El Ministerio de la Mujer puso en marcha este martes la Consulta Nacional para la reducción de riesgos de violencia hacia las mujeres, bajo el lema “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”, una iniciativa orientada a promover la participación de los hombres en la prevención de la violencia y en la construcción de relaciones más equitativas.
A través de una nota de prensa, la institución explicó que la iniciativa es impulsada en articulación con la Liga Municipal Dominicana, con el acompañamiento técnico del especialista Luis Vergés y el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas.
Además, desarrollará mediante jornadas de diálogo, sensibilización y levantamiento de información en distintos territorios y sectores sociales del país.
La ministra de la Mujer indicó que la iniciativa busca abrir un espacio de escucha activa hacia la población masculina, reconociendo “el rol de los hombres en la transformación cultural necesaria para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas”.
Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Julia Sánchez, afirmó que el Sistema de las Naciones Unidas ha reafirmado, en sus marcos normativos y estratégicos, que el logro de la igualdad de género requiere, de manera ineludible, la participación activa y comprometida de los hombres como protagonistas del cambio.
“Esta consulta que lidera el Ministerio de la Mujer representa la apuesta por la prevención primaria y por la transformación de las normas antes de que se conviertan en daño”, sostuvo.
El psicólogo clínico Luis Vergés detalló la estructura y las actividades que serán desarrolladas a nivel nacional, destacando la importancia de integrar a los hombres como una fuente valiosa de información para la reducción del riesgo de violencia hacia las mujeres y promover su participación como agentes activos en soluciones integrales que fomenten relaciones seguras y saludables.
Sobre la Consulta Nacional
La consulta contempla la participación de instituciones del Estado, gobiernos locales, sectores productivos, organizaciones sociales, cuerpos de seguridad, sector transporte, juventudes y espacios comunitarios, con una meta estimada de 5,000 hombres consultados.
Las autoridades informaron que, tras el lanzamiento formal de la iniciativa, comenzará un despliegue simultáneo a nivel nacional, en el que las alcaldías gestionarán el llenado de la consulta en sus territorios, con la meta de registrar 100 hombres por municipio, bajo la coordinación de la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano.
También, se realizarán encuentros presenciales y virtuales con sectores sociales, de seguridad y legislativos, además de siete conferencias magistrales y conversatorios que acompañarán la recolección de datos digitales.
La estrategia busca identificar factores de riesgo y promover masculinidades constructivas en distintos sectores de la sociedad.
El proceso incluye jornadas territoriales, consulta digital, encuentros sectoriales y espacios de reflexión denominados “Conversando entre hombres”, además de conferencias magistrales sobre prevención de violencia, salud mental, regulación emocional y paternidad responsable.
Prevención y cambio cultural
La iniciativa incorpora un enfoque preventivo basado en evidencias, que permitirá identificar actitudes, patrones de conducta y factores de riesgo asociados a la violencia, con miras a fortalecer el diseño de políticas públicas más efectivas.
Asimismo, el proceso será sistematizado con el apoyo técnico de organismos internacionales, con el objetivo de generar insumos que contribuyan al desarrollo de estrategias sostenibles de prevención de la violencia.
Miches, El Seibo.– Miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público investigan las circunstancias en que fue hallada muerta una mujer que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 15 de mayo en Higüey, provincia La Altagracia.
La víctima fue identificada como Andreina García, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una zona del sector El Asfalto, en el municipio de Miches, provincia El Seibo.
Narciso Pérez
De acuerdo con los informes preliminares, familiares habían denunciado la desaparición de la mujer luego de perder contacto con ella hace varios días, lo que activó las labores de búsqueda por parte de las autoridades.
Al lugar del hallazgo se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), representantes del Ministerio Público y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las pesquisas correspondientes para determinar las causas de la muerte.
Las autoridades indicaron que el cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense para fines de autopsia, mientras avanzan las investigaciones para establecer si se trató de un hecho criminal y dar con los posibles responsables.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido mayores detalles sobre el caso, aunque aseguró que profundiza las investigaciones para esclarecer el hecho.
Las mujeres y sus hogares no solo enfrentan las secuelas físicas y psicológicas de la violencia: también cargan con el impacto económico. En varios países, los costos asociados al maltrato (gastos de bolsillo, atención médica, transporte, trámites legales….) representan entre el 44% y el 50% del costo total que la violencia genera a nivel nacional.
En Panamá, la situación es especialmente crítica para quienes viven en el área rural. Una mujer víctima de violencia puede verse obligada a destinarhasta 5,000 dólares, de manera principal para cubrir gastos médicos.
