Dos niñas de Nicaragua y una de Ecuador que quedaron embarazadas con 12 y 13 años tras ser violadas se vieron obligadas a llevar un embarazo forzado por las dificultades para acceder al aborto en su países, lo que vulneró su derecho a vivir con dignidad, ha dictaminado este 20 de enero el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El grupo de dieciocho juristas ha publicado una decisión sobre estos casos y ha considerado que obligar a niñas víctimas de violación a sufrir embarazos “es un acto que equivale a tortura”, en palabras de la integrante del comité Hélène Tigroudja.

Los casos de Susana, Lucía y Norma (pseudónimos para proteger sus identidades), llegaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2019 de la mano del movimiento regional Son niñas, no madres, quienes pidieron un pronunciamiento después de que no fueran adecuadamente investigados en Nicaragua y Ecuador.

Susana, abandonada por su madre cuando tenía un año de edad y enviada a vivir con sus abuelos, comenzó desde los 6 años a sufrir abusos sexuales por parte de su abuelo, miembro de un grupo armado local, y la dejó embarazada a los 12, viéndose obligada a tener el niño.

Por su parte, Lucía tenía 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a abusar sexualmente de ella, fue amenazada cuando intentó denunciar las violaciones y también se vio forzada a llevar su embarazo a término, siendo además sometida a abusos psicológicos y físicos por parte del personal médico durante el parto.

Norma, quedó embarazada con 13 años por el incesto perpetrado por su padre, quien ya había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades ecuatorianas.

“Históricas condenas” del Comité de la ONU

“Es un triunfo muy grande para las niñas”, señala a Efeminista la directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, Carmen Martínez, quien es parte del equipo legal que acompaña a las víctimas.

Explica que estas condenas, que son de obligatorio cumplimiento, son históricas y muy valiosas porque el comité señala que “privar a las niñas de un aborto impone embarazos y maternidades forzadas que vulneran sus proyectos de vida y que por eso se incurre en una violación del derecho a la vida y a la vida digna” establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por ambos gobiernos, que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Y agrega que sientan un precedente importante no solo para Nicaragua y Ecuador sino también para el resto de los países de la región y para un centenar de naciones que se han suscrito al pacto.

“Estos casos no son aislados sino que son testigo de un fenómeno estructural en donde existe violencia en contra de las niñas y adolescentes de nuestra región. Son casos de violencia de género en general, pero además con cifras altísimas de violencia sexual y aunado a ello embarazos no deseados y maternidad forzadas, como lo categoriza por primera vez el Comité de Derechos Humanos”, destaca Martínez.

La directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, Marianny Sánchez, añade que los dictámenes hacen “un reconocimiento importante a las voces y a las decisiones de las niñas como sujetas de derecho”.

“Por otro lado también es histórico que estas condenas reconocen que la negación del acceso a servicios de salud reproductiva, específicamente a servicios de aborto, constituye una forma de discriminación por razón de género porque se está imponiendo una visión forzada de mujer = madre, o una interpretación sumamente estereotipada de la función reproductiva de las niñas, como mujeres en desarrollo”, menciona.

Embarazo forzado y despenalización del aborto

La coordinadora de litigio estratégico de la organización Surkuna y abogada de Norma, Ana Vera, dice a Efeminista que, en su decisión, el Comité señaló que el Estado ecuatoriano “tiene que tomar todas las medidas posibles para garantizar, sin ningún obstáculo, el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres al aborto en casos de violación”.

“Esto para nosotras es un mensaje claro de que es fundamental eliminar el delito de aborto del código penal porque no hay otra forma”, señala.

En Ecuador, la interrupción del embarazo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las 12 semanas de gestación.

“No basta únicamente con que sea legal, tiene que haber acceso efectivo y eso no existe”, dice Vera, quien denuncia que en los hospitales “no saben qué hacer ni cómo actuar” ante las solicitudes de aborto, y que además hay una “obstrucción del acceso al aborto por violación” por parte del sistema de Justicia.

