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La ONU anunció que Arabia Saudita integrará durante cuatro años la Comisión de Derechos de la Mujer, un cuerpo intergubernamental dedicado a promover la igualdad de género. Como era de esperar, la designación generó una fuerte polémica ya que la monarquía islámica tiene uno de los peores registros en relación al trato de las mujeres, según el Informe de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial 2016.

Las mujeres saudíes están privadas de derechos básicos como el trabajo, la conducción, la elección de su pareja para contraer matrimonio.

Otras de las formas «cautivas» tiene que ver con la dependencia en relación a la salida de la casa: salir de compras o pedir un servicio sanitario. En relación al tratamiento del cuerpo personal, la vestimenta es otro de los puntos a considerar porque las prendas de vestir pueden ser consideradas como «provocativas». De este modo, deben cubrir el cabello, el cuello y con la burka negra taparse todo el cuerpo hasta los pies.

La supervisión de la ONU United Nation Watch en boca de su director ejecutivo lo declaró de este modo: «Elegir a Arabia Saudita para proteger los derechos de las mujeres es como elegir a un pirómano para encabezar el servicio de bomberos de la ciudad», destacó Hillel Neuer citado por el diario británico The Independent.

Por otro lado, calificó a Arabia Saudita como «el régimen más misógino del mundo». En su opinión, ese nombramiento «ha decepcionado a millones de mujeres en todo el mundo que buscan protección en la organización internacional».

De acuerdo con el último informe sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial, Arabia Saudita ocupa el puesto 141 entre los 144 países analizados, siete por debajo del año anterior y sólo por delante de Siria, Pakistán y Yemen.

Sin embargo, en la presentación realizada para solicitar su incorporación a la Comisión, este país manifestó su apoyo total al «empoderamiento de la mujer» en todos los niveles, permitiéndoles alcanzar «una serie de logros» a nivel local e internacional, lo que generó análisis sobre la ironía de la decisión.

Además, no sólo se descarta que la ley islámica por la que se rige el país, llamada sharia, limite o prive el acceso de las mujeres a sus derechos, sino que garantiza la igualdad de género, al tiempo que asegura que «la ley saudita no distingue entre hombres y mujeres».

La decisión de incluir al país en esta Comisión de la ONU no podría haber llegado en un momento más irónico, ya que a principios de este mes de abril, Dina Alí, una mujer saudita de 24 años que huyó de un matrimonio forzado rumbo a Australia para buscar asilo, fue devuelta a la fuerza a Arabia Saudita por las autoridades filipinas. La joven blogueó que su propia familia la mataría en casa por haber huido. El tío de Dina Alí viajó a la capital de Filipinas, Manila, y la llevó obligada de vuelta a Riad y por el momento no se sabe mucho de su destino, salvo lo informado por la agencia de noticias Bloomberg que indicó que la joven se encuentra en un centro de detención para mujeres menores de 30 años y todavía no ha enfrentado cargos.

Debido al abuso por parte de los hombres fueron registradas numerosas huidas de mujeres saudíes. Para prevenirlo, los hombres saudíes recurren a varios dispositivos para controlar y rastrear todos los movimientos de las mujeres, incluso si estas intentan marcharse del país.

Dada la situación en Arabia Saudita sobre la igualdad de género, puede parecer poco real que una monarquía tan conservadora se encargue de velar y proteger los derechos de la mujer en todo el mundo. Pero no irreal ya que a partir de 2018 Arabia Saudita asumirá sus nuevas responsabilidades ante la comunidad internacional.

Pol Press

El informe, publicado el lunes 9 de diciembre, afirma que las mujeres y niñas enfrentan violaciones de sus derechos esenciales en los ámbitos social, económico y político.

Según el informe, las mujeres y niñas en Afganistán, bajo las restricciones impuestas por los talibanes, enfrentan necesidades humanitarias urgentes y riesgos de seguridad, lo que requiere un apoyo sostenido por parte de la comunidad internacional.

