Denisse Charpentier

Treinta años después de que 189 países —incluyendo Chile— aprobaran en Beijing una de las agendas internacionales más ambiciosas para alcanzar la igualdad de género, una pregunta vuelve a instalarse con fuerza: ¿los derechos de las mujeres están retrocediendo en el mundo? La interrogante ha cobrado especial relevancia tras una serie de hechos que han marcado el debate internacional en los últimos años, como la anulación del fallo *Roe vs. Wade* en Estados Unidos que protegía el derecho al aborto; la creciente visibilidad de sectores ultraconservadores de ese país que plantearon la idea de reemplazar el voto individual por un “voto por hogar” representado por el jefe de familia; o, más recientemente, el proyecto presentado en Chile para que las mujeres que soliciten un aborto en las tres causales legales deban escuchar los latidos del corazón fetal antes del procedimiento.

Para algunos, estos episodios son señales de una ofensiva contra derechos que parecían consolidados; para otros, forman parte de debates democráticos sobre materias valóricas. Pero, más allá de las percepciones, ¿qué dicen realmente las cifras y los principales organismos internacionales? ¿Existe un retroceso global o se trata de fenómenos aislados? La evidencia muestra un panorama bastante más complejo.

En términos históricos, las mujeres tienen hoy más acceso a la educación, al empleo, a la participación política y a protecciones legales que hace tres o cuatro décadas. Sin embargo, los avances se han desacelerado y, en algunos países, derechos que se consideraban consolidados han sido restringidos o directamente eliminados.

La conclusión que se desprende de los principales informes internacionales apunta a que no existe un retroceso universal y simultáneo, pero sí una reacción organizada contra la igualdad de género, capaz de frenar reformas, debilitar instituciones y revertir derechos en determinadas regiones.

Vamos desglosando…

Uno de cada cuatro países reconoce una reacción contra los derechos de las mujeres

Uno de los antecedentes más contundentes aparece en el informe Los derechos de las mujeres 30 años después de Beijing, publicado por ONU Mujeres en 2025.

El documento reunió información entregada por 159 Estados y constituye una de las revisiones mundiales más amplias sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995.

Según el informe, casi una cuarta parte de los países reconoció que una reacción adversa contra la igualdad de género estaba dificultando la aplicación de los compromisos asumidos en Beijing.

ONU Mujeres advierte que los actores contrarios a estos derechos no siempre consiguen eliminar las leyes existentes. En muchos casos, su estrategia consiste en bloquear nuevas reformas, recortar presupuestos, obstaculizar la implementación de políticas o desacreditar el concepto mismo de igualdad de género.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas también describe este fenómeno como una “escalada” de la reacción contra la igualdad.

De acuerdo con el organismo, esta ofensiva puede manifestarse en campañas contra la educación sexual, restricciones a los derechos reproductivos, ataques contra organizaciones feministas, persecución de defensoras de derechos humanos y narrativas que presentan la igualdad como una amenaza para la familia o las tradiciones nacionales.

Hay avances, pero son lentos

La existencia de retrocesos no significa que todos los indicadores estén empeorando, pero los avances son mínimos y lentos.

El Índice Global de Brecha de Género 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial, estimó que la igualdad entre hombres y mujeres alcanza un 68,8% a nivel mundial en participación económica, educación, salud y representación política.

Entre los 145 países comparables con la edición anterior, el progreso fue muy leve: el indicador pasó de 68,4% en 2024 a 68,8% en 2025.

Lo más preocupante es que, al ritmo actual, el Foro Económico Mundial estima que la paridad completa tardaría aproximadamente 123 años en alcanzarse.

Por eso, hablar únicamente de “progreso” también puede ser engañoso. Una mejora de algunas décimas no necesariamente se traduce en transformaciones perceptibles para las generaciones actuales.

En el empleo, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo informó que en 2024 solo el 46,4% de las mujeres en edad de trabajar estaba empleada, frente al 69,5% de los hombres.

Aunque esa distancia se ha reducido durante las últimas décadas, la OIT calcula que, manteniendo el ritmo actual, igualar las tasas de empleo tomaría cerca de dos siglos.

Las leyes avanzan más rápido que la realidad

Una de las mayores dificultades para medir los derechos de las mujeres es la distancia entre lo que establece una ley y lo que ocurre en la vida cotidiana.

El informe Women, Business and the Law 2026, del Banco Mundial, analizó las condiciones legales y económicas de las mujeres en 190 economías.

Su conclusión fue que ninguna de ellas había alcanzado una igualdad económica legal completa.

En promedio, los marcos jurídicos examinados otorgaban a las mujeres cerca de dos tercios de los derechos económicos reconocidos a los hombres. Pero el problema era aún mayor en la práctica: las instituciones y políticas destinadas a aplicar esas leyes funcionaban aproximadamente a la mitad de su capacidad esperada.

Esto significa que un país puede prohibir formalmente la discriminación laboral y, al mismo tiempo, carecer de inspecciones, sanciones efectivas, sistemas de cuidado, licencias parentales o mecanismos accesibles para denunciar abusos.

Por lo tanto, un aumento en el número de leyes igualitarias no garantiza necesariamente una expansión equivalente de la autonomía económica de las mujeres.

La representación política crece, pero comienza a estancarse

La participación política femenina es otro ejemplo de progreso acompañado de señales preocupantes.

En 1995, las mujeres ocupaban apenas el 11,3% de los escaños en los parlamentos nacionales. A comienzos de 2026, la cifra alcanzaba el 27,5%, según la Unión Interparlamentaria, de acuerdo a un informe de Inter Parlamentary Union.

El aumento en tres décadas es significativo. Sin embargo, durante 2025 el avance fue de solo 0,3 puntos porcentuales, uno de los ritmos más bajos registrados desde 2017.

Además, la proporción de mujeres que presidían parlamentos cayó por primera vez en 21 años. En enero de 2026, ellas representaban el 19,9% de quienes encabezaban estas instituciones, casi cuatro puntos porcentuales menos que el año anterior.

Las cifras muestran que las mujeres están ingresando gradualmente a los espacios legislativos, pero siguen muy lejos de ocupar la mitad del poder político.