Esta violación de los derechos humanos representa un costo económico que alcanza hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en algunos países de América Latina, describe el estudio “Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”, el cual fue presentado en un seminario en el Ateneo de Madrid.
El informe, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), incorpora datos que proceden de 17 estudios “realizados en 10 países (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay) a lo largo de más de dos décadas. Evalúa sus metodologías según cuatro criterios: precisión, aplicabilidad, replicabilidad y desagregación”.
La presentación del estudio contó con representantes de las instituciones que lideran el diseño del informe: Lorena Larios, secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y presidencia de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM),de Telma Ortiz, asesora sénior en la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– CAF y Paula Narváez, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) quien intervino en video, bajo la moderación de Almudena Díaz Pagés, de la División de Género de la SEGIB.
Durante un diálogo sobre experiencias y desafíos en la medición del costo de la violencia contra las mujeres, intervinieron Carmen Martínez, Marta Silva, jefa del Equipo Multidisciplinar del Núcleo de Violencia de Género y Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género de Portugal, Luciana Fainstain, ejecutiva principal de la Gerencia de Género de CAF y Ricardo Mejía, coordinador de Planes y Programas y especialista en Género del Ministerio de la Mujer de Panamá, bajo la conducción de Celia Santos Sánchez, subdirectora general de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia contra las Mujeres.
Celina Santellán, consultora responsable de la sistematización de metodologías de costo de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica, compartió los resultados generales del estudio.
Carmen Martínez dijo que la idea con esta iniciativa es fortalecer la cooperación entre los países Iberoamericanos.
“Partimos de una convicción: ninguna sociedad se puede desarrollar mientras las mujeres sufran violencia machista. Desde esta visión nuestra labor no es solo generar espacios de diálogo político, sino trabajos para fortalecer capacidades y producir conocimiento útil que permita a los Estados avanzar”.
Medir, subrayó, no es un ejercicio técnico ni exclusivamente académico: implica visibilizar, conocer, reconocer y otorgar significado. Es sacar a la luz aquello que históricamente ha permanecido oculto o minimizado, y que hoy exige ser nombrado para poder transformarse.
Invertir en prevención y en respuestas integrales no constituye un gasto. Por el contrario, afirmó, es una decisión estratégica que fortalece los sistemas, reduce desigualdades y genera beneficios sociales y económicos sostenibles.
Lorena Larios advirtió quesegún datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de alguna forma de violencia.
“En 2024, en nuestra región (los 22 países de la Comunidad Iberoamericana, incluidos España, Andorra y Portugal) se registraron casi 4,000 feminicidios. Y sabemos que estas cifras representan apenas una fracción de la realidad: se estima que solo el 10% de los casos llega a ser reportado».
Si incorporamos las nuevas formas de violencia, como la violencia digital, el impacto se multiplica de manera exponencial. Desde la SEGIB, a través de la División de Género y en alianza con el Programa Iberoamericano de Prevención y con la banca de desarrollo, estamos impulsando instrumentos que permitan a los países medir el costo real de la violencia. Medir no es un ejercicio técnico: es visibilizar, reconocer y dar significadoa lo que históricamente ha permanecido oculto, afirmó al reconocer el impacto de este tipo de investigaciones.
Dimensiones de la violencia en Panamá
De izquierda a derecha: Luciana Fainstain,Marta Silva, Ricardo Mejía y Carmen Martínez, bajo la moderación de Celia Santos Sánchez
Ricardo Mejía, enlace para Panamá de laIniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, recordó que el Ministerio de la Mujer, a través de su Dirección de Investigación de la Condición de la Mujer, en alianza con el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, generó el informe denominado, Dimensión de la violencia doméstica y femicidio en Panamá: estimación de gastos.
En las áreas urbanas, una mujer puede enfrentar gastos cercanos a 2,986 dólares, de los cuales 78% se concentra en salud y el resto en cuidado de la familia y movilización.
En las zonas rurales la cifra se incrementa de manera significativa: una mujer víctima de violencia puede llegar a gastar hasta 5,000 dólares. De este monto, el 91.84% corresponde exclusivamente a salud, mientras que el 5.95% se destina a otros gastos.
Uno de los datos que más le conmovió a Mejía fue la situación del hogar cuando muere una madre a manos de su agresor: por lo general los niños quedan a cargo de la abuela y en condiciones de vulnerabilidad ya que la madre era el pilar.
De hecho, se estima que los gastos mensuales “para el cuidado, crianza, educación, gastos de salud, recreación y tratamientos de los hijos de las víctimas” puede superar los 2,700, dólares. Estos datos y análisis se abordarán en una nueva etapa del estudio panameño.
