De una niñez con maltrato a una adultez con violencia

Por Soraya Lara Caba

La violencia generará un cerebro violento a la siguiente generación. Dr. Eduardo Calixto 

El hombre con comportamientos violentos no se hace de la noche a la mañana. Detrás hay un niño que fue maltratado, humillado, que ha sufrido abuso sexual o por negligencia (escasez, privación, frustración social) y que ha sido receptor de la violencia.

Los cerebros de los niños y adolescentes están en proceso de madurez, por lo que sus neuronas y estructuras cerebrales son sensibles al ambiente en el que se desarrollan, así que pueden ser modificadas si se encuentran en un ambiente hostil, violento o con miedo. La violencia se aprende en el hogar; igualmente, los sesgos en ese ámbito se retroalimentan socialmente.

Para explicar la violencia humana hay que partir de tres bases: biológica, psicológica y social. Para comprender qué condicionó a un niño o adolescente a ser violento en la adultez, tenemos que explorar cómo fue su infancia, las relaciones parentales, el estilo de parentalidad, si estuvo expuesto a la violencia (ejercida generalmente por el padre contra la madre) y si fue repetitiva. Si fue violentado, abusado sexualmente o por negligencia, el impacto en las conexiones neuronales fue inadecuado. Si, además, vive en una cultura y en un entorno que normaliza y justifica la violencia, el impacto será mayor porque no cuenta con un contexto de apoyo, seguro y protector.

El doctor Eduardo Calixto plantea que en los menores de edad entre los 7 y 14 años el cerebro aprende conductas que repetirá con mayor frecuencia a lo largo de la vida. Nos dice que “hay un determinismo psicológico y social sobre el sustrato biológico”, es decir, que el cerebro cambia según se establezcan las conexiones neuronales de acuerdo con las experiencias. Si un niño es testigo de la violencia o la recibe repetidamente, cuando sea adulto será violento.

La violencia en la infancia, que es el periodo fértil de conectividad neuronal, la afecta y cambia la conexión entre la amígdala cerebral, el giro del cíngulo y el hipocampo. Otras áreas cerebrales se verán afectadas: la corteza prefrontal disminuye su conectividad y también tendrá reducido el sustrato neuronal.

Los estudios con resonancia magnética han podido detectar cuándo una persona pierde el control de la corteza prefrontal y el de sus compulsiones. El área más inteligente no le funciona bien, pero sus capacidades intelectuales no están afectadas; tienen la capacidad para planear y consumar sus actos violentos o feminicidas. Ahora bien, hay hombres agresivos que no tienen alteraciones en la corteza prefrontal. Tampoco hay que generalizar en el sentido de que todos los que presentan estas características terminan cometiendo un feminicidio (Echeburúa).

¿Qué sucede? Cambian la conexión entre el hipocampo (memoria, aprendizaje), el giro del cíngulo (interpreta, procesamiento de emociones intensas) y la amígdala cerebral (centro del procesamiento emocional) que detecta las amenazas o agresiones. En la etapa adulta no identificará la violencia, justificará sus agresiones, perderá la sensibilidad de asumir las consecuencias negativas de sus actos y, por ende, normalizará la violencia y se adaptará a ella. De adultos no mostrarán empatía y reaccionarán con enfado ante el malestar de los otros. Las neuronas de los niños y los jóvenes son más vulnerables en los ambientes adversos. Los niños víctimas se convierten en victimarios (Calixto, Barudy, Echeburúa, Dutton y Golant).

Los actos violentos de los padres, los abusos físicos y emocionales, la negligencia y el maltrato cambian las conexiones entre la amígdala cerebral, el giro del cíngulo y el hipocampo.

En un contexto adverso, donde se es víctima de violencia, la corteza prefrontal disminuye su conectividad y se reduce el sustrato neuronal, así que, además de ser violento, el individuo no se sentirá feliz ni tampoco integrado a la sociedad. Sus funciones ejecutivas —toma de decisiones, control de los impulsos, regulación emocional y el respeto a los límites sociales y personales de los demás— se ven alteradas.

Los eventos violentos que experimentan los menores de edad impactan negativamente, cambian su futuro e inducen modificaciones en la anatomía del cerebro y el estado neuroquímico.

Es prudente destacar que para que un agresor o un feminicida inicie un tratamiento debe comprender su responsabilidad, reconocer sus actos y que su conducta es consecuencia de sus decisiones. Esto ayudará a una modificación con la reestructuración de las conexiones de la corteza prefrontal y si, además, asiste a la terapia cognitiva conductual y se entrena en la meditación, podría modificar las conexiones neurológicas, un proceso que podría tardar meses o años.