También revelan que los avances no son irreversibles: la presencia femenina puede aumentar en los escaños y disminuir al mismo tiempo en los cargos de mayor jerarquía.

Afganistán: el ejemplo más extremo de una regresión

El caso más evidente de pérdida masiva de derechos es Afganistán.

Desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, las autoridades han impuesto sucesivas restricciones a la educación, el empleo, la movilidad y la presencia pública de las mujeres.

Afganistán es actualmente el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido estudiar más allá de la educación primaria (similar a la “básica” en Chile). Unesco estima que cerca de 2,2 millones de niñas se encuentran excluidas de la enseñanza secundaria debido a estas medidas.

Las restricciones también han afectado al periodismo. De acuerdo con la Unesco, más del 80% de las mujeres que trabajaban en medios de comunicación afganos perdió su empleo desde 2021.

La prohibición de estudiar carreras universitarias y de acceder a determinadas profesiones amenaza, además, servicios esenciales para las propias mujeres. En un país donde las pacientes pueden enfrentar restricciones para ser atendidas por hombres, impedir la formación de médicas, enfermeras y trabajadoras sanitarias compromete el acceso futuro a la salud.

En este caso no se trata solo de un estancamiento, sino de una eliminación deliberada de libertades que las mujeres habían ejercido durante años.

La violencia permanece prácticamente estancada

El derecho a vivir sin violencia es otra de las áreas donde el progreso ha sido insuficiente.

Las estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2025 concluyeron que cerca de 840 millones de mujeres, aproximadamente una de cada tres, habían sufrido violencia física o sexual de una pareja o violencia sexual de otra persona en algún momento de sus vidas.

Solo durante los 12 meses anteriores al periodo medido, unos 316 millones de mujeres mayores de 15 años habían experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja.

La OMS señaló que la reducción de la violencia de pareja fue de apenas un 0,2% anual durante las dos décadas analizadas. Es decir, la prevalencia mundial prácticamente no ha cambiado desde comienzos de siglo.

La persistencia de estas cifras también permite cuestionar cuánto valen las garantías legales cuando no existen prevención, protección, acceso a la justicia y recursos suficientes para las víctimas.

El informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2025 señala, por ejemplo, que solo 63 países contaban con leyes sobre violación basadas expresamente en la ausencia de consentimiento.

Pobreza, cuidados y dependencia económica

El panorama económico tampoco permite hablar de igualdad cercana.

El informe The Gender Snapshot 2025, elaborado por ONU Mujeres y la División de Estadística de Naciones Unidas, estimó que 376 millones de mujeres y niñas vivían en pobreza extrema en 2025.

Esto equivalía al 9,2% de la población femenina mundial, frente al 8,6% de los hombres y niños.

Si las tendencias actuales continúan, 351 millones de mujeres y niñas todavía vivirán con menos de 2,15 dólares diarios en 2030.

A esto se suma la distribución desigual del trabajo doméstico. En promedio, las mujeres dedican alrededor de dos veces y media más tiempo que los hombres a tareas domésticas y de cuidados no remunerados.

La sobrecarga limita el tiempo disponible para estudiar, trabajar de manera remunerada, participar en política o acceder a posiciones de liderazgo.

Por eso, el derecho formal a trabajar puede quedar debilitado cuando no existen guarderías, sistemas de cuidado, licencias adecuadas o una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares.

Los derechos reproductivos, en el centro de la disputa

La salud sexual y reproductiva es uno de los principales campos de confrontación.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió en su informe sobre el Estado de la Población Mundial 2025 que millones de personas no pueden tomar libremente decisiones sobre si quieren tener hijos, cuántos desean tener o en qué momento.

Entre las barreras identificadas aparecen el costo de vida, la falta de vivienda, la ausencia de servicios de cuidado, la discriminación laboral y las restricciones al acceso a anticonceptivos, aborto y tratamientos de fertilidad.

Desde esta perspectiva, la autonomía reproductiva no consiste únicamente en evitar embarazos no deseados. También implica que las personas puedan formar las familias que desean sin coerciones estatales, económicas, familiares o religiosas.

UNFPA, la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva, advirtió además que los recortes de financiamiento internacional y la creciente oposición a los derechos sexuales y reproductivos están debilitando servicios de salud, especialmente en contextos humanitarios y países de bajos ingresos.

¿Por qué se produce esta reacción?

El informe sobre reacción contra la igualdad elaborado por ONU Mujeres y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social identifica un fenómeno que no se limita a un país, una religión o una región.

Según la revisión de investigaciones académicas de la última década, los movimientos contrarios a la igualdad suelen vincular sus campañas con discursos sobre la protección de la familia, la infancia, la soberanía nacional o los valores tradicionales.

También tienden a agrupar bajo la expresión “ideología de género” asuntos diferentes, como la educación sexual, el aborto, los derechos de las personas LGBT, las políticas contra la violencia y los programas de igualdad laboral.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sostiene que esta reacción se vuelve especialmente peligrosa cuando coincide con el debilitamiento de las instituciones democráticas.

En esos contextos, los ataques contra los derechos de las mujeres suelen avanzar junto con restricciones a la libertad de prensa, el derecho a manifestarse, la independencia judicial y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

No se trata, por tanto, de una disputa aislada sobre costumbres. Los derechos de las mujeres pueden funcionar como un indicador del estado general de la democracia y de la vigencia de los derechos humanos.

Del debate político a la percepción de retroceso

Más allá de las estadísticas, la sensación de que los derechos de las mujeres están retrocediendo también se ha visto alimentada por debates políticos recientes que han generado amplia controversia en distintos países.

En Estados Unidos, durante los últimos años ha ganado visibilidad en algunos sectores ultraconservadores el movimiento conocido como “pronatalista” o vinculado a la llamada “Nueva Derecha”, cuyos representantes han cuestionado avances históricos en materia de igualdad de género.