Las cifras de un drama social
Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica, advierte que el mayor desafío metodológico es el subregistro de casos de violencia: En México, por ejemplo, solo el 13,6% de los casos llega a denuncia formal y en Ecuador, las denuncias representan apenas el 5% de los casos reales.
Estas cifras significan que “todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y el costo económico real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas”.
La mayoría de los estudios disponibles, y que son la base de este informe, “no logran desagregar suficientemente los impactos según edad, discapacidad, condición migratoria, pertenencia étnico-racial o situación socioeconómica, lo que limita la capacidad de diseñar respuestas públicas más focalizadas y equitativas”.
En función de los informes de los países analizados, Paraguay y Ecuador reflejan en gran medida el peso de la violencia en las economías de las mujeres y sus hogares, al asumir entre el 44% y el 50% de los gastos asociados (salud y justicia, pérdida de ingresos personales, descapitalización de microempresas…)
“De forma menos visible pero igualmente documentada, en la pérdida de días de clase de hijas e hijos”.
Estas cifras reflejan una situación similar a la panameña, si bien el estudio de la Universidad de Panamá y el Ministerio de la Mujer no forma parte de este informe.
Al analizar la situación en las empresas, “el informe señala que las pérdidas de productividad no provienen principalmente de las ausencias laborales, sino del menor rendimiento de las trabajadoras que acuden a su puesto mientras enfrentan situaciones de violencia. Este factor, el presentismo, puede representar hasta el 73% del costo laboral total para las empresas”.
El Estado, destaca la investigación, solo asume entre el 11% y el 13% del coste total que supone la violencia contra las mujeres y destina ese gasto casi íntegramente a la respuesta reactiva.
“Según el estudio, pese a tener mayor capacidad para actuar en prevención, asume la menor proporción del coste en los países con datos disponibles. Su gasto se concentra en servicios de salud, justicia y seguridad para atender la violencia una vez ocurrida”.
Recomendaciones para medir y actuar
La publicación reúne una serie de recomendaciones «orientadas a gobiernos, organismos internacionales y equipos técnicos para mejorar la calidad, comparabilidad y utilidad política de los estudios de costeo en la región».
Entre otras se propone la necesidad defortalecer los sistemas estadísticos, incorporar el impacto del trabajo de cuidados no remunerado, mejorar la interoperabilidad de los registros administrativos y vincular de forma más directa las estimaciones económicas con la planificación presupuestaria y las políticas de prevención.
Ante la persistencia de la violencia contra la mujer como uno de los principales retos sociales del país, se presenta formalmente AURA, una plataforma tecnológica dominicana ya desarrollada y lista para su implementación, concebida como un instrumento de apoyo inmediato a la protección, denuncia y atención de mujeres en situación de riesgo.
AURA constituye una iniciativa concreta orientada a fortalecer la capacidad de respuesta tanto del Estado como de las instituciones vinculadas a la seguridad y asistencia social. Su diseño permite canalizar alertas, registrar incidentes y facilitar la activación oportuna de mecanismos de protección, contribuyendo a convertir momentos críticos en acciones efectivas de resguardo.
Como elemento diferenciador, el proyecto contará con el respaldo de una Institución de Educación Superior, que liderará la creación de un Observatorio de Monitoreo de Incidentes de Violencia contra la Mujer, a partir de los datos generados por la aplicación. Este observatorio aportará rigor técnico y académico al análisis de los casos, permitiendo la producción de información sistematizada, confiable y útil para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas.
En este contexto, se extiende una invitación formal a los medios de comunicación nacionales —prensa escrita, plataformas digitales, radio y televisión— a conocer, validar y difundir esta herramienta como parte de un esfuerzo país orientado a la protección de la mujer dominicana. El papel de los medios resulta determinante para visibilizar soluciones que pueden incidir directamente en la prevención de la violencia y en la protección de vidas.
Un grupo de niños camina por un sendero polvoriento con viviendas precarias hacia una escuela iluminada, simbolizando los desafíos de la pobreza extrema que enfrentan millones de menores en México, según UNICEF. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que millones de niñas, niños y adolescentes en México continúan enfrentando graves problemas de pobreza, violencia, rezago educativo y salud mental, pese a algunos avances registrados en los últimos años.
En su más reciente informe “Análisis de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 2018-2025”, el organismo internacional destacó que todavía hay cerca de 14 millones de menores viviendo en pobreza y alrededor de 2.7 millones en pobreza extrema en el país.