La tesis doctoral presentada por Natalia Bueso Izquierdo, titulada “La mente del hombre maltratador: una perspectiva neurocientífica” (2017), analizó el funcionamiento neuropsicológico y cerebral de hombres maltratadores comparados con otros hombres condenados por delitos diferentes. Sus hallazgos revelaron que los hombres maltratadores presentaron un perfil diferente en el funcionamiento cerebral al ver contenidos de violencia de género. Respecto al procesamiento emocional a nivel estructural, los maltratadores tuvieron menos grosor cortical (orbitofrontal), en la línea media (cíngulo anterior y posterior) y áreas límbicas (ínsula, parahipocampal), y una menor activación en la corteza prefrontal superior ante imágenes de violencia de género que los condenados por otros delitos. Los autores plantean que las diferencias encontradas a nivel estructural y funcional no se deben a lesiones provocadas por daño cerebral ni a la existencia de regiones anormales en el cerebro.

En la República Dominicana, el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat), la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Manantial de Vida realizaron en 2026 la investigación titulada “Marcadores neurológicos y neuropsicológicos de feminicidas: una investigación con resonancia magnética”, en la que compararon tres grupos de hombres: condenados por feminicidio, remitidos al Centro Conductual para Hombres por violencia contra sus parejas y un grupo control sin historial de violencia. El objetivo fue analizar las diferencias en la estructura cerebral, la respuesta a estímulos emocionales y el funcionamiento cognitivo y conductual. Dentro de los hallazgos relevantes encontraron que “el grupo de feminicidas mostró menor densidad de materia gris en regiones cerebrales vinculadas al control del comportamiento y la regulación emocional, así como alteraciones en la conectividad de la amígdala, estructura clave en el procesamiento del miedo y las emociones” (Cedimat, 2026). Además, presentan escaso control de los impulsos y dificultades para regular las emociones cuando se encuentran en situaciones con intensidad emocional, así como patrones de pensamientos rígidos. También se encontró tendencia a la autocrítica e inseguridad. Un factor a tomar en cuenta en el estudio es que quienes habían cometido feminicidios tenían una relación con sus padres ausentes o una distancia significativa con ellos. Además, habían cursado escolaridad baja.

Los estudios presentados tienen en común la figura del padre y los distintos tipos de abuso en la infancia. En el caso de la República Dominicana podría inferirse que, en un país en el que el 64 % de los niños, niñas y adolescentes son víctimas de malos tratos en sus hogares, no podremos hablar de prevención eficaz si no se modifica el modelo de crianza punitivo, realidad que se complejiza si, además, son testigos directos o víctimas de la violencia que ejerce el padre contra la madre.

Desde esta edad temprana se normaliza y justifica la violencia.

Muere un niño en ataques israelíes a la Franja de Gaza

Por Lina Altawell
Gaza- Un niño palestino murió y dos personas resultaron heridas este jueves en un ataque israelí con dron contra una concentración de civiles en el norte de la Franja de Gaza.

La fuente indicó que el cuerpo de Joud Dweik, de 13 años, y dos personas heridas llegaron al Hospital Al-Shifa después de que un dron israelí lanzara una bomba contra una concentración de civiles en la zona de Beit Lahia.

Este ataque es el más reciente de una serie de violaciones diarias por parte de Israel al acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza el 10 de octubre de 2025.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 881 personas han muerto y otras 2.621 han resultado heridas en ataques israelíes desde el alto el fuego.

El acuerdo tenía como objetivo poner fin a la guerra de dos años de Israel, que ha causado la muerte de más de 72.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, ha dejado más de 172.000 heridos desde octubre de 2023 y ha provocado una destrucción masiva que ha afectado al 90% de la infraestructura civil.

*Traducido por Daniel Gallego.

Latinoamérica fortalece la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad desde Montevideo

Montevideo, 21 de mayo de 2026 – En una región marcada por desafíos como la violencia armada, la inseguridad, la movilidad humana y los impactos del cambio climático, representantes de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales se reunieron esta semana en Montevideo para fortalecer una agenda que pone a las mujeres en el centro de las soluciones de paz y seguridad.

Durante tres días, la Academia de Planes de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), organizada por ONU Mujeres y Our Secure Future, reunió a delegaciones de Colombia, Chile, México y Uruguay en el Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y avanzar en políticas públicas que promuevan una paz más inclusiva, sostenible y efectiva.

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“Cuando los procesos son articulados entre el Estado y las organizaciones sociales, los resultados son mucho más sostenibles”, afirmó Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay. “Ojalá se puedan ir mejor de lo que llegan y además con una hoja de ruta.”