Entre las propuestas más polémicas figura el llamado “household voting” (“voto por hogar”), una idea impulsada por algunos comentaristas y académicos conservadores que plantean que el voto debería emitirse a nivel del hogar y no de manera individual. En la práctica, sus críticos advierten que esto podría traducirse en que el hombre —tradicionalmente considerado el “jefe de familia”— represente políticamente a todo el grupo familiar, eliminando el sufragio individual de las mujeres casadas.

Aunque esta propuesta no ha sido presentada como un proyecto de ley en el Congreso estadounidense ni cuenta con apoyo mayoritario, su sola circulación en ciertos espacios políticos y mediáticos ha sido interpretada por especialistas como un ejemplo de la reacción cultural contra derechos considerados ya consolidados.

A ello se suma la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en 2022, revocó el histórico fallo Roe vs. Wade, permitiendo que numerosos estados prohibieran o restringieran severamente el acceso al aborto, considerado por muchos analistas como uno de los mayores retrocesos en derechos reproductivos de las últimas décadas.

Chile también ha vivido debates que algunos sectores interpretan bajo esa misma lógica.

Este mes, un grupo de diputados, liderados por el libertario Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto de ley que propone que, antes de practicarse un aborto permitido bajo las tres causales legales, la mujer sea invitada a escuchar los latidos del corazón fetal.

Sus impulsores sostienen que la iniciativa busca garantizar un consentimiento plenamente informado y entregar más antecedentes antes de una decisión trascendental.

Sin embargo, organizaciones feministas, especialistas en bioética y agrupaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han cuestionado la propuesta, argumentando que introduce una carga emocional innecesaria en un procedimiento médico ya regulado por la ley y que podría transformarse en un mecanismo de presión sobre mujeres que enfrentan situaciones extremadamente complejas.

Aunque la iniciativa aún debe ser discutida por el Congreso y está lejos de convertirse en ley, su presentación reactivó el debate sobre los límites entre el derecho a recibir información médica y el riesgo de establecer nuevas barreras para acceder a prestaciones ya reconocidas por la legislación chilena.

Entonces, ¿los derechos de las mujeres están retrocediendo?

Los datos no permiten afirmar que todas las mujeres del mundo tengan hoy menos derechos que hace treinta años.

Desde 1995 han aumentado la representación parlamentaria, la escolarización femenina, las protecciones contra la violencia y las leyes que prohíben la discriminación. El propio informe de ONU Mujeres señala que, durante los cinco años anteriores a su publicación, el 88% de los países había aprobado leyes o creado servicios destinados a enfrentar la violencia contra mujeres y niñas.

Pero tampoco el progreso continúa de forma automática.

En algunos lugares existe una regresión directa, como Afganistán. En otros, se han producido restricciones específicas en salud reproductiva, educación o participación pública. En una parte considerable del mundo, el problema principal es el estancamiento: los derechos existen en el papel, pero carecen de recursos, instituciones o voluntad política para hacerse efectivos.

En definitiva, el mundo vive una combinación de avances lentos, desigualdades persistentes y retrocesos localizados, dentro de un clima político cada vez más hostil hacia las políticas de igualdad.

Los derechos conquistados durante las últimas décadas no han desaparecido globalmente, pero los informes internacionales coinciden en que ya no pueden considerarse garantizados ni irreversibles.

HERAT, Afganistán – Una mañana de julio, Halima (nombre ficticio) fue con su madre al mercado de Herat, su ciudad natal en el oeste de Afganistán. Llevaba un abrigo largo y una mascarilla quirúrgica que le cubría el rostro. No podía imaginar que, apenas unos minutos después, se encontraría en la cárcel.

Vehículos del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, la llamada policía moral del régimen taliban, llegaron al mercado justo después de Halima y su madre. Según Halima, las empleadas del ministerio comenzaron a detener a las mujeres sin hacerles ninguna pregunta. Unos vehículos que esperaban cerca se llevaron a las detenidas.

«Todo sucedió muy rápido. Algunas intentaron escapar, mientras que otras estaban aterrorizadas. No entendíamos en qué se basaban los talibanes para seleccionar a las personas que iban a detener», dice.

Halima cuenta que algunas de las mujeres detenidas llevaban burkas que les cubrían tanto el rostro como el cuerpo. Al igual que Halima, otras llevaban abrigos largos y mascarillas. Aun así, la policía moral la detuvo.

«Mi madre lloraba y les suplicaba que no me llevaran. La amenazaron con un mes de prisión, además de castigos corporales y una multa, si intentaba impedir mi detención. Nadie se atrevió a acercarse a ayudar, a pesar de que mi madre gritaba», recuerda.

Se confiscaron los teléfonos de las jóvenes y mujeres adultas detenidas. Eran unas 30 y todas fueron trasladadas a un supuesto «refugio» gestionado por el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales. Allí se alojan tanto mujeres solteras como mujeres recién detenidas. A ninguna se le permitió ponerse en contacto con su familia. A la mañana siguiente fueron trasladadas a una prisión.

El ala de mujeres de la prisión estaba sucia y mal equipada. El miedo y la incertidumbre invadían las mentes de todas las nuevas reclusas.

«Me senté en un rincón y miré a mis compañeras de prisión: chicas jóvenes, mujeres de mediana edad y madres preocupadas por sus hijos. Éramos unas 60. Todas llevábamos un burka o lo que yo consideraba ropa adecuada. Sin embargo, cada una de nosotras estaba encarcelada porque, supuestamente, no habíamos respetado el código de vestimenta», cuenta Halima.

Al día siguiente la pusieron en libertad. En casa, su madre la abrazó y ambas lloraron. A Halima le dijeron que su padre había pagado 16 000 afganis (unos 220 euros) para que su hija saliera en libertad. Además, la familia tuvo que firmar un compromiso en el que garantizaba que ninguna de las mujeres de la familia volvería a salir a la calle sin la ropa adecuada.

Al volver a casa, nada era como antes. Los hermanos de Halima estaban furiosos y afirmaban que ella había mancillado el honor de la familia al ir a la cárcel.

«¡Como si hubiera cometido un delito! Pero sigo creyendo que no hice nada malo», afirma.