El documento, elaborado con datos oficiales de instituciones como el INEGI, la Secretaría de Salud, el CONEVAL y la SEP, analiza el estado de los derechos de la infancia en cuatro dimensiones: supervivencia, desarrollo, protección y participación.
Niñas y niños indígenas, los más afectados por la pobreza
El informe expone que las desigualdades persisten de forma alarmante entre sectores vulnerables, especialmente entre la población indígena.
Según el documento, el 82.3% de las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena vive en situación de pobreza, casi el doble respecto a menores no indígenas. Además, el 93.9% presenta carencias de acceso a seguridad social.
El organismo internacional también alertó que los estados con mayores rezagos educativos y sociales concentran una gran parte de la niñez indígena, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Violencia sexual y homicidios siguen amenazando a la niñez
En materia de protección infantil, el análisis señala que la violencia continúa siendo una de las principales amenazas para la infancia y adolescencia en México.
La tasa de violencia sexual contra menores pasó de 58.4 a 127.2 víctimas por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023, afectando principalmente a niñas y adolescentes.
Además, UNICEF indicó que las entidades con mayores niveles de homicidios también presentan menores tasas de asistencia escolar, lo que evidencia el impacto de la inseguridad en el desarrollo infantil.
Salud mental y obesidad infantil, entre los retos más urgentes
El informe también pone énfasis en la salud mental de adolescentes mexicanos. En 2023, el 24.9% de la población de entre 10 y 19 años presentó síntomas depresivos, siendo las adolescentes mujeres las más afectadas.
A esto se suma la llamada “triple carga de malnutrición”, integrada por desnutrición crónica, deficiencia de micronutrientes y obesidad.
Actualmente, el 38% de niñas y niños de entre 5 y 11 años vive con sobrepeso u obesidad, situación relacionada con problemas de alimentación y acceso limitado a agua potable y saneamiento.
UNICEF pide aumentar inversión pública para las infancias
Otro de los puntos que preocupa al organismo es la disminución de recursos públicos destinados a niñas, niños y adolescentes.
El informe señala que la inversión pública dirigida a la infancia cayó del 26.5% del gasto social en 2018 al 15.8% en 2025, cifra que se encuentra por debajo del promedio regional.
Ante este panorama, UNICEF llamó a fortalecer las políticas públicas enfocadas en reducir desigualdades, combatir la violencia, mejorar el acceso a salud y educación, así como garantizar recursos suficientes para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.
Reconocen algunos avances
De acuerdo con el análisis de UNICEF, la pobreza infantil en México disminuyó de 51.3% en 2016 a 38.7% en 2024, mientras que la mortalidad infantil también registró una reducción.
Asimismo, la cobertura de vacunación infantil mostró una recuperación parcial tras la pandemia de COVID-19, al pasar a 86.6% en 2023, aunque todavía lejos del 96.7% registrado en 2015.
Otro de los avances señalados por el organismo fue el incremento en la escolaridad promedio, que pasó de 10.5 a 11.2 años durante el periodo analizado.
Las autoridades investigan la muerte de Rosa Luisa, conocida como “Tita”, una mujer de 38 años que fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la comunidad de Básima, en el municipio Villa Altagracia.
De acuerdo con informaciones preliminares, la mujer laboraba en una residencia familiar en Santo Domingo. Sus empleadores, preocupados porque llevaba aproximadamente una semana ausente sin ofrecer explicación, se trasladaron hasta su vivienda para verificar su situación.
Fue hallada sin signos vitales
Al llegar al lugar, encontraron a Rosa Luisa sin signos vitales dentro de la residencia, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Versiones preliminares indican que la vivienda no presentaba signos visibles de violencia ni alteraciones, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.
Autoridades realizan levantamiento
Miembros de la Policía Nacional y representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las diligencias de investigación.
Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre la causa de muerte, por lo que se espera que los resultados forenses ayuden a esclarecer el caso.
Comunidad espera respuestas
El hallazgo ha generado consternación en la comunidad de Básima, mientras familiares, allegados y residentes esperan que las autoridades determinen si se trató de una muerte natural, accidental o si hubo algún elemento externo vinculado al caso. Las investigaciones continúan bajo responsabilidad de los organismos competentes.
Miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), rescataron al menos a 62 mujeres víctimas de explotación sexual comercial luego que desmantelaran una red dedicada a esa actividad criminal en Puerto Plata.
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
Los arrestados fueron identificados como los dominicanos Franklin Alberto García Brito (Quijá), Rosa Iris Almarante, Belkis María Salas Díaz De Heinsen y otra mujer identificada como Lurdes y/o Louders, así como la ciudadana haitiana Nehemie Granicher y el nacional español Peter Granicher.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.
