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Hoa Binh, Vietnam (VNA)- El Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Comité Popular de la provincia de Hoa Binh inauguraron hoy el Centro de Servicios Únicos para Apoyar a las Víctimas de Violencia de Género – la Casa de Anh Duong.

Este es un paso importante para promover los derechos y proteger a las víctimas de violencia de género, especialmente a las mujeres y niñas.

La nueva institución ofrece servicios esenciales y completos para las personas que están siendo o corren el riesgo de sufrir agresión doméstica o por cuestión de género. Este modelo no solo apoya a mujeres y niñas, sino también a personas con discapacidades y comunidades de minorías étnicas. Los servicios que ofrece incluyen albergue de emergencia, atención médica, apoyo psicológico, asesoría, protección legal y reenvío, todos diseñados conforme a los estándares internacionales.

Según Le Khanh Luong, jefa del Departamento de Igualdad de Género de la mencionada cartera vietnamita, el centro es un lugar esencial para acercar los servicios integrados a las personas afectadas por la violencia de género.

También es una muestra del compromiso de las autoridades y organizaciones en la lucha contra este flagelo y la promoción de la igualdad de género, además de la implementación de las estrategias nacionales sobre estos temas.

Matt Jackson, representante del UNFPA, subrayó la estrecha colaboración entre el Fondo y el Ministerio vietnamita para erradicar la violencia de género.

La Casa de Anh Duong será un lugar para educar a la comunidad, ayudando a cambiar las creencias sociales y las actitudes perjudiciales que conducen al maltrato. Este modelo promete ser ampliado a otras áreas, con el compromiso del Gobierno de Vietnam y sus socios internacionales.

La Casa es parte del proyecto “Erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en Vietnam 2021-2025” financiado por el Gobierno de Australia. Este es uno de los esfuerzos para crear un entorno seguro y justo para las féminas y las pequeñas, brindándoles la oportunidad de vivir sin violencia.

El modelo ya se ha implementado en varias localidades como Quang Ninh, Thanh Hoa, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, brindando apoyo a miles de víctimas y convirtiéndose en un referente en la respuesta a ese mal en la nación indochina./.

Marisol y su hija Aurora¹ son sobrevivientes de violencia de género. A pesar de que Marisol denunció los presuntos malos tratos de su exmarido, la justicia española desestimó sus denuncias, acusándola de manipular el testimonio de Aurora. Al sentirse desprotegida por la justicia, huyó de España para proteger a su hija.
Ahora, Marisol se enfrenta a la obligación de regresar a España, donde corre el riesgo de ser encarcelada y perder la custodia de Aurora.

Marisol y su hija Aurora huyeron de España tras sufrir violencia de género y de que el sistema de justicia no las protegiera. Aunque Marisol denunció los presuntos malos tratos de su exmarido, que duraron 13 años, el sistema judicial español no le creyó. En cambio, la acusó de manipular el testimonio de su hija. Temiendo por la seguridad de Aurora, Marisol no vio otra opción que abandonar el país. Hoy corre el riesgo de verse obligada a regresar a España, de ser encarcelada y de perder la custodia de su hija.

El 13 de enero de 2025, una audiencia crucial determinará si Marisol y Aurora pueden permanecer en Bélgica, donde han construido una nueva vida. En Bélgica se sienten seguras, tienen una comunidad que las apoya e incluso han aprendido el idioma. Aurora quiere vivir allí, sin miedo, junto a su madre. Es crucial permitirles quedarse y protegerlas de los peligros a los que se enfrentan si son devueltas a España.

Desde 2021, varios expertos de la ONU han expresado su preocupación por su situación y han instado al Gobierno español a actuar. Por ejemplo, los relatores especiales sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, así como sobre la tortura, han afirmado que los niños y niñas en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales debido a un sistema judicial que no les protege de los padres maltratadores. Han instado a los tribunales españoles a abordar su sesgo contra las mujeres y a adoptar un enfoque centrado en los niños, las niñas y en el género. Sin embargo, no se han aplicado medidas de protección.

«Queremos estar a salvo donde estamos ahora y quedarnos en Bélgica. Ningún niño ni niña debería vivir esta experiencia. Mi hija quiere vivir sin miedo y sin riesgos. Queremos una vida libre de violencia, juntas, y sentir, por una vez en nuestras vidas, que la justicia es justa y que las víctimas están protegidas», asegura Marisol.

A pesar de que una evaluación oficial del riesgo realizada por la policía española afirmaba que el exmarido de Marisol suponía un “alto riesgo” de cometer “actos de violencia muy graves o incluso letales” contra ella y Aurora, la justicia española se basó en el desacreditado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en su caso. Esta teoría se utiliza cada vez más para acusar a las madres de manipular a sus hijos e hijas en contra de sus padres.

«Este supuesto síndrome no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y carece de toda credibilidad científica. No puede utilizarse para atacar a las mujeres sobrevivientes de violencia de género. Los sistemas de justicia deben abandonar los dañinos estereotipos de género y priorizar la seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos«, explicó Gema Fernández, abogada de la dirección legal para Europa de Women’s Link.