«El miedo se ha convertido en parte de mi vida. Nunca olvidaré esas dos noches en la cárcel. No dejaba de preguntarme si todas mis compañeras de detención habían sido puestas en libertad y si habían detenido a otras después de nosotras. Me preguntaba qué pasaría con las mujeres y las niñas de este país», cuenta Halima.

Ahora, añade, «no puedo salir como solía hacerlo. Siempre tengo miedo cuando salgo de casa. No dejo de pensar en lo que pasaría si me detuvieran de nuevo».

Halima no es la única que ha vivido estas experiencias. Los talibanes han comenzado recientemente a aplicar de forma más estricta el código de vestimenta para las mujeres en toda la provincia hómonima de Herat, y no solo en la ciudad, la tercera más grande de Afganistán.

A principios de junio, las mezquitas de la ciudad anunciaron normas más estrictas, y en las redes sociales comenzaron a difundirse noticias sobre detenciones de mujeres y niñas por toda la ciudad. Las detenciones han suscitado preocupación, han desencadenado protestas y han intensificado las medidas de seguridad en toda la provincia de Herat.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 30 mujeres fueron detenidas en Herat durante el primer fin de semana de junio, por la decisión de aplicar en forma estricta y arbitraría el código de vestimenta impuesto por los talibanes a las mujeres, desde el retorno al poder del grupo fundamentalista islámico talibán, tras haber gobernado el país entre 1996 y 2001.

Suhaila (nombre ficticio) recuerda el momento en que la ira y la impotencia llevaron a muchas personas de Herat a protestar.

El día antes de las protestas, Suhaila fue a hacer la compra al mercado. Más temprano ese mismo día, el imán de la mezquita local había anunciado una nueva orden de los talibanes: las mujeres que infringieran el código de vestimenta serían detenidas y encarceladas sin posibilidad de apelación.

El padre de Suhaila consideraba que las amenazas de las autoridades debían tomarse en serio y que su hija no debía salir sin ropa que le cubriera todo el cuerpo. Suhaila siguió el consejo de su padre y se vistió según las instrucciones, pero aun así vivió en el mercado algo que nunca olvidará.

«En cuanto llegué al mercado, percibí un ambiente inusual de confusión. Las mujeres se movían inquietas de un lado a otro del mercado, y muchas intentaban hacer la compra y marcharse lo antes posible», cuenta.

Entonces empezó a suceder. Detuvieron a las mujeres, les propinaron patadas y golpes, las humillaron y se burlaron de ellas. Las tropas talibanes permanecían junto a sus todoterrenos, observando cómo sus compañeras mujeres agarraban a las mujeres. Detuvieron a aquellas cuya ropa no se ajustaba al concepto de código de vestimenta de los talibanes.

«Quería gritar y protestar, pero estaba en el mercado con mi hermana pequeña. La abracé con fuerza y me limité a llorar. Tenía miedo de que, si abría la boca, nos detuvieran también a nosotras», recuerda.

Sin noticias de Zainab

Esa noche, Suhaila se unió a un grupo de WhatsApp para jóvenes de su barrio, donde se comentaba lo que había sucedido. El grupo tenía docenas de mensajes sobre las detenciones. Algunos compartían fotos e historias de lo ocurrido, mientras que otros contaban experiencias personales de familiares.

Pronto, el grupo empezó a debatir la posibilidad de organizar una protesta. Algunos advirtieron de que protestar provocaría más detenciones y tal vez incluso muertes. Otros creían que permanecer en silencio ante la injusticia privaría a la gente de su dignidad.

Suhaila decidió unirse a las protestas. Quería dar voz a las niñas y mujeres cuyas detenciones había presenciado. Por la mañana, se dirigió al punto de encuentro acordado sin contarle a su padre sus planes y a pesar de las objeciones de su madre.

Los manifestantes comenzaron a corear consignas exigiendo los derechos de las mujeres a la educación, al trabajo y a la libertad.

La protesta creció rápidamente, pero no duró mucho. De repente, varios todoterrenos de los talibanes se acercaron a la multitud desde distintas direcciones y la rodearon. Los manifestantes fueron golpeados y los talibanes abrieron fuego. Se oían gritos desesperados por todas partes y la gente buscaba refugio donde podía. Algunos resultaron heridos, mientras que otros intentaban ayudarlos.

Entre los detenidos también se encontraban amigos de Suhaila.

«Zainab no logró escapar. La última vez que la vi fue cuando la obligaron a subir a un coche de los talibanes. Nadie ha sabido nada de ella desde entonces», cuenta Suhaila.

«No nos sentimos seguras ni siquiera en nuestras casas. Los talibanes van de calle en calle buscando a los manifestantes», explica Suhaila sobre el ambiente que se respira tras la protesta.

El miedo lo invade todo. Las mujeres ya no quieren ir al mercado, y muchas familias solo salen de casa cuando se ven obligadas a ello.

Ya no está claro qué está permitido y qué no. La incertidumbre mantiene a la gente en sus casas. La ciudad se ha quedado en silencio y los comercios están pasando apuros.

Shakoor (nombre ficticio) cree que no se trata solo de una cuestión de vestimenta femenina.

«Las niñas y las mujeres tienen un estatus especial en esta ciudad. Detener a una mujer o humillarla públicamente se considera un ataque a la dignidad y al honor de la familia. Por eso la reacción ha sido tan fuerte, y esta vez también se han manifestado los hombres», afirma.

La administración talibán local cree que endurecer el código de vestimenta para las mujeres protege los valores sociales.

El gobernador de la provincia de Herat, Noor Ahmad Islamjar, cree que las protestas son el resultado de malentendidos y de influencias externas.

En una entrevista televisiva, recordó a la ciudadanía que las manifestaciones están prohibidas.

El régimen talibán afirma que las mujeres detenidas serán puestas en libertad tras recibir una advertencia, se notificará a sus familias y se les exigirá que firmen un compromiso de cumplir el código de vestimenta. Sin embargo, no todas las familias saben qué ha sido de sus seres queridos.

Una de ellas es Zainab, la amiga de Suhaila. Su familia no ha tenido noticias de ella desde su detención.