Al amanecer, cientos de hombres se congregan en una polvorienta plaza de Chaghcharan, la capital de la provincia de Ghor, en Afganistán.
Se alinean a la orilla de la carretera con rostros cansados, esperando que alguien les ofrezca algún trabajo. De ello dependerá si sus familias comen ese día.
Sin embargo, las probabilidades de éxito son bajas.
Juma Khan, de 45 años, solo ha encontrado trabajo tres días en las últimas seis semanas, con una remuneración de entre 150 y 200 afganis (US$2,35-US$3,13) al día.
“Mis hijos se acostaron con hambre tres noches seguidas. Mi esposa lloraba, y mis hijos también. Así que le rogué a un vecino que me diera dinero para comprar harina”, cuenta.
“Vivo con el temor de que mis hijos mueran de hambre”.
Su historia no es un caso aislado.
En Afganistán, tres de cada cuatro personas no pueden cubrir sus necesidades básicas, según Naciones Unidas.
El desempleo es generalizado, la sanidad está en crisis y la ayuda que antes proporcionaba lo esencial a millones de personas se ha reducido drásticamente.
El país se enfrenta ahora a niveles récord de hambre, con 4,7 millones de personas —más de una décima parte de la población afgana— al borde de la hambruna.
Ghor es una de las provincias más afectadas.
Los hombres de aquí están desesperados.
“Recibí una llamada diciéndome que mis hijos llevaban dos días sin comer”, dice Rabani con la voz quebrada.
“Sentí ganas de suicidarme. Pero luego pensé: ¿cómo ayudaría eso a mi familia? Así que aquí estoy, buscando trabajo”.
Fuente de la imagen,Imogen Anderson/BBC
Pie de foto,Juma Khan (en el centro), de 45 años, solo ha encontrado trabajo tres días en las últimas seis semanas.
Khwaja Ahmad apenas logra pronunciar unas palabras antes de romper a llorar.
“Nos morimos de hambre. Mis hijos mayores fallecieron, así que necesito trabajar para alimentar a mi familia. Pero soy viejo, así que nadie quiere darme trabajo”, dice.
Cuando una panadería local cerca de la plaza abre sus puertas, el dueño reparte pan duro entre la multitud. En cuestión de segundos, las hogazas están desmenuzadas, y media docena de hombres se aferran a los preciados trozos.
De repente, se produce otro tumulto. Un hombre en motocicleta se acerca buscando contratar a un trabajador para cargar ladrillos. Decenas de hombres se abalanzan sobre él.
En las dos horas que estuvimos allí, solo tres hombres consiguieron trabajo.
En las comunidades cercanas —casas desoladas dispersas por colinas áridas y marrones, con los picos nevados de la cordillera de Siah Koh como telón de fondo— el devastador impacto del desempleo es evidente.
Abdul Rashid Azimi nos invita a su casa y nos presenta a dos de sus hijos: las gemelas Roqia y Rohila, de 7 años. Las abraza con fuerza, ansioso por explicar por qué toma decisiones tan terribles.
“Estoy dispuesto a vender a mis hijas”, solloza. “Soy pobre, estoy endeudado y no tengo poder”.
“Llego a casa del trabajo con los labios resecos, hambriento, sediento, angustiado y confundido. Mis hijas vienen a mí diciéndome: ‘Papá, danos pan’. ¿Pero qué puedo darles? ¿Dónde hay trabajo?”.
Abdul nos dice que está dispuesto a vender a sus hijas para que se casen o para que trabajen en un hogar. “Si vendo a una hija, podría alimentar al resto de mis hijos durante al menos cuatro años”, afirma.
Abraza a Rohila y la besa mientras llora. “Me parte el corazón, pero es la única opción”.
Fuente de la imagen,Imogen Anderson/BBC
Pie de foto,Los trabajadores se reúnen temprano en un intento por encontrar el poco trabajo que hay.
“Lo único que tenemos para comer es pan y agua caliente, ni siquiera té”, dice su madre, Kayhan.
La decisión de vender a las hijas en lugar de a los hijos varones se debe a que, culturalmente, se considera que los varones serán los futuros proveedores del hogar, y aquí en Afganistán, con las restricciones que los talibanes imponen a la educación y el trabajo de las mujeres y las niñas, esta percepción se acentúa aún más.
Además, existe la tradición de que la familia del hijo entregue un regalo de bodas a la familia de la joven.
Dos de los hijos adolescentes de Abdul y Kayhan trabajan lustrando zapatos en el centro del pueblo. Otro recoge basura, que Kayhan usa como combustible para cocinar.