En países como Colombia, la Corte Constitucional ha prohibido el uso del SAP en los procedimientos judiciales, especialmente en las disputas por la custodia. Según la sentencia del tribunal, el SAP “carece de validación científica, menoscaba los derechos de los niños, niñas y adolescentes, perpetúa estereotipos de género nocivos y constituye violencia de género contra las mujeres».

El historial de España en materia de protección de las sobrevivientes de violencia de género dista mucho de ser el adecuado.

«Women’s Link ha representado legalmente a Ángela González Carreño, cuyo exmarido maltratador mató a la hija de ambos antes de quitarse la vida, a pesar de que Ángela había solicitado protección a las autoridades españolas más de 30 veces. Women’s Link llevó su caso ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que dictaminó que España no la había protegido ni a ella ni a su hija«, explicó Gema Fernández.

A pesar de esta decisión histórica de 2014, la situación sigue siendo alarmante y pone de manifiesto el fracaso del sistema a la hora de proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos. En España, en 2023 se denunciaron 179.000 casos de violencia doméstica contra mujeres con hijos e hijas. En el 29% de los casos en los que los padres habían asesinado a sus hijos para violentar a sus parejas o exparejas, las mujeres ya habían denunciado la violencia y, sin embargo, el sistema no actuó. Además, en el 89% de los casos en los que se dictaron órdenes de protección contra padres violentos, no se tomaron medidas para restringir sus derechos de visita con sus hijos e hijas.

Hacemos un llamado a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas², al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a las ONG y a otros activistas de derechos humanos para que:

• Aboguen por el bienestar de Aurora y Marisol y supervisen la audiencia para garantizar el respeto de las normas internacionales de derechos humanos, incluido el interés superior del menor.
• Colaboren con las autoridades pertinentes para garantizar que tanto España como Bélgica respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales.
• Garanticen que los países de Europa y del mundo aplican medidas efectivas de protección a las sobrevivientes de violencia de género.

Los sistemas de justicia deben dejar de acusar a las sobrevivientes de mentir y empezar a protegerlas. Las mujeres y sus hijos e hijas tienen derecho a vivir libres de violencia. Seguiremos trabajando por un mundo mejor para ellas y ellos.

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¹ Se han cambiado los nombres para proteger su identidad.

² Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Relator Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;

En Afganistán, los talibanes han prohibido la colocación de ventanas de los edificios o casas para impedir que se vea a las mujeres desde afuera.

Hibatullah Akhundzada, líder talibán, decretó que las viviendas no tuvieran ventanas en los ambientes donde pudiera haber una mujer sentada o de pie.

La orden se aplica tanto a las construcciones nuevas como a las ya existentes, según el decreto de cuatro cláusulas publicado por el vocero del gobierno, Zabihullah Mujahid, en la red social Twitter/X a última hora del sábado.

En el texto, se establece que los nuevos edificios no deben tener ventanas desde las que se pueda ver “el patio, la cocina, el pozo de agua del vecino y otros lugares habitualmente utilizados por las mujeres”, según informa AFP.

Y se agrega: “Ver a las mujeres trabajando en las cocinas, en los patios o recogiendo agua de los pozos puede dar lugar a actos obscenos”.

Además, se estipula que, en las propiedades con ventanas que no respeten la nueva ley, se instará a los propietarios a construir un muro o bloquear la vista “para evitar causar molestias a los vecinos”.

Heather Barr, subdirectora delegada del departamento de derechos de la mujer de la ONG Human Rights Watch, declaró a The Independent: “La gente se ha referido, metafóricamente, a cómo los talibanes están eliminando a las mujeres; sin embargo, no es metafórico en absoluto, y cada día se nota más”.

Agregó: “Ya les han prohibido hablar en público y ahora les impiden incluso mirar por la ventana, básicamente”.

Finalizó: “Están impidiendo que las mujeres sean vistas y están impidiendo que las mujeres vean el mundo. Es una deshumanización total de la mujer y está pasando, claramente. No tenemos ni idea de cómo acabará esto”.

Los talibanes, un grupo islamita extremista que gobernó Afganistán en el pasado, les han prohibido a las mujeres trabajar, educarse y asistir a lugares públicos. Asimismo, desde que tomaron el poder tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y británicas en 2021, les han prohibido participar en cualquier deporte.

Hoy en día, las mujeres de Afganistán tienen prohibido ir a la peluquería, al gimnasio e incluso hablar o rezar en público.

Un mes después de tomar Kabul, el Ministerio de Educación talibán prohibió la asistencia de niñas y mujeres a las escuelas. Por otro lado, los dirigentes talibanes anunciaron que las niñas solo pueden estudiar hasta el sexto año, y que la medida se aplicaría a los institutos y universidades en diciembre de 2022.

Mientras los talibanes emiten el decreto de prohibición de las ventanas, han declarado también que cerrarán todas las ONG nacionales y extranjeras en Afganistán que empleen a mujeres.

Dos años antes, les habían ordenado a las ONG que suspendieran a las empleadas mujeres, ya que alegaban que no utilizaban correctamente el velo islámico.