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“Las mujeres tienen que ser parte activa de esta agenda, no solo espectadoras, víctimas u observadoras”, señaló la Embajadora Noelia Martínez, Directora General Adjunta para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, y alertó que “si nuestra región es una zona de paz, eso no quiere decir que esté libre de conflictos o de violencia.”

La agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, impulsada por Naciones Unidas desde el año 2000, reconoce que los conflictos, la violencia y las crisis afectan de manera diferenciada y desproporcionada a mujeres y niñas, y que su participación es clave para prevenir conflictos, construir paz y fortalecer la seguridad de las comunidades. Los Planes de Acción Nacional (NAP, por sus siglas en inglés) son la principal herramienta con la que cuentan los Estados para traducir estos compromisos en medidas concretas, promoviendo la coordinación interinstitucional y generando espacios de participación para sociedad civil, academia y organismos internacionales.

“A medida que los gobiernos se centran cada vez más en la implementación de los compromisos en materia de Mujeres, Paz y Seguridad, la Academia del Plan de Acción Nacional con Our Secure Future se ha convertido en un espacio único y práctico para el aprendizaje entre pares y el apoyo técnico. Colaboramos con los responsables de la toma de decisiones de alto nivel para fortalecer la coordinación interna y desarrollar Planes de Acción Nacionales sobre Mujeres, Paz y Seguridad más eficaces. Nuestro enfoque se destaca porque involucramos a la sociedad civil y a los socios regionales, junto con sus contrapartes gubernamentales, para fomentar el intercambio regional y las mejores prácticas”, destacó Sahana Dharmapuri, vicepresidenta de Our Secure Future.

El encuentro fue inaugurado por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, ONU Mujeres y la Embajada del Reino Unido en Uruguay, quienes destacaron la necesidad de fortalecer respuestas regionales coordinadas frente a los desafíos actuales de seguridad y paz.

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“El Reino Unido mantiene un firme compromiso con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y, desde la Embajada Británica, hemos trabajado estrechamente con Uruguay desde la elaboración de su Primer Plan de Acción Nacional. Nos complace especialmente poder apoyar la realización de la NAP Academy, que impulsa el trabajo interinstitucional con países de la región”, expresó Mal Green, Embajador del Reino Unido en Uruguay.

A lo largo de esta NAP Academy, las delegaciones compartieron experiencias sobre cómo avanzar en políticas que favorecen la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, permiten prevenir violencias y mejoran la coordinación institucional frente a desafíos de seguridad cada vez más complejos.

Las sesiones también abordaron temas emergentes para la región, incluyendo el impacto del cambio climático y la movilidad humana en la seguridad de las mujeres, así como la relación entre violencia armada y desigualdad de género. Uno de los espacios temáticos, facilitado por UNLIREC, exploró cómo integrar enfoques de control de armas en las políticas de Mujeres, Paz y Seguridad para prevenir violencias y fortalecer la seguridad comunitaria.

Además de los intercambios técnicos, las y los participantes trabajaron en ejercicios prácticos para construir hojas de ruta adaptadas a sus contextos nacionales, identificando acciones prioritarias, mecanismos de coordinación y oportunidades de cooperación regional.

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La Academia promovió el diálogo entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y socios internacionales, reafirmando que las políticas de paz y seguridad son más efectivas cuando incorporan las experiencias, necesidades y liderazgo de las mujeres.

Esta edición en Uruguay es la tercera edición de la Academia en la región, con experiencias previas en el Caribe y Panamá. En el Caribe, la iniciativa contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de representantes de Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago y Jamaica, así como de CARICOM, promoviendo espacios de diálogo en la temática en varios de estos países y abriendo la posibilidad de avanzar hacia una visión regional desde una perspectiva de salud pública, del que resultó el primer NAP de MPS de Trinidad y Tobago.

Por su parte, el encuentro regional en Panamá acompañó y fortaleció los procesos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá hacia la elaboración de sus primeros Planes Nacionales de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que derivó en el lanzamiento del primer NAP de Bolivia. Estas experiencias han demostrado cómo el intercambio entre países y la cooperación técnica pueden acelerar avances concretos en la implementación de esta agenda en América Latina y el Caribe.

Organizaciones exigen al Estado declarar emergencia nacional por feminicidios

El asesinato de Esmeralda Moronta a pocos metros de la fiscalía donde acababa de denunciar a su agresor se convirtió en el símbolo más brutal de lo que el movimiento feminista dominicano lleva años advirtiendo: el sistema no protege, recibe. Ocho días después de ese crimen, más de 80 organizaciones, activistas, académicas y ciudadanas de distintos sectores firmaron una carta abierta que exige al Estado dominicano asumir la crisis de feminicidios como una emergencia nacional, con presupuesto, metas y rendición de cuentas.

