Ciudad de Panamá, 21 jul (EFE).- Un dolor de cabeza, dificultad para dormir, así como nerviosismo, son secuelas físicas y mentales que enfrentan los menores damnificados por el potente doblete sísmico que asoló Venezuela hace casi un mes, alertó este martes la ONG Plan International, con sede en Panamá.
«Estar conscientes de estas señales» de estrés postraumático «y actuar sobre ellas, junto con la atención médica, es tan urgente como reconstruir un techo», indicó la asesora regional de Protección de la Niñez en Acción Humanitaria de Plan International, Yesica Serrano, en un comunicado.
Los sismos de 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia el 24 de junio pasado, destruyeron parte de La Guaira, la zona costera aledaña a Caracas, donde se desplomaron decenas de edificios. Al menos 5.208 murieron por los sismos, según las cifras oficiales, mientras que la cifra de desaparecidos es incierta.
En el texto, Plan International citó cifras de la agencia de Naciones Unidas responsable de coordinar la respuesta humanitaria (OCHA), según las cuales 107 campamentos transitorios alojan actualmente a más de 23.800 personas, cerca del 86 % de su capacidad total, mientras que más de 17.900 personas continúan sin vivienda.
La ONG señaló que las condiciones inadecuadas de vivienda, la acumulación de escombros y cambio en los arreglos de cuidado están profundizando el impacto emocional del desastre en la niñez y sus familias.
«Las organizaciones socias de Plan International que responden en el terreno reportan que las molestias físicas sin causa clara aparecen cada vez con más frecuencia, junto con señales de estrés postraumático y una sensación constante de inseguridad, y que, al escuchar con más atención, revelan semanas de sueño interrumpido, sobresaltos y miedo acumulado», destacó la ONG global.
Es por esto que la asesora Serrano, quien se encuentra en Venezuela, advirtió que la actual fase de la emergencia exige atención y pidió que se atienda esta situación a través de apoyo psicológico.
«Cuando pasa el impacto inmediato del terremoto, el efecto no desaparece, se queda con niñas, niños y adolescentes, tanto en el cuerpo como en la mente. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, dificultad para dormir o miedo a los ruidos fuertes pueden ser señales de angustia que la niñez no logra expresar con palabras», afirmó Serrano.
Agregó que «la salud mental de la niñez ya no puede tratarse como una respuesta secundaria. Si no atendemos el bienestar físico y emocional en conjunto, la recuperación será imposible».
Serrano recordó que los niños y adolescentes en distintas etapas de desarrollo «no siempre tienen las palabras o los medios para explicar lo que sienten, y no siempre lo demuestran de la misma manera».
«Las niñas y los niños más pequeños pueden dejar de comer, tener dificultad para dormir, presentar episodios de llanto sin razón aparente o sobresaltarse con facilidad, mientras que las y los adolescentes son más propensos a aislarse, a estar más callados, a mostrarse más agresivos o a alejarse de quienes los rodean», explicó.
La ONG aseguró que junto con sus socios en Venezuela ofrece apoyo psicosocial grupal e individual a niñas, niños y adolescentes, ayuda a las familias a cubrir necesidades urgentes que salvan vidas, y fortalece los servicios de protección de la niñez, con especial atención a las niñas.
Dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en las últimas 24 horas en el Estado español. Los crímenes machistas se han registrado en las provincias de Málaga y Toledo. Uno de los agresores ha sido arrestado y el otro se ha quitado la vida.
El primer asesinato machista se conoció este lunes en Antequera (Málaga). Una mujer de 30 años fue hallada muerta con heridas de arma blanca en un domicilio. La Policía Nacional investiga la relación entre este crimen y el suicidio de un hombre de 35 años acontecido en la misma localidad.
El segundo crimen ha tenido lugar en la madrugada de este martes en Alameda de la Sagra (Toledo). Una mujer de 45 años ha sido asesinada con arma blanca. El presunto agresor, un hombre de 48 años, fue detenido poco después de los hechos.
La mujer hallada muerta en Almoradí no fue asesinada
Durante la noche del lunes, otra mujer fue hallada muerta en Almoradí (Alicante), e inicialmente se pensaba que había sido asesinada por su marido. Sin embargo, la autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales, por lo que el sospechoso ha sido puesto en libertad.
Investigación en curso en Benahavís
De forma paralela, la Guardia Civil investiga la muerte con signos de violencia de otra mujer en Benahavís (Málaga), cuyo cuerpo ha sido localizado este martes con una herida en el cuello causada por arma blanca.
El hallazgo se ha producido tras la alerta de un testigo que escuchó gritos en el inmueble y vio huir a un hombre en un vehículo a gran velocidad.
Las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer los hechos y determinar si se trata de un nuevo caso de violencia de género.
La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, fue ratificada como presidenta pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) para el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.
La decisión fue adoptada durante la LXIV Reunión Ordinaria del COMMCA, en la que las delegaciones analizaron los avances alcanzados durante el primer semestre del año y definieron nuevas acciones para fortalecer la agenda regional de igualdad de género.
Según el Ministerio de la Mujer, la continuidad de República Dominicana al frente del organismo busca garantizar la estabilidad técnica y programática de las iniciativas regionales actualmente en ejecución.
Gloria Reyes destaca continuidad de la agenda regional
Reyes afirmó que el nuevo período permitirá profundizar los avances alcanzados y dar seguimiento a las estrategias desarrolladas por los países integrantes del Consejo.
Gloria Reyes, ministra de la Mujer.
“Asumimos con responsabilidad y entusiasmo la continuidad de la presidencia pro tempore del COMMCA, lo que nos permitirá consolidar avances y dar seguimiento a las estrategias conjuntas”, expresó.
Durante la sesión, República Dominicana presentó el informe de cumplimiento de su plan de trabajo correspondiente al período enero-junio de 2026.
El documento recoge acciones relacionadas con la incidencia política de alto nivel, el fortalecimiento institucional y la creación de alianzas estratégicas para impulsar políticas dirigidas a mujeres, adolescentes y niñas.
Tras conocer los resultados, las ministras respaldaron por unanimidad la permanencia de República Dominicana en la presidencia pro tempore hasta diciembre.
Aprueban informe para fortalecer incidencia dentro del SICA
Las representantes del COMMCA aprobaron el Informe Político Estratégico sobre el Posicionamiento del Consejo en la Agenda de Integración Regional.