Saeed Ahmad nos cuenta que ya se vio obligado a vender a su hija de 5 años, Shaiqa, después de que le diagnosticaran apendicitis y un quiste en el hígado.
“No tenía dinero para pagar los gastos médicos. Así que vendí a mi hija a un familiar”, dice.
La cirugía de Shaiqa fue un éxito. El dinero provino de los 200.000 afganis (US$3.200) por los que la vendieron.
“Si hubiera aceptado la suma completa en ese momento, él se la habría llevado. Así que le dije que me diera lo suficiente para su tratamiento ahora, y que en los próximos cinco años me daría el resto, después de lo cual podría llevársela. Se convertirá en su nuera”, explica Saeed.
Shaiqa lo abraza. Su estrecho vínculo es evidente, pero en cinco años, cuando tenga solo 10, tendrá que irse a casa de un familiar para casarse con uno de sus hijos.
“Si hubiera tenido dinero, jamás habría tomado esta decisión”, dice Saeed. “Pero luego pensé: ¿y si muere sin la cirugía?”.
“Entregar a tu hija a una edad tan temprana conlleva mucha ansiedad. Los matrimonios de menores de edad tienen sus problemas; sin embargo, como no podía pagar su tratamiento, pensé: ‘Al menos estará viva'”.
La práctica del matrimonio infantil sigue estando muy extendida en Afganistán y va en aumento debido a la prohibición de la educación para las niñas impuesta por el gobierno talibán.
Hace apenas dos años, Saeed recibía ayuda.
En aquel entonces, él y su familia, al igual que millones de afganos, recibían ayuda alimentaria: harina, aceite de cocina, lentejas y suplementos para niños.
Pero los drásticos recortes en la ayuda de los últimos años han privado a la gran mayoría de esta asistencia vital.
Estados Unidos, que alguna vez fue el principal donante de Afganistán, recortó casi toda la ayuda al país el año pasado.
Muchos otros donantes clave también han reducido significativamente sus contribuciones, incluido Reino Unido.
Las cifras actuales de la ONU muestran que la ayuda recibida en lo que va del año es un 70% menor que la prevista para 2025.
La grave sequía, que ha afectado a más de la mitad de las provincias del país, agrava aún más la situación.
“No hemos recibido ayuda de nadie: ni del gobierno, ni de las ONG”, afirma Abdul Malik, un aldeano.
El gobierno talibán, que tomó el poder en 2021, también culpa a la anterior administración afgana, que se vio obligada a dimitir cuando las fuerzas extranjeras se retiraron del país.
“Durante los 20 años de invasión se creó una economía artificial debido a la afluencia de dólares estadounidenses”, le dijo a la BBC Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno talibán.
“Tras el fin de la invasión, heredamos pobreza, penurias, desempleo y otros problemas”.
Sin embargo, las propias políticas de los talibanes, en particular sus restricciones contra las mujeres, son también una razón clave por la que los donantes se están retirando.
Al ser consultado, el gobierno talibán rechazó cualquier responsabilidad por la retirada de los donantes, afirmando que “la ayuda humanitaria no debe politizarse”.
Fitrat también mencionó los planes de los talibanes “para reducir la pobreza y crear empleo mediante la implementación de grandes proyectos económicos”, nombrando algunos proyectos de infraestructura y minería.
Pero si bien los proyectos a largo plazo podrían ser útiles algún día, es evidente que millones de personas simplemente no sobrevivirán sin ayuda urgente.
Como Mohammad Hashem, cuya bebé de 14 meses falleció hace unas semanas.
“Mi hija murió de hambre y falta de medicinas… Cuando un niño está enfermo y tiene hambre, es obvio que va a morir”, dice.
Un anciano de la localidad afirma que la mortalidad infantil, principalmente debido a la desnutrición, ha aumentado considerablemente en los últimos dos años.
Aquí, sin embargo, no existen registros oficiales de defunciones.
El cementerio es el único lugar donde se puede encontrar evidencia de un aumento en la mortalidad infantil.
Así que, como hemos hecho en el pasado, contamos las tumbas pequeñas y grandes por separado.
Había aproximadamente el doble de tumbas pequeñas que grandes, lo que sugiere que hay el doble de niños que de adultos.
Fuente de la imagen,Imogen Anderson/BBC
Pie de foto,La enfermera Fatima Husseini afirma que las muertes infantiles se han vuelto algo normal.
En el principal hospital provincial de Chaghcharan se encontró más evidencia.