Un sistema que falla antes del disparo

La carta, titulada “¡Ni una menos! La vida de las mujeres exige Estado, justicia y educación para la igualdad”, fue presentada este 21 de mayo por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres. Su punto de partida no es una estadística abstracta: es un patrón.

Esmeralda Moronta de los Santos, repostera de 36 años, había denunciado que su expareja la rastreaba con GPS. Salió sola de la Unidad de Atención a la Violencia de Género. La esperaba afuera. La mató en la calle Puerto Rico, en Alma Rosa I. Esmeralda: una madre, una emprendedora, una mujer que hizo todo lo que el sistema le pidió que hiciera.

Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, fue asesinada por su pareja, sargento de la Policía Nacional, cuando tenía las maletas hechas para irse. Nikaury Alicia Heredia Taveras llevaba más de un año denunciando a su expareja, también agente policial; recibió un disparo el 21 de marzo y murió cincuenta días después. Diana Elena Evangelista tenía 18 años. Indhira Carolina Beltré fue asesinada dentro de su propia casa.

“El feminicidio no nace de la nada. Es la última expresión de una cadena de abusos que muchas veces comenzó mucho antes”, señala el documento. “Cuando una mujer es asesinada, casi nunca estamos ante un hecho inesperado. Estamos ante el desenlace extremo de una violencia que fue anunciándose.”

Tres conteos, una misma tragedia

La magnitud del problema se mide, según quién mire: 22 feminicidios según la Procuraduría General de la República27 según el Ministerio de la Mujer32 según el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial. Tres instituciones, tres cifras distintas para el mismo período. Esa fragmentación estadística es, en sí misma, parte del diagnóstico.

El Ministerio Público reportó más de 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales solo en el primer trimestre. De los 22 feminicidios registrados en ese período, apenas tres víctimas habían denunciado previamente. El dato no habla de mujeres que no denuncian: habla de mujeres que saben que denunciar no las protege.

Los feminicidios crecieron un 36,4% en lo que va de 2026, según datos citados por la propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien reconoció públicamente que el sistema institucional presenta fallas en la prevención.

Lo que exigen: ocho medidas concretas

Las organizaciones firmantes no presentan solo un diagnóstico. Plantean un pliego de exigencias dirigido a cada poder del Estado:

Al Poder Ejecutivo

Declaratoria de Emergencia Nacional por Feminicidios y Violencia de Género, con un plan integral que incluya presupuesto suficiente, metas públicas y coordinación interinstitucional obligatoria.

Al Congreso Nacional

Aprobación inmediata de la Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que lleva años estancada en comisiones. Según reportes recientes, los 13 proyectos legislativos presentados en octubre de 2025 bajo la campaña “Déjala Ir” ya vencieron sus plazos reglamentarios sin ser aprobados. “Cada sesión que pasa sin aprobarla es una decisión política, no una omisión”, advierte la carta.

A la Policía Nacional y la Procuraduría

  • Auditoría independiente, con participación del movimiento feminista, familias de víctimas y observatorios sociales— del funcionamiento de ambas instituciones en su respuesta a la violencia de género.
  • Mecanismos efectivos de localización, persecución y procesamiento de agresores. “Las mujeres no son las que tienen que esconderse”.
  • Desarme y separación del servicio activo de todo agente policial o militar con denuncias documentadas de violencia de género.

Al Ministerio de Educación

Integración de la educación para la igualdad en el currículo escolar desde primaria, en la formación docente y en los materiales educativos.

Al Ministerio de la Mujer y los ayuntamientos

Presupuesto adecuado y sostenido para casas de acogida en todo el territorio, programas de autonomía económica para mujeres en situación de violencia, y activación real de las Oficinas Municipales de Género.

Reparación para la niñez huérfana

Reparación integral del Estado para hijas e hijos que quedan en la orfandad a causa de feminicidios.

“El agresor sigue libre, con su vida intacta”

Uno de los argumentos más contundentes de la carta apunta a una contradicción estructural: el sistema le exige a la mujer en peligro que sea ella quien se esconda, que abandone su trabajo, su barrio, la escuela de sus hijos, su red de apoyo. Mientras tanto, el agresor permanece libre.

“El mismo sistema que es incapaz de localizar a un hombre acusado durante cuatro años, que no logra dar con su dirección, que no encuentra dónde usa su cédula, dónde mueve su tarjeta de crédito, dónde trabaja, es el que le exige a una mujer en peligro que sea ella la que se esconda”, señala el documento.

