El evento se llevó a cabo en coordinación con las delegaciones de seis países: Bélgica, Colombia, Canadá, Portugal, México y España, así como con el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género de la Corte Internacional de Justicia y la Sección Americana de la Asociación de Derecho Internacional (ABILA), quienes también lo copatrocinaron.

Según el corresponsal de VNA en la ONU, al seminario asistieron representantes de más de 80 Estados miembros de la ONU, expertos, académicos, abogados, asesores jurídicos y representantes de organizaciones y redes que trabajan en el ámbito de la promoción de la igualdad de género y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en las organizaciones y organismos jurídicos internacionales.

En su discurso de apertura, el Embajador Do Hung Viet, Jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, destacó que el derecho internacional desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la promoción del desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos, la gobernanza de los mares y océanos, y el fortalecimiento del estado de derecho en las relaciones internacionales. En este proceso, la participación plena, igualitaria e inclusiva de las mujeres no solo es una cuestión de equidad, sino que también contribuye a mejorar la representación, la legitimidad y la eficacia de los órganos, procesos e instituciones jurídicas internacionales. En los últimos años, la proporción de mujeres en órganos jurídicos internacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas sigue siendo muy baja, a pesar de las numerosas mejoras. El Embajador, Jefe de la Delegación vietnamita, hizo un llamamiento a continuar los debates, a sensibilizar a la población y a coordinar la implementación de medidas específicas y prácticas a nivel local, así como en foros, para crear las condiciones necesarias para que las mujeres sean reconocidas, realicen contribuciones sustantivas y tengan más oportunidades de desempeñar un papel de liderazgo en los procesos y órganos jurídicos internacionales.

El 13 de marzo, los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN celebraron una reunión especial en línea para intercambiar puntos de vista sobre las recientes tensiones en Oriente Medio y debatir medidas coordinadas para responder a los posibles impactos en la región de la ASEAN.

En la tarde del 14 de junio, en el Centro Cultural Kinh Bac de la provincia de Bac Ninh, la Unión Provincial de Jóvenes de Bac Ninh organizó el programa “Apoyo al emprendimiento y la innovación juvenil en el marco del Festival Aeróbico de 2026”.

Vietnam está profundamente preocupado por la escalada y la complejidad del conflicto en Oriente Medio, que amenaza gravemente la vida y la seguridad de su población, así como la paz y la estabilidad de la región y del mundo.

En sus palabras de apertura, el Subsecretario General Steven Hill, Jefe Adjunto de la Oficina Jurídica de las Naciones Unidas (OLA), afirmó que fortalecer la plena participación y representación de las mujeres en todos los procesos y organismos es una prioridad fundamental del Secretario General, integrada en todos los procedimientos y procesos operacionales de las Naciones Unidas, incluida la OLA. El Subsecretario General reconoció la destacada contribución de las abogadas y expertas en los organismos y procesos jurídicos de las Naciones Unidas durante los últimos años, desempeñando funciones que abarcan desde presidentas y coordinadoras hasta miembros de juntas ejecutivas, asesoras, expertas jurídicas y embajadoras de países. Recomendó que los países sigan prestando atención a la igualdad y el equilibrio de género en los procesos de nombramiento, selección, nominación y elección de representantes, y que se centren en invertir en las futuras generaciones, sentando así las bases para la participación activa de las mujeres jóvenes en los procesos multilaterales en el futuro.

Los ponentes y delegados que asistieron al seminario se centraron en debatir el sistema regulatorio y los procedimientos legales vigentes, así como las barreras existentes para la participación y representación equitativa de las mujeres en las instituciones jurídicas internacionales, especialmente en los procesos de nominación, campaña y elección de órganos jurídicos internacionales. Los delegados hicieron hincapié en la necesidad de coordinar esfuerzos entre todos los niveles de gobierno y las organizaciones internacionales para ampliar las oportunidades, fortalecer las redes de apoyo, promover la transparencia en los procesos de nominación, elección y empoderamiento, y garantizar un entorno laboral más inclusivo para las mujeres en el derecho internacional.