“Las cifras muestran que hay un descenso en el acceso. A pesar de que ahora tenemos ley y tenemos guía de práctica clínica del aborto terapéutico y directrices para el acceso al aborto por violación, la cantidad de mujeres, niñas y personas de las diversidades sexo genéricas con posibilidad de abortar que pueden acceder a un aborto legal es super limitada”, lamenta.

“La principal barrera es que el aborto sigue estando tipificado como un delito, entonces el acceso a un servicio de salud tan esencial como es la interrupción voluntaria del embarazo queda sujeto a esta dualidad”, añade Martínez.

“Por un lado es un delito, y por otro lado es un servicio que tiene que estar garantizado, por lo que nunca se sabe si realmente las sobrevivientes de violencia sexual, como le pasó a Norma, van a poder acceder”, agrega la abogada del Centro de Derechos Reproductivos.

Medidas de reparación

En el caso específico de Nicaragua, donde hay una penalización total del aborto, Sánchez asegura que la sociedad civil y la comunidad internacional juegan un rol muy importante para “hacer veeduría ciudadana” y “estar atentos” a lo que pueda hacer el Gobierno.

Y también para exigir que el Estado presente cifras actualizadas acerca del estado de la maternidades en niñas en el país. “La misma decisión del Comité señala que (Nicaragua) es el país de la región con la tasa más alta de embarazos y partos en niñas menores de 14, con un 28 %, y eso también nos habla acerca de los efectos perniciosos de la criminalización total”, menciona.

“La criminalización total no repercute en que haya menos partos, todo lo contrario, expone a las niñas a una situación de total vulnerabilidad y desprotección”, agrega.

Las defensoras afirman que el Comité de la ONU dio a Ecuador y a Nicaragua 180 días para presentar avances en la ejecución de las recomendaciones y en el cumplimiento de las medidas de reparación a Susana, Lucía y Norma entre las que están las disculpas públicas, una indemnización, acompañamiento psicosocial y que ellas y su hijos puedan terminar sus estudios.

Además, las organizaciones que conforman Son niñas no madres seguirán a la espera de que el Comité se pronuncie por el caso de Fátima, quien sufrió violencia sexual por parte de un funcionario público cuando tenía 12 años, en su natal Guatemala.

Por EFE

GINEBRA.- Aunque las esperanzas de paz en Siria han aumentado tras la caída del régimen de Bachar el Asad, el país sigue sembrado de minas antipersona y otros artefactos sin detonar y los niños son a menudo las víctimas de sus explosiones, advirtió este martes el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Por redacción

Más de 150 científicos de renombre a nivel internacional han emitido un urgente llamado a la acción para prevenir una potencial crisis de hambruna global, un fenómeno que podría repercutir en millones de vidas en todo el mundo. Este grupo multidisciplinario de investigadores, que incluye expertos en agricultura, nutrición y sostenibilidad, advierte que las condiciones climáticas adversas, la degradación del suelo y la inseguridad alimentaria están convergiendo para crear un escenario alarmante.

El informe destaca que la producción agrícola enfrenta retos sin precedentes. El cambio climático ha alterado patrones de cultivo y ha generado sequías severas en diversas regiones. Además, la pandemia de COVID-19 ha complicado aún más la situación al desestabilizar las cadenas de suministro y aumentar los costos de alimentos y recursos. Estos factores combinados amenazan la capacidad de las naciones para alimentar a sus poblaciones, especialmente en áreas vulnerables.

Los científicos enfatizan que la falta de acción puede llevar a una escasez significativa de alimentos en la próxima década. Se estima que para el año 2050, la población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas, lo que requiere un aumento del 70% en la producción de alimentos. Sin embargo, las proyecciones actuales sugieren que, de no realizarse cambios drásticos en las políticas agrícolas y en la gestión de recursos, este objetivo será inalcanzable.

Una de las recomendaciones más críticas de este grupo de expertos es la necesidad de invertir en prácticas agrícolas sostenibles que prioricen la salud del suelo y la biodiversidad. Tecnologías innovadoras, como la agricultura de precisión y los sistemas agroforestales, se presentan como alternativas viables para maximizar la producción y minimizar el impacto ambiental.