T: MF / ED: EG

República Dominicana reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales, entidades financieras y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe durante la Conferencia Internacional Mujer Rural 2030: Innovación, Derechos y Desarrollo Sostenible en las Américas, un encuentro orientado a definir acciones para fortalecer los derechos, la autonomía económica y la participación de las mujeres rurales.

La conferencia también marcó el cierre del proceso nacional de consultas realizado en las regiones Norte, Sur y Este del país. Los aportes recopilados servirán de base para la elaboración del Informe País sobre la Situación de la Mujer Rural, documento que orientará futuras políticas públicas dirigidas a este sector.

Durante el encuentro, representantes nacionales e internacionales coincidieron en la necesidad de ampliar el acceso de las mujeres rurales al financiamiento, la innovación, los mercados, la asistencia técnica, los sistemas de cuidados y los espacios de participación política, al considerar que desempeñan un papel clave en la producción de alimentos, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las comunidades.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que las mujeres rurales tienen un papel fundamental en el desarrollo del país y señaló que escuchar sus necesidades es esencial para diseñar políticas públicas acordes con su realidad y que favorezcan su autonomía económica y su participación en igualdad de condiciones.

Entre los resultados del evento figura la presentación del Capítulo República Dominicana de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (REDLAC), que busca fortalecer el intercambio de experiencias entre lideresas de la región. También fue presentada la Gran Coalición Nacional de Mujeres Rurales, concebida como un espacio de coordinación entre instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones sociales.

La agenda incluyó además la presentación de las Directrices Voluntarias sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, como referencia para el diseño de políticas y programas orientados a reducir las brechas de desigualdad en los sistemas agroalimentarios.

OEA presenta programa de formación para aspirantes a cargos electivos

Durante la conferencia también fue anunciada la convocatoria al Curso de Alto Nivel Milagros Ortiz Bosch para Mujeres Rurales Aspirantes a una Candidatura Electoral, una iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Escuela de Gobierno de la OEA, desarrollada junto al Ministerio de la Mujer y con el apoyo del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia.

El programa ofrecerá capacitación especializada a mujeres rurales interesadas en fortalecer sus capacidades de liderazgo, incidencia y participación política, con el propósito de ampliar su presencia en los espacios de representación.

En la conferencia participaron representantes de instituciones del Estado dominicano, organismos del sistema de las Naciones Unidas, entidades financieras regionales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al desarrollo rural y la igualdad de género.

Los acuerdos alcanzados servirán como insumo para la elaboración del Informe País sobre la Situación de la Mujer Rural y para la participación de la República Dominicana en próximos espacios internacionales relacionados con la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la igualdad de género.

Por: Lic. Fresa Torres

CON EL ESCUDO NO SE JUEGA

El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, declaró en Santo Domingo que el diseño del escudo incrustado en la nueva cedula de identidad nacional, no fue modificado de forma “antojadiza” y que se ajusta a la Constitución y a las leyes vigentes.

Precisó que el escudo incluido en los tres modelos de cédula —identidad y electoral/menores de edad, militares/policías y extranjeros legales— fue validado, revisado y certificado por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Instituto Duartinano.. Entonces el asunto, es más grave aún.

La cédula de identidad es el documento más sagrado que porta un dominicano. No es un plástico. Es la prueba viva de que pertenecemos a esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella. Por eso, cuando aparece distorsionado el Escudo Nacional en la nueva cédula, no estamos frente a un “error de diseño”. Estamos frente a una afrenta a la Patria.

1. Lo que pasó no es casualidad

Bajo el gobierno de Danilo Medina ya se intentó borrar el Escudo de nuestra bandera tricolor en actos oficiales. Se “modernizó” el diseño, se jugó con los colores, se minimizó la Biblia. Ahora, en la gestión de Román Jáquez al frente de la JCE, reaparece la historia: colores que no son azul ultramar ni rojo bermellón, una Biblia que no es la Biblia, una cruz desproporcionada. Dicen que fue “bajo consenso y consultando sectores”. ¿Qué sectores? ¿Desde cuándo se consulta para mutilar un símbolo patrio? Irresponsables, Mezquinos que se juntaron en lo oscuro para distorsionar lo que a nuestros padres fundadores les costó sangre. La cédula no es un carnet de discoteca. Es la cédula de identidad nacional. Y la identidad nacional empieza por el Escudo.

La Constitución lo prohíbe. Punto. Artículo 30: “Los símbolos patrios son la Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional”. Artículos, 31: La Bandera “lleva en el centro el Escudo Nacional”. Artículo 32: Describe el Escudo con precisión quirúrgica: colores exactos, Biblia abierta en Juan 8:32, “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, cruz encima, trofeo de lanzas y banderas, laurel, palma, cintas con “Dios, Patria y Libertad” y “República Dominicana”.

En república-dominicana. No hay espacio para “interpretaciones artísticas”. La Ley 210-19 lo refuerza: queda prohibido “incorporar a la Bandera Nacional una versión del escudo distinta a la versión oficial vigente” y usar “colores distintos a los establecidos por la Constitución”. El ultraje a los símbolos patrios se castiga con prisión y multa.

Pero ¿Qué significa ese Escudo que hoy quieren borrar?

Cada parte fue pagada con vida: La Biblia abierta en Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Es el evangelio de la libertad. La pusieron ahí Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y las mujeres de febrero como; María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Rosa Duarte, Manuela Aybar. Muchos fueron fusilados. María Trinidad murió fusilada el 27 de febrero de 1845 por confeccionar la primera bandera. La cruz: Fe del pueblo dominicano. El laurel: Victoria, la palma paz. Las lanzas y banderas: Disposición a defender la Patria.

“Dios, Patria y Libertad”: El grito trinitario que nos parió como nación. Ese Escudo no lo diseñó un publicista. Lo diseñaron patriotas con la soga al cuello.

4. La historia que quieren votar

Primero fue “quitar el escudo para modernizar”. Luego “cambiar los tonos porque se ven mejor en digital”. Mañana será “quitar la Biblia porque no es inclusiva”. Es el mismo libreto: borrarnos como pueblo. Quieren una República sin memoria, sin raíces, sin Dios. Una cédula genérica para ciudadanos sin historia. Pero se equivocaron de país.

