Que un hombre adulto viole a una niña es legal en Afganistán desde el 14 de mayo. Los talibanes promulgaron ese día el Decreto nº 18 o “Código de separación judicial de los cónyuges”, una norma que legaliza el matrimonio infantil sin que ni siquiera sea necesario escenificar un supuesto consentimiento de la menor; basta con su silencio. Lo que sanciona ese decreto es “que las niñas puedan ser casadas con seis, siete años o menos con la excusa de que luego pueden teóricamente pedir el divorcio al cumplir nueve años”, eso si siguen siendo vírgenes y osan enfrentarse a un marido adulto y a los jueces talibanes, resume la activista afgana Zubaida Akbar. A esa edad de nueve años es cuando la radical jurisprudencia islámica hanafí —la que siguen los talibanes— sitúa la pubertad femenina.
La normalización de la pederastia no es la única disposición de ese decreto que cierra aún más la jaula en la que los talibanes han encerrado a mujeres y niñas desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021. Akbar, directora del programa para Afganistán de la organización Femena, explica desde Estados Unidos que esa ley reduce casi a la nada las posibilidades de que una afgana obtenga el divorcio.
El Decreto nº 18 es una ley “particularmente desoladora”, lamenta la activista. Es también solo una más, apunta. En sus casi cinco años en el poder, los talibanes han sancionado alrededor de 140 normas. Esas leyes son los pilares de lo que Akbar llama “un infierno en la tierra”; un abismo que cada vez se hace más hondo mientras, al mismo tiempo, la comunidad internacional da pasos para legitimar a los fundamentalistas como gobernantes de Afganistán.
En 2025, Rusia se convirtió en el primer Estado en reconocer oficialmente al Gobierno de los talibanes. El mismo día en que se promulgó el decreto que legaliza el matrimonio infantil, el 14 de mayo, se supo que la Unión Europea había invitado para junio a Bruselas a una delegación de los fundamentalistas con el objetivo de discutir nuevas vías para expulsar a migrantes afganos.
“Una alfombra roja que esa Europa que se presenta como defensora de los derechos humanos les tiende a los talibanes, a quienes se les confiere así legitimidad”, resume la periodista afgana exiliada en España Khadija Amin.
Una de las primeras decisiones de los talibanes al regresar al poder fue suspender la Constitución que, entre otras salvaguardas, establecía una edad mínima de 16 años para contraer matrimonio. Esa ley no se respetaba en muchos casos, recuerda desde Londres Rachel Reid, de la Red de Analistas Afganos, pero al menos existía, al igual que “las juezas, las fiscales, las abogadas y los refugios para víctimas”, detalla la analista.
Los supuestos “Talibanes 2.0.” —una denominación utilizada desde 2020 por Estados Unidos, en parte para justificar la abrupta salida del país de sus tropas— no eran mucho más moderados que los que habían regido el país entre 1996 y 2001. Sí eran más conscientes de que no les convenía el estatus de paria ante una comunidad internacional cuya reacción probablemente querían testar. Quizás por ello los fundamentalistas avanzaron al principio con tiento. Con pretextos.
Por ejemplo en septiembre de 2021, cuando cerraron los institutos de secundaria femeninos y afirmaron que se trataba de una clausura “temporal” mientras garantizaban una segregación de sexos en la educación que ya existía. Para entonces ya habían instado a las afganas a no ir a trabajar.
Primero les prohibieron la secundaria. Después, en diciembre de 2022, la universidad. Desde entonces, los talibanes han ido clausurando todas las alternativas que las afganas buscaron para seguir formándose, como academias privadas de idiomas o escuelas profesionales gestionadas por organizaciones humanitarias. Los fundamentalistas persiguen con especial saña las escuelas clandestinas a las que, arriesgando sus vidas, algunas niñas del país asiático siguen asistiendo.
En el casi lustro de poder talibán, el 80% de las afganas han sido expulsadas del mercado laboral, según un informe de UN Mujeres. Las afganas tienen prohibido trabajar en la Administración, las fuerzas de seguridad, los bancos, las ONG y las agencias humanitarias de Naciones Unidas. Tampoco como fiscales, abogadas, jueces o diputadas y ni siquiera pueden regentar salones de belleza ni peluquerías, que los radicales cerraron en julio de 2023.
A las pocas que aún tienen un empleo se les exige que un pariente varón —el mahram o guardián, el padre, el marido o un hermano— las acompañe en el trayecto de ida y vuelta a su trabajo. Si una mujer prescinde o carece de ese tutor y osa aventurarse en la calle puede ser encarcelada y torturada. Las afganas no pueden tampoco obtener el pasaporte, acudir a un hospital ni viajar sin esa carabina.
El ocio les está igualmente vedado. A la prohibición general de escuchar música se suma la de entrar en parques naturales, jardines, gimnasios, baños públicos, restaurantes y cafés. Tienen vetado igualmente practicar deporte y conducir.
En 2024, los talibanes dieron un nuevo paso en su afán por convertir a las afganas en sombras al aprobar una ley de moralidad que les prohíbe mostrar su rostro, mirar a los hombres y hablar en público. Ya antes las habían obligado a cubrirse de la cabeza a los pies y prohibido el uso de perfume, tacones y ropa de colores vivos. Las afganas no pueden ni asomarse a una ventana. Los fundamentalistas han ordenado tapiar todo vano que permita verlas desde la calle o las viviendas vecinas.