El instrumento servirá como orientación para ampliar la participación del organismo en los espacios de toma de decisiones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) e incorporar la igualdad y la equidad de género en las prioridades regionales.
El documento aborda desafíos como la movilidad humana, la justicia climática, la economía del cuidado, la seguridad democrática, la innovación, la tecnología y la educación para la igualdad.
Evaluarán planes regionales de igualdad
El Consejo también aprobó una hoja de ruta para dar seguimiento a la ejecución de los Planes Sectoriales de Igualdad de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRIEG/SICA).
80 % de privados de libertad con problemas de salud mental
La herramienta orientará la evaluación de los planes correspondientes al período 2024-2026 y la elaboración del nuevo ciclo de planificación previsto para 2027-2029.
De acuerdo con las autoridades, esta medida busca mejorar los mecanismos de planificación, monitoreo y evaluación, además de fortalecer la coordinación entre los comités técnicos sectoriales del SICA.
Avanza protocolo para mujeres migrantes
Durante el encuentro, las delegaciones conocieron los avances del proyecto “Movilidad Segura: Protocolo Regional para Mujeres Migrantes”, financiado por el Fondo de Cooperación Corea-SICA.
La iniciativa está orientada a fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de atender, proteger y acompañar a las mujeres migrantes desde una perspectiva de derechos humanos e integración regional.
El proyecto también procura establecer mecanismos comunes de respuesta ante situaciones de violencia, explotación, discriminación y vulnerabilidad que puedan afectar a las mujeres durante los procesos migratorios.
Siete países participaron en el encuentro
La reunión contó con delegaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, además del equipo de la Secretaría Técnica de la Mujer del COMMCA.
Durante la jornada también fueron presentadas nuevas representantes de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, quienes se integraron a los trabajos del Consejo.
El encuentro se desarrolló en el salón Petronila Angélica Gómez del Ministerio de la Mujer y concluyó con acuerdos dirigidos a mantener los programas regionales, reforzar las capacidades técnicas y dar seguimiento a los compromisos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres.
Las mujeres y las niñas afectadas por los dos terremotos que devastaron Venezuela están más expuestas a la violencia de género, los abusos sexuales y la trata de personas debido a la falta de alojamientos seguros y servicios esenciales, alertó ONU Mujeres.
El país sudamericano fue golpeado el pasado 24 de junio por un sismo de magnitud 7.2 y otro de 7.5, que han dejado al menos 4,561 fallecidos, 16,740 heridos y 17,907 personas desplazadas, de acuerdo con cifras oficiales divulgadas el lunes.
Los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas se concentran en los campamentos temporales, los asentamientos informales y las comunidades que acogen a personas desplazadas, donde también existen dificultades para denunciar los abusos y recibir atención especializada, detalló la agencia.
Según datos del régimen venezolano hay 20,231 personas en 107 campamentos y 17,907 personas están sin viviendas, pero la información no desglosa las cifras por género ni por zonas.
ONU Mujeres detalló que las autoridades venezolanas mantienen campamentos temporales en Caracas, La Guaira y Miranda. En tres campamentos temporales de La Guaira, la ONU y sus socios apoyan la gestión de los alojamientos y prestan atención médica de emergencia y primaria, apoyo psicológico, servicios de protección, asistencia jurídica, nutrición, agua y saneamiento.
La respuesta incluye consultas de medicina general, pediatría, ginecología y obstetricia, atención dental, salud mental, apoyo prenatal, distribución de anticonceptivos y pruebas de VIH y sífilis. También se ofrecen orientación legal, prevención de la trata y de la explotación sexual, espacios de lactancia, duchas para mujeres, artículos de cocina e higiene y servicios de registro y derivación para las familias afectadas.
Los sismos han interrumpido servicios médicos para mujeres
De acuerdo con estimaciones del Fondo de Población de la ONU, alrededor de 1.97 millones de mujeres menores de 50 años y 956,400 niñas, adolescentes y mujeres jóvenes se encontraban en zonas que sufrieron sacudidas fuertes o muy fuertes por los terremotos.
El desastre ha interrumpido además el acceso a consultas prenatales y posnatales, anticonceptivos, productos de higiene menstrual y servicios para sobrevivientes de violencia sexual, informó la agencia. Las organizaciones locales han informado asimismo de carencias de medicamentos y suministros para mujeres embarazadas y lactantes.
A las consecuencias directas del desastre se suma una creciente crisis de cuidados. Muchas mujeres deben atender a niños, personas mayores, familiares heridos y personas con discapacidad, al tiempo que intentan conseguir alimentos, alojamiento o atención médica.
Durante megaeventos deportivos, la violencia familiar crece hasta 38 por ciento y si hay alcohol se eleva 47 por ciento. En entrevista con El Heraldo de México, Andrea Cházaro, Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres México, detalló que este aumento en los reportes policiales está basado en evidencia internacional, por lo que el Mundial de futbol es una oportunidad histórica para atender el tema ante estos riesgos.
“En el marco de megaeventos deportivos, incluso cuando la selección de la persona agresora gana o empata, los reportes por violencia familiar incrementan en un 26 por ciento y cuando la selección de la persona agresora pierde incrementan en un 38 por ciento…
“También tenemos otro estudio que además hace esta correlación con el consumo nocivo de alcohol, en donde los casos de violencia familiar en el marco de megaeventos deportivos de fútbol, incrementaron hasta en un 47 por ciento cuando hubo consumo de alcohol de por medio”, detalló.
Los factores que influyen en el aumento de la violencia familiar son el consumo de alcohol, la presión competitiva y la intensidad emocional sostenida que lleva a que los agresores descarguen esta frustración o pasión en las víctimas.
Es por eso que ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el apoyo del gobierno federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, impulsaron la campaña “En equipo contra la violencia familiar”, que busca concientizar sobre los riesgos de incremento de la violencia familiar durante el Mundial 2026 y fortalecer la cultura del reporte para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, que son los principales grupos en riesgo.
“Con esta campaña, las instituciones que estamos detrás, las agencias de Naciones Unidas que estamos detrás, apelamos a la corresponsabilidad social e institucional dando a conocer las líneas activas de emergencia, dando a conocer el acceso a servicios de atención integral y haciendo un llamado a toda la sociedad a unirse a esta conversación que es un tema de interés público y que no se debe de quedar en el ámbito privado”, indicó.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció por primera vez la violencia reproductiva como una categoría específica dentro de la violencia de género, al aprobar una resolución sobre la protección de mujeres y niñas en contextos humanitarios.