Además, se subraya la importancia de políticas gubernamentales que respalden la investigación y la educación en materia de sostenibilidad. Las iniciativas que fomenten la colaboración entre agricultores, científicos y responsables de políticas públicas son cruciales para facilitar la adopción de prácticas más resilientes ante el cambio climático.

Por otro lado, el incremento del desperdicio alimentario se plantea como un desafío significativo. Se estima que aproximadamente un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierden o desperdician, lo que agrava aún más la crisis alimentaria. En este sentido, los científicos instan a implementar estrategias eficaces para reducir el desperdicio a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumidor final.

En conclusión, el grupo de científicos ha marcado la urgencia de actuar en múltiples frentes para evitar lo que podría convertirse en una de las crisis más devastadoras del siglo XXI. A medida que la comunidad internacional contempla sus opciones, la colaboración y el compromiso serán clave para asegurar un futuro donde la seguridad alimentaria sea una realidad y no una promesa incumplida. Las voces que llaman a la acción no solo buscan alertar sobre la inminente amenaza, sino que también presentan una oportunidad para revitalizar la manera en que producimos y consumimos alimentos en el planeta.

Por corresponsal IPS

ROMA – Los sistemas alimentarios en el mundo presentan avances alentadores y retrocesos preocupantes en la cuenta regresiva hacia el año 2030, de acuerdo con un estudio sobre 50 indicadores divulgado este martes 14 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esa combinación de avances y retrocesos “subraya la urgencia de acelerar la transformación de los sistemas alimentarios” en el mundo, planteó Lawrence  Haddad, director ejecutivo de la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición.

El informe, “Gobernanza y resiliencia como puntos de entrada para transformar los sistemas alimentarios en la cuenta atrás hasta 2030”, publicado en la revista Nature Food, presenta el primer análisis exhaustivo de un cambio desde 2000 en los indicadores clave de los sistemas alimentarios.

El estudio rastrea 50 indicadores de sistemas alimentarios en todo el mundo, organizados en cinco temas: 1) dietas, nutrición y salud; 2) medio ambiente, recursos naturales y producción; 3) medios de vida, pobreza y equidad; 4) resiliencia; y 5) gobernanza.

Haddad expuso que “la compensación de ventajas y desventajas es inevitable entre los objetivos en materia de sistemas alimentarios, como empleos, clima, nutrición, seguridad alimentaria y resiliencia”, con la gobernanza y resiliencia como puntos clave.

Considera que “con una gobernanza más sólida y mejores datos, las compensaciones pueden mitigarse e, incluso, convertirse en sinergias. Este informe nos ayuda a comprender cómo hacerlo, y a acelerar los progresos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” que tienen en 2030 su año-meta.

Por ejemplo, el ODS2, Hambre Cero, tiene entre sus metas poner fina al hambre (1ue padecen unos 700 millones de personas), a las formas de malnutrición, duplicar la productividad agrícola y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.

El nuevo informe analizó 42 parámetros en materia de resiliencia y nutrición, y encontró que 20 han mejorado desde el año 2000, con realizaciones notables como aumentos significativos en el acceso a agua potable sana y la disponibilidad de hortalizas.

También se ha incrementado la conservación de recursos fitogenéticos y zoogenéticos, lo que refuerza la resiliencia de los sistemas alimentarios frente a los choques climáticos y a otras perturbaciones.

Siete indicadores muestran disminuciones importantes, como la mayor volatilidad de los precios de los alimentos, el empeoramiento de la responsabilización de los gobiernos, y una menor participación de la sociedad civil.

Esos cambios indican la existencia de desafíos en el mantenimiento de la estabilidad y la coherencia de las políticas en un contexto de crisis mundiales.

En el informe se destaca el modo en el que el cambio en una esfera, como la gobernanza o la calidad de la dieta, incide en otras esferas, haciendo hincapié en la necesidad de enfoques coordinados y transectoriales.

Estudios de casos realizados en Etiopía, México y Países Bajos ilustran la importancia local de esas dinámicas.

La investigación que dio soporte al informe fue un trabajo de colaboración entre expertos y organizaciones destacados, coordinado por la FAO, la Alianza y las universidades estadounidenses de Columbia y Cornell.