Más grave aún es que las mujeres y niñas de Afganistán no pueden ser atendidas por médicos varones, cuando el país deplora una grave escasez de sanitarias que ahora solo irá a peor. En diciembre de 2024 los fundamentalistas eliminaron la excepción que permitía a las mujeres estudiar Medicina, enfermería o formarse como matronas.
Ese mismo año, los talibanes empezaron a dotar de rango de ley la batería de edictos misóginos que ya habían aprobado. Primero, con esa ley de moralidad que prohibió la voz de las afganas en público. El pasado mes de enero, sancionaron una norma que ejerce de Código Penal, que legaliza la violencia machista. Prevé, por ejemplo, una pena de 15 días de cárcel por romper un brazo a una esposa, mientras que organizar una pelea de perros puede ser castigado con cinco meses de prisión.
Los fundamentalistas legalizaron el 14 de mayo el matrimonio infantil
Ese mismo día, la UE invitó a una delegación talibán a Bruselas
Un nuevo caso de violencia contra la mujer enluta a la República Dominicana. Nancy Brito Ulloa, de 55 años, falleció la tarde del sábado mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), luego de ser herida de bala por su expareja en el municipio Luperón.
De acuerdo con los informes preliminares, la mujer se encontraba en un salón de belleza cuando notó la presencia de su agresor, identificado como Roberto Cruz, por lo que intentó refugiarse en una habitación trasera del establecimiento.
Sin embargo, el hombre logró ingresar al lugar y le disparó, ocasionándole heridas de gravedad.
Tras cometer el hecho, el agresor abandonó la escena y posteriormente habría ingerido una sustancia tóxica con fines suicidas.
Falleció mientras recibía atenciones médicas
Aunque Brito Ulloa fue trasladada de urgencia a un centro de salud especializado, falleció mientras era atendida por personal médico por la gravedad de las heridas.
Mientras tanto, el cuerpo de Cruz fue localizado horas después en unos matorrales de una finca cercana al lugar del hecho.
Según reportes preliminares, familiares y agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) participaron en su búsqueda, encontrándolo sin vida.
Consternación en Luperón
El hecho ha causado profunda consternación entre residentes del municipio de Luperón, donde tanto la víctima como el agresor eran conocidos.
Con este caso, vuelve a ponerse en evidencia la problemática de la violencia de género y los feminicidios en República Dominicana, una situación que continúa cobrando vidas y generando preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
Las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer todos los detalles relacionados con esta tragedia.
Un trabajador de la ONU, con mascarilla, se sitúa junto a una caja de ayuda humanitaria frente a viviendas precarias y niños jugando en una calle de Guatemala, simbolizando el apoyo internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pobreza en Guatemala alcanza al 56% de la población y no muestra cambios de fondo pese a que la Organización de las Naciones Unidas ejecutó USD 923 millones en proyectos de desarrollo entre 2021 y 2025, según su Informe Anual de Resultados 2025.
El documento atribuye la persistencia del problema a la falta de oportunidades y al peso de la informalidad laboral.
El informe de Naciones Unidas señala que la pobreza extrema se mantiene en 16.2% y que 67.9% de los trabajadores sigue en la informalidad. Entre niños, niñas y adolescentes, 80.8% vive en precariedad económica, un indicador que, de acuerdo con el organismo, agrava el riesgo de rezago educativo y vulnerabilidad social.
En el mismo período, la ONU ejecutó 378 iniciativas y reportó avances puntuales en servicios sociales y prevención de crisis. La agencia también registró ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, y advirtió sobre el uso del sistema penal contra actores vinculados a investigaciones de corrupción.
Los datos del informe de la ONU sobre pobreza e informalidad
El Informe Anual de Resultados 2025 de Naciones Unidas sitúa en 56% la proporción de guatemaltecos en situación de pobreza, sobre una población de 18.7 millones de habitantes. El organismo vinculó el estancamiento con dos factores: falta de oportunidades y informalidad laboral sostenida.
En el detalle, la ONU consignó que la pobreza extrema permanece en 16.2%, mientras que 67.9% de la fuerza laboral continúa en la economía informal. Para la población menor de edad, el reporte ubicó en 80.8% el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en precariedad económica.
Manos genéricas cuentan billetes de baja denominación sobre una mesa rústica, junto a un cartel con el logo de la ONU, simbolizando la relación entre finanzas y cooperación internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fondos ejecutados y evolución del financiamiento internacional
Naciones Unidas informó que, en conjunto, ejecutó USD 923 millones en Guatemala durante el ciclo 2021-2025, a través de 378 iniciativas. El documento también describió una caída en la ejecución anual después del pico de USD 250,1 millones en 2022.
Según el mismo informe, la ejecución se redujo en los años siguientes hasta cerrar en USD 187.9 millones en 2025. La ONU atribuyó esa trayectoria a una tendencia descendente en la movilización de fondos internacionales durante la etapa final del quinquenio.
Resultados reportados en servicios sociales y acciones ante la sequía
Durante el último año del período evaluado, Naciones Unidas informó que 4.5 millones de personas ampliaron su acceso a servicios sociales esenciales a través de programas de asistencia.
Entre las medidas, el organismo indicó que brindó apoyo logístico para la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en viviendas vulnerables.
En paralelo, el informe consignó la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica frente a la sequía en el Corredor Seco, que, según el organismo, asistió de forma preventiva a 67.500 personas en riesgo de inseguridad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con ese componente, la ONU reportó que se declaró a diez municipios libres de pisos de tierra.