La carta también interpela a la sociedad: a los entornos que callan, a los liderazgos religiosos que predican aguantar, a los amigos del agresor que celebran sus celos como amor, a quienes en redes sociales explican que la víctima “se lo buscó”.

Las mujeres no mueren solo a manos del que jala el gatillo. Mueren también en el silencio de todo un entorno que sostuvo al agresor durante años.”

Cómo sumarse

La Coalición habilitó la plataforma feminicidios.do para que cualquier persona u organización pueda adherirse públicamente a la carta. La recolección de firmas continúa abierta con el objetivo de ampliar la presión ciudadana sobre las autoridades.

“Cada firma es una forma de decir que la violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como una tragedia inevitable”, expresó la Coalición. “Es una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad.”

Por Esmeralda. Por Yessika. Por Nikaury. Por Diana. Por Indhira. Por todas. ¡Ni una menos!

Los niños no nacen con la violencia escrita en la piel

Por Lilliam Fondeur

La violencia no comienza con la primera galleta. Empieza mucho antes: en las emociones que se reprimen, en las desigualdades que se enseñan sin nombrarlas y en las formas en que aprendemos a relacionarnos.

La hemorragia de feminicidios en el mes de las madres nos obliga a preguntarnos dónde gestamos la violencia. Seguimos discutiendo el problema cuando ya hay una mujer asesinada, un suicidio o una familia destruida. Llegamos tarde.

La OMS ha señalado que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo emocional y para aprender empatía y resolución de conflictos (OMS, 2023). Por eso, el preescolar es uno de los pocos lugares donde una sociedad todavía puede intervenir antes de que la violencia se convierta en conducta.

Ningún niño nace con la violencia escrita en la piel. Ese comportamiento se construye socialmente.

Muchos niños crecen aprendiendo que ser hombre significa imponerse. Se ridiculiza el llanto masculino, se premia la agresividad y se enseña que ceder equivale a debilidad. Poco a poco, algunos aprenden a esconder el miedo, la tristeza y la ternura hasta convertir el dolor en silencio.

La Unesco ha señalado que la educación socioemocional en el preescolar fortalece relaciones saludables y ayuda a prevenir violencia y estereotipos dañinos dentro y fuera de las escuelas (Unesco, 2023).

Reconocer emociones, respetar límites, resolver conflictos sin agresión y desarrollar empatía no son aspectos secundarios de la educación. Son herramientas fundamentales para prevenir violencia y proteger la salud emocional de nuestros niños.

Educar en igualdad no significa borrar las particularidades entre las personas. Significa enseñar que ninguna condición justifica violencia, humillación o subordinación.

También significa enseñar algo que muchos hombres nunca aprendieron: perder forma parte de la vida. Perder una discusión, una relación o aceptar un límite sin sentir que la dignidad desaparece con ello.

Muchas violencias nacen precisamente de esa incapacidad emocional para tolerar frustración, rechazo o límites. Por eso, educar sin violencia implica cuestionar prácticas cotidianas que siguen formando relaciones desiguales desde la primera infancia: premiar conductas temerarias como prueba de hombría, asociar liderazgo exclusivamente con varones.

En medio de una sociedad violenta, la escuela puede ser uno de los pocos lugares donde todavía se aprende a convivir sin miedo. La violencia no se detiene en la cárcel. Se previene en las aulas, especialmente en las del preescolar.

CTO destina fondo de becas para empoderar a las mujeres caribeñas en el sector turístico

La Organización de Turismo del Caribe (CTO) ha anunciado el lanzamiento oficial de un nuevo fondo de becas destinado a impulsar el desarrollo profesional y el liderazgo de las mujeres caribeñas dentro de la industria de los viajes.

La presentación formal de esta iniciativa se llevará a cabo el próximo 1 de junio en Manhattan, en el marco de la gala anual Caribbean Women in Tourism Leadership Dinner & Awards.

Bajo el lema “De ella para ella: De las líderes actuales a las estrellas turísticas del mañana”, el programa ofrecerá apoyo financiero anual a estudiantes destacadas de la región que cursen carreras vinculadas a la hospitalidad y la gestión de destinos.

Todos los fondos recaudados durante la ceremonia de gala serán administrados de forma directa por la Fundación CTO para sostener el crecimiento a largo plazo de este beneficio educativo.

Reconocimiento al liderazgo y equidad de género

El evento de lanzamiento, que tendrá como sede el hotel InterContinental New York Times Square durante las actividades de la Semana del Caribe en Nueva York, servirá asimismo para homenajear a las figuras femeninas más influyentes del sector.