La decisión marca un precedente dentro del organismo, ya que es la primera vez que el término aparece de manera expresa en un documento de consenso adoptado por el Consejo.
La resolución surge tras años de informes de agencias de la ONU que han documentado abusos reproductivos en escenarios de conflicto armado, crisis humanitarias y desplazamiento forzado.
Aunque prácticas como el embarazo forzado y la esterilización forzada ya eran sancionadas por el Derecho Penal Internacional desde hace más de dos décadas, el nuevo reconocimiento busca agrupar estas conductas bajo un mismo concepto, con el propósito de facilitar su identificación, registro y denuncia en el ámbito internacional.
En los últimos cinco años, la región ha registrado más de 19.000 feminicidios. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados, mientras que más del 90% de las muertes violentas quedan impunes. Las organizaciones feministas denuncian la ineficacia del endurecimiento de las penas y reclaman prevención, investigaciones eficaces y políticas integrales contra la violencia de género.
El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas ha registrado 19.254 feminicidios en los últimos cinco años, es decir, 11 muertes violentas de mujeres por motivos de género al día, una cada dos horas.
En 2024, 14 de los 25 países con las tasas de incidencia relativa de feminicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe (ONU Mujeres y CEPAL), encabezados por Honduras, con 4,7 víctimas por cada 100.000 mujeres, Guatemala (1,9) y la República Dominicana (1,7). Todo ello sin tener en cuenta el enorme subregistro de datos, debido principalmente al miedo o a la imposibilidad de denunciar y, muy a menudo, a la falta de confianza en las fuerzas de seguridad y en los operadores de justicia, considerados indiferentes, arrogantes o, incluso, cómplices de los delincuentes.
Estas cifras superan con creces la media ponderada de la región, que oscila entre 1 y 1,3 casos por cada 100.000 mujeres. Brasil y México encabezan la lista de países con el mayor número absoluto de feminicidios, con 1.568 y 768 asesinatos, respectivamente (2025). El 42% de los ataques mortales los comete la pareja o la ex-pareja, y el entorno doméstico constituye el principal foco de riesgo, en particular para las mujeres de entre 21 y 30 años (22% de los feminicidios).
En 2025, en Honduras, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (Cdm) registró 936 agresiones contra mujeres y niñas, entre ellas 412 delitos sexuales y 262 feminicidios. Esto significa que en Honduras una mujer o una niña es asesinada cada 33 horas. El 46 % de las personas agredidas tiene entre 11 y 39 años, lo que supone un aumento del 49% con respecto al año anterior.
La mayoría de los agresores formaban parte del círculo más cercano de las víctimas. Por primera vez, los delitos sexuales (44%) superan a los delitos contra la vida (31%), afectando principalmente a niñas y jóvenes (297). Las denuncias por violencia doméstica ascendieron a 41.895 y las de maltrato familiar a 48.642.
En los primeros seis meses de 2026, la situación no ha cambiado. El Observatorio ha registrado 126 muertes violentas de mujeres, una cada 34 horas. En mayo fueron asesinadas 8 mujeres en solo cuatro días, cuatro de ellas menores de edad.
Ante la gravedad de la situación y el enorme subregistro de casos, el Cdm y una veintena de organizaciones, colectivos y plataformas de mujeres y feministas han tomado posición exigiendo un enfoque integral de la violencia contra las mujeres.
«Estas cifras no son estadísticas abstractas, son vidas arrebatadas, familias destrozadas, hijos e hijas que crecen sin sus madres. Cada cifra tiene un nombre, una historia y una comunidad que llora su ausencia. Ante esta realidad, ninguna organización comprometida con los derechos de las mujeres puede permanecer en silencio», advierten en una declaración conjunta.
En 2013, tras una larga lucha, el movimiento de mujeres hondureño logró un éxito histórico: la tipificación del delito de feminicidio. A pesar de ello, como acabamos de ver, la emergencia no ha cesado y las cifras ponen de manifiesto una situación extremadamente preocupante.
El nuevo Congreso, controlado por las fuerzas ultraconservadoras del bipartidismo tradicional como resultado de unas «elecciones fraudulentas» y fuertemente condicionadas por la injerencia estadounidense y las denuncias de fraude, ha aprobado una reforma que endurece las penas por el delito de feminicidio (de 25 a 30 años) y por el feminicidio agravado (entre 40 y 60 años) y crea órganos judiciales especializados.
Para las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, esta medida no solo no es suficiente, sino que representa un débil paliativo, una especie de «populismo punitivo» que se está extendiendo de la mano del avance de la derecha en el continente latinoamericano.
«No sirve de nada aumentar las penas si no se promueven políticas de prevención, ni se aborda seriamente la impunidad que afecta a más del 90% de las muertes violentas de mujeres», explica a Pagine Esteri, Erika García, coordinadora del programa de justicia y litigio estratégico feminista del Cdm. Se ponen así en el punto de mira al sistema judicial y a la falta de un enfoque integral ante el drama de la violencia de género.
Además de esto, continúa García, las organizaciones denuncian la falta de refuerzo del proceso de investigación, la reticencia sistemática de quienes administran justicia a aplicar el tipo delictivo de feminicidio, así como la complicidad de las fuerzas de seguridad, integrada en su mayoría por hombres.
Tras las elecciones de 2021, ganadas por Xiomara Castro y el partido Libertad y Refundación (Libre), varias organizaciones impulsaron una propuesta de ley especial integral contra la violencia hacia las mujeres. La entonces oposición bipartidista mayoritaria, con el apoyo de los sectores religiosos fundamentalistas y del aparato mediático controlado por los grupos de poder económico y político, se opuso enérgicamente a su presentación en el pleno y el proyecto quedó engavetado. La reciente reforma sigue siendo, por tanto, más un acto mediático improvisado que una respuesta global e integral a la problemática.
«Desde que tomaron posesión las nuevas autoridades han puesto una bandera del movimiento pro-vida tanto en el hemiciclo parlamentario como en los distintos ministerios. Además —continúa la abogada del Cdm— nunca han querido escuchar la opinión de aquellas organizaciones que llevan años en primera línea apoyando a las mujeres, y que conocen muy bien las dinámicas que permiten que la violencia se reproduzca y se refuerce. Son muchos, demasiados, los ejemplos de incoherencia de esta gente».