En paralelo, el informe consignó la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica frente a la sequía en el Corredor Seco, que, según el organismo, asistió de forma preventiva a 67,500 personas en riesgo de inseguridad alimentaria.
Miguel Barreto, coordinador residente de la ONU en Guatemala, planteó: “Construir capacidades previas” y anticipar riesgos para reducir vulnerabilidades antes de que las crisis se profundicen. También anunció una nueva intervención orientada a mitigar el fenómeno de El Niño, dentro de la estrategia preventiva del sistema de Naciones Unidas.
Ataques y denuncias por el uso del derecho penal
El informe de la ONU documentó 1,465 ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. En ese apartado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la “instrumentalización del derecho penal” por parte del Ministerio Público.
Según la oficina, esa práctica se utilizó para criminalizar a jueces y fiscales que investigan corrupción y violaciones graves de derechos humanos. El reporte vinculó ese contexto con un deterioro de condiciones para el trabajo de actores del sistema judicial y del periodismo.
La respuesta del Gobierno y el foco del plan 2026-2030
Al recibir el informe, el presidente Bernardo Arévalo de León afirmó: “Resultados concretos” son clave para sostener la confianza en las instituciones democráticas. La Presidencia enmarcó la discusión en la necesidad de que las políticas públicas se traduzcan en mejoras verificables para la población.
De acuerdo con Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, el próximo ciclo estratégico 2026-2030 incorporará movilidad humana y migración como prioridad nacional de desarrollo, en un giro de agenda tras el quinquenio 2021-2025 marcado por el estancamiento de los indicadores de pobreza y el deterioro social consignado en el informe.
Un grupo de más de cuarenta intelectuales, maestras, juristas, comunicadores y ciudadanos dominicanos lanzó un llamado urgente al Gobierno, al sistema educativo y a los medios de comunicación para que adopten medidas concretas frente a la ola de feminicidios que golpea al país.
Ello, en momentos en que los casos crecieron un 36,4 % en lo que va de 2026 y solo el 13 % de las víctimas había denunciado previamente a su agresor.
Una herida nacional que ya no admite silencio
La historiadora y maestra Carmen Durán, vocera de la iniciativa ciudadana, fue directa: la República Dominicana lleva demasiado tiempo acostumbrándose a los feminicidios como si fueran hechos aislados o simples noticias policiales.
El comunicado público presentado el 28 de mayo de 2026, surgido del encuentro “Reflexión y Acción frente a la Violencia contra las Mujeres”, no es una declaración más. Es una interpelación a todo el andamiaje institucional del país.
“El país no puede seguir perdiendo mujeres mientras la sociedad mira hacia otro lado. No queremos más minutos de silencio después de cada tragedia. Queremos acciones concretas antes de que otra mujer sea asesinada”, planteó Durán al presentar el documento.
El trasfondo es alarmante: según el Ministerio Público, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 17.552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, y 22 feminicidios. Para mayo, la cifra total ya superaba los 32 casos. La propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, admitió públicamente que el Estado “ha fallado” en la respuesta preventiva.
El Estado en el banquillo
La iniciativa ciudadana no se limita a denunciar cifras. Señala con nombre propio a las instituciones que deben rendir cuentas: el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y el Ministerio Público son interpelados de manera explícita por su respuesta fragmentada, tardía e insuficiente.
Durán subrayó que resulta inaceptable que numerosas víctimas hayan denunciado previamente a sus agresores y aun así terminaran asesinadas, y que mujeres que buscan protección encuentren indiferencia, burocracia o maltrato en las mismas oficinas llamadas a protegerlas.
El comunicado exige que se apliquen efectivamente las sanciones administrativas, disciplinarias y penales previstas en la ley para quienes incumplan los protocolos establecidos.
La candidatura de Rebeca Grynspan a secretaria general de la ONU comenzó a captar atención internacional tras confirmarse que la economista y diplomática costarricense figura entre los principales nombres para suceder a António Guterres. De resultar elegida, Grynspan se convertiría en la primera mujer y la primera persona judía en ocupar el cargo más alto del organismo multilateral.
Hija de refugiados judíos europeos que escaparon de la persecución nazi, Grynspan ha construido una extensa trayectoria en política, economía internacional y organismos multilaterales. Sin embargo, su candidatura también genera debate debido a su paso por oficinas de Naciones Unidas que impulsaron informes críticos hacia Israel, y por la histórica tensión entre el Estado judío y distintos órganos de la ONU.
Siendo una de las cuatro candidatas latinoamericanas, la diplomática sostiene que puede conducir las Naciones Unidas en una etapa marcada por conflictos bélicos, tensiones y crecientes cuestionamientos al propio sistema internacional.
De hija de refugiados judíos a figura global
Rebeca Grynspan nació en 1955 en Costa Rica, hija de inmigrantes judíos polacos que escaparon de Europa durante el ascenso nazi. Según contó en entrevistas oficiales de las Naciones Unidas, sus padres huyeron por separado hacia Rusia en 1936, y posteriormente intentaron llegar al entonces Mandato Británico de Palestina. Como muchos desplazados judíos tras la guerra, fueron retenidos por las autoridades británicas en Chipre mientras intentaban ingresar al territorio. Allí se conocieron, se enamoraron y luego emigraron juntos a Costa Rica.
La historia familiar ocupa un lugar central en el relato político y personal de Grynspan, quien frecuentemente menciona el valor de la paz y la acogida recibida por su familia en el país centroamericano. Tras estudiar economía y sociología, desarrolló una carrera académica antes de ingresar a la política costarricense. Fue vicepresidenta del país entre 1994 y 1998, y luego ocupó diversos cargos internacionales vinculados al desarrollo económico y cooperación regional. En 2021 fue designada para dirigir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), siendo la primera mujer en liderar ese organismo.