¡CON LOS SÍMBOLOS PATRIOS NO SE METAN!

A los que quieren borrarnos como pueblo: los estamos viendo. Nos mantendremos vigilantes. La cédula es dominicana y lleva el Escudo de Duarte, no el garabato de un burócrata. Que lo oigan en la JCE, en el Palacio y donde haya que oírlo: Nuestro Escudo no lo vuelvan a tocar.

Dominicanos y dominicas, no es hora de callar. Es hora de levantarnos como se levantaron nuestros padres fundadores cuando todo estaba perdido. Como se levantaron Duarte, Sánchez, Mella, María Trinidad, Concepción Bona y tantos otros que dieron la vida para: que hoy tengamos Escudo y Bandera.

Si ellos no negociaron la Patria con el machete en la garganta, nosotros no vamos a negociar el Escudo en una oficina con aire acondicionado. Que retumbe en cada rincón: ¡hago un llamado desde aquí, New York donde vivo, al pueblo dominicano, que se levanten! A defender lo que nos identifica, a defender el documento que nos hace ciudadanos, a defender la Biblia, la cruz, el laurel y la palma que nos costaron sangre.

Y que no se les olvide a los que hoy juegan a ser “modernos” con nuestros símbolos.

Ya lo dijo Duarte “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria».

“Hoy la amenaza no viene en barcos. Viene disfrazada de “rediseño”, de “consenso”, de “actualización”. Pero es lo mismo: borrarnos.

Si la isla se hunde, nos hundimos con ella. Pero con la Bandera en alto y el Escudo en el pecho. ¡Dios, Patria y Libertad!¡Que viva la República Dominicana,

Caracas. El número de fallecidos por los dos devastadores terremotos que sacudieron Venezuela a finales de junio ascendió a cuatro mil 829, informaron hoy autoridades del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó en un mensaje difundido por Telegram que otras 16 mil 740 personas resultaron heridas.

Añadió que rescatistas y familiares de las víctimas continúan la búsqueda de desaparecidos entre los escombros en la ciudad de La Guaira, tres semanas después de los sismos.

Al menos 20 mil 857 personas permanecen en campamentos superpoblados, la mayoría de los cuales carecen de agua potable y sistemas adecuados de saneamiento.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con menos de un minuto de diferencia el 24 de junio y provocaron una destrucción generalizada en el costero estado de La Guaira, situado al norte de Caracas.

fm/ed

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) investiga la muerte de seis mujeres que se encontraban bajo custodia en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

A través de un comunicado, el organismo informó que “avanza en la investigación de los casos y mantiene acciones de monitoreo para identificar y atender los factores estructurales relacionados con estos hechos en ese y otros centros de reclusión de la Ciudad de México, así como las posibles responsabilidades de las autoridades”.

La indagatoria se realiza a partir de seis quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, de las cuales cuatro fueron presentadas por personas peticionarias y dos se iniciaron de oficio. La Segunda Visitaduría General de la CDHCM es la encargada de integrar los expedientes.

Como parte del procedimiento, la Comisión detalló que “realiza visitas semanales a los centros de reclusión, sostiene reuniones periódicas con las autoridades responsables para dar seguimiento a las condiciones de internamiento y a los procesos de ejecución penal, y mantiene comunicación permanente con personas privadas de la libertad y sus familiares”.

El organismo público autónomo señaló que dará seguimiento a los casos con el objeto de “contribuir a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, prevenir nuevas vulneraciones y, en su caso, emitir las determinaciones que conforme a sus atribuciones resulten procedentes”.

PAN denuncia muertes en penal de Santa Martha

El pasado 6 de julio, la diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, exigió a la Fiscalía de CDMX investigar la posible responsabilidad de autoridades penitenciarias tras la muerte de seis mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla en un lapso de 90 días.

La legisladora presentó una denuncia de hechos para que se esclarezcan los fallecimientos ocurridos entre el 12 de marzo y el 12 de junio de 2026. Las mujeres sin vida son Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura.

Lamentó que, pese a la gravedad de los hechos, el centro penitenciario continúe operando.

“Seis mujeres muertas en tres meses dentro de un penal, no puede verse como una estadística más; no es normal, no puede normalizarse y alguien tiene que responder por lo que está pasando en Santa Martha Acatitla”, dijo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha nombrado a la bangladeshí Rabab Fatima como nueva representante especial para Afganistán y jefa de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), cargo en el que sucede a la kirguisa Roza Otunbayeva, a quien ha dado las gracias por su “dedicado servicio”.

La ONH ha destacado que Fatima, que en la actualidad es vice secretaria general y Alta Representante para Países Menos Adelantados, Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (UN-OHRLLS), tiene “más de 30 años de experiencia en servicio civil nacional e internacional”.

Previamente, fue embajadora y representante permanente de Bangladesh ante la ONU entre 2019 y 2022, además de ser presidenta de la Junta Ejecutiva de UNICEF en 2022 y de ONU Mujeres en 2022. Además, fue la primera mujer elegida como presidenta de la Comisión de Pacificación, en 2022, y fue vicepresidenta de la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

La diplomática fue además embajadora de Bangladesh en Japón, directora general del Ministerio de Exteriores bangladeshí y ocupó diversos cargos en la cartera, además de tener cargos en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), todo ello parte de la experiencia considerada por Naciones Unidas de cara a su nombramiento al frente de la UNAMA.

La misión fue establecida en marzo de 2022 a través de la resolución 1401 del Consejo de Seguridad de la ONU, después de la invasión encabezada por Estados Unidos tras los ataques del 11-S. La ofensiva derrocó a los talibán, que sin embargo regresaron al poder en agosto de 2021 tras una ofensiva a gran escala en plena retirada internacional tras el acuerdo de paz firmado un año antes con Washington.

Reconocida como una de las principales pioneras del feminismo mexicano, Elvia Carrillo Puerto (1878-1968) dedicó más de medio siglo a defender los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres. Maestra, escritora, activista y política, utilizó sus publicaciones, conferencias y trabajo comunitario para promover la igualdad de género y el derecho al voto, convirtiéndose en una figura clave en el camino que llevó al reconocimiento del sufragio femenino en México.