También hay fuertes críticas contra el doble rasero de la mayoría parlamentaria, que, por un lado, dice querer defender la vida de las mujeres, pero, por otro, aprueba leyes que la ponen seriamente en peligro. «Han aprobado normativas que blindan las actividades agroindustriales, que criminalizan la defensa de la tierra y los bienes comunes, que despojan a las comunidades de sus tierras, que reactivan el empleo a tiempo parcial, precarizando aún más el mercado laboral y desmantelando los derechos. Las mujeres son las principales víctimas de estas leyes», advierte García.
Por último, denuncian la hipocresía de la agenda ultraconservadora que ha legislado la prohibición total y absoluta del aborto, blindándola con una reforma que solo permite su modificación con el voto favorable de tres cuartas partes de los diputados, y que conspira, junto con el integralismo religioso, para negar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. «La deriva fundamentalista religiosa y su incidencia en los derechos de las mujeres es una constante global que va de la mano de la radicalización hacia la derecha de los gobiernos de la región, convirtiéndose en uno de sus instrumentos privilegiados», concluye la abogada del Cdm.
También es muy grave la situación que viven las mujeres en Guatemala, país que ocupa el segundo lugar entre los que tienen el mayor índice relativo de feminicidios. En 2025, se registraron 595 muertes violentas, lo que supone un aumento del 6% con respecto al año anterior, de las cuales 206 fueron feminicidios (+14,4%). Las denuncias por violencia de género ascendieron a 17 al día, con una tasa de 402,2 denuncias por cada 100.000 mujeres (fiscalía general). A pesar de ello, solo el 9% de las personas que sufren violencia denuncian los abusos. Este subregistro afecta especialmente a los pueblos indígenas, que en Guatemala representan el 46,3% de la población total (Revista Puentes de Diálogos).
En lo que respecta a la violencia sexual, la fiscalía general registró 9.649 denuncias, de las cuales el 60% (5.834 víctimas) correspondían a violaciones y el 29% (2.839 víctimas) a agresiones sexuales. La mayoría de las víctimas son niñas y jóvenes (65,9%). La violencia provoca, además, un aumento exponencial de los embarazos adolescentes e infantiles, con 2.101 partos de madres de entre 10 y 14 años en 2024, lo que supone un incremento del 8% con respecto al año anterior (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva).
A pesar de que en 2008 las organizaciones de mujeres y feministas lograran la aprobación de normativas especiales contra el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres (Decreto 22-2008), con penas de entre 25 y 50 años, y para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas (Decreto 9-2016), Guatemala sigue siendo uno de los países del mundo donde más mujeres mueren y desaparecen. Se calcula que al menos 13.800 mujeres desaparecieron en los últimos siete años, es decir, casi cinco al día.
«Debemos volver a la historia de Guatemala, un Estado con características coloniales que siempre ha representado los intereses de las oligarquías nacionales y del capital multinacional, excluyendo sistemáticamente a los pueblos indígenas y a las mujeres. Un Estado que, además, oculta esta realidad tras una falsa narrativa de defensa de los derechos de las personas», explica a Pagine Esteri, Virginia Gálvez, miembro de la Colectiva feminista Actoras de Cambio.
Los 36 años de conflicto armado interno y de represión feroz, con más de 200.000 víctimas y al menos 45.000 desaparecidos, así como la influencia directa de Estados Unidos en las políticas contrainsurrecionales, han utilizado la militarización y el control masculino de los territorios, así como la violencia sexual, como armas contra los pueblos, contra las mujeres mayas y las mujeres organizadas.
«Fue una auténtica institucionalización de la violencia sexual, que ha permanecido en una impunidad casi total y que se ha reforzado con el paso de los años. Nos encontramos, por tanto, ante una auténtica deshumanización de la mujer, sobre todo de la mujer indígena, cuyo cuerpo se convierte en una extensión del territorio que hay que controlar e invadir, o en un objeto que hay que explotar sexualmente», señala Gálvez.
Diversas organizaciones de mujeres y feministas señalan la atención a las supervivientes, el litigio estratégico y la lucha contra la impunidad, la sanación ancestral y comunitaria y la labor de sensibilización política como los principales elementos de una estrategia integral para hacer frente al flagelo del feminicidio y la violencia de género.
Para la activista, es fundamental hacer que el Estado asuma sus responsabilidades, denunciando su hipocresía, legitimando el trabajo de las organizaciones, creando mecanismos de respuesta y reparación, de sanación y recuperación de las mujeres, y generando condiciones sociales que impidan la repetición.
«Hay condiciones estructurales que deben cambiarse, pero también debemos avanzar en la lucha contra la impunidad, en la denuncia de la falsa protección por parte del Estado, rompiendo el silencio, reapropiándonos de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestra historia», concluye.
Treinta años después de que 189 países —incluyendo Chile— aprobaran en Beijing una de las agendas internacionales más ambiciosas para alcanzar la igualdad de género, una pregunta vuelve a instalarse con fuerza: ¿los derechos de las mujeres están retrocediendo en el mundo? La interrogante ha cobrado especial relevancia tras una serie de hechos que han marcado el debate internacional en los últimos años, como la anulación del fallo *Roe vs. Wade* en Estados Unidos que protegía el derecho al aborto; la creciente visibilidad de sectores ultraconservadores de ese país que plantearon la idea de reemplazar el voto individual por un “voto por hogar” representado por el jefe de familia; o, más recientemente, el proyecto presentado en Chile para que las mujeres que soliciten un aborto en las tres causales legales deban escuchar los latidos del corazón fetal antes del procedimiento.
Para algunos, estos episodios son señales de una ofensiva contra derechos que parecían consolidados; para otros, forman parte de debates democráticos sobre materias valóricas. Pero, más allá de las percepciones, ¿qué dicen realmente las cifras y los principales organismos internacionales? ¿Existe un retroceso global o se trata de fenómenos aislados? La evidencia muestra un panorama bastante más complejo.
En términos históricos, las mujeres tienen hoy más acceso a la educación, al empleo, a la participación política y a protecciones legales que hace tres o cuatro décadas. Sin embargo, los avances se han desacelerado y, en algunos países, derechos que se consideraban consolidados han sido restringidos o directamente eliminados.