La agencia Reuters destacó recientemente que la carrera por suceder a Guterres se desarrolla en medio de una fuerte presión diplomática para que, por primera vez desde la creación de Naciones Unidas en 1945, una mujer ocupe la Secretaría General, especialmente en un contexto global atravesado por guerras, crisis económicas y tensiones geopolíticas crecientes.
Además de su perfil diplomático, Grynspan mantiene vínculos personales y comunitarios con el mundo judío. Su hermana emigró a Israel durante la adolescencia, y familiares directos sirvieron en las Fuerzas de Defensa de Israel. También participó en actividades organizadas por instituciones judías internacionales y pronunció discursos contra la negación del Holocausto.
La controversia por Israel
Aunque su origen judío genera simpatía dentro de sectores comunitarios, la candidatura de Rebeca Grynspan también enfrenta cuestionamientos vinculados a su trayectoria dentro del sistema de Naciones Unidas y la postura histórica del organismo frente a Israel.
Durante su gestión al frente de la UNCTAD, la agencia publicó informes económicos sobre los territorios palestinos que atribuyeron gran parte de las dificultades económicas en Cisjordania y Gaza a restricciones israelíes, barreras de seguridad y operaciones militares. Críticos sostienen que esos reportes minimizaron los factores internos palestinos, como la corrupción, decisiones políticas o el accionar de Hamás.
Tras el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, Grynspan expresó estar “horrorizada”, tanto por las víctimas israelíes como palestinas, y posteriormente pidió un alto el fuego, la liberación de los rehenes y mayor acceso humanitario a Gaza. También cuestionó bombardeos sobre infraestructura civil, en línea con declaraciones emitidas por otros altos funcionarios de Naciones Unidas.
Fue vicepresidenta del país entre 1994 y 1998, y luego ocupó diversos cargos internacionales vinculados al desarrollo económico y cooperación regional. En 2021 fue designada para dirigir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), siendo la primera mujer en liderar ese organismo
El contexto tampoco es sencillo. La ONU continúa siendo un escenario de frecuentes enfrentamientos diplomáticos sobre el Medio Oriente, y cada año la Asamblea General aprueba más resoluciones críticas hacia Israel que hacia cualquier otro país.
Los desafíos del próximo secretario general incluirán gestionar conflictos simultáneos en Ucrania y el Medio Oriente, tensiones entre las grandes potencias y una creciente pérdida de confianza en las instituciones multilaterales, mientras los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad mantienen poder de veto sobre cualquier candidato.
En marzo, Costa Rica formalizó la candidatura de Grynspan junto a otros aspirantes latinoamericanos, entre ellos la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el diplomático argentino Rafael Grossi. La selección final dependerá de negociaciones diplomáticas intensas dentro del Consejo de Seguridad, y de la aprobación de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, cualquiera de los cuales podría bloquear la nominación.
Para parte de la pequeña comunidad judía costarricense, integrada por unas 2500 personas, la posibilidad de que una mujer judía nacida en Costa Rica llegue a conducir las Naciones Unidas representa un motivo de orgullo, aun cuando persistan interrogantes sobre cuál sería su posición frente a Israel si finalmente accede al cargo.
Fuente: Aurora (aurora-israel.co.il).
Versión NMI.
El índice Out of the Shadows reveló graves déficits en la gobernanza y la rendición de cuentas frente a la violencia sexual infantil en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
Según el informe oficial de Argentina del 2026 Out of the Shadows Index, elaborado por Economist Impact, que mide la capacidad de los países para prevenir y responder a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, el país obtuvo 47,6 puntos sobre 100 y se ubicó en el décimo lugar entre 16 países de América Latina y el Caribe.
La información es preocupante al observar los contrastes internos: Argentina obtuvo 70 puntos sobre 100 en el área de healing o reparación y 54,5 en justicia, pero descendió a 43,3 en prevención y alcanzó 18 puntos en gobernanza y rendición de cuentas.
Estos números no hablan solo de desempeño institucional: hablan de salud mental infanto-juvenil, porque cada falla de prevención, escucha y protección se traduce luego en trauma, síntomas, miedo, autolesiones, intentos de suicidio y desconfianza hacia el mundo adulto.
Los sistemas de protección en el país no logran anticiparse a las nuevas formas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La salud mental infanto-juvenil no puede pensarse separada de las políticas, es decir, de la capacidad real de transformar los sistemas para el cuidado y la protección para las personas más vulnerables que lo habitan.
El índice rescata leyes, políticas o servicios, pero alerta acerca de la persistencia de lagunas en cobertura y rendición de cuentas. Una lectura del informe es que las normas pueden existir, pero sin coordinación, financiamiento, prevención efectiva, seguimiento y responsabilidad institucional, la protección de la infancia sigue quedando demasiado lejos de la vida real.
Argentina muestra una contradicción muy dolorosa: ha logrado avances normativos importantes, como la prohibición expresa del castigo corporal en todos los ámbitos a partir del Código Civil y Comercial vigente, pero esa conquista legal no alcanza si no se traduce en vigilancia, cumplimiento efectivo, prevención y transformación cultural.
Tenemos la legislación, pero las leyes no alcanzan si no existen condiciones materiales, políticas e institucionales para prevenir, detectar, escuchar, reparar y sostener respuestas a largo plazo.