Nacida el 6 de diciembre de 1878 en Motul, Yucatán, Elvia Carrillo Puerto creció en una familia comprometida con las ideas liberales y el progreso social. Desde joven se interesó por la educación y por las condiciones de vida de las mujeres indígenas y campesinas, quienes enfrentaban profundas desigualdades en una sociedad donde las oportunidades para ellas eran prácticamente inexistentes.

Convencida de que la transformación social debía comenzar con la educación, trabajó como maestra y organizó grupos femeninos en distintas comunidades de Yucatán. A través de estas organizaciones promovió la alfabetización, la capacitación laboral y el conocimiento de los derechos civiles, buscando que las mujeres adquirieran independencia económica y una mayor participación en la vida pública.

Su activismo se fortaleció durante la Revolución Mexicana, período en el que impulsó la creación de ligas feministas y campesinas. Desde estos espacios promovió el acceso de las mujeres a la educación, la reforma agraria, la salud, la planificación familiar y, especialmente, el reconocimiento de sus derechos políticos.

Además de su trabajo organizativo, Elvia Carrillo Puerto recurrió a la escritura como una herramienta para difundir sus ideales. Publicó artículos en periódicos y revistas de la época, donde denunció la discriminación que sufrían las mujeres y defendió la necesidad de garantizarles igualdad de oportunidades. Sus textos sostenían que las mujeres debían participar activamente en la toma de decisiones nacionales y que el derecho al voto era un requisito indispensable para alcanzar una democracia auténtica.

Sus escritos también abordaron la situación de las mujeres rurales e indígenas, destacando que la exclusión política profundizaba la pobreza y la desigualdad. Para Carrillo Puerto, el sufragio femenino no solo representaba un derecho ciudadano, sino también una herramienta para impulsar cambios sociales que beneficiaran a las comunidades más vulnerables.

Gracias a su liderazgo, en Yucatán surgió uno de los movimientos feministas más importantes de México durante las primeras décadas del siglo XX. Sus ideas contribuyeron a que ese estado se convirtiera en un referente nacional en la promoción de los derechos políticos de las mujeres.

En 1923 hizo historia al ser elegida diputada local en el Congreso de Yucatán, convirtiéndose en una de las primeras mujeres mexicanas en ocupar un cargo de representación popular. Sin embargo, tras el asesinato de su hermano, el entonces gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto, fue víctima de persecución política y amenazas, lo que la obligó a abandonar temporalmente su actividad pública.

Lejos de abandonar la lucha, continuó recorriendo el país impartiendo conferencias y organizando asociaciones feministas. Durante décadas insistió en la necesidad de reformar la Constitución para reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas para cargos públicos.

Su perseverancia dio frutos en 1953, cuando el Estado mexicano aprobó la reforma constitucional que reconoció el sufragio femenino a nivel nacional. Aunque esta conquista fue resultado del esfuerzo colectivo de numerosas activistas, Elvia Carrillo Puerto fue ampliamente reconocida como una de sus principales impulsoras, al haber dedicado gran parte de su vida a esa causa.

Por su incansable labor recibió el reconocimiento de diversas organizaciones nacionales e internacionales y fue conocida como “La Monja Roja del Mayab”, un sobrenombre que reflejaba tanto su compromiso social como su firme defensa de la igualdad.

Elvia Carrillo Puerto falleció el 15 de abril de 1968, dejando un legado que trascendió el ámbito político. Sus escritos, conferencias y acciones ayudaron a transformar la percepción del papel de las mujeres en la sociedad mexicana y fortalecieron el movimiento que hizo posible el reconocimiento de sus derechos políticos.

Hoy es recordada como una de las grandes precursoras del sufragio femenino en México. Su defensa de la educación, la participación política y la igualdad de derechos contribuyó a abrir espacios para que millones de mujeres ejercieran plenamente su ciudadanía. Su legado continúa siendo un referente en la lucha por la democracia, la justicia social y la igualdad de género.

Mucho antes de que el sufragio femenino se convirtiera en una demanda organizada en Europa y América, la escritora y pensadora Flora Tristán (1803-1844) denunció la desigualdad que enfrentaban las mujeres y defendió su derecho a la educación, al trabajo digno y a una ciudadanía plena. Sus obras marcaron un hito en la historia del pensamiento feminista al vincular la emancipación femenina con la justicia social, influyendo en las generaciones que más tarde impulsarían el derecho al voto de las mujeres.

Nacida el 7 de abril de 1803 en París, hija de un militar peruano y una madre francesa, Flora Tristán vivió una infancia marcada por la inestabilidad económica. Tras la muerte de su padre, la familia quedó desprotegida debido a que el matrimonio de sus padres no había sido reconocido legalmente en Francia, situación que le impidió acceder a la herencia familiar. Esa experiencia la llevó a comprender, desde muy joven, las consecuencias de las leyes que negaban a las mujeres igualdad de derechos.

En su juventud trabajó como obrera en un taller de litografía y contrajo matrimonio con André Chazal, una relación marcada por la violencia y el control. Después de separarse, enfrentó una intensa persecución por parte de su esposo, quien incluso atentó contra su vida. Estos acontecimientos fortalecieron su compromiso con la defensa de las mujeres víctimas de la discriminación y la violencia, temas que más tarde ocuparían un lugar central en sus escritos.

Flora Tristán dedicó gran parte de su vida a viajar y documentar las condiciones sociales de los sectores más vulnerables. En 1838 publicó Peregrinaciones de una paria, una obra autobiográfica en la que relató su viaje al Perú y denunció las limitaciones legales y sociales impuestas a las mujeres, así como las profundas desigualdades de clase existentes en la sociedad.

Su obra más influyente apareció en 1843 con la publicación de La Unión Obrera (L’Union Ouvrière), un ensayo en el que defendió la organización de la clase trabajadora y sostuvo que la igualdad social solo sería posible si las mujeres participaban plenamente en ese proceso. En este texto afirmó que la emancipación de los trabajadores no podía alcanzarse sin la emancipación de las mujeres, una idea revolucionaria para la época.