La agenda contempla la entrega de los Premios al Servicio Distinguido de la Secretaría General y la inauguración de un nuevo Salón de la Fama que reconocerá la trayectoria de ministras y directoras de turismo de todo el archipiélago.

Dona Regis-Prosper, secretaria general de la CTO y primera mujer en ocupar dicho cargo ejecutivo, señaló que fomentar la equidad de género y la capacitación técnica es tanto una prioridad institucional como un compromiso personal para asegurar el relevo generacional en la industria más vital de la economía caribeña.

Por su parte, la presidenta de la Fundación CTO, Jacqueline Johnson, subrayó que el proyecto captura con precisión el espíritu de mentoría indispensable para la resiliencia del mercado de ocio regional.

El costo de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica

La SEGIB, la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), la UNFPA y el CAF presentaron hoy el informe «Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica«, la primera sistematización regional de metodologías de costeo de la violencia contra las mujeres en el espacio iberoamericano.

El estudio, financiado por AECID, analiza 17 estudios(*) producidos entre 2004 y 2025 en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. A partir de esos datos, muestra que la violencia contra las mujeres no solo constituye una grave vulneración de derechos humanos, sino también un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social. En algunos de esos países la violencia contra las mujeres puede alcanzar hasta el 5% del PIB según los estudios de Paraguay y Ecuador.

«Medir es visibilizar y dotarnos de herramientas para impulsar políticas públicas eficaces. Invertir en igualdad no solo es una cuestión de justicia social, sino una apuesta estratégica que genera beneficios sociales y también económicos”, señaló la Presidenta de la IIPEVCM, Carmen Martínez, durante la presentación del informe. Para Lorena Larios, Secretaria de Cooperación de la Segib, presente en el acto, apuntó que: “Con datos consolidados, como los que presentamos en este estudio, podemos decirles a los Gobiernos que invertir en prevención es hacerlo en bienestar y en derechos humanos”.

La autora del informe, Celina Santellán, economista y experta en Genero, reiteró la importancia de ampliar la mirada al medir y buscar soluciones para combatir la violencia de género de una forma integral. En ese sentido, Telma Ortiz, Asesora senior en la gerencia de movilización de recursos y alianzas globales de CAF, subrayo la importancia que supone para un banco de desarrollo abordar trabajos como el presentado porque así se permite abordar la violencia desde una perspectiva global, entendiendo también su impacto en el desarrollo y en las sociedades.

El iceberg de la violencia: lo que los datos no muestran

El mayor desafío metodológico que identifica el documento es la magnitud del subregistro. En México, por ejemplo, solo el 13,6% de los casos llega a denuncia formal (CONAVIM, 2016). En Ecuador, las denuncias representan apenas el 5% de los casos reales (Vara Horna, 2020). Esto significa que todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y que el costo económico real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas.

El documento también advierte sobre las brechas persistentes en materia de información interseccional.  La mayoría de los estudios no logra desagregar suficientemente los impactos según edad, discapacidad, condición migratoria, pertenencia étnico-racial o situación socioeconómica, lo que limita la capacidad de diseñar respuestas públicas más focalizadas y equitativas.

Mujeres y hogares: 44% – 50% del coste total

Según los informes de Paraguay y Ecuador, las mujeres y sus hogares son el actor que mayor carga asume de ese coste de la violencia: entre el 44% y el 50% recae sobre ellas. Ese porcentaje se materializa en gastos de salud y justicia, pérdida de ingresos personales, descapitalización de microempresas y, de forma menos visible pero igualmente documentada, en la pérdida de días de clase de hijas e hijos.

Empresas: segundo actor en absorción de costos

El informe señala que las pérdidas de productividad no provienen principalmente de las ausencias laborales, sino del menor rendimiento de las trabajadoras que acuden a su puesto mientras enfrentan situaciones de violencia. Este factor, el presentismo, puede representar hasta el 73% del costo laboral total para las empresas.

A ello se suman los costos de rotación de personal y el tiempo que otras personas del entorno laboral destinan a asistir a colegas en situación de violencia, una variable que ningún estudio ha cuantificado de forma sistemática hasta la fecha. La estimación empresarial es, por tanto, menor a la realidad.

Estado: 11% – 13% del costo total, casi íntegramente reactivo

El Estado solo asume entre el 11% y el 13% del coste total que supone la violencia contra las mujeres y destina ese gasto casi íntegramente a la respuesta reactiva. Según el estudio, pese a tener mayor capacidad para actuar en prevención, asume la menor proporción del coste en los países con datos disponibles. Su gasto se concentra en servicios de salud, justicia y seguridad para atender la violencia una vez ocurrida. Los documentos analizados son contundentes: la prevención costaría menos. El documento también señala que invertir en prevención no sólo protege derechos y salva vidas, sino que también reduce costos futuros para los sistemas públicos y las economías nacionales.