La conclusión que se desprende de los principales informes internacionales apunta a que no existe un retroceso universal y simultáneo, pero sí una reacción organizada contra la igualdad de género, capaz de frenar reformas, debilitar instituciones y revertir derechos en determinadas regiones.
Vamos desglosando…
Uno de cada cuatro países reconoce una reacción contra los derechos de las mujeres
Uno de los antecedentes más contundentes aparece en el informe Los derechos de las mujeres 30 años después de Beijing, publicado por ONU Mujeres en 2025.
El documento reunió información entregada por 159 Estados y constituye una de las revisiones mundiales más amplias sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995.
Según el informe, casi una cuarta parte de los países reconoció que una reacción adversa contra la igualdad de género estaba dificultando la aplicación de los compromisos asumidos en Beijing.
ONU Mujeres advierte que los actores contrarios a estos derechos no siempre consiguen eliminar las leyes existentes. En muchos casos, su estrategia consiste en bloquear nuevas reformas, recortar presupuestos, obstaculizar la implementación de políticas o desacreditar el concepto mismo de igualdad de género.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas también describe este fenómeno como una “escalada” de la reacción contra la igualdad.
De acuerdo con el organismo, esta ofensiva puede manifestarse en campañas contra la educación sexual, restricciones a los derechos reproductivos, ataques contra organizaciones feministas, persecución de defensoras de derechos humanos y narrativas que presentan la igualdad como una amenaza para la familia o las tradiciones nacionales.
Hay avances, pero son lentos
La existencia de retrocesos no significa que todos los indicadores estén empeorando, pero los avances son mínimos y lentos.
El Índice Global de Brecha de Género 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial, estimó que la igualdad entre hombres y mujeres alcanza un 68,8% a nivel mundial en participación económica, educación, salud y representación política.
Entre los 145 países comparables con la edición anterior, el progreso fue muy leve: el indicador pasó de 68,4% en 2024 a 68,8% en 2025.
Lo más preocupante es que, al ritmo actual, el Foro Económico Mundial estima que la paridad completa tardaría aproximadamente 123 años en alcanzarse.
Por eso, hablar únicamente de “progreso” también puede ser engañoso. Una mejora de algunas décimas no necesariamente se traduce en transformaciones perceptibles para las generaciones actuales.
En el empleo, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo informó que en 2024 solo el 46,4% de las mujeres en edad de trabajar estaba empleada, frente al 69,5% de los hombres.
Aunque esa distancia se ha reducido durante las últimas décadas, la OIT calcula que, manteniendo el ritmo actual, igualar las tasas de empleo tomaría cerca de dos siglos.
Las leyes avanzan más rápido que la realidad
Una de las mayores dificultades para medir los derechos de las mujeres es la distancia entre lo que establece una ley y lo que ocurre en la vida cotidiana.
El informe Women, Business and the Law 2026, del Banco Mundial, analizó las condiciones legales y económicas de las mujeres en 190 economías.
Su conclusión fue que ninguna de ellas había alcanzado una igualdad económica legal completa.
En promedio, los marcos jurídicos examinados otorgaban a las mujeres cerca de dos tercios de los derechos económicos reconocidos a los hombres. Pero el problema era aún mayor en la práctica: las instituciones y políticas destinadas a aplicar esas leyes funcionaban aproximadamente a la mitad de su capacidad esperada.
Esto significa que un país puede prohibir formalmente la discriminación laboral y, al mismo tiempo, carecer de inspecciones, sanciones efectivas, sistemas de cuidado, licencias parentales o mecanismos accesibles para denunciar abusos.
Por lo tanto, un aumento en el número de leyes igualitarias no garantiza necesariamente una expansión equivalente de la autonomía económica de las mujeres.
La representación política crece, pero comienza a estancarse
La participación política femenina es otro ejemplo de progreso acompañado de señales preocupantes.
En 1995, las mujeres ocupaban apenas el 11,3% de los escaños en los parlamentos nacionales. A comienzos de 2026, la cifra alcanzaba el 27,5%, según la Unión Interparlamentaria, de acuerdo a un informe de Inter Parlamentary Union.
El aumento en tres décadas es significativo. Sin embargo, durante 2025 el avance fue de solo 0,3 puntos porcentuales, uno de los ritmos más bajos registrados desde 2017.
Además, la proporción de mujeres que presidían parlamentos cayó por primera vez en 21 años. En enero de 2026, ellas representaban el 19,9% de quienes encabezaban estas instituciones, casi cuatro puntos porcentuales menos que el año anterior.
Las cifras muestran que las mujeres están ingresando gradualmente a los espacios legislativos, pero siguen muy lejos de ocupar la mitad del poder político.
También revelan que los avances no son irreversibles: la presencia femenina puede aumentar en los escaños y disminuir al mismo tiempo en los cargos de mayor jerarquía.
Afganistán: el ejemplo más extremo de una regresión
El caso más evidente de pérdida masiva de derechos es Afganistán.
Desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, las autoridades han impuesto sucesivas restricciones a la educación, el empleo, la movilidad y la presencia pública de las mujeres.
Afganistán es actualmente el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido estudiar más allá de la educación primaria (similar a la “básica” en Chile). Unesco estima que cerca de 2,2 millones de niñas se encuentran excluidas de la enseñanza secundaria debido a estas medidas.
Las restricciones también han afectado al periodismo. De acuerdo con la Unesco, más del 80% de las mujeres que trabajaban en medios de comunicación afganos perdió su empleo desde 2021.
La prohibición de estudiar carreras universitarias y de acceder a determinadas profesiones amenaza, además, servicios esenciales para las propias mujeres. En un país donde las pacientes pueden enfrentar restricciones para ser atendidas por hombres, impedir la formación de médicas, enfermeras y trabajadoras sanitarias compromete el acceso futuro a la salud.
En este caso no se trata solo de un estancamiento, sino de una eliminación deliberada de libertades que las mujeres habían ejercido durante años.
Picryl (PD)
La violencia permanece prácticamente estancada
El derecho a vivir sin violencia es otra de las áreas donde el progreso ha sido insuficiente.
Las estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2025 concluyeron que cerca de 840 millones de mujeres, aproximadamente una de cada tres, habían sufrido violencia física o sexual de una pareja o violencia sexual de otra persona en algún momento de sus vidas.