Todavía falta lograr la imprescriptibilidad penal de los delitos de violencia sexual padecidos durante la infancia, crear comisiones de la verdad que permitan dimensionar el número real de víctimas y ofrecer reparación y construir algo más ambicioso, nuestro sueño, un organismo único que nuclee a todos, con talla política acorde a la gravedad de las problemáticas que atraviesa la niñez: un Ministerio de la Infancia, que venimos proponiendo desde hace años mediante un proyecto de ley.
La falta de coordinación y recursos limita la capacidad estatal para prevenir y reparar el daño ocasionado por la violencia sexual infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una institucionalidad capaz de prevenir, escuchar, reparar y colocar a la infancia en el centro real de la agenda pública, no en los bordes panfletarios y decorativos del discurso.
La institucionalidad, que otorga la protección y cuidado que se necesita, requiere decisión política, consensos serios y una voluntad real de colocar a la infancia por encima de los cálculos partidarios.
Por eso, como escribí en julio de 2025, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién defiende a la infancia?
No puedo ocultar mi amarga decepción frente a una dirigencia política que, en lugar de construir acuerdos responsables para proteger a bebés, niños, niñas y adolescentes, parece disputar cargos y espacios como si se tratara de un trozo de torta, mientras la infancia argentina atraviesa una realidad feroz que no admite más demoras.
Cada falla de prevención y protección se traduce en trauma, síntomas, miedo autolesiones, intentos de suicidio y desconfianza hacia el mundo adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hoy la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación vuelve a quedar acéfala después de un concurso atravesado por cuestionamientos, opacidades y disputas que conozco de cerca, porque fui finalista de ese proceso. Esta es una expresión más de las lagunas que señala el informe.
Cuando el organismo llamado a defender los derechos de la infancia queda vacante, y los procesos institucionales pierden transparencia o quedan capturados por escándalos se debilita la prevención, la protección no llega, se fragmentan las respuestas y se diluye la responsabilidad estatal frente a las violencias contra niños, niñas y adolescentes y nadie puede defender la caída del financiamiento.
No alcanza con proclamar derechos, ni mostrar estadísticas si después las instituciones quedan acéfalas, fragmentadas o sometidas a negociaciones ajenas a la urgencia de la infancia.
Estas lagunas golpean con mayor crudeza a quienes ya se encuentran en condiciones de desigualdad: niñas, niños y adolescentes con discapacidad, infancias pobres, migrantes, indígenas, afrodescendientes, institucionalizadas o que viven en territorios donde el acceso a salud, justicia, educación y protección es fragmentario o directamente insuficiente.
Las cifras reflejan que las fallas en prevención y atención impactan directamente en la salud mental y el bienestar de las infancias más vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)
La interseccionalidad es el vértice donde se verifica con más dureza la falla del sistema. Allí donde se necesitan más apoyos, accesibilidad, escucha y presencia estatal, hay más obstáculos, silencios y soledad.
Mientras a nivel global y local se realizan eventos, se anuncian compromisos y se multiplican discursos sobre la protección infantil, en la vida concreta seguimos recibiendo en los servicios locales, en los hospitales y en los consultorios a bebés, niños y niñas atravesados por maltratos, agresiones sexuales en ámbitos presenciales y digitales, consumos problemáticos mediados por pantallas, autolesiones, intentos de suicidio y problemáticas extremas de salud mental.
Y también recibimos el pedido desesperado de organismos y equipos que deben decidir sobre casos gravísimos sin espacios suficientes de supervisión, acompañamiento ni resguardo institucional. Los trabajadores del sistema de protección, lo digo siempre, están precarizados y demasiado solos. Y cuando quienes deben cuidar también quedan desamparados, la fragilidad institucional vuelve a caer sobre la infancia.
Los sistemas de protección actúan principalmente después del daño cuando la víctima ya enfrenta marcas profundas y secuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)
El índice permite observar otra dimensión relevante: los puntajes vinculados a reparación y justicia aparecen relativamente más altos que aquellos relacionados con prevención primaria. Es decir, los sistemas continúan llegando principalmente después del daño.
Se interviene cuando ya hay una víctima intentando sobrevivir al trauma, cuando los efectos psíquicos, físicos y sociales comienzan a lastimar, cuando aquello que debió ser escuchado a tiempo ya produjo marcas profundas, que pueden acompañar toda la vida.
A pesar de esto, persiste una tendencia preocupante a presentar ciertos números de manera edulcorada, casi celebratoria, como si la producción de datos bastara por sí misma para transformar la realidad.
En un campo donde también se disputan subvenciones, visibilidad internacional y espacios de poder, resulta necesario preguntarse quiénes terminan recibiendo los recursos y quiénes quedan otra vez en los márgenes.
Hoy 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
Lo cierto es que demasiadas veces los fondos no fortalecen a quienes sostienen cotidianamente el trabajo territorial, clínico y comunitario con niños, niñas, adolescentes y sobrevivientes, sino a estructuras que administran el lenguaje del dolor, lo convierten en capital simbólico y lo utilizan como plataforma de autopromoción.
Hace poco tiempo circuló en el campo internacional una noticia que debería encender alarmas masivas, iniciativas serias dedicadas a la prevención de las violencias contra niños, niñas y adolescentes atraviesan situaciones de enorme fragilidad por falta de financiamiento suficiente.
