Hay causas que no admiten matices ni cálculos políticos. La desnutrición crónica infantil es una de ellas. No es solo una cifra ni un indicador técnico: es el rostro de un niño que no alcanzará su pleno desarrollo, el reflejo de una madre sin acceso a controles adecuados y la evidencia de un Estado que llegó tarde —o no llegó.

Cuando asumí la Presidencia del Ecuador, el país enfrentaba una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil en la región. Cerca del 23,6% de los niños menores de dos años padecían esta condición. Durante años, ese dato permaneció inmutable, como si fuera inevitable. Pero no lo es. Nunca lo fue.

Decidimos tratar este desafío como lo que realmente es: una prioridad nacional y una deuda moral. No como un programa más, sino como una política estructural que involucrara a todo el Estado. Bajo esa lógica, se implementó una estrategia centrada en los primeros mil días de vida —desde el embarazo hasta los dos años—, etapa en la que se define en gran medida el futuro de una persona.

No fue un proceso sencillo. Gobernábamos en medio de una pandemia, de restricciones fiscales, una economía golpeada y una institucionalidad que requería mayor coordinación. Sin embargo, había una convicción ineludible: si no éramos capaces de ponernos de acuerdo en proteger a nuestros niños, ¿en qué sí podíamos hacerlo?

La política pública se tradujo en acciones concretas: fortalecimiento de los controles prenatales, ampliación de la cobertura de salud, impulso a programas de agua segura y saneamiento, y transferencias condicionadas para las familias más vulnerables. Se creó, además, una institucionalidad con metas medibles y seguimiento permanente, donde cada cifra representaba una historia.

Los resultados comenzaron a evidenciarse. Ecuador logró una reducción histórica de la desnutrición crónica infantil, rompiendo una tendencia de décadas. No fue un milagro ni un discurso: fue gestión, coordinación y voluntad política. Se comprendió que un adecuado desarrollo infantil comienza antes del nacimiento. La tasa se redujo en 3,5 puntos, evitando que más de 20.000 niños menores de dos años vivieran en esta condición.

Más allá de los números, lo que permanece son las historias: madres que accedieron por primera vez a controles adecuados, comunidades donde el agua segura dejó de ser un privilegio y niños que hoy tienen una oportunidad distinta. Ese es el verdadero sentido de toda política pública.

América Latina continúa conviviendo con una realidad inaceptable. Somos una región que exporta alimentos al mundo, pero que aún no garantiza una nutrición adecuada para todos sus niños. Esa contradicción nos interpela como sociedad. Hoy, como expresidente, he decidido mantenerme vinculado a esta causa. He puesto al servicio del país una fundación orientada a compartir la experiencia del Ecuador con otros países de la región y a consolidarse como un referente de pensamiento estratégico que contribuya al diseño de políticas públicas efectivas. América Latina necesita más colaboración en red y menos improvisación; políticas basadas en evidencia, con continuidad y evaluación permanente. Sobre todo, necesita entender que la infancia no puede depender del ciclo político.

En junio pasado, tuve la oportunidad de reunirme en Santiago de Chile con el doctor Fernando Mönckeberg, una de las figuras más influyentes en la lucha contra la desnutrición infantil en América Latina. Fue una conversación profunda y enriquecedora. Su lucidez y su compromiso, sostenidos durante décadas, dejaron una enseñanza clara: el éxito de estas políticas depende de su estabilidad en el tiempo.

La lección es clara: es posible avanzar, incluso en contextos adversos, cuando hay decisión y coherencia. Pero estos logros son frágiles si no se consolidan como políticas de Estado y si no se cuenta con el compromiso de la sociedad en su conjunto. Los nuevos gobiernos latinoamericanos tienen ante sí una responsabilidad ineludible. No basta con reconocer el problema; es necesario sostener y profundizar las soluciones. La lucha contra la desnutrición crónica infantil debe trascender ideologías, administraciones y coyunturas.

Combatir la desnutrición infantil es también una forma de encarnar la libertad. Porque la libertad no comienza en el mercado ni en las urnas, sino en las condiciones básicas de vida. Un niño desnutrido es un ciudadano con menos oportunidades desde el inicio.

Porque, al final, la verdadera medida del progreso de una nación no está en sus cifras macroeconómicas, sino en las oportunidades que ofrece a sus niños. Y en ese ámbito, América Latina aún tiene una tarea urgente que cumplir.