Solo durante los 12 meses anteriores al periodo medido, unos 316 millones de mujeres mayores de 15 años habían experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja.
La OMS señaló que la reducción de la violencia de pareja fue de apenas un 0,2% anual durante las dos décadas analizadas. Es decir, la prevalencia mundial prácticamente no ha cambiado desde comienzos de siglo.
La persistencia de estas cifras también permite cuestionar cuánto valen las garantías legales cuando no existen prevención, protección, acceso a la justicia y recursos suficientes para las víctimas.
El informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2025 señala, por ejemplo, que solo 63 países contaban con leyes sobre violación basadas expresamente en la ausencia de consentimiento.
Pobreza, cuidados y dependencia económica
El panorama económico tampoco permite hablar de igualdad cercana.
El informe The Gender Snapshot 2025, elaborado por ONU Mujeres y la División de Estadística de Naciones Unidas, estimó que 376 millones de mujeres y niñas vivían en pobreza extrema en 2025.
Esto equivalía al 9,2% de la población femenina mundial, frente al 8,6% de los hombres y niños.
Si las tendencias actuales continúan, 351 millones de mujeres y niñas todavía vivirán con menos de 2,15 dólares diarios en 2030.
A esto se suma la distribución desigual del trabajo doméstico. En promedio, las mujeres dedican alrededor de dos veces y media más tiempo que los hombres a tareas domésticas y de cuidados no remunerados.
La sobrecarga limita el tiempo disponible para estudiar, trabajar de manera remunerada, participar en política o acceder a posiciones de liderazgo.
Por eso, el derecho formal a trabajar puede quedar debilitado cuando no existen guarderías, sistemas de cuidado, licencias adecuadas o una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares.
Los derechos reproductivos, en el centro de la disputa
La salud sexual y reproductiva es uno de los principales campos de confrontación.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió en su informe sobre el Estado de la Población Mundial 2025 que millones de personas no pueden tomar libremente decisiones sobre si quieren tener hijos, cuántos desean tener o en qué momento.
Entre las barreras identificadas aparecen el costo de vida, la falta de vivienda, la ausencia de servicios de cuidado, la discriminación laboral y las restricciones al acceso a anticonceptivos, aborto y tratamientos de fertilidad.
Desde esta perspectiva, la autonomía reproductiva no consiste únicamente en evitar embarazos no deseados. También implica que las personas puedan formar las familias que desean sin coerciones estatales, económicas, familiares o religiosas.
UNFPA, la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva, advirtió además que los recortes de financiamiento internacional y la creciente oposición a los derechos sexuales y reproductivos están debilitando servicios de salud, especialmente en contextos humanitarios y países de bajos ingresos.
¿Por qué se produce esta reacción?
El informe sobre reacción contra la igualdad elaborado por ONU Mujeres y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social identifica un fenómeno que no se limita a un país, una religión o una región.
Según la revisión de investigaciones académicas de la última década, los movimientos contrarios a la igualdad suelen vincular sus campañas con discursos sobre la protección de la familia, la infancia, la soberanía nacional o los valores tradicionales.
También tienden a agrupar bajo la expresión “ideología de género” asuntos diferentes, como la educación sexual, el aborto, los derechos de las personas LGBT, las políticas contra la violencia y los programas de igualdad laboral.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sostiene que esta reacción se vuelve especialmente peligrosa cuando coincide con el debilitamiento de las instituciones democráticas.
En esos contextos, los ataques contra los derechos de las mujeres suelen avanzar junto con restricciones a la libertad de prensa, el derecho a manifestarse, la independencia judicial y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
No se trata, por tanto, de una disputa aislada sobre costumbres. Los derechos de las mujeres pueden funcionar como un indicador del estado general de la democracia y de la vigencia de los derechos humanos.
Del debate político a la percepción de retroceso
Más allá de las estadísticas, la sensación de que los derechos de las mujeres están retrocediendo también se ha visto alimentada por debates políticos recientes que han generado amplia controversia en distintos países.
En Estados Unidos, durante los últimos años ha ganado visibilidad en algunos sectores ultraconservadores el movimiento conocido como “pronatalista” o vinculado a la llamada “Nueva Derecha”, cuyos representantes han cuestionado avances históricos en materia de igualdad de género.
Entre las propuestas más polémicas figura el llamado “household voting” (“voto por hogar”), una idea impulsada por algunos comentaristas y académicos conservadores que plantean que el voto debería emitirse a nivel del hogar y no de manera individual. En la práctica, sus críticos advierten que esto podría traducirse en que el hombre —tradicionalmente considerado el “jefe de familia”— represente políticamente a todo el grupo familiar, eliminando el sufragio individual de las mujeres casadas.
Aunque esta propuesta no ha sido presentada como un proyecto de ley en el Congreso estadounidense ni cuenta con apoyo mayoritario, su sola circulación en ciertos espacios políticos y mediáticos ha sido interpretada por especialistas como un ejemplo de la reacción cultural contra derechos considerados ya consolidados.
A ello se suma la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en 2022, revocó el histórico fallo Roe vs. Wade, permitiendo que numerosos estados prohibieran o restringieran severamente el acceso al aborto, considerado por muchos analistas como uno de los mayores retrocesos en derechos reproductivos de las últimas décadas.
Chile también ha vivido debates que algunos sectores interpretan bajo esa misma lógica.
Este mes, un grupo de diputados, liderados por el libertario Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto de ley que propone que, antes de practicarse un aborto permitido bajo las tres causales legales, la mujer sea invitada a escuchar los latidos del corazón fetal.
Sus impulsores sostienen que la iniciativa busca garantizar un consentimiento plenamente informado y entregar más antecedentes antes de una decisión trascendental.
Sin embargo, organizaciones feministas, especialistas en bioética y agrupaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han cuestionado la propuesta, argumentando que introduce una carga emocional innecesaria en un procedimiento médico ya regulado por la ley y que podría transformarse en un mecanismo de presión sobre mujeres que enfrentan situaciones extremadamente complejas.
Aunque la iniciativa aún debe ser discutida por el Congreso y está lejos de convertirse en ley, su presentación reactivó el debate sobre los límites entre el derecho a recibir información médica y el riesgo de establecer nuevas barreras para acceder a prestaciones ya reconocidas por la legislación chilena.
Entonces, ¿los derechos de las mujeres están retrocediendo?
Los datos no permiten afirmar que todas las mujeres del mundo tengan hoy menos derechos que hace treinta años.
