva de sus hijas e hijos.

Es importante mencionar que este servicio suscita la protección integral de niñas y niños de 0 a 3 años que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio pleno de sus derechos y su desarrollo integral. Esto se cumple, a través de cinco componentes: salud y nutrición, desarrollo motriz, desarrollo cognitivo, desarrollo psicoafectivo y corresponsabilidad familiar.

Para ello, las educadoras hacen un seguimiento y direccionan a los menores a las entidades de salud para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. También verifican que los infantes ingresen a educación inicial, una vez cumplidos los 3 años. Hasta agosto, 887 niñas y niños se graduarán de este servicio, para iniciar la nueva etapa escolar en septiembre.

Josuel Andreina Herrera es la madre de Sofía y cuenta que, desde hace un año, su hija forma parte de este servicio. Está agradecida por la atención que han recibido. “La educadora le enseñó a gatear, a pararse y ahora le está enseñando las emociones. Mi niña es muy inteligente y aprende muy rápido”, dice esta madre. Asimismo, cuenta que con la educadora también hace el seguimiento de las visitas médicas que debe realizar con la niña, es decir de las vacunas, controles de peso y talla.

“Si necesito ayuda, la educadora me la brinda para obtener la cita médica”, dice la madre. De igual forma, reconoce que este servicio municipal le parece excelente. “Ayuda a los niños en su desarrollo y es gratuito. Esta iniciativa nos ayuda mucho al desarrollo de nuestros hijos”, argumenta.

¿Qué dicen las educadoras y educadores?
La educadora comunitaria de la Upmsj, Alexandra Espín, afirma que es muy importante tener un buen desarrollo motriz y cognitivo, para que los niños puedan acceder de forma adecuada a las unidades educativas. “Nosotros como educadoras comunitarias trabajamos con familias vulnerables, vamos a sus casas”, dice.

Sofía empezó con las atenciones cuando tenía un mes de nacida. “Con ella hemos trabajado lo que es estimulación temprana, ejercicios para darse la vuelta, para gatear y empezar a caminar. De esa manera, vamos desarrollando las motricidades de cada pequeña y pequeño”, relata.

La política de la ‘Primera Infancia’ entregada hace unas semanas, se basa en el cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo integral de niñas y niños, entre los 0 y 5 años, en función de ocho ejes: acceso a salud de calidad; acceso a una nutrición adecuada, que prevenga la desnutrición infantil; fomento de las conexiones afectivas; cuidado y autocuidado de las personas que ejercen el rol de cuidadoras; entornos saludables y sostenibles; oportunidades de estimulación y aprendizaje temprano; entornos seguros y libres de violencias; y, fortalecimiento institucional. Se invierte USD 65 millones en esta iniciativa.

Datos claves:

La Unidad Patronato Municipal San José cuenta con 102 educadoras comunitarias distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito. Realizan una visita a la semana por familia.

La protección de la infancia no es voluntaria

Sira Rego

Hay quienes partieron a los siete años escondidos en el motor de un camión y ahora trabajan como mediadores culturales. Otras tenían quince años, cruzaron el desierto para llegar y ahora entrelazan sabores, tradiciones y visiones en las recetas del restaurante del barrio. Otros, el viaje –si así nos atrevemos a llamarlo– lo hicieron en cayucos.

Hoy son los mejores amigos de vuestros hijos en el parque cerca de casa, el desconocido que os cede el asiento en el metro, la vecina que mantiene la puerta abierta cuando volvéis por la noche.

Estas son las personas a las que deberíamos tener miedo según el señor Abascal. Estas son las vidas que el PP sugiere rechazar con el Ejército.

Las crónicas les han puesto una etiqueta que, cuando no les estigmatiza, acaba por invisibilizarlos: la de MENAS. Pero, detrás de estas cuatro letras, están las decepciones, las esperanzas y los proyectos de miles de niñas, niños y adolescentes que no podemos ignorar.

El respeto a los derechos humanos no es un adorno retórico que pueda servir de bálsamo para nuestras conciencias: es lo que nos define como sociedades libres y democráticas, es nuestro fundamento. Cada vez que no garantizamos el respeto de los derechos de estas niñas y niños, no sólo les estamos impidiendo un presente y un futuro de dignidad, sino que estamos diciendo que nuestro país no está a la altura, que no es capaz de ser libre y democrático.