El seminario se desarrolló en un ambiente abierto, con numerosas ponencias valiosas y sustanciales de expertos y académicos experimentados, lo que contribuyó a promover el intercambio de información, la creación de redes, la sensibilización y el compromiso para garantizar que las mujeres tengan voz, participación e igualdad de oportunidades en la formulación, el desarrollo y la aplicación del derecho internacional. La celebración de este seminario reafirma el compromiso constante de Vietnam con la promoción de la igualdad de género, el fortalecimiento del papel de la mujer en los asuntos internacionales y la contribución positiva a la consolidación del multilateralismo, el estado de derecho y el derecho internacional.

Aun total de 63 años de prisión se eleva el conjunto de penas que Fiscalía de Valladolid solicita para los cuatro presuntos integrantes de una organización criminal a los que acusa de traer engañadas a España a mujeres de nacionalidad extranjera, fundamentalmente de Venezuela y Colombia, a las que habrían convertido en esclavas sexuales tras privarlas de su pasaporte y trasladarlas a pisos de distintas localidades del país, entre ellas la capital del Pisuerga, donde ejercieron la prostitución bajo un férreo control.

El juicio está previsto que se celebre a partir de este lunes, 15 de junio, y hasta el miércoles en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde compartirán banquillo la principal inculpada y supuesta cabecilla, Kelly J.O, alias ‘Andrea’ y ‘Carly’, quien se expone a una posible condena de 27 años de cárcel; Esneider D.A.B, al que la acusación pública solicita 18 años, y Luis Ángel S, hijo de la primera, y Janner D.M, compañero sentimental del anterior, a los que se pide una condena de nueve años de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública solicita también que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de las tres mujeres perjudicadas con un total de 880.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Se les acusa, en distinto grado de participación, de delitos de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual en concurso medial con delitos de prostitución coactiva, así como de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y de otro de pertenencia a grupo criminal.

El juicio estaba previsto que se celebrara el pasado día 25 de febrero, aunque tuvo que ser suspendido a fin de realizar los trámites judiciales necesarios para localizar a dos testigos protegidos, supuesta víctimas, por aquel entonces en Alemania, cuyo testimonio consideran clave las defensas para evitar así la vulneración de derechos de sus clientes.

En su escrito de calificación, Fiscalía de Valladolid sostiene que las cuatro personas encausadas, a la cabeza la colombiana Kelly J.O, constituían un entramado criminal que desde marzo de 2022 hasta finales de diciembre de 2023 se dedicó a la captación, en Venezuela y Colombia, de mujeres jóvenes con graves problemas económicos, personales y familiares, al objeto de facilitarles la llegada a territorio español donde serían explotadas con fines sexuales en diversas viviendas habilitadas en distintos puntos de la geografía española.

Las víctimas recibían la oferta de venir a España con la promesa de ganar mucho dinero bajo, aunque sin conocer en realidad cuál sería la actividad real a la que iban a ser forzadas y después de que fueran aleccionadas para que ante las autoridades aduaneras explicaran que su llegada era en la condición de turistas. Una vez en España, a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas (Adolfo Suárez), las jóvenes eran privadas de su pasaporte y trasladadas a los domicilios alquilados en distintos puntos de la geografía nacional, donde eran advertidas de que habían contraído una deuda de entre 5.500 y 6.500 euros que estaban obligadas a devolver a través de sus servicios sexuales, para una vez abonadas dichas cantidades continuar trabajando para la organización, repartiéndose desde entonces los beneficios al 50 por ciento.

Aunque el importe total de los servicios, hasta saldar la deuda, iban a parar al bolsillo de la ‘madama‘, las víctimas tenían también que pagar los gastos derivados por la renovación de los anuncios de sus servicios en Internet, entre 80 y 100 euros semanales, así como por las habitaciones que ocupaban, a razón de entre 200 y 300 euros a la semana, y otros 50 por semana que adelantaba cada joven por su manutención.

La cabecilla les daba consejos para adelgazar

Antes de su llegada a España, la supuesta cabecilla de la banda se aseguraba de que las mujeres captadas reunían las características necesarias para el ejercicio de la prostitución, y a tal efecto les solicitaba fotografías e incluso les daba consejos sobre su sobrepeso y para mejorar su imagen, ya que algunas de ellas pensaban que iban a venir para trabajar en ‘modelaje’ o trabajar en páginas web para adultos pero sin la prestación de servicios personales.