La unidad neonatal es la más concurrida. Todas las camas están ocupadas, algunas con dos bebés. La mayoría tienen bajo peso y muchos tienen dificultades para respirar por sí solos.
Una enfermera traslada una pequeña cuna con dos gemelas recién nacidas. Nacieron dos meses prematuras. Una pesa 2 kg y la otra solo 1 kg.
Se encuentran en estado crítico y se les administró oxígeno de inmediato.
Su madre, Shakila, de 22 años, se recupera en la sala de maternidad.
“Está débil porque apenas comió durante el embarazo, solo pan y té”, explica Gulbadan, la abuela de las gemelas. “Por eso las bebés están en este estado”.
Unas horas después de que saliéramos del hospital ese día, la bebé más grande falleció antes incluso de que pudieran ponerle nombre.
“Los médicos intentaron ayudarla, pero murió”, dice su desconsolada abuela al día siguiente.
“Envolví su cuerpecito y la llevé a casa. Cuando su madre se enteró, se desmayó”.
Gulbadan señala a la bebé sobreviviente y añade: “Espero que al menos ella sobreviva”.
Fuente de la imagen,Imogen Anderson/BBC
Pie de foto,Las gemelas nacieron prematuramente y tenían dificultades para respirar.
La enfermera Fatima Husseini indica que hay días en que mueren hasta tres bebés.
“Al principio, me resultaba muy duro ver morir a los niños. Pero ahora casi se ha convertido en algo normal para nosotros”, comenta.
El doctor Muhammad Mosa Oldat, director de la unidad neonatal, señala que la tasa de mortalidad llega hasta el 10%, lo cual es “inaceptable”.
“Pero debido a la pobreza, la carga de pacientes aumenta cada día”, añade. “Y aquí tampoco contamos con los recursos para tratar a los bebés adecuadamente”.
En la unidad de cuidados intensivos pediátricos, Zameer, de 6 semanas, padece meningitis y neumonía. Ambas enfermedades son curables, pero los médicos necesitarían realizar una resonancia magnética y no disponen del equipo necesario.
Quizás lo más impactante que nos cuentan los médicos es que el hospital público no tiene medicamentos para la mayoría de los pacientes, y las familias tienen que comprarlos en farmacias externas.
“A veces, si sobran medicamentos del bebé de una familia acomodada, los usamos para los bebés cuyas familias no pueden costearlos”, dice Fátima.
La falta de dinero obliga a muchas familias a tomar decisiones difíciles.
La nieta sobreviviente de Gulbadan subió un poco de peso y su respiración se estabilizó. Pero unos días después, su familia la llevó a casa. Simplemente no podían permitirse mantenerla en el hospital.
El pequeño Zameer también fue llevado a casa por sus padres por la misma razón.
Sus pequeños cuerpos ahora tendrán que luchar por sobrevivir por sí solos.
Información adicional de Imogen Anderson, Mahfouz Zubaide y Sanjay Ganguly.
La vida para las mujeres no está garantizada en su totalidad en la República Dominicana. Defender que las mujeres tienen derecho a vivir y no ser maltratadas por parejas debe ser una “marca país” y una prioridad de Estado.
La vida para las mujeres no está garantizada en su totalidad en la República Dominicana. Defender que las mujeres tienen derecho a vivir y no ser maltratadas por parejas debe ser una “marca país” y una prioridad de Estado.
Los feminicidios tienen un gran impacto psicosocial y económico en la población infantil y adolescente desde: orfandad, exclusión social, revictimización en círculos de violencia, problemas de salud mental, incremento de la pobreza y situaciones de riesgo. Su estructura de protección y cuidado se desvanece, pasan a la incertidumbre y el dolor. Los rostros de la población infantil y adolescente huérfana de feminicidios se plasman en el estudio que realizamos para Fundación Vida Sin Violencia (2023)
La vivencia de la violencia de género en la vida y muerte de sus madres dejó marcas imborrables con efectos de revictimización desde: bullying, discriminación, exclusión y violencia en centros educativos, comunidades y familias acogedoras.
En varios casos esta población infantil y adolescente fue alertada por sus madres sobre la amenaza de muerte que les perseguía, acompañada con indicaciones de responsabilidades de cuidado y acogida a hermanas y hermanos..
La convivencia en hermandad es para la población infantil y adolescente más cercana al tejido afectivo interactivo familiar pre-feminicidio favorecedor del cuidado y crianza.
Las expresiones de preferencia de vivir “solos/solas” o entre “hermanos/hermanas” en los relatos se sustentan en varios casos en la necesidad de continuar conectados con el imaginario del modelo de maternidad y paternidad ejemplar, independientemente de la relación conyugal violenta y el crimen.