Yo, en cambio, estoy convencida de que España tiene todos los recursos para hacer frente a los desafíos que plantea un fenómeno dinámico y estructural como la migración. No es solo una cuestión de obligaciones morales o de derecho internacional, es una oportunidad: la de ser un país plural, cohesionado y rico; modelo antagónico al de quienes quieren a transformarnos en una sociedad que se embrutece utilizando los cuerpos de estos niños y niñas como chivo expiatorio para polarizar la opinión pública. No es admisible hacer política electoral a costa de la infancia.

6.000 niñas y niños en un país con más de 48 millones de habitantes podrían recibir la atención y el cuidado necesarios. El convenio que se firmó en 2022 –y que se renovó en 2023– fue votado por unanimidad y preveía criterios compartidos y una financiación por parte del Gobierno dirigida a las comunidades de acogida. Pero no ha funcionado

Actualmente, en Canarias hay más de 6.000 niñas, niños y adolescentes solos. Se prevé que, antes de otoño, puedan llegar otros tantos. En 2022, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia firmó un acuerdo voluntario para la redistribución de menores entre las distintas Comunidades Autónomas, una medida necesaria porque quien llega a las costas de Canarias, quien llega a Ceuta y Melilla, está llegando a España.

No podemos, por tanto, dejar solos a estos territorios de nuestro país y a sus habitantes en la gestión de una responsabilidad que es de todas nosotras. 6.000 niñas y niños en un territorio con las dimensiones y especificidades de Canarias llevan al límite la capacidad de los servicios públicos de las islas, tensionando a la población local y poniendo en riesgo así la garantía de la protección de los derechos de la infancia.

6.000 niñas y niños en un país con más de 48 millones de habitantes podrían, en cambio, recibir la atención y el cuidado necesarios. El convenio que se firmó en 2022 –y que se renovó en 2023– fue votado por unanimidad y preveía criterios compartidos y una financiación por parte del Gobierno central dirigida a las comunidades de acogida. Pero no ha funcionado.

Según los últimos datos disponibles, en 2023 sólo Aragón, Andalucía y Asturias han cumplido su compromiso y han llevado a cabo (en parte, o totalmente) el traslado de menores. Navarra prevé hacer traslados a finales de este mes. En total, la mayoría de Comunidades Autónomas no han cumplido este acuerdo voluntario y cerca del 82% de las plazas totales acordadas y financiadas por el Gobierno Central siguen sin cubrirse.

Los números no son mejores si miramos a 2022: las CCAA dejaron sin ocupar el 40% de las plazas disponibles. Estos datos nos muestran claramente que la voluntariedad no funciona. Pero los derechos humanos no son una cuestión voluntaria, algo que se puede garantizar un día y del que olvidarse al día siguiente. Y, por lo tanto, es lógico que la acogida tampoco lo sea; que no se deje al azar o a la voluntad, sino que se prevean mecanismos y financiaciones adecuadas que la hagan efectiva.

Y es con este espíritu con el que el Gobierno ha propuesto la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. El objetivo es diseñar un plan de respuesta que pueda activar un sistema de acogida vinculante y solidario: en los casos de sobreocupación del 150% de las plazas del sistema de protección disponible, el menor deberá ser trasladado a las CCAA de acogida en el menor tiempo posible y con todas las garantías para que se cumplan sus derechos y que el sistema de los servicios públicos sea sostenible.

Este plan de respuesta está equipado con financiación suficiente y ha sido diseñado sobre la base de los criterios ya aprobados por unanimidad en la conferencia sectorial de 2022. Ha sido propuesto con la convicción de que no podemos dejar a nadie atrás: a ningún territorio y a ningún niño o niña.

Sira Rego es ministra de Juventud e Infancia

Juegos Olímpicos de París 2024: avances en igualdad de género

Por: Manuela Cano

Con la proximidad de los Juegos Olímpicos de París 2024, ya se están marcando hitos en términos de igualdad de género. España ha anunciado que, por primera vez, su delegación de atletismo contará con más mujeres que hombres. De los 57 atletas seleccionados, 31 serán mujeres, un logro sin precedentes para el país. Este avance refleja los esfuerzos continuos por promover la igualdad de género en el deporte y destaca la creciente presencia y éxito de las mujeres en competiciones de alto nivel.

Defensoras protestan contra las restricciones al aborto en Brasil

Por: Manuela Cano

En São Paulo, defensoras de los derechos de las mujeres protestaron contra un proyecto de ley que busca penalizar el aborto después de las 22 semanas de embarazo con hasta 20 años de prisión.