Jessica Fanzo, directora de la iniciativa Alimentos para la Humanidad de la Escuela del Clima de la Universidad de Columbia, afirmó que “necesitamos una reforma integral de nuestros sistemas alimentarios para poder proporcionar a la población mundial los alimentos nutritivos necesarios para crecer y desarrollarse”.

“Nos enfrentamos a una sindemia de retos: aumento de las enfermedades relacionadas con la alimentación, desnutrición continuada y un clima cambiante. Combatirlos exige cambios significativos y rápidos”, insistió Fanzo.

A-E/HM

Por Montserrat Antúnez

Hay muchas historias que han sido documentadas como asesinatos expresos a periodistas identificados y que han sido atacados o han sufrido agresiones durante operaciones militares israelíes. Esto por supuesto resalta el riesgo inminente de su labor más que en cualquier lugar del mundo. La región ha sido escenario de conflictos y guerras muy prolongadas, lo que aumenta el riesgo para los periodistas que quieren ser realmente la voz de los pueblos oprimidos, de sus propios pueblos sufridos en una guerra de exterminio que ejerce la entidad sionista en su contra.

 

Aniquilar la narrativa palestina, borrar a fuerza de bombas la documentación en primera persona de la deshumanizante masacre. Los periodistas suelen estar identificados, sin embargo, esto no siempre les garantiza protección. La guerra que lleva a cabo Israel, no le da brinda lugar a nada ni a nadie, no hay perdón para periodistas, civiles, niños, mujeres ni ancianos. Es una guerra de exterminio, y como muestra basta la devastación de Gaza. “Israel tiene la intención de ocultar lo que ocurre, de sofocar aún más la voz de estos pueblos que no tienen voz”, indicó la destacada periodista libanesa Wafica Ibrahim en dialogo con Conclusión.

 

Hubo casos de ataques contra periodistas que claramente estaban referenciados y vestidos con sus cascos, sus chalecos y con sus autos que llevan un letrero grande que dice prensa y, aun así, han sido objetivos de acciones militares y represivas. “Así ha pasado con nuestros colegas de Al Mayadeen, el 21 de noviembre de 2023 la reportera Farah Omar y el camarógrafo Rabih Me’mari fueron asesinados. Lo que ocurre es que hay un entorno internacional en donde la impunidad de Israel es prevalente, es muy evidente. Los ataques a la prensa pueden ocurrir en este caso, sin consecuencias. No temen a ninguna sanción, no temen nada. Si cualquier país comete lo que comete Israel, ya estaría siendo invadido por ejércitos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

 

Con Israel esto no ocurre; y, esto, de por sí, aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores de la prensa que son en realidad luchadores por la verdad de sus pueblos. “Muchas veces, los periodistas son el pueblo como tal; sobre todo, a partir del uso de las redes sociales la gente documenta cosas que ocurren delante de sus propios ojos y las publican en las redes. Esta gente se encuentra, aún más, en situación de vulnerabilidad y de riesgo extremo y no tiene los recursos adecuados para asegurar su protección. Entonces, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, también deben jugar un papel crucial en la denuncia de esos ataques y siempre estar en búsqueda de la justica; la justicia para los afectados, exigiendo el fin de impunidad que se le otorga a Israel en este caso bajo el funesto pretexto que utiliza de la famosa autodefensa.”

 

Primero en Gaza, ahora en el Líbano

 

Desde el 7 de octubre de 2023 el número de periodistas asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes son 12. Este es un número realmente fuerte para un país como Líbano, ya se si toma en cuenta el área de despliegue de estos periodistas, la geografía de la cobertura de estos periodistas; y las restricciones impuestas por Israel a las coberturas de los medios desde hace un año hasta el día de hoy, la exposición es brutal.