En su relato de hechos, la acusación pública mantiene que la principal acusada hacía entrever que trabajaba para terceras personas, con la finalidad de llevar la incertidumbre y el miedo a las víctimas, a las que hacía creer que sus jefes podrían atentar incluso contra su vida en el supuesto de que no se mostraran sumisas y generaran problemas.

Pero además, la organización imponían muy duras condiciones laborales a estas mujeres, que cobraban una media por servicio de entre 50 y 100 euros, en función de la duración del servicio, y tenían que estar disponibles las 24 horas del día, sin que pudieran incluso bañarse en ocasiones entre cliente y cliente, cuando se acumulaba el trabajo, y pese a que pudieran encontrarse con la regla.

La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta finales del mes de mayo de 2023, momento a partir del cual la principal acusada empezó a contar con la colaboración de su hijo, el también encausado Luis Ángel, y el novio de éste, Janner D, en funciones ambos del traslado de las víctimas, la recaudación del dinero obtenido por ellas y su contabilización en un cuaderno que llevaba la ‘madama’ para controlar económicamente la actividad. Junto a estos tres, un cuarto acusado, Esneider D.A.B, colaboraba supuestamente con la trama criminal en funciones de captación.

A pesar de que el trabajo infantil se ha reducido casi a la mitad en las últimas dos décadas, todavía 138 millones de niños y niñas trabajan en el mundo y el objetivo global de erradicar esta práctica para 2025 no se cumplió, alertaron organismos de las Naciones Unidas con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

De acuerdo con datos divulgados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, cerca de 54 millones de esos menores realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, seguridad o desarrollo.

Los organismos advirtieron que, aunque desde el año 2000 la cifra de niños trabajadores descendió de 246 millones a 138 millones, el avance sigue siendo insuficiente. Según las estimaciones, el ritmo actual tendría que acelerarse once veces para lograr la erradicación total en un plazo de cinco años.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2026, celebrado bajo el lema “Tarjeta roja al trabajo infantil: juego limpio para los niños, trabajo decente para los adultos”, la ONU llamó a reforzar las políticas públicas dirigidas a prevenir esta práctica.

África es la más afectada

La ONU señaló que África subsahariana continúa siendo la región más afectada, con aproximadamente 87 millones de niños en situación de trabajo infantil, equivalente a casi dos tercios del total mundial.

La agricultura sigue siendo el principal sector

Según los organismos internacionales, el 61 % de los casos de trabajo infantil ocurre en la agricultura, seguido por el sector servicios (27 %) y la industria (13 %).

ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV ha escuchado este jueves en el muelle de Arguineguín el testimonio de una mujer de Nigeria víctima de trata secuestrada por una mafia que la violó, la separó de su bebé tras una peligrosa travesía en patera hacia España y que la obligó a prostituirse.

Según su relato, que ha sido leído por otra mujer para proteger su privacidad, decidió salir del país con 22 años para darles un futuro a sus hijas, a las cuales tuvo que dejar atrás tomando “la decisión más difícil” de su vida.

Cuando intentaba salir de su país, fue captada por una mafia que la retuvo seis meses sin apenas comer, sin poder bañarse durante semanas, hasta que decidió arriesgarse y cruzar el mar.

“Vi cómo las personas que salieron antes que nosotros ese mismo día murieron ahogadas. Tuve que elegir. Vivir sufriendo o cruzar y jugármela. Morir intentándolo, o quedarme y no tener nada. Elegí cruzar”, ha señalado.

Si bien, ha contado que su sufrimiento no terminó ahí pues durante el viaje quedó embarazada de un hombre de la mafia y al llegar a España le quitaron a su bebé para obligarla a prostituirse.

Once meses después, cuando la policía detuvo a los traficantes que la tenían presa, pudo rehacer su vida con la ayuda de la Iglesia y de las trabajadoras sociales.

“No ha sido fácil, y hay días en que la esperanza se hace muy pequeña. Pero he aprendido a creer en mí misma de nuevo. He aprendido que puedo lograrlo”, ha afirmado.

Por su parte, el capitán de Salvamento Marítimo en la Guardamar Urania, Tito Villarmea, que lleva 18 años en este organismo público ha contado cómo en estos años ha rescatado, junto a su equipo, a “más de 20.000 personas”.