Activistas por el derecho al aborto encienden velas junto a un ataúd que significa la muerte de un proyecto de ley antiaborto durante una protesta en el Congreso en Sao Paulo, el jueves 27 de junio de 2024.
Activistas por el derecho al aborto encienden velas junto a un ataúd que significa la muerte de un proyecto de ley antiaborto durante una protesta en el Congreso en Sao Paulo, el jueves 27 de junio de 2024. © Tuane Fernandes / AP

Aunque Brasil permite el aborto en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o anomalía congénita, el código penal impone penas severas fuera de estas excepciones. Bajo el lema “las niñas no son madres”, las manifestantes destacaron la importancia de proteger los derechos reproductivos y la salud de las mujeres.

Ausencia de mujeres afganas en la reunión de la ONU en Doha

Por: Manuela Cano

En una reciente reunión organizada por la ONU en Doha, por primera vez asistieron los talibanes, pero no se incluyó a las mujeres afganas. Esta exclusión ha sido duramente criticada, ya que las restricciones severas impuestas a las mujeres desde el retorno al poder de los talibanes en 2021 siguen sin abordarse de manera inclusiva.

Un combatiente talibán monta guardia mientras unas mujeres esperan para recibir raciones de alimentos distribuidas por un grupo de ayuda humanitaria, en Kabul, Afganistán, el 23 de mayo de 2023.
Un combatiente talibán monta guardia mientras unas mujeres esperan para recibir raciones de alimentos distribuidas por un grupo de ayuda humanitaria, en Kabul, Afganistán, el 23 de mayo de 2023. AP – Ebrahim Noroozi

La ausencia de mujeres en esta reunión subraya la falta de representación en la búsqueda de soluciones para los problemas del país. Conectamos con Dora Barrancos, doctora en historia y feminista, para analizar las implicaciones de esta exclusión y el papel de la comunidad internacional en mejorar los derechos y condiciones para las mujeres afganas.

Corea del Sur: la crisis de natalidad y la búsqueda de nuevos modelos de vida

Corea del Sur enfrenta una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, un problema que el Gobierno considera como crítico. A pesar de los esfuerzos por revertir esta tendencia, muchas mujeres optan por modelos alternativos al de la familia tradicional, priorizando su desarrollo personal en un contexto de altas expectativas laborales y costos de vida elevados. Este fenómeno refleja un cambio en los valores tradicionales respecto al matrimonio y la familia.

Además, el conservadurismo profundamente arraigado dificulta la vida de las parejas del mismo sexo, quienes también luchan por derechos básicos como el matrimonio y la formación de una familia.

Cuatro bebés muertos y 176 niños huérfanos: alerta informe sobre “el costo humano” de la represión de Bukele en El Salvador

BRYAN AVELAR

Al menos cuatro niñas y niños han muerto y otros 176 han quedado en la orfandad por las medidas represivas contra las pandillas emprendidas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Esos son algunos de los principales hallazgos del más reciente informe elaborado por Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos en El Salvador.

El informe, hecho público este miércoles, es el resumen de dos años de trabajo realizado por la organización durante los que investigó 265 muertes de personas detenidas bajo el llamado régimen de excepción. Cuatro de las víctimas mortales son niños y niñas, 244 son hombres y 17 mujeres. Para la investigación, la organización se basó en relatos de cientos de familiares de las víctimas, documentos judiciales y peritajes médico-forenses. La investigación identificó que, del total de personas fallecidas en prisión, 106 tenían hijos e hijas, dejando como consecuencia a 176 menores de edad en la orfandad.

Sobre los bebés muertos bajo custodia del Estado, el informe de Cristosal asegura que dos de estos -un niño y una niña- convivieron con sus madres en prisión -la legislación salvadoreña permite a las madres privadas de libertad tener a sus hijos consigo mientras estos tengan menos de cinco años- donde enfermaron y luego fueron entregados a sus familiares, pero fallecieron a los pocos días de salir del centro penal. Otros dos murieron luego de que sus madres sufrieran abortos espontáneos “probablemente producidos por falta de atención prenatal o porque la cárcel es una institución que vulnera derechos esenciales como la alimentación, la salubridad, la salud y hasta el derecho a respirar libremente”, dice el documento.

Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).PRESIDENCIA EL SALVADOR

EL PAÍS buscó una respuesta del Gobierno salvadoreño ante los señalamientos; sin embargo, el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a los mensajes. En ocasiones anteriores, funcionarios del Ejecutivo de Bukele como el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, o el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, han negado las muertes bajo custodia del Estado o han señalado que se trata de “muertes naturales”.

El informe publicado por Cristosal relata el caso de Dina Hernández, una mujer de 28 años, activista de derechos humanos y capturada en marzo de 2024 durante su semana 35 de gestación. Hernández fue acusada por el delito de Agrupaciones Ilícitas. Tras 24 horas de ser capturada, un juez ordenó pornerla en libertad, pero las autoridades penitenciarias incumplieron la orden y ese mismo día se la acusaron de otro delito. Luego de tres semanas en prisión, la familia de la joven supo que la hija que gestaba había muerto y solo pudo recoger el cadáver. “La familia no tiene información sobre las condiciones de salud de Dina y desconoce si ha recibido atención posnatal”, señala el documento.

Un informe anterior publicado por Cristosal el año pasado revelaba la muerte de las primeras 153 muertes de prisioneros en las cárceles de Bukele. En aquel primer documento, la organización señaló que decenas de los cuerpos tenían signos de haber sido torturados o estrangulados. El informe publicado este miércoles suma 112 casos más.

“El informe demuestra con pruebas abundantes e innegable las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos durante el estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, violaciones a debido proceso, las torturas y muertes de personas en custodia del Estado y su grave impacto en las familias más pobres del país, en particular mujeres, niños y niñas”, dijo a El País Noah Bulock, director de Cristosal.

De acuerdo con el informe, aún es imposible estimar exactitud el “costo humano” del llamado “modelo Bukele de seguridad”; sin embargo, las investigaciones permiten demostrar que cientos de personas inocentes han tenido impactos irreversibles en su vida debido a torturas o tratos crueles.

Familiares acompañan un cortejo fúnebre, en El Salvador.
Familiares acompañan un cortejo fúnebre, en El Salvador.CRISTOSAL

Para Zaira Navas, jefa jurídica de la organización y una de las coordinadoras de la investigación, este documento revela un nuevo ángulo de los efectos negativos de la medida particularmente en la vida de las mujeres. “Son ellas quienes tienen que asumir la búsqueda de la justicia y sobre todo son las que asumen el cuidado de niños y niñas y responsables de proveer a las miles de familias que han sido impactadas por el régimen de excepción”, dijo Navas a EL PAÍS.

Sobre este punto, el documento detalla que se tomó una muestra de 110 entrevistas y se analizaron 7.742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, lo que permitió detectar que, en muchos casos, los que agentes de la autoridad han abusado de niñas y adolescentes con impunidad aprovechándose del poder que les otorga el régimen de excepción y en ocasiones han abusado sexualmente a mujeres dentro de la prisión.

Aunque el Gobierno mantiene ocultas las cifras exactas de segregación por sexo de las más de 79.000 personas detenidas, Cristosal estima a partir de las denuncias recibidas que un 15% son mujeres y un 1.5% son niñas, niños y adolescentes.

En cuanto a la afectación en menores de edad, la organización detectó “reiteradas violaciones a los derechos” que van desde el abandono obligado cuando los padres de estos son enviados a prisión hasta afectaciones secundarias como el abandono escolar producto de “secuelas psicológicas o falta de recursos materiales o alimentarios para continuar con los estudios”.

Bukele y el régimen de excepción como solución a todo

El régimen de excepción es la medida más brutal emprendida por el Gobierno salvadoreño en contra de las pandillas iniciado el en marzo de 2022 luego de que las pandillas asesinaran a 87 personas en un fin de semana producto de la ruptura del pacto que estas mantenían con el gobierno de Bukele. Desde entonces, el Ejecutivo reaccionó capturando a cualquiera que tuviera o fuera sospechoso de tener relación con las pandillas, llevándose a miles de inocentes a su paso. La medida ha logrado desarticular a las pandillas al punto de que luego de tener control casi total sobre el territorio nacional, ahora huyen y se esconden dentro y fuera del país.