Se trataba de un espacio reconocido por impulsar investigaciones, redes, producción de datos y estrategias innovadoras. Este cierre expone algo bestial y muy doloroso, mientras muchas estructuras serias dedicadas a la prevención, el acompañamiento y la construcción de políticas públicas y el apoyo real a sobrevivientes, sobreviven en condiciones de extrema fragilidad, otros circuitos logran convertir el dolor infantil y la voz de sobrevivientes en capital simbólico, visibilidad, prestigio y acceso a recursos.
El dato argentino se inscribe, además, en un panorama global igualmente preocupante. El índice señala una puntuación media de 52,6 sobre 100 entre los 60 países evaluados, donde vive el 83% de los niños del mundo. Ningún país obtuvo más de 83 puntos, lo que muestra que incluso los sistemas mejor posicionados están lejos de una respuesta suficiente.
Las lagunas en protección afectan más a niñas niños y adolescentes con discapacidad migrantes indígenas y quienes viven en pobreza (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aún más preocupante es que solo 2 de los 60 países cuentan con Consejos Nacionales de Sobrevivientes. Es decir, mientras se producen diagnósticos, eventos y compromisos en nombre de quienes atravesaron estas violencias, la experiencia vivida sigue estando escasamente integrada en la toma real de decisiones. Se habla de las víctimas y sobrevivientes mucho más de lo que se redistribuye el poder hacia ellas.
En ARALMA, la asociación civil que dirijo, por ejemplo, contamos con una plataforma conformada por 215 personas sobrevivientes de agresiones sexuales intrafamiliares y extrafamiliares, que participan de espacios de apoyo para recuperarse, acompañar a otros y sostener campañas de prevención como “La Voz de la Infancia”, una iniciativa nacida en 2015 que busca declarar el 8 de agosto como día de reconocimiento, escucha y visibilización de las infancias.
Sostener una campaña permanente desde una organización de la sociedad civil resulta muy complejo, pero nace frente a la ausencia en Argentina de una política pública federal, sistemática y sostenida de prevención del maltrato y la violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes.
La violencia contra la infancia no deja solo estadísticas. Se trata de bebés, niños, niñas y adolescentes tratando de sobrevivir, de dormir con un miedo que paraliza, desconfiando del mundo adulto, cargando vergüenza por aquello que nunca debieron atravesar y buscando algún lugar donde su palabra no sea silenciada ni desmentida.
La media para que una víctima infantil revele el crimen sufrido es de 25 años lo que implica secuelas a lo largo de toda la vida (Imagen ilustrativa Infobae)
La lógica reactiva, llegar una vez se produce el daño, explica, en parte, por qué muchas situaciones de violencia permanecen invisibilizadas durante años.
Muchas víctimas infantiles pasan luego décadas enteras intentando sobrevivir antes de poder nombrar lo inenarrable. La media para que una persona devele el crimen del que fue víctima en la infancia es de 25 años. Ese tiempo está plagado de miedo, de síntomas, de sentimientos profundos de soledad que tienen secuelas a lo largo de la vida, si no se los trata a tiempo.
Miles de niños, niñas y adolescentes continúan creciendo en contextos atravesados por negligencia, violencia física, agresiones sexuales, explotación, humillación, abandono y desprotección institucional.
Hoy 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños padece alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. Este dato también debe leerse en el marco de una crisis global de salud mental infanto-juvenil, como parte de una trama donde violencia, desamparo, desigualdad, trauma y ausencia de respuestas tempranas se enlazan de manera persistente.
La salud mental infanto juvenil está ligada a la capacidad de transformar sistemas de cuidado y protección para personas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)
Por ello es importante pensar que la violencia y el desamparo es persistente, desde la historia misma de la humanidad, y se sostiene porque como sociedades minimizamos el sufrimiento infantil, desacreditamos los relatos, naturalizamos prácticas violentas y nocivas, y carecemos de recursos adecuados para intervenir tempranamente, pero sobre todo no exigimos los cambios que se requieren.
Estos números muestran que la fragilidad reside en las condiciones materiales, políticas e institucionales necesarias para sostener redes de cuidado, prevención, reparación y salud mental a corto y largo plazo.
El propio índice insiste en que sus resultados no deben leerse como una condena definitiva, sino como una “hoja de ruta para el progreso”. Incluso esa formulación deja al descubierto otra interpelación antigua y, al mismo tiempo, más vigente que nunca: cuánto lugar ocupan realmente la infancia, la salud mental y la recuperación de las víctimas dentro de las prioridades políticas y económicas de nuestra sociedad.
Sabemos que producir datos es imprescindible, pero no suficiente: la pregunta ética y política es si esos números vuelven a las vidas que nombran, si fortalecen respuestas concretas, si amplían la escucha de sobrevivientes y si se traducen en prevención, reparación y cuidado real.
Un ataque con drones lanzado por el ejército ruso ha alcanzado la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país. Hay once heridos, entre ellos dos niños, según ha informado el gobernador regional Oleh Kiper, a través de Telegram. Ocho de las víctimas fueron hospitalizadas y tres de ellas se hallan en estado grave, en un ataque que ha causado daños en edificios residenciales, una sucursal del servicio postal y una tienda de comestibles. Las autoridades locales han difundido imágenes en las que se ven a los bomberos luchando contra el incendio, mientras que varios vehículos se encontraban devastados por las llamas.
El Instituto de Dominicanos en el Exterior (Index), el Ministerio de la Mujer y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, suscribieron un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer las capacidades de liderazgo, formación y desarrollo profesional de mujeres dominicanas residentes en España.