Recomendaciones

La publicación concluye con una serie de recomendaciones orientadas a gobiernos, organismos internacionales y equipos técnicos para mejorar la calidad, comparabilidad y utilidad política de los estudios de costeo en la región. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos, incorporar el impacto del trabajo de cuidados no remunerado, mejorar la interoperabilidad de los registros administrativos y vincular de forma más directa las estimaciones económicas con la planificación presupuestaria y las políticas de prevención.

Datos clave del informe

  • Hasta el 5% del PIB: puede costar la violencia contra las mujeres en algunos países de América Latina (Vara Horna, 2013)
  • 44–50%: del costo total lo absorben las mujeres y sus hogares (estudios de Paraguay y Ecuador)
  • Hasta el 73%: del costo laboral para empresas puede provenir del presentismo, no del ausentismo
  • Solo el 13,6%: de los casos llega a denuncia formal en México (CONAVIM, 2016)
  • Solo el 5%: de los casos se traduce en denuncia en Ecuador (Vara Horna, 2020)
  • 17 estudios: analizados en 10 países iberoamericanos entre 2004 y 2025

Encapuchados ultiman a tiros una mujer en Santiago

SANTIAGO.– Una mujer perdió la vida la madrugada de este martes tras resultar herida de múltiples impactos de bala durante un ataque armado ocurrido en el sector Los Solares, en Pastor Bella Vista, en Santiago de los Caballeros.

La víctima fue identificada como Margarita Díaz García, de 26 años, conocida como “La China”.

Ataque a tiros

Según el informe de la Policía Nacional, la joven fue atacada a tiros por tres hombres que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares, Margarita caminaba junto a su esposo por la calle Los Solares, rumbo a su residencia, cuando fue interceptada por varios hombres encapuchados y armados, quienes aún no han sido identificados.

Consternación en la zona

La muerte de la joven ha causado consternación entre familiares y residentes de la zona, debido a que dejó tres hijos en la orfandad.

Organismos sociales solicitan intervención en la vivienda ante el avance de la pobreza infantil en Canarias

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Representantes de Save the Children y de los colegios de Trabajo Social han reclamado este martes en el Parlamento de Canarias reformas urgentes en el sistema de protección social y han incidido en particular en el problema del acceso a la vivienda, uno factor que está abocando a una exclusión estructural y a la cronificación de la pobreza infantil.

Catalina Perazzo, de Save the Children en España, y las trabajadoras sociales Dolores Fabelo, Maitane Cabrera y Naomí Armas, de los colegios oficiales de Canarias, han comparecido ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias para trasladar sus propuestas y han coincidido en que la carestía de la vivienda es un factor principal de empobrecimiento.

Perazzo ha detallado que el 40 % de la población infantil de Canarias está en riesgo de pobreza y ha pedido un enfoque integral para que las familias con hijos se sitúen en el centro del debate político y presupuestario, ya que el crecimiento económico y el empleo no han logrado revertir la exclusión.

Según la representante de Save the Children, entre que tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza y que el alquiler en Canarias ha subido un casi el doble que la media estatal en los últimos diez años, hay una situación «asfixiante» para los hogares con niños, que padecen un sistema de protección a la infancia infrafinanciado y mal diseñado.

Catalina Perazzo ha subrayado que las transferencias económicas directas son una de las formas más eficientes de sacar a las personas de la pobreza, pero España solo destina el 1,4 % del PIB a prestaciones familiares y de infancia, frente al 2,3 % de media en la Unión Europea.

También hay un problema de diseño de esas ayudas, porque las se canalizan principalmente por la vía fiscal, de manera que los hogares con hijos en situación de pobreza suelen quedar fuera porque no tributan.

Las medidas propuestas por Save the Children incluyen una reforma de la Renta Canaria de Ciudadanía para que sea un complemento real al Ingreso Mínimo Vital, un complemento específico para hogares con menores a cargo, ayudas reforzadas para familias monomarentales y un complemento de vivienda en zonas tensionadas.

Para Perazzo, es imprescindible una ventanilla única administrativa para evitar que las familias tengan que peregrinar entre administraciones para acceder a la Renta Canaria, el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas municipales.

También ha abogado por un refuerzo de los servicios sociales municipales y una ayuda universal por crianza para evitar que las familias entren en pobreza.