A través de sus escritos, Tristán denunció que las mujeres carecían de derechos civiles, educativos y económicos, y criticó un sistema que las mantenía subordinadas tanto en el hogar como en la vida pública. Defendió el acceso femenino a la educación, al empleo remunerado y a la independencia económica como condiciones indispensables para alcanzar una verdadera igualdad.

Aunque Flora Tristán falleció en 1844, antes de que el sufragio femenino se convirtiera en una demanda política organizada, sus ideas ayudaron a transformar la manera en que se entendía la ciudadanía. Al sostener que las mujeres debían ser consideradas sujetos de derechos y participar plenamente en la construcción de la sociedad, proporcionó argumentos que más tarde serían retomados por los movimientos sufragistas en Europa y América.

Sus escritos también influyeron en el desarrollo del feminismo socialista y en pensadoras que defendieron la igualdad política durante la segunda mitad del siglo XIX. La relación que estableció entre la desigualdad de género y la injusticia social permitió ampliar el alcance del movimiento feminista, integrando la lucha por los derechos laborales, educativos y políticos de las mujeres.

Además de su legado intelectual, Flora Tristán es reconocida por haber recorrido ciudades francesas promoviendo la organización de los trabajadores y difundiendo sus ideas mediante conferencias y publicaciones, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en desarrollar una campaña nacional de movilización social.

La escritora falleció el 14 de noviembre de 1844 en Burdeos, a los 41 años. Décadas después, cuando las sufragistas comenzaron a reclamar el derecho al voto, encontraron en sus planteamientos una sólida defensa de la igualdad y de la participación de las mujeres en la vida pública.

Hoy, Flora Tristán es considerada una de las precursoras del feminismo moderno y del pensamiento social contemporáneo. Sus escritos no promovieron directamente campañas por el sufragio femenino, pero sí establecieron principios fundamentales sobre la igualdad de derechos, la ciudadanía y la participación de las mujeres que inspiraron a las generaciones que finalmente conquistaron el voto femenino en numerosos países. Su legado continúa siendo un referente en la defensa de la justicia social, la igualdad de género y los derechos humanos.

La filósofa, escritora y ensayista Simone de Beauvoir (1908-1986) transformó el pensamiento contemporáneo sobre la condición femenina con una obra que marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género. Aunque desarrolló su trabajo en una época en la que las mujeres francesas ya habían obtenido el derecho al voto, sus escritos fortalecieron el movimiento feminista internacional y consolidaron la defensa de la participación plena de las mujeres en la vida política, económica y social.

Nacida el 9 de enero de 1908 en París, Beauvoir destacó desde muy joven por su brillante desempeño académico. Estudió Filosofía en la Universidad de París (La Sorbona), donde conoció al filósofo Jean-Paul Sartre, con quien mantuvo una estrecha relación intelectual que influyó en el desarrollo del existencialismo francés.

A lo largo de su carrera ejerció como profesora, novelista, ensayista y periodista. Su producción literaria incluye novelas como La invitada (1943), Los mandarines (1954), obra con la que obtuvo el Premio Goncourt, además de memorias y numerosos ensayos filosóficos que la convirtieron en una de las intelectuales más influyentes del siglo XX.

Su obra más trascendental fue El segundo sexo (Le Deuxième Sexe), publicada en 1949. Este ensayo revolucionó el pensamiento feminista al analizar las causas históricas, culturales y sociales de la desigualdad entre hombres y mujeres. En sus páginas formuló una de sus frases más célebres: “No se nace mujer: se llega a serlo”, con la que planteó que muchos de los roles asignados a las mujeres eran construcciones sociales y no características determinadas por la biología.

En este libro, Beauvoir examinó cómo las normas culturales, las instituciones y las tradiciones habían limitado durante siglos la autonomía femenina, restringiendo su acceso a la educación, al trabajo, a la independencia económica y a la participación política. Su análisis cuestionó profundamente las estructuras de poder que mantenían a las mujeres en una posición de subordinación.

Aunque el derecho al voto femenino ya había sido reconocido en Francia en 1944, El segundo sexo dio un nuevo impulso a los movimientos feministas que buscaban convertir esa igualdad jurídica en una igualdad real. Beauvoir sostuvo que el sufragio representaba un avance fundamental, pero advirtió que la ciudadanía plena solo sería posible cuando las mujeres pudieran participar en todos los ámbitos de la sociedad sin discriminación.

Sus escritos influyeron de manera decisiva en la llamada segunda ola del feminismo, desarrollada entre las décadas de 1960 y 1970, que amplió las reivindicaciones más allá del voto para incluir la igualdad laboral, la autonomía económica, los derechos reproductivos, la representación política y el combate a la violencia y la discriminación de género.

Además de su labor intelectual, Simone de Beauvoir participó activamente en diversas campañas por los derechos de las mujeres. En 1971 fue una de las firmantes del histórico “Manifiesto de las 343”, mediante el cual cientos de mujeres francesas reconocieron públicamente haber abortado para exigir la despenalización de esa práctica y el respeto a los derechos reproductivos.

Su influencia trascendió las fronteras de Francia. Sus libros fueron traducidos a decenas de idiomas y se convirtieron en textos fundamentales para organizaciones feministas, universidades y movimientos sociales en Europa, América Latina, África y otras regiones del mundo, donde sus ideas ayudaron a fortalecer las demandas de igualdad política y participación democrática.

Simone de Beauvoir falleció el 14 de abril de 1986 en París, dejando un legado intelectual que continúa inspirando los debates sobre igualdad de género y derechos humanos.

Hoy es reconocida como una de las pensadoras más influyentes del feminismo contemporáneo. Si bien no lideró las campañas que lograron el sufragio femenino, sus escritos contribuyeron a consolidar la idea de que el derecho al voto debía ir acompañado de una participación plena e igualitaria de las mujeres en la sociedad. Su obra reforzó los fundamentos filosóficos y políticos del feminismo moderno y dio nuevas herramientas a quienes continuaron luchando por la igualdad de derechos en todo el mundo.