Este acuerdo de colaboración tiene como propósito principal facilitar el acceso de mujeres dominicanas en el exterior a programas formativos de alto nivel, promover su inserción en espacios de liderazgo, emprendimiento y desarrollo profesional, así como su participación activa en entornos empresariales y sociales.
El acto de firma se realizó en las instalaciones de la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, con la presencia de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes Gómez, y la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, embajadora Celinés Toribio.
Como parte de esta alianza, las instituciones impulsarán el Programa Superior de Mujer y Liderazgo, una iniciativa formativa a casi 30 mujeres emprendedoras y que durante 4 meses de convocatoria, sometieron sus perfiles a ser evaluados por la cámara de comercio de Madrid y el Index.
Este programa es de enfoque práctico con una visión empresarial, que busca fortalecer habilidades directivas, competencias profesionales y capacidades de liderazgo en mujeres con potencial de crecimiento en distintos ámbitos.
El programa combina formación técnica, desarrollo personal y espacios de networking, permitiendo a las participantes adquirir herramientas clave en áreas como liderazgo, gestión empresarial, comunicación, innovación y desarrollo de negocios.
En el marco del acuerdo entre las entidades, las instituciones trabajarán de manera conjunta para identificar, seleccionar y acompañar a 28 mujeres dominicanas beneficiarias de becas que les permitan acceder a esta oferta formativa.
Santo Domingo, RD. – Al menos tres muertes de menores vinculadas a centros, hogares de paso o procesos bajo supervisión del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia han sido reportadas públicamente entre 2023 y 2026.
Los casos tienen en común que las víctimas eran niños o adolescentes que se encontraban bajo protección estatal o dentro del sistema de asistencia administrado o supervisado por la institución, y que las circunstancias de los fallecimientos derivaron en investigaciones del Ministerio Público.
Tres casos bajo custodia de Conani que resultaron en muertes
Octubre de 2023: adolescente muere violentamente en centro de Santiago
En octubre de 2023, familiares de un adolescente de 17 años exigieron explicaciones tras su muerte mientras se encontraba bajo la custodia del sistema de protección del Conani en Santiago.
La madre del menor, Brenda Hernández, denunció en ese momento la falta de información y alegó negligencia institucional, cuestionando la ausencia de supervisión del personal encargado del cuidado de los menores.
El adolescente había sido ingresado al sistema de protección el 11 de diciembre de 2020, debido a una situación de calle y presuntos maltratos físicos. También se alegó que la madre presentaba problemas de alcoholismo.
Sin embargo, la familia aseguró que desde su ingreso no recibió información sobre su estado ni su paradero durante años.
La Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago investigó a tres compañeros del centro por la muerte del adolescente. Informaciones preliminares indicaban que los investigados presentaban trastornos psiquiátricos.
El menor fue encontrado sin vida y con signos de violencia en el hogar de paso Ángeles, un centro para niños y adolescentes con discapacidades en el Centro Histórico de Santiago. La hipótesis inicial apuntaba a que fue golpeado por otros internos hasta causarle la muerte.
Octubre de 2025: bebé muere en albergue bajo protección estatal
En octubre de 2025, familiares de la bebé Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, de cuatro meses, exigieron una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su muerte mientras estaba bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
La menor falleció el 16 de octubre en un albergue del sistema de protección infantil, tras presuntas complicaciones luego de ingerir leche.
Su padre, Juan Graciano, y su abuela paterna, Miriam Cruz, afirmaron en ese momento que habían solicitado la custodia de la niña, alegando que no estaba segura con su madre, quien presuntamente enfrenta problemas de adicción.
“Esa niña tenía familia, tenía amor, tenía protección. No había necesidad de mandarla a un albergue”, expresó la abuela entre lágrimas, cuestionando además que la Fiscalía no evaluara adecuadamente las condiciones familiares antes del traslado.
De acuerdo con la versión oficial, la niña fue trasladada el 7 de octubre a la Fundación Red de Misericordia, una asociación sin fines de lucro adscrita al sistema de protección, por disposición del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago y la Oficina Regional Norte de Conani.
El organismo explicó que el ingreso se produjo tras determinarse que el entorno familiar representaba un riesgo para la menor, luego de un proceso en el que inicialmente fue entregada a una tía materna, quien posteriormente la devolvió a su madre, señalada por presunta dependencia a sustancias narcóticas.
2026: Conani investiga muerte de adolescente en centro de Guerra
En 2026, el Conani informó que el centro residencial de Guerra, donde fue hallada muerta una adolescente bajo protección estatal, alberga menores con perfiles de alta complejidad y vulnerabilidad social y emocional.
La institución explicó que en este tipo de hogares conviven adolescentes víctimas de abandono, negligencia, abuso psicológico, sexual y emocional, maltrato físico, explotación sexual comercial, trata y tráfico de personas, así como menores en situación de calle.
Según el organismo, muchos de los adolescentes presentan conductas desafiantes y trastornos del comportamiento que dificultan la convivencia dentro de los centros.
Conani indicó que la adolescente había ingresado al sistema el 15 de mayo y que recibía seguimiento y atención especializada debido a su condición de salud y situación de vulnerabilidad. Tras el hecho, la institución suspendió de manera preventiva al personal encargado de la seguridad y acompañamiento del centro, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, CONANI no ha divulgado informes finales públicos sobre las causas concluyentes de ninguno de esos casos.
En sus comunicados, la institución ha señalado que las investigaciones permanecen en manos del Ministerio Público y otras autoridades competentes, sin ofrecer posteriormente resultados definitivos sobre las responsabilidades o hallazgos forenses de los expedientes conocidos públicamente.