Cerco militar en Soyapango, El Salvador.
Cerco militar en Soyapango, El Salvador.CRISTOSAL

Tras el éxito de la medida frente a las pandillas, muchos políticos de países vecinos como Guatemala, Costa Rica, México e incluso Argentina han expresado intenciones de imitar lo que han llamado “el modelo Bukele”. Sin embargo, omiten señalar que el éxito de la medida radica en que el mandatario salvadoreño se hizo con el control de los tres poderes del Estado, lo que le permite tener el control del sistema de justicia completo. Bukele se reeligió violando la Constitución y tomó posesión de su segundo mandato -ahora inconstitucional- el pasado 1 de junio con niveles de popularidad por arriba del 80%.

El modelo punitivo del mandatario ha llegado a tal punto que la semana pasada salió en cadena nacional amenazando a empresarios con “tomar medidas” si los precios de los alimentos seguían subiendo. “Así como se lo dijimos a las pandillas, ahora se lo decimos a ustedes: paren de abusar o no se quejen después”, dijo.

Un movimiento de mujeres en India lucha para que la violación conyugal sea penalizada

Divya tenía 17 años cuando fue violada por su marido en su noche de bodas, un sufrimiento que se extendió durante todo su matrimonio y que es una realidad habitual en India, permitida por una disposición legal de la época colonial.

“Le dije que nunca había tenido relaciones sexuales y le pedí que fuera lentamente”, relató la mujer que ahora tiene 19 años y que habló utilizando otro nombre para proteger su identidad.

Su marido le respondió que la primera noche es algo “importante” para los hombres y la abofeteó, le arrancó la ropa y la obligó a mantener relaciones sexuales.

Divya se casó en 2022, un matrimonio arreglado por su familia, que implicó 19 meses de torturas y abusos. Como su familia no pagó la dote exigida por la costumbre, su marido usó esta situación contra ella.

“A veces me ponía un cuchillo en la garganta y me retaba a decirle que no y me decía: ‘Eres mi mujer, tengo todo el derecho sobre ti’”, relató.

En India, un 6% de las mujeres casadas de 18 a 49 años reportaron haber sufrido violencia sexual de su cónyuge, reveló la última Encuesta Nacional de Salud Mental en la Familia, encargada por el gobierno.

Esto implica que más de 10 millones de mujeres sufrieron violencia sexual de su cónyuge en este país de más 1.400 millones de habitantes.

Casi un 18% de las mujeres casadas afirman que no pueden decir que no, si su marido quiere tener relaciones sexuales, apunta el estudio.

 “Mentalidad victoriana”

El código penal de India, heredado de la colonización británica (que concluyó en 1947), incluye una cláusula de excepción que estipula que los “actos sexuales entre un hombre y su esposa, si ésta no es menor de 15 años, no constituyen una violación”.

Una reforma que entró en vigor este lunes eleva la edad mínima a 18 años.

La abogada Karuna Nundy representa al grupo de derechos humanos All India Democratic Women’s Association (AIDWA), que interpuso un recurso ante la Corte Suprema para luchar contra esa práctica.

Nundy afirma que esa cláusula viene del “colonialismo” y refleja una “mentalidad victoriana”.

La abogada guarda una “ferviente esperanza” de que haya un cambio, ya que más de 50 países castigan la violación conyugal.

El presidente de la Corte Suprema, D. Y. Chandrachud, declaró este año que se trata de un “tema importante”.

Pero el recurso lleva años en trámite.

Monika Tiwary, de la oenegé Shakti Shalini que defiende a las víctimas de violencia sexual, argumentó que el matrimonio no puede servir como una protección para cometer un crimen.

“¿Cómo puede ser que el matrimonio cambie la definición de violación?”, planteó. “Estar casada no te resta derechos sobre tu propio cuerpo”.

Amenazas de muerte

Swati Sharma, de 24 años, afirma que se casó por amor, pero su marido era un hombre violento y si ella se negaba a mantener relaciones sexuales, la acusaba de estar siendo infiel.

Para ella el punto de inflexión llegó un día que la desvistió ante sus hijos, que estaban dormidos. Entonces, ella se llevó a los niños y lo dejó.

Pese a las agresiones, algunas mujeres vuelven con su agresor por miedo a qué va a pasar con los hijos o debido a la intensa presión social.

Sharma regresó a vivir con su marido, después de que el hombre la convenció de que estaba en terapia.

Divya huyó, pero sigue viviendo con miedo. Su marido le envió una amenaza a su madre para decirle que “no va a dejarla vivir”.

Pese a todo, se siente “orgullosa” de haberlo abandonado.