 

“Israel silencia deliberadamente la voz de la verdad atacando a los periodistas libaneses desde octubre del 2023; sufrimos ataques continuos en una clara violación al derecho internacional y se produjo incluso ataques aéreos contra periodistas en su propia residencia, como paso con compañeros nuestros en la región sur del Líbano lo que puso fin a la vida de tres periodistas. Eso hizo elevar el número de periodistas mártires a 12. El mayor número de esos mártires han sido de Al Mayadeen, recientemente, tuvimos el mayor número de ataque directos. Hemos perdido al mejor camarógrafo Ghassan Najjar y al ingeniero de transmisión Mohamed Reda; antes, en septiembre, fue asesinado Hadi Al-Sayed en un ataque aéreo israelí alcanzó el domicilio del joven periodista en la localidad de Borj Rahhal, en el sur de Líbano”, enfatizó Wafica Ibrahim.

 

Cabe destacar que al inicio de la guerra (noviembre 2023), la corresponsal Farah Omar con su fotógrafo la Rabih Me’mari quienes estaban en plena cobertura en el sur de Líbano, perdieron sus vidas. Allí se realizaron investigaciones que comprobaron que el régimen israelí asesino a estos periodistas de forma expresa y se presentaron las denuncias en Naciones Unidas ¿Y qué fue lo que sucedió? Absolutamente nada. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando.

 

Realmente los periodistas, tanto en Gaza como en Líbano, enfrentan condiciones extremadamente difíciles debido a la violencia y el grado de criminalidad que caracteriza la guerra israelí. “Además de ser una tierra arrasada, a la hora de asesinar, no se diferencia entre niños, mujeres, hombres, periodistas, defensa civil, paramédicos. Todos son objetivos para Israel. A menudo enfrentan estos periodistas estos grandes riesgos, bombardeos, represión, detención, se utilizan muchas vías para hacerle la vida imposible. Ellos deben lidiar con estas restricciones impuestas, incluso dentro de la Palestina Ocupada (Cisjordania y Jerusalem), tienen que lidiar con esta situación, buscando la verdad, buscando la forma que tiene en su sangre el don de ser periodista; no puede dejar de informar, no puede dejar de ser los ojos y la voz del pueblo. No queda otra que arriesgar la vida, pese a todos los protocolos de seguridad y la capacitación, a pesar de todo esto a Israel nada lo frena cuando decide asesinar a un periodista.”

 

Solidaridad y empatía, por un lado, silencio y negación por el otro

 

“Los periodistas palestinos y libaneses tienen una alianza y solidaridad muy fuerte. Pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, sufrimos lo mismo y prácticamente tenemos el mismo pueblo. Pero también hay mucha solidaridad en otros países, especialmente en el contexto de plena guerra. Continuamente periodistas de todo el mundo están sacando comunicados de apoyo y se movilizan levantando la voz”, expresó la directora de Al Mayadeen Español.

 

También los periodistas colaboran con ellos mismos y con medios de comunicación, como así también con organizaciones periodísticas internacionales a la hora de cubrir estos acontecimientos. Esto permite fortalecer las voces, compartir las historias que a menudo son ignoradas en los grandes medios corporativos. “Esto ha abierto puertas a fortalecer las voces con medios alternativos y con muchos otros medios, Radio Popular Che Guevara de Rosario, Resumen Latinoamericano, Telesur, muchos son los medios en el mundo que apoyan a los pueblos y a la verdad. La solidaridad es realmente el oxígeno para los trabajadores en el campo de la información porque los desafíos son comunes, aunque somos de diferentes partes del mundo; todos nos enfrentamos a la censura, a la represión, el riesgo físico”.

 

Hay muchas causas en común, sobre todo en el tema de la defensa de la libertad de prensa. Eso puede llevar a tener una relación de hermandad. La solidaridad es un reto. Yo creo que los periodistas hemos ganado, sobre todo en los medios alternativos. Esto hace efectiva la relación entre los periodistas, porque este enemigo nos gana en este campo y ese reto lo tenemos. Tenemos que avanzar para permitirle a nuestro pueblo que aprenda y que conozca la realidad, porque de esta manera podrá defenderse muchísimo mejor”.

 

El alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) entró en vigor a finales de noviembre y estipula que el régimen sionista retire sus tropas del sur del Líbano y entregue el control al ejército del país árabe. Informes recientes indican que Israel tiene la intención de quedarse en el Líbano más allá del período de 60 días establecido por el acuerdo de alto el fuego. Hasta ahora, Israel sólo se ha retirado de dos de las muchas partes que ocupa en el sur del Líbano y ha seguido atacando lo que afirma que son bases de Hezbolá.