El informe destaca de manera particular las restricciones en educación, empleo y las prácticas discriminatorias de los talibanes, subrayando que los decretos talibanes en 2022 y 2023 han prohibido a las mujeres trabajar en instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Además, señala que los talibanes han restringido severamente el acceso de las mujeres y niñas a la educación, lo que ha planteado serios desafíos a los esfuerzos de asistencia y ayuda humanitaria. Estas restricciones, lejos de disminuir, continúan intensificándose día a día.

El informe de la ONU se publica en un contexto en el que los talibanes han prohibido recientemente que las mujeres y niñas accedan a centros médicos.

A pesar de las amplias reacciones negativas tanto a nivel nacional como internacional, los talibanes siguen implementando sus restricciones contra las mujeres y niñas.

ROMA. – La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) necesita 1.900 millones de dólares para proporcionar «asistencia agrícola vital» a 49 millones de personas, que «podrían producir sus propios alimentos y salir de la inseguridad alimentaria aguda» en 2025.

El objetivo es «salvar las vidas y los medios de subsistencia de algunas de las poblaciones más afectadas por la seguridad alimentaria del mundo», explicó la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

La escalada de violencia en zonas como Gaza, Sudán o Haití, afectadas por «crisis de hambre extrema», está provocando «un momento de hambre aguda que se hace cada vez más patente en las principales crisis alimentarias del mundo».

La petición de la FAO forma «parte del llamamiento humanitario a gran escalada de Naciones Unidas lanzado hoy».

En 2024, el número de personas a nivel mundial que se enfrentan o se prevé que enfrenten «condiciones catastróficas de hambre» aumentó «más del doble», pasando de 705.000 personas en cinco países y territorios en 2023 a 1,9 millones a mediados de 2024 en lugares como Gaza, Haití, Malí, Sudán del Sur y Sudán.

Todo ello, además, se ve condicionado «por fenómenos meterológicos provocados por El Niño y la Niña, y la crisis climática en general también llevó a millones de personas al borde del abismo».

También las personas «que ya eran vulnerables» se vieron «muy afectadas por las sequías en el sur de África, partes del Pacífico, y en todo el Corredor Seco de América Central, así como por las grandes inundaciones en África occidental».

«El futuro inmediato es profundamente preocupante, sin señales de que los principales impulsores de hambre aguda (conflictos, fenómenos climáticos extremos y crisis económicas) disminuyan este 2025», alerta la FAO.

De acuerdo con Beth Bechdol, directora general adjunta de la FAO, parte de la solución a estas problemáticas puede ser «la asistencia agrícola de emergencia», lo que podría constituir «un salvavidas» y «una vía de salida del hambre, incluso en medio de la violencia y las perturbaciones climáticas».

Sin embargo, «con demasiada frecuencia, solo una fracción de la ayuda humanitaria para las crisis se asigna a proteger los medios de vida agrícolas».

«Estamos viendo importantes carencias en la financiación de este tipo de intervenciones agrícolas», añade.

FUENTE/EFE 

Más de 60 millones de mujeres y niñas que se encuentran desplazadas por la fuerza o son apátridas se enfrentan a un alto riesgo de violencia de género, pero el financiamiento para los servicios vitales que las apoyan es lamentablemente escasa, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Los datos de la ONU revelan que las denuncias de violencia sexual relacionada con los conflictos aumentaron en un 50% el año pasado con respecto a 2023, y las mujeres y las niñas representaron el 95% de los casos verificados.

Sin embargo, estas cifras “representan una pequeña fracción de la realidad”, ya que muchos casos no se denuncian, apuntó la Agencia.

Acceso a la justicia limitado

“En muchos lugares remotos, el acceso humanitario está cortado o los recursos y la asistencia son escasos. El acceso a la justicia también sigue siendo limitado y los supervivientes temen represalias y marginación social”, dijo la portavoz de ACNUR, Shabia Mantoo.