La universalización de la educación infantil, becas para todas las familias bajo el umbral de pobreza que se cobren al inicio del curso y ampliar la cobertura del comedor escolar son otras de sus propuestas.

En vivienda, la representante de Save the Children ha pedido que se aplique la ley estatal de manera que se declaren zonas tensionadas y que haya una protección específica para familias con hijos.

En políticas públicas, Catalina Perazzo ha defendido como imprescindible la cogobernanza entre Estado, Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos, así como la interoperabilidad de datos entre las administraciones, además de la evaluación de las políticas públicas.

En cuanto a la infancia migrante y jóvenes extutelados, ha reclamado el acceso al padrón de todos y acelerar su regularización administrativa, ya que muchos jóvenes salen del sistema sin permiso de residencia ni acceso a recursos y quedan expuestos al sinhogarismo y la exclusión social.

Naomí Armas, en representación de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias, ha alertado de que la pobreza infantil «deja huellas que acompañan durante toda la vida» y ha alertado contra «la normalización de la desigualdad» que se produce cuando «los datos dejan de escandalizarnos».

«Diariamente vemos madres, padres, niños, niñas y adolescentes haciendo enormes esfuerzos para superar las dificultades de acceso a la vivienda, empleos inestables, barreras educativas, problemas de salud mental, listas de espera interminables y prestaciones que no llegan cuando se necesitan», ha denunciado.

La trabajadora social ha explicado que en Canarias hay familias con menores viviendo pendientes de un desahucio, sobreviviendo en habitaciones realquiladas o cambiando continuamente de alojamiento porque no pueden acceder a una vivienda digna, una realidad cotidiana para los servicios sociales municipales y los centros educativos.

Maitane Cabrera, del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, ha denunciado que el sistema de protección se centra «en la reacción».

Los servicios sociales están desbordados, falta de personal y sobra burocracia, todo lo cual limita la prevención y la intervención comunitaria, ha dicho.

Ha incidido en que los servicios sociales municipales atienden cada vez más situaciones vinculadas a desahucios, hacinamiento, exclusión residencial y familias con menores sin alternativa habitacional estable.

«Lo que estamos viendo ahora es inaudito», se reciben llamadas de profesores, pediatras y trabajadoras sociales de sanidad, pero no existen alternativas habitacionales para las situaciones de desamparo de las familias, ha denunciado.

Los colegios oficiales de Trabajo Social de Canarias han planteado a la comisión parlamentaria el refuerzo urgente de los medios de los servicios sociales municipales, que están sobrepasados, e impulsar una política pública de vivienda valiente, porque «la pobreza infantil no se resolverá mientras existan familias atrapadas entre alquileres e infraviviendas».

También proponen una financiación estable para los programas de infancia, situar la prevención y el trabajo comunitario como eje central del sistema y coordinar las políticas públicas de educación, vivienda, sanidad y servicios sociales.

«Canarias necesita una respuesta más coordinada, preventiva, comunitaria y valiente», ha afirmado Maitane Cabrera. EFE

Autoridades reconocen fallas ante aumento de feminicidios en República Dominicana

Por Jessica Soriano

Santo Domingo. – El incremento de los feminicidios continúa generando alarma en República Dominicana y ha llevado tanto al Gobierno como al Congreso Nacional a reconocer que las acciones implementadas hasta el momento no han logrado frenar la violencia contra las mujeres.

En lo que va de mayo, al menos siete feminicidios han sido reportados en el país, situación que mantiene la preocupación entre las autoridades y distintos sectores sociales.

Alarma por feminicidios

La vicepresidenta Raquel Peña admitió debilidades en la respuesta institucional frente a los casos de violencia de género y aseguró que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de los protocolos de prevención y atención a las víctimas.

Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió las sanciones contempladas en el nuevo Código Penal, que establece penas de hasta 40 años de prisión para los feminicidas.

No obstante, el legislador reconoció que el aumento de los casos evidencia que el problema también tiene raíces culturales y educativas, por lo que consideró necesario reforzar las campañas de orientación y prevención.

Respuestas oficiales

En medio del debate, en el Senado fueron presentadas dos iniciativas dirigidas a fortalecer la protección de las mujeres víctimas de violencia.

Una de las propuestas corresponde al senador Cristóbal Castillo, quien impulsa el programa “Alerta Mujer”, mientras que otra iniciativa, presentada por el senador Pedro Catrain, plantea destinar parte de los bienes decomisados al financiamiento de programas de apoyo a víctimas de violencia de género.

Las autoridades coinciden en que enfrentar el aumento de los feminicidios requerirá mayores esfuerzos institucionales, políticas preventivas y campañas permanentes de educación y concienciación social.

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