Desde 1995 han aumentado la representación parlamentaria, la escolarización femenina, las protecciones contra la violencia y las leyes que prohíben la discriminación. El propio informe de ONU Mujeres señala que, durante los cinco años anteriores a su publicación, el 88% de los países había aprobado leyes o creado servicios destinados a enfrentar la violencia contra mujeres y niñas.
Pero tampoco el progreso continúa de forma automática.
En algunos lugares existe una regresión directa, como Afganistán. En otros, se han producido restricciones específicas en salud reproductiva, educación o participación pública. En una parte considerable del mundo, el problema principal es el estancamiento: los derechos existen en el papel, pero carecen de recursos, instituciones o voluntad política para hacerse efectivos.
En definitiva, el mundo vive una combinación de avances lentos, desigualdades persistentes y retrocesos localizados, dentro de un clima político cada vez más hostil hacia las políticas de igualdad.
Los derechos conquistados durante las últimas décadas no han desaparecido globalmente, pero los informes internacionales coinciden en que ya no pueden considerarse garantizados ni irreversibles.
HERAT, Afganistán – Una mañana de julio, Halima (nombre ficticio) fue con su madre al mercado de Herat, su ciudad natal en el oeste de Afganistán. Llevaba un abrigo largo y una mascarilla quirúrgica que le cubría el rostro. No podía imaginar que, apenas unos minutos después, se encontraría en la cárcel.
Vehículos del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, la llamada policía moral del régimen taliban, llegaron al mercado justo después de Halima y su madre. Según Halima, las empleadas del ministerio comenzaron a detener a las mujeres sin hacerles ninguna pregunta. Unos vehículos que esperaban cerca se llevaron a las detenidas.
«Todo sucedió muy rápido. Algunas intentaron escapar, mientras que otras estaban aterrorizadas. No entendíamos en qué se basaban los talibanes para seleccionar a las personas que iban a detener», dice.
Halima cuenta que algunas de las mujeres detenidas llevaban burkas que les cubrían tanto el rostro como el cuerpo. Al igual que Halima, otras llevaban abrigos largos y mascarillas. Aun así, la policía moral la detuvo.
«Mi madre lloraba y les suplicaba que no me llevaran. La amenazaron con un mes de prisión, además de castigos corporales y una multa, si intentaba impedir mi detención. Nadie se atrevió a acercarse a ayudar, a pesar de que mi madre gritaba», recuerda.
Se confiscaron los teléfonos de las jóvenes y mujeres adultas detenidas. Eran unas 30 y todas fueron trasladadas a un supuesto «refugio» gestionado por el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales. Allí se alojan tanto mujeres solteras como mujeres recién detenidas. A ninguna se le permitió ponerse en contacto con su familia. A la mañana siguiente fueron trasladadas a una prisión.
El ala de mujeres de la prisión estaba sucia y mal equipada. El miedo y la incertidumbre invadían las mentes de todas las nuevas reclusas.
«Me senté en un rincón y miré a mis compañeras de prisión: chicas jóvenes, mujeres de mediana edad y madres preocupadas por sus hijos. Éramos unas 60. Todas llevábamos un burka o lo que yo consideraba ropa adecuada. Sin embargo, cada una de nosotras estaba encarcelada porque, supuestamente, no habíamos respetado el código de vestimenta», cuenta Halima.
Al día siguiente la pusieron en libertad. En casa, su madre la abrazó y ambas lloraron. A Halima le dijeron que su padre había pagado 16 000 afganis (unos 220 euros) para que su hija saliera en libertad. Además, la familia tuvo que firmar un compromiso en el que garantizaba que ninguna de las mujeres de la familia volvería a salir a la calle sin la ropa adecuada.
Al volver a casa, nada era como antes. Los hermanos de Halima estaban furiosos y afirmaban que ella había mancillado el honor de la familia al ir a la cárcel.
«¡Como si hubiera cometido un delito! Pero sigo creyendo que no hice nada malo», afirma.
«El miedo se ha convertido en parte de mi vida. Nunca olvidaré esas dos noches en la cárcel. No dejaba de preguntarme si todas mis compañeras de detención habían sido puestas en libertad y si habían detenido a otras después de nosotras. Me preguntaba qué pasaría con las mujeres y las niñas de este país», cuenta Halima.
Ahora, añade, «no puedo salir como solía hacerlo. Siempre tengo miedo cuando salgo de casa. No dejo de pensar en lo que pasaría si me detuvieran de nuevo».
Halima no es la única que ha vivido estas experiencias. Los talibanes han comenzado recientemente a aplicar de forma más estricta el código de vestimenta para las mujeres en toda la provincia hómonima de Herat, y no solo en la ciudad, la tercera más grande de Afganistán.
A principios de junio, las mezquitas de la ciudad anunciaron normas más estrictas, y en las redes sociales comenzaron a difundirse noticias sobre detenciones de mujeres y niñas por toda la ciudad. Las detenciones han suscitado preocupación, han desencadenado protestas y han intensificado las medidas de seguridad en toda la provincia de Herat.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 30 mujeres fueron detenidas en Herat durante el primer fin de semana de junio, por la decisión de aplicar en forma estricta y arbitraría el código de vestimenta impuesto por los talibanes a las mujeres, desde el retorno al poder del grupo fundamentalista islámico talibán, tras haber gobernado el país entre 1996 y 2001.
Suhaila (nombre ficticio) recuerda el momento en que la ira y la impotencia llevaron a muchas personas de Herat a protestar.
El día antes de las protestas, Suhaila fue a hacer la compra al mercado. Más temprano ese mismo día, el imán de la mezquita local había anunciado una nueva orden de los talibanes: las mujeres que infringieran el código de vestimenta serían detenidas y encarceladas sin posibilidad de apelación.
El padre de Suhaila consideraba que las amenazas de las autoridades debían tomarse en serio y que su hija no debía salir sin ropa que le cubriera todo el cuerpo. Suhaila siguió el consejo de su padre y se vistió según las instrucciones, pero aun así vivió en el mercado algo que nunca olvidará.
«En cuanto llegué al mercado, percibí un ambiente inusual de confusión. Las mujeres se movían inquietas de un lado a otro del mercado, y muchas intentaban hacer la compra y marcharse lo antes posible», cuenta.