“Es una cifra que duele y que no se olvida. Todos conocemos la imagen de Canarias de día, pero de noche es otra realidad: mar brava, oscuridad absoluta y embarcaciones frágiles cargadas de vidas”, ha subrayado, hablando en nombre de los más de 1.600 profesionales de Salvamento Marítimo.

Según ha relatado, “nunca” olvidará a una madre que viajaba en una patera con su hijo, entre heridos y cuerpos sin vida. “Ya a salvo a bordo, la mujer se acercó al niño, de unos 14 años, le quitó el gorro y la cazadora y sacó unos pendientes dorados para colocárselos. Era una niña. Lloró ella y lloré yo, porque soy padre de dos adolescentes. Podrían haber sido mis hijas”, ha expresado, al tiempo que ha deseado “nunca más tener que rescatar a nadie”.

SENSACIÓN DE DESBORDAMIENTO

También ha contado su testimonio la voluntaria de Cáritas María Reyes, que ha relatado los primeros momentos en que empezaron a llegar personas migrantes al muelle de Arguineguín. “Cuando empezaron a llegar a las parroquias, la sensación de desbordamiento fue inevitable”, ha recordado

“La impotencia nos pesaba: los recursos eran escasos, no conocíamos su lengua y, muchas veces, solo podíamos ofrecer galletas, leche y un poco de atención”, ha contado.

Si bien, ha explicado que lo que más les marcó fue “la comunión” vivida con el voluntariado de la zona, y ha explicado que aprendieron a acompañarles con pequeñas cosas como unas zapatillas o ayudándoles a conseguir la documentación necesaria.

También aprendieron, según ha añadido, a “mirar más allá del miedo y de los discursos de deshumanización”.

El Papa ha podido escuchar asimismo el testimonio de integración de la empresaria María Fernanda López, que llegó a Las Palmas de Gran Canaria en 1997.

“Llegué con una maleta cargada de sueños, pero también con el peso de haber dejado atrás a mi familia, mis amigos y mi país. Como muchas personas que emigramos, llegué buscando una oportunidad, sin saber realmente lo que me esperaba”, ha indicado.

Su primera oportunidad llegó en un bazar, un trabajo “humilde”, según ha precisado, pero que para ella significó “mucho más que un sueldo”, un “comienzo de una nueva etapa” que culminó hace cuatro años cuando pudo montar su propia empresa de reformas y construcción.

Tegucigalpa – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres Honduras destacó este jueves la aprobación de reformas orientadas para fortalecer la respuesta del Estado frente a casos de femicidios y la violencia contra las mujeres.

El Congreso Nacional aprobó esta semana reformas penales en casos de femicidios con penas de hasta 60 años de prisión y en la Ley contra la Violencia Doméstica.

Mediante un pronunciamiento, ONU Mujeres Honduras respaldo el compromiso de las diputadas que impulsaron estas iniciativas y el trabajo de las organizaciones de las defensoras de mujeres que visibilizaron durante años la violencia de género en el país y han promovido la protección de la vida.

Consideró que estas reformas son un avance refleja la urgencia de seguir fortaleciendo las medidas de prevención, protección, atención y acceso a la justicia.

ONU Mujeres Honduras indicó que el femicidio es la manifestación más extrema de una violencia que afecta a miles de mujeres y que requiere de respuestas integrales.

Señaló que la aprobación de reformas legales constituye un paso relevante, pero su impacto dependerá de la implementación efectiva. AG

Un total de 2,216 familias dominicanas redujeron las prácticas de disciplina violenta de un 46 % a un 32 % tras participar en un programa de fortalecimiento de habilidades de crianza impulsado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Ministerio de Educación (Minerd).

Los resultados, presentados por Unicef este martes, muestran además que las prácticas de crianza basadas en el diálogo, el afecto y el respeto aumentaron hasta alcanzar un 87 % entre las familias que completaron los cuatro encuentros formativos contemplados en el proceso.

La iniciativa busca promover modelos de crianza conscientes y libres de violencia, partiendo de la premisa de que muchas madres, padres y cuidadores reproducen patrones de maltrato aprendidos durante su propia infancia.