“Hay muchas chicas que siguen soportando este tipo de cosas, día y noche”, afirmó. “Este tipo de hombres deberían ser castigados”.

ash/pjm/dhw/law/ybl/an/mb/js/mas

Resistencia civil: Las afganas toman la iniciativa

Por Shabnam von Hein

Después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán, en agosto de 2021, un grupo de mujeres fundó la organización “Purple Saturdays Movement” (Movimiento de los Sábados Morados), en la capital, Kabul.

Todas las semanas organizan protestas pacíficas contra las restricciones masivas de las libertades de las mujeres en el país asiático. Quieren concienciar a la sociedad sobre los derechos civiles y la democracia. “Solo podemos confiar en nosotras mismas”, dice a DW Maryam Maroof Arvin, de 30 años, cofundadora del movimiento.

Arvin es una de las activistas que siguen en Afganistán y se niegan a rendirse. Su red no solo organiza acciones de protesta. En secreto, da clases en casa a las niñas que ya no pueden ir a la escuela a partir del sexto grado, recauda ayuda para madres solteras y familias necesitadas y cuida a huérfanos.

Abandonados a su suerte

Desde la toma del poder por parte de los talibanes, los sectores más vulnerables de la sociedad han sido abandonados a su suerte. Casi todas las organizaciones internacionales de ayuda han abandonado el país porque los talibanes violan sistemáticamente los derechos humanos y, en particular, los de las mujeres.

El nuevo gobierno ha introducido una serie de leyes y políticas que niegan a las mujeres y niñas de todo el país sus derechos básicos, simplemente por su género. Las trabajadoras han sido enviadas a casa, se han cerrado escuelas secundarias para niñas y se ha prohibido a las mujeres asistir a la universidad.

Arvin aún no había terminado su maestría cuando los talibanes impidieron a las mujeres el acceso a las universidades, en diciembre de 2022. Está indignada con las Naciones Unidas, que buscan negociar con los talibanes sin representación femenina.

“Sabemos que quieren entablar conversaciones con los talibanes, al igual que en la reunión de Doha, para allanar el camino al reconocimiento del gobierno talibán en Afganistán. Están ignorando al pueblo afgano y especialmente a las mujeres”, subraya Arvin.

Conversaciones de la ONU con talibanes

A iniciativa de la ONU, representantes talibanes se reunieron la semana pasada en Doha con diplomáticos de 25 países y organizaciones internacionales para debatir el futuro de Afganistán. Previo a la reunión, el portavoz talibán Sabihullah Mujahid subrayó que la cuestión de los derechos de la mujer es un “asunto interno” de Afganistán y no se trataría en Doha.

“Los derechos de la mujer no son un asunto interno de Afganistán”, contradice la diplomática estadounidense Rosemary DiCarlo, en entrevista con DW. DiCarlo es subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos.

“Queríamos hablar con los talibanes y tuvimos que empezar por algún lado”, prosigue, y aclara que la reunión tuvo como objetivo iniciar un proceso paso a paso. La meta es que los talibanes “vivan en paz con sus vecinos y respeten el derecho internacional, la Carta de la ONU y los derechos humanos”, subraya Rosemary DiCarlo.

“Los talibanes saben cómo utilizar la escena internacional en su beneficio”, observó el escritor afgano y experto en educación Hazrat Vahriz antes de la reunión de Doha. “No hay que subestimarlos. Cuentan con exitosos diplomáticos que solo quieren imponer sus condiciones. En Afganistán, en cambio, los talibanes esperan que el pueblo se comporte como su súbdito”, agrega, en entrevista con DW.

Sanciones, crisis económica

Los talibanes luchan por el reconocimiento internacional de su gobierno y, al mismo tiempo, por el levantamiento de las sanciones que les han sido impuestas.

Según Hazrat Vahriz, “algunos en Afganistán creen que es responsabilidad de la comunidad internacional resolver los problemas causados por la mala gestión y administración de nuestras élites”. Sin embargo, el experto difiere e insiste en que el pueblo afgano debe defender sus demandas por sí mismo.

“Tenemos que unir nuestras fuerzas”, subraya, por su parte, Maryam Maroof Arvin. La cofundadora del “Purple Saturday Movement” hace un llamado a todos los activistas de derechos humanos, intelectuales y disidentes para que formen una coalición y organicen la resistencia contra los talibanes de forma más eficaz dentro del país.

(vz/cp)

Autor: Shabnam von Hein

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