 

Beirut ha acusado al régimen israelí de violar repetidamente el alto el fuego y ha presentado queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), denunciando ataques terrestres y aéreos de los sionistas, los cuales han obstaculizado los esfuerzos del Ejército libanés por desplegarse en el sur y mantener el alto el fuego. “Se sabe que la situación del Líbano ha estado marcada por toda esta guerra devastadora del régimen colonial israelí sobre el pueblo palestino. Cualquier escenario de conflicto en la región afecta al Líbano; es decir, recibe toda la influencia de los conflictos regionales que pueden ocurrir. Si ocurre algo en Palestina, afecta al Líbano, si ocurre algo en Siria, afecta al Líbano, si ocurre algo en el Golfo, afecta al Líbano”.

 

Ahora, el alto al fuego que existe actualmente, se trata de un alto al fuego que, aunque todavía es reconocido como un alto al fuego, es de una sola parte. Solo el Líbano lo está respetando al pie de la letra. “La resistencia libanesa decidió dejar ese tema a solicitud del Estado libanés; de que su legalidad y con el despliegue del ejército oficial iba a lograr un alto al fuego y el cese de la guerra del régimen de ocupación israelí. Por su parte, la resistencia dijo: bueno, vamos a darle chance, pero que esta paciencia puede llegar un momento en que se agote y que empiece de nuevo el derecho a la resistencia a ejercer la fuerza contra la ocupación. La resistencia no es un ejército, digamos, regular, organizado frente al ejército israelí, sino una resistencia que se dedica a hacer operaciones y otro tipo de accionar armado”, indicó Wafica Ibrahim a Conclusión.

 

El alto al fuego ha sido producto de negociaciones entre el estado libanés y los mediadores estadounidenses que representan de una manera o de otra, por supuesto, a los israelíes. Se ha llegado a este alto al fuego, pero Israel continúa destruyendo hogares impulsando muchos ataques dentro del sur libanés en la zona que queda al sur de rio Litani bajo los ojos de lo que se llama la de la FPNUL (que son las fuerzas de paz de las Naciones Unidas que hay en el Sur Libanés – Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano).

 

Esta fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, tiene como papel principal monitorear la frontera y relatar lo que sucede. “Se pasa la vida contando las violaciones de Israel a la seguridad del Líbano, a la soberanía del Líbano, a las leyes internacionales, a las resoluciones del Consejo de Seguridad, todo eso, pero no pasa nada. La efectividad de estas misiones no ha servido para nada, no resultó para nada y sigue siendo un tema de mucho debate dado el contexto geopolítico cambiante y la agresividad y la expansión, digamos la política expansionista de Israel para con el Líbano y los países limítrofes con la Palestina ocupada. Tengo la esperanza de que 2025 sea un año de paz y restauración de derechos en la región, tras un 2024 devastador para los pueblos de la región”, concluyó.

 

En su último comunicado de prensa, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza anunció que el número de periodistas asesinados por «Israel» desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 203, tras el asesinato del fotorreportero Saed Abu al-Nabhan. La oficina explicó que Abu al-Nabhan estaba de servicio cuando fue abatido a tiros por un francotirador israelí en el campo de refugiados de Al-Jadeed, en Nuseirat, en el centro de Gaza.

 

 

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablaron el domingo sobre los esfuerzos para alcanzar un alto al fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes en la guerra entre Israel y Hamás, una señal del impulso intensificado para llegar a un acuerdo antes de la toma de posesión de Donald Trump la próxima semana.

Las conversaciones mediadas durante el último año por Estados Unidos, Egipto y Catar se han estancado repetidamente en momentos en que parecían estar cerca de un acuerdo. Sin embargo, en los últimos días, funcionarios estadounidenses han expresado esperanzas de sellar un acuerdo.