Una experiencia

Luisa Gómez, nombre utilizado para proteger la identidad de una participante, relató que durante años consideró normal educar mediante castigos físicos porque así había sido criada. Sin embargo, explicó que los talleres le permitieron comprender el impacto emocional de esas experiencias y cambiar la forma en que se relaciona con su hija.

“Mis padres me golpeaban, y crecí con ese dolor sin saber que se debía a mi infancia; cuando acudí a la charla entendí la razón de mi angustia y el por qué jamás debía hacer eso con mi hija”, expresó.

Impacto de la violencia en la niñez

Unicef recordó que la violencia contra niños y niñas no se limita al castigo físico. También incluye gritos, amenazas, humillaciones y otras formas de maltrato emocional que afectan la autoestima, la sensación de seguridad y el desarrollo integral de la niñez.

La organización señaló que diversos estudios han demostrado que crecer en ambientes violentos incrementa el riesgo de dificultades de aprendizaje, problemas de salud mental y una mayor probabilidad de involucrarse en conductas violentas o situaciones de exclusión social durante la vida adulta.

Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana, destacó que detrás de las estadísticas existen historias de transformación familiar.

“Madres que ahora dialogan antes de castigar. Padres que participan por primera vez en actividades de estimulación temprana“, afirmó.

Asimismo, informó que la participación de padres y cuidadores masculinos en actividades de estimulación temprana aumentó de 13 % a 15 %, reflejando avances en la corresponsabilidad de la crianza.

Mes de la Crianza y Día Internacional del Juego

Durante junio, Unicef desarrolla la campaña global Mes de la Crianza bajo el lema “Juntos por las madres y los padres”, con el objetivo de reconocer y fortalecer el papel de quienes cuidan a niños, niñas y adolescentes.

La organización destacó además que el próximo 11 de junio se conmemora el Día Internacional del Juego, una fecha que reconoce esta actividad como un derecho fundamental y una herramienta clave para el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez.

Según Unicef, el juego fortalece los vínculos afectivos, estimula el desarrollo cognitivo y emocional y ofrece a las familias oportunidades para educar desde la confianza, la escucha y el afecto.

Persisten altos niveles de violencia infantil

La entidad advirtió que la violencia contra la infancia sigue siendo una realidad preocupante en República Dominicana.

Datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-Mics 2019) indican que el 50 % de los niños y niñas entre 1 y 14 años experimentó agresiones psicológicas, mientras que el 46 % fue sometido a castigos físicos.

Las cifras muestran que estas prácticas alcanzan su mayor incidencia entre niños y niñas de tres y cuatro años, afectando al 70 % de este grupo etario.

Unicef resaltó que el 32 % de la población dominicana es menor de 18 años y que el 34 % de ese segmento corresponde a niños de entre cero y cinco años, una etapa considerada determinante para el desarrollo emocional, social y cognitivo.

“La crianza no puede recaer únicamente sobre las familias. Se necesitan políticas públicas, servicios y entornos seguros que permitan a madres, padres y cuidadores brindar a sus hijos oportunidades para jugar, aprender y crecer”, manifestó Carrera.

La organización afirmó que continuará promoviendo iniciativas como el proyecto regional “A criar se aprende” y la estrategia comunicacional “Los Datos Cuentan”, orientadas a ofrecer información basada en evidencia y a impulsar políticas públicas que fortalezcan la protección y el desarrollo de la niñez.

Unicef concluyó que sustituir la violencia por el diálogo, el juego y el afecto no solo mejora el presente de los niños y niñas, sino que contribuye a construir sociedades más pacíficas, saludables y equitativas.

Ana Giacomette Ferrer
Presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional

Hablar de derechos humanos de la mujer y de empoderamiento constituye, en mí concepto, dos caras de una misma moneda. Por ello, no puedo dejar de traer a esta columna algunas ideas ampliamente debatidas en distintos escenarios iberoamericanos, entre ellos las primeras Jornadas denominadas “El empoderamiento de la mujer en la vida jurídica”, realizadas en Puebla (México) en 2019, y el Congreso Internacional de Oralidad organizado por la Universidad del Pacífico de Ecuador en 2020, en el que participé como conferencista invitada.