Entonces empezó a suceder. Detuvieron a las mujeres, les propinaron patadas y golpes, las humillaron y se burlaron de ellas. Las tropas talibanes permanecían junto a sus todoterrenos, observando cómo sus compañeras mujeres agarraban a las mujeres. Detuvieron a aquellas cuya ropa no se ajustaba al concepto de código de vestimenta de los talibanes.
«Quería gritar y protestar, pero estaba en el mercado con mi hermana pequeña. La abracé con fuerza y me limité a llorar. Tenía miedo de que, si abría la boca, nos detuvieran también a nosotras», recuerda.
Sin noticias de Zainab
Esa noche, Suhaila se unió a un grupo de WhatsApp para jóvenes de su barrio, donde se comentaba lo que había sucedido. El grupo tenía docenas de mensajes sobre las detenciones. Algunos compartían fotos e historias de lo ocurrido, mientras que otros contaban experiencias personales de familiares.
Pronto, el grupo empezó a debatir la posibilidad de organizar una protesta. Algunos advirtieron de que protestar provocaría más detenciones y tal vez incluso muertes. Otros creían que permanecer en silencio ante la injusticia privaría a la gente de su dignidad.
Suhaila decidió unirse a las protestas. Quería dar voz a las niñas y mujeres cuyas detenciones había presenciado. Por la mañana, se dirigió al punto de encuentro acordado sin contarle a su padre sus planes y a pesar de las objeciones de su madre.
Los manifestantes comenzaron a corear consignas exigiendo los derechos de las mujeres a la educación, al trabajo y a la libertad.
La protesta creció rápidamente, pero no duró mucho. De repente, varios todoterrenos de los talibanes se acercaron a la multitud desde distintas direcciones y la rodearon. Los manifestantes fueron golpeados y los talibanes abrieron fuego. Se oían gritos desesperados por todas partes y la gente buscaba refugio donde podía. Algunos resultaron heridos, mientras que otros intentaban ayudarlos.
Entre los detenidos también se encontraban amigos de Suhaila.
«Zainab no logró escapar. La última vez que la vi fue cuando la obligaron a subir a un coche de los talibanes. Nadie ha sabido nada de ella desde entonces», cuenta Suhaila.
«No nos sentimos seguras ni siquiera en nuestras casas. Los talibanes van de calle en calle buscando a los manifestantes», explica Suhaila sobre el ambiente que se respira tras la protesta.
El miedo lo invade todo. Las mujeres ya no quieren ir al mercado, y muchas familias solo salen de casa cuando se ven obligadas a ello.
Ya no está claro qué está permitido y qué no. La incertidumbre mantiene a la gente en sus casas. La ciudad se ha quedado en silencio y los comercios están pasando apuros.
Shakoor (nombre ficticio) cree que no se trata solo de una cuestión de vestimenta femenina.
«Las niñas y las mujeres tienen un estatus especial en esta ciudad. Detener a una mujer o humillarla públicamente se considera un ataque a la dignidad y al honor de la familia. Por eso la reacción ha sido tan fuerte, y esta vez también se han manifestado los hombres», afirma.
La administración talibán local cree que endurecer el código de vestimenta para las mujeres protege los valores sociales.
El gobernador de la provincia de Herat, Noor Ahmad Islamjar, cree que las protestas son el resultado de malentendidos y de influencias externas.
En una entrevista televisiva, recordó a la ciudadanía que las manifestaciones están prohibidas.
El régimen talibán afirma que las mujeres detenidas serán puestas en libertad tras recibir una advertencia, se notificará a sus familias y se les exigirá que firmen un compromiso de cumplir el código de vestimenta. Sin embargo, no todas las familias saben qué ha sido de sus seres queridos.
Una de ellas es Zainab, la amiga de Suhaila. Su familia no ha tenido noticias de ella desde su detención.
República Dominicana reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales, entidades financieras y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe durante la Conferencia Internacional Mujer Rural 2030: Innovación, Derechos y Desarrollo Sostenible en las Américas, un encuentro orientado a definir acciones para fortalecer los derechos, la autonomía económica y la participación de las mujeres rurales.
La conferencia también marcó el cierre del proceso nacional de consultas realizado en las regiones Norte, Sur y Este del país. Los aportes recopilados servirán de base para la elaboración del Informe País sobre la Situación de la Mujer Rural, documento que orientará futuras políticas públicas dirigidas a este sector.
Durante el encuentro, representantes nacionales e internacionales coincidieron en la necesidad de ampliar el acceso de las mujeres rurales al financiamiento, la innovación, los mercados, la asistencia técnica, los sistemas de cuidados y los espacios de participación política, al considerar que desempeñan un papel clave en la producción de alimentos, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las comunidades.
La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que las mujeres rurales tienen un papel fundamental en el desarrollo del país y señaló que escuchar sus necesidades es esencial para diseñar políticas públicas acordes con su realidad y que favorezcan su autonomía económica y su participación en igualdad de condiciones.
Entre los resultados del evento figura la presentación del Capítulo República Dominicana de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (REDLAC), que busca fortalecer el intercambio de experiencias entre lideresas de la región. También fue presentada la Gran Coalición Nacional de Mujeres Rurales, concebida como un espacio de coordinación entre instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones sociales.
La agenda incluyó además la presentación de las Directrices Voluntarias sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, como referencia para el diseño de políticas y programas orientados a reducir las brechas de desigualdad en los sistemas agroalimentarios.
OEA presenta programa de formación para aspirantes a cargos electivos
Durante la conferencia también fue anunciada la convocatoria al Curso de Alto Nivel Milagros Ortiz Bosch para Mujeres Rurales Aspirantes a una Candidatura Electoral, una iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Escuela de Gobierno de la OEA, desarrollada junto al Ministerio de la Mujer y con el apoyo del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia.
El programa ofrecerá capacitación especializada a mujeres rurales interesadas en fortalecer sus capacidades de liderazgo, incidencia y participación política, con el propósito de ampliar su presencia en los espacios de representación.
En la conferencia participaron representantes de instituciones del Estado dominicano, organismos del sistema de las Naciones Unidas, entidades financieras regionales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al desarrollo rural y la igualdad de género.
Los acuerdos alcanzados servirán como insumo para la elaboración del Informe País sobre la Situación de la Mujer Rural y para la participación de la República Dominicana en próximos espacios internacionales relacionados con la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la igualdad de género.