La llamada del domingo entre Biden y Netanyahu ocurrió mientras el jefe de la agencia de inteligencia extranjera de Israel, Mossad, David Barnea, y el principal asesor de Oriente Medio de Biden, Brett McGurk, estaban ambos en la capital de Catar, Doha. La presencia de Barnea, confirmada por la oficina de Netanyahu, significaba que altos funcionarios israelíes que necesitarían aprobar cualquier acuerdo ahora están involucrados en las conversaciones.

McGurk ha estado trabajando en los detalles finales de un texto que se presentará a ambas partes, dijo el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, a CNN en “State of the Union”. Pero dijo que no predeciría si se puede alcanzar un acuerdo para el 20 de enero, el día de la toma de posesión.

El ejército de ocupación turco y sus mercenarios dispararon contra una casa en la aldea de Bîr Hiso, cerca del puente Qerekozak.

Como resultado, los niños llamados Hanî Elî El Şewax (16 años) y su hermano Casim Elî El Şewax (11 años) resultaron heridos.

Los niños heridos fueron trasladados al hospital Emel en Kobanê.

ANHA

Islamabad. La activista pakistaní y Nobel de la Paz Malala Yousafzai dijo el sábado sentirse “emocionada y feliz” de regresar a su país para participar en una cumbre sobre la educación de las niñas, boicoteada por el gobierno talibán de Afganistán.

“Me siento realmente honrada, emocionada y feliz de regresar a Pakistán”, dijo a AFP en Islamabad, donde se celebra durante dos días un encuentro con representantes de casi medio centenar de países.

La cumbre reúne a ministros y embajadores de docenas de países de mayoría musulmana, así como a representantes de la ONU y del Banco Mundial, pero sin Afganistán, el único país del mundo donde las niñas no pueden ir a la escuela.

Malala Yousafzai, atacada en 2012 por talibanes paquistaníes en un autobús escolar en una zona remota de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, sólo ha regresado a su país en contadas ocasiones. Actualmente vive en el Reino Unido.

Yousafzai se ha convertido en una portavoz mundial del derecho a la educación de las niñas, y en 2014, con 17 años, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El encuentro confirmará “el compromiso de la comunidad musulmana en hacer que las chicas sean autónomas a través de la educación”, indicó el Gobierno paquistaní en un comunicado.

“El mundo islámico, incluido Pakistán, afronta el desafío de garantizar el acceso equitativo de las niñas a la educación”, dijo el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, al abrir la cumbre.

“Denegar la educación a las niñas equivale a negarles su voz y su capacidad de elegir”, agregó.

“La educación de las niñas es importante”

El ministro paquistaní de Educación, Jalid Maqbul Siddiqui, dijo a AFP que su gabinete había “invitado a Afganistán, pero ningún representante del gobierno afgano estaba en la conferencia”.

Muhammad al Issa, clérigo saudí y secretario general de la Liga del Mundo Islámico, que ha respaldado la cumbre, afirmó que la religión no es motivo para impedir la escolarización de las niñas.

“Todo el mundo musulmán está de acuerdo en que la educación de las niñas es importante, y aquellos que dicen que la educación de las niñas no es islámica están equivocados”, declaró.

Roza Otunbayeva, jefa de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), instó a los líderes de los países islámicos a apoyar a las niñas afganas.

“Realmente hago un llamamiento a todos estos ministros […] que han venido de todo el mundo, para que ofrezcan becas, educación en línea, todo tipo de educación. Esta es la tarea del día”, declaró en una conferencia.

En los países de mayoría musulmana, decenas de millones de niñas no van a la escuela.

Afganistán, vecino de Pakistán, es el único país en el mundo donde las niñas y las mujeres no tienen derecho a ir a la escuela secundaria o a la universidad.

Dicha privación forma parte de una larguísima lista de prohibiciones que han excluido a las mujeres del espacio público en Afganistán.

Desde su regresó al poder en 2021, el gobierno talibán afgano ha impuesto una versión rigurosa de la ley islámica que, según la ONU, constituye un auténtico “apartheid de género”.

Yousafzai, que fue alcanzada por disparos de talibanes paquistaníes en 2012 cuando era una colegiala, había indicado el viernes en redes sociales que hablaría de “por qué los líderes deben pedir explicaciones a los talibanes por sus crímenes contra las mujeres y niñas de Afganistán”.