En ambos espacios se escucharon voces diversas; hubo denuncias profundas, experiencias personales y debates intensos. Pero, más allá de las diferencias, aparecía una constante: la lucha histórica de las mujeres por alcanzar condiciones reales de igualdad. Y es justo reconocer que los avances han sido importantes. Hoy las mujeres ocupan espacios sociales, académicos, económicos y políticos que durante décadas les estuvieron restringidos, asumen roles de liderazgo y participan activamente en escenarios de toma de decisiones.

Sin embargo, el camino no ha concluido. El esfuerzo de las mujeres por incorporarse plenamente a la vida pública sigue enfrentando lo que desde la década de los setenta se denominó techo de cristal: una metáfora que describe aquellas barreras invisibles que limitan o dificultan el acceso de las mujeres a los niveles más altos de decisión y liderazgo.

Lo más complejo es que esas barreras no suelen estar escritas en una norma ni aparecer expresamente en un reglamento. Se construyen desde imaginarios colectivos, estereotipos y prácticas culturales arraigadas que, de manera silenciosa, condicionan oportunidades y reproducen desigualdades. Son obstáculos difíciles de identificar precisamente porque operan bajo la apariencia de normalidad.

Desde la perspectiva del Derecho Procesal Constitucional, la discusión trasciende la existencia formal de derechos o de mecanismos de participación. La verdadera pregunta constitucional es otra: ¿basta reconocer derechos si persisten estructuras que dificultan su ejercicio efectivo? Porque la igualdad no se agota en el acceso; exige también condiciones reales para permanecer, participar y decidir.

Y es precisamente allí donde subsiste uno de los mayores desafíos. Esas estructuras invisibles no solo limitan el acceso a espacios de decisión; también hacen más difícil el ascenso de la mujer en sus múltiples dimensiones: como madre, como profesional, como ciudadana y como ser humano. Persisten expectativas sociales que parecen imponer una carga adicional: demostrar más, renunciar más, sacrificar más.

La pregunta sigue abierta: ¿por qué el éxito personal y profesional de una mujer continúa presentándose, muchas veces, como una elección entre proyectos que deberían coexistir y no excluirse? Una sociedad verdaderamente comprometida con los derechos humanos y el empoderamiento femenino no puede exigir a la mujer renunciar a una parte de sí misma para conquistar otra. El verdadero empoderamiento no consiste únicamente en abrir puertas, sino en garantizar que, al cruzarlas, no tenga que dejar su identidad, sus afectos o su proyecto de vida al otro lado.

Ahora bien, a mi juicio, el empoderamiento de la mujer en cargos directivos (tanto públicos como privados) no es incompatible con su condición de madre y, en muchos casos, principal cuidadora del núcleo familiar. Por el contrario, es allí donde muchas veces se evidencia con mayor claridad la complejidad y fortaleza de ese empoderamiento, especialmente cuando se trata de mujeres que asumen, además, la enorme responsabilidad de una familia monoparental.

No obstante, la Corte Constitucional ha subrayado (véanse, entre otras, las sentencias T-255 de 2024 y T-088 de 2026) que este empoderamiento debe ir acompañado de una redistribución equitativa de las cargas de cuidado, para evitar que la realización personal y profesional exija renunciar a aspectos esenciales de la vida. En este sentido, el derecho al cuidado, entendido como un derecho fundamental y no como una carga exclusiva de las mujeres, debe ser garantizado por el Estado y la sociedad, promoviendo condiciones de igualdad real y la participación activa de los hombres en estas labores.

Surgen entonces interrogantes inevitables: ¿el poder de la mujer es un mito o una realidad? ¿Dónde reside su auténtico poder? Tal vez la respuesta no esté únicamente en el acceso a espacios de decisión, sino en la posibilidad real de construir un proyecto de vida pleno, libre y coherente consigo misma. Este poder se consolida cuando se eliminan las barreras que perpetúan la discriminación y se garantiza un trato igualitario en todos los ámbitos de la vida.

Así, el verdadero desafío radica en transformar las estructuras sociales y culturales que aún limitan el desarrollo integral de la mujer, porque la efectividad de los derechos humanos no se mide por su proclamación en los textos normativos, sino por la posibilidad real de ejercerlos en condiciones de igualdad y dignidad.