En una carta publicada en X el domingo por la noche, el Ministerio de Economía advirtió que, en caso de incumplimiento de la última medida, las organizaciones ya no podrían operar en Afganistán.

Desde Naciones Unidas afirmaron que el rol de la mujer en la sociedad afgana se ha reducido drásticamente en los dos últimos años y reiteró su pedido a los talibanes para que den marcha atrás con las medidas.

“Esto afecta profundamente a la forma en que podemos proporcionar asistencia humanitaria a toda la población de Afganistán”, declaró Florencia Soto Nino-Martínez, vocera adjunta de la ONU.

Y agregó: “Y, obviamente, estamos muy preocupados por el hecho de que estamos hablando de un país en el que se le niegan los derechos de la mitad de la población, un país que vive en la pobreza y en el que muchas personas, no solo las mujeres, se enfrentan a una crisis humanitaria”.

El Ministerio declaró que era responsable del registro, coordinación, dirección y supervisión de todas las actividades realizadas por organizaciones nacionales y extranjeras.

De esta manera, el gobierno vuelve a impedir que las mujeres trabajen en instituciones no controladas por los talibanes.

Es el último intento de los talibanes de controlar o intervenir en la actividad de las ONG.

A principios de este mes, el Consejo de Seguridad de la ONU se enteró de que a una proporción cada vez mayor de trabajadoras humanitarias afganas se les impedía realizar su labor, a pesar de que dicho trabajo es esencial.

Según Tom Fletcher, funcionario de alto rango de la ONU, también ha aumentado el número de organizaciones humanitarias que informan que su personal femenino o masculino ha sido detenido por la policía de la moral talibán.

Sin embargo, los talibanes niegan que estén impidiendo que las ONG puedan llevar a cabo su trabajo o interfiriendo en sus actividades.

Artículo elaborado con informes adicionales de AP

Traducción de María Luz Avila

En el siglo XVII, al fugarse de los sitios de esclavización, las mujeres negras llevaban consigo semillas ocultas entre las trenzas hechas en sus cabellos. Así lograron sembrar sus huertos en nuevas tierras para alimentar a los suyos. En sus peinados cargaban un pedacito de resiliencia, narra Johana Bastidas sobre sus ancestras, pues las plantas que harían crecer garantizarían la sostenibilidad y la soberanía alimentaria de ellas y de sus familias en aquellos tiempos difíciles.

“Por eso para nosotras la tierra, el territorio y los recursos significan la vida”, dice Bastidas, integrante del consejo técnico y del equipo de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), quienes luchan por garantizar el reconocimiento y la tenencia de las tierras para las mujeres.

Hoy en día, Bastidas es una de las 230 mujeres afrocolombianas que, a través de distintas actividades ligadas a la producción agropecuaria, la conservación de suelos y de fuentes hídricas, no sólo han creado alternativas alimentarias y económicas comunitarias, sino que replican y conservan las prácticas ancestrales que aprendieron de aquellas mujeres para que no se pierdan con el tiempo.

Cuando Wilma Mendoza era niña se prometió a sí misma que nunca sería como su padre Gregorio Mendoza. Vio y vivió de cerca cómo la labor de defender su territorio le quitaba a este reconocido líder indígena del Alto Beni, en Bolivia, el tiempo que su familia merecía recibir y a la larga no le generaba más que frustraciones. La promesa duró muy poco.

En la universidad, Wilma Mendoza ocupó sus primeros cargos de liderazgo femenino y poco después, siguiendo la voz de la herencia, fue designada dirigente de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Mosetén. Tenía 27 años. Desde entonces, su trabajo ha estado enfocado en generar espacios de liderazgo para las mujeres, combatir el machismo que hay dentro de los pueblos indígenas y cuidar las conquistas de sus antepasados.

En esta entrevista con Mongabay Latam, Wilma Mendoza cuenta los desafíos que enfrenta en la formación de nuevos liderazgos y el reto de preparar a otras mujeres para que continúen la lucha indígena.

Para Mari Luz Canaquiri Murayari, su tío ha muerto dos veces. La primera fue en el mundo terrenal, hace muchos años atrás. La segunda, cuando ya era un Karuara, palabra que para el pueblo kukama kukamiria significa “gente de río”. “Para nosotros el río tiene madre y tenemos familiares que viven debajo del agua. Mi tío que vivía ahí se enfermó con el petróleo que contaminó el río Marañón y murió, eso han contado los karuara a los chamanes que se comunican con ellos”, explica la mujer kukama.

La naturalidad con la que Mari Luz Canaquiri cuenta sobre la vida que existe debajo del río Marañón es parte de la cosmovisión del pueblo kukama kukamiria. Para ellos, el río es sagrado porque les da vida a todos, a vivos y muertos. Por eso, consideran como un gran triunfo que a principios de marzo del 2024 y después de dos años de lucha, una sentencia del Poder Judicial les haya dado la razón en lo importante, significativo y valioso que es el río Marañón.

Una sentencia, en primera instancia, del Juzgado de Nauta ha reconocido que el río Marañón tiene derecho a estar protegido y estar libre de contaminación. Las mujeres fueron clave en la batalla legal.