Las familias acogedoras estructuradas desde relaciones de hermandad escasamente cuentan con el reconocimiento tutelar de las instituciones del Estado. El apego a modelos clásicos de familia en los programas sociales afecta su respaldo ante la diversidad y complejidad de las estructuras familiares existentes en la realidad social con especial atención a los grupos más vulnerables.
La prevención de los feminicidios en el país debería ser una prioridad en todos los ámbitos público, privado, religioso, político y social. Todas las instituciones que promueven el derecho a la vida deben asumir el compromiso de promover a las mujeres como principales sujetos y evitar que sigan creciendo las familias plagadas de orfandad, duelo y mujeres muertas. . Todas las misas, servicios religiosos, catequesis y actividades sociales deben interpelar a los hombres hacia la ruptura con sus prácticas de violencia y muerte. Intervenir desde políticas públicas en disminuir la violencia de género supone crear estructuras y programas dirigidos a eliminar la desigualdad de género al interior de las familias favoreciendo un clima de reconocimiento de derechos en su interior, de relaciones de respeto y horizontales.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cámara de Comercio Empresarial de Santo Domingo Norte (CCESDN), presentó formalmente una propuesta de colaboración institucional a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, con el propósito de desarrollar una amplia campaña publicitaria de concienciación y prevención de la violencia contra la mujer en el municipio de Santo Domingo Norte.
La iniciativa, remitida mediante comunicación oficial por la entidad empresarial, forma parte de los esfuerzos de responsabilidad social impulsados por la Cámara para contribuir al fortalecimiento de los valores familiares, la convivencia pacífica y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres dominicanas.
La propuesta contempla la creación de una alianza estratégica entre el Ministerio de la Mujer y el sector empresarial organizado para promover mensajes educativos orientados a la prevención de la violencia de género.
Como parte de este compromiso, la Cámara de Comercio Empresarial de Santo Domingo Norte puso a disposición del Ministerio de la Mujer su plataforma de comunicación exterior, integrada por pantallas electrónicas y espacios publicitarios en vallas tradicionales ubicadas en puntos estratégicos de Santo Domingo Norte, los cuales serían utilizados durante un período de tres (3) meses para la difusión gratuita de mensajes de sensibilización, orientación y prevención dirigidos a la ciudadanía, sin costo alguno para el Ministerio.
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Empresarial de Santo Domingo Norte, Robinson Basden, destacó que la lucha contra la violencia hacia las mujeres requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad y afirmó que el empresariado tiene la responsabilidad de respaldar las iniciativas que promuevan una cultura de respeto, igualdad y sana convivencia.
“La prevención de la violencia contra la mujer no puede ser una tarea exclusiva de las instituciones públicas. Es un compromiso nacional que demanda la participación de las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones comunitarias y cada ciudadano.
Desde la Cámara queremos aportar nuestros recursos y capacidades para contribuir a una sociedad más consciente, justa y segura para todas las mujeres”, expresó Basden.
La entidad empresarial señaló que esta propuesta busca fortalecer la educación ciudadana mediante campañas de alto impacto visual que permitan llegar a miles de personas diariamente, promoviendo mensajes que fomenten el respeto mutuo, la resolución pacífica de conflictos y la denuncia oportuna de situaciones de violencia.
Asimismo, la CCESDN reiteró su disposición de coordinar una mesa de trabajo con las autoridades del Ministerio de la Mujer para definir los objetivos, alcance y mecanismos de ejecución de esta iniciativa, convencida de que la cooperación entre el Estado y el sector privado constituye una herramienta efectiva para generar cambios positivos en la sociedad.
La propuesta cuenta además con el respaldo de la directiva de la Cámara de Comercio
Empresarial de Santo Domingo Norte, integrada por Luis R. Valdez, vicepresidente; Tomás Ozuna, secretario general; Teanny A. Mejía, secretaria de la Mujer y Equidad de Género; David Gerónimo, secretario de la Juventud; Luis Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento; y Vicente Lugo, secretario de Finanzas y Presupuesto, quienes reafirmaron su compromiso de apoyar acciones y programas orientados a la prevención de la violencia contra la mujer, la promoción de la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de una cultura de respeto y convivencia pacífica en la República Dominicana.
Con esta propuesta, la Cámara de Comercio Empresarial de Santo Domingo Norte reafirma su compromiso con el desarrollo social sostenible, la defensa de la dignidad humana y la construcción de comunidades más seguras e inclusivas para las presentes y futuras generaciones.