Sarah Douglas, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres destacó la necesidad de abordar las desigualdades que afectan a las mujeres mayores desde una perspectiva de curso de vida, subrayando que “la pobreza en la vejez no empieza en la vejez”. Señaló además que las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida continúan limitando la autonomía económica, la protección social y la participación plena de muchas mujeres mayores. Asimismo, reafirmó que las mujeres mayores “no son únicamente beneficiarias de políticas públicas: son agentes de cambio”, y remarcó la importancia de reconocer su dignidad, liderazgo y contribución a las comunidades y sociedades. Por su parte, Rocío Muñoz Flores, Asesora de Género de la Oficina Regional del UNFPA, compartió reflexiones sobre las principales tendencias demográficas y los desafíos estructurales y destacó que “para 2050, una de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe tendrá 60 años o más, y muchas de ellas serán mujeres”, advirtiendo sobre la necesidad de fortalecer sistemas de protección social, cuidados y salud con enfoque de género e interseccionalidad.
Silvia Gascón, directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad ISALUD, reflexionó sobre las transformaciones demográficas y culturales asociadas al envejecimiento, destacando que “la novedad de este siglo es la revolución de la longevidad: el envejecimiento del envejecimiento, porque el grupo poblacional que más crece es el de las personas mayores de 80 años”. Señaló que esta transformación “requiere profundos cambios en todos los ejes de la vida, especialmente en los sistemas de salud, los cuidados y las formas en que organizamos nuestras sociedades”, así como una nueva comprensión del curso de vida. En este sentido, afirmó que “ya no existe una edad para jugar, otra para estudiar, otra para trabajar y otra para jubilarse; hoy las personas vamos y venimos entre el estudio, el trabajo y nuevas formas de participación a lo largo de todo el curso de vida”. Asimismo, alertó sobre la persistencia del edadismo o “viejismo”, entendido como la tendencia a definir a las personas únicamente por su edad, suponiendo que por tener más de 60, 70 u 80 años ya no pueden enamorarse, trabajar, aprender o acceder a la tecnología. Frente a ello, reivindicó la necesidad de construir una mirada distinta sobre las vejeces: “Buscábamos construir una visión de la edad mayor como una etapa propicia para el placer, la satisfacción personal, nuevos proyectos y para recuperar aquellas asignaturas pendientes que quedaron postergadas en la juventud”. Finalmente, enfatizó que “es imprescindible que las propias personas mayores tomemos el control de nuestras vidas, tengamos conciencia de edad y de las situaciones de discriminación a las que muchas veces estamos expuestas”.
El diálogo abierto contó con la participación de organizaciones feministas, de mujeres y de la sociedad civil, que compartieron experiencias y desafíos desde los territorios. Ana González advirtió que “la invisibilización de las personas mayores no es un discurso; es un hecho contundente y real”. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la implementación efectiva de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, subrayando que “es necesario que se materialice y se traduzca operativamente en políticas, leyes y acciones concretas”. Por su parte, Cristina Grela compartió una experiencia innovadora de vivienda colaborativa desde una perspectiva feminista y comunitaria. Explicó que, tras años de militancia por los derechos de las mujeres, impulsaron “una propuesta de vivienda colaborativa” y destacó que la iniciativa busca construir “otra forma de transitar la vejez”, basada en la vida colectiva y el intercambio intergeneracional.
Asimismo, Susana Zaccaro destacó las desigualdades que enfrentan las mujeres de villas y barrios populares, señalando que “sostenemos la vida y el cuidado comunitario en nuestros territorios, muchas veces sin remuneración ni reconocimiento”. Advirtió además que muchas mujeres llegan a la vejez atravesadas por generaciones de empobrecimiento, informalidad laboral y sobrecarga de cuidados. Finalmente, Luz Haro llamó a incorporar una mirada más cercana a las realidades de las mujeres rurales, destacando que muchas viven en contextos donde “no hay servicios, no hay casas de protección, no hay asistencia y ni siquiera centros médicos”, evidenciando las profundas brechas territoriales que afectan el acceso a derechos y servicios para las mujeres mayores rurales.
En las conclusiones, Verónica Montes de Oca destacó la importancia de incorporar miradas territoriales e interseccionales para comprender las desigualdades que atraviesan las mujeres mayores, señalando que estos enfoques permiten superar “las visiones coloniales del capitalismo patriarcal”. Asimismo, afirmó que “necesitamos una renovación teórica” para comprender tanto las realidades de las mujeres mayores como las formas en que hoy se configura el envejecimiento de mujeres jóvenes y niñas. También valoró como un avance significativo que “por primera vez se realice una reunión interministerial sobre mujeres mayores en el marco de la implementación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, reflejando el creciente posicionamiento de esta agenda en los espacios internacionales. Durante su intervención, alertó además sobre el impacto de las crisis económicas y las desigualdades estructurales, recordando que muchas mujeres mayores atravesaron “modelos neoliberales de despojo y desigualdad”, cuyos efectos continúan profundizando la pobreza y la feminización de las desigualdades en la región.
El webinar concluyó con un llamado a fortalecer el trabajo articulado entre sociedad civil, organismos internacionales y Estados para avanzar hacia sociedades del cuidado más igualitarias, inclusivas y sostenibles. Las participantes destacaron además la creciente relevancia de la agenda de las mujeres mayores en los debates regionales y globales, reconociendo su papel como agentes de cambio y reafirmando la necesidad de garantizar plenamente sus derechos, autonomía y participación en América Latina y el Caribe.