Mantoo detalló que los trabajadores que operan en situaciones de conflicto reciben noticias constantes de supervivientes que han sufrido violencia brutal, tortura, explotación sexual, violencia sexual y otros horrores, incluso como arma de guerra.

En la República Democrática del Congo, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres y las niñas se han convertido en una extensión del campo de batalla en medio de la violencia cíclica y el empeoramiento de la inseguridad, aún en los lugares de desplazamiento. Además, los informes de violencia de género aumentaron este año, y la violación constituye la mayoría de los abusos.

“En Chad, las mujeres han denunciado haber sido violadas mientras huían del conflicto en Sudán”, citó Mantoo.

“En Afganistán, las crecientes restricciones a las mujeres y las niñas, las altas tasas de violencia doméstica en el hogar y el empeoramiento general de la situación económica están contribuyendo a una crisis de salud mental, y los socios del ACNUR informan de un aumento del número de pacientes que buscan ayuda”.

Riesgos durante los desplazamientos

Las mujeres refugiadas y migrantes que se desplazan por las rutas hacia el Mediterráneo siguen denunciando que se enfrentan a la violencia y la explotación sexuales, la esclavitud y la trata de personas. Los organismos humanitarios estiman que el 90% son violadas.

Mientras tanto, las supervivientes de la violencia sexual que han huido a los países vecinos suelen permanecer en situaciones precarias, debido a los riesgos adicionales de violencia de género que pueden afrontar durante su desplazamiento y a las demoras en el acceso a los servicios, que pueden ser limitados.

“Además de la violencia sexual relacionada con el conflicto, las mujeres y las niñas desplazadas por la fuerza también se enfrentan a altos riesgos de violencia de pareja. En determinados entornos de desplazamiento, se estima que los riesgos para ellas son un 20% superiores a los de las mujeres y las niñas no desplazadas”, precisó la portavoz de ACNUR.

Además, las formas interrelacionadas de discriminación también aumentan los riesgos, incluso para las mujeres y niñas con discapacidad, las que viven en la pobreza o que tienen orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y características sexuales diversas, añadió.

Las medidas tempranas de prevención salvan vidas

Mantoo argumentó que las medidas tempranas y efectivas de prevención y respuesta a la violencia de género para las mujeres y niñas afectadas por el desplazamiento forzado y el conflicto salvan y cambian vidas, pero hizo hincapié en que el financiamiento está muy por debajo de las necesidades.

“Por ejemplo, para seis grandes planes regionales de respuesta a los refugiados –que cubren las necesidades humanitarias de los refugiados de la República Democrática del Congo, Afganistán, Sudán, Ucrania, Sudán del Sur y Siria– la programación de la violencia de género para todo el año para todas las organizaciones participantes, que asciende a 236 millones de dólares, actualmente sólo está financiada en un 28%”, precisó.

ACNUR ha destacado especialmente este problema durante los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña mundial anual que se lleva a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

La Agencia teme que sin el financiamiento adecuado, millones de mujeres y niñas desplazadas por la fuerza no puedan acceder a servicios esenciales el próximo año.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con algún tipo de leyes para intentar prevenir la violencia contra las mujeres. En ese contexto, como cada 25 de noviembre, miles de mujeres recordaron este lunes a gritos recorriendo las calles de muchas ciudades de la región que los abusos y las muertes continúan a un ritmo inaceptable.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la entidad que asegura que todos los países de la región tienen algún tipo de normativa al respecto, habló de una “pandemia en la sombra” y ofreció cifras.

En 2022, mataron por razones de género al menos a 4.050 mujeres en la región. En 2023, bajó este número a 3.897, pero sin lugar para la euforia. En sólo seis países —Colombia, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay— hubo 760 tentativas de feminicidio.

Una de cada cuatro mujeres en la región ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida y una de cada cinco niñas y adolescentes están expuestas con matrimonios forzados.

Para denunciar esta situación, cada año se convocan marchas y protestas a nivel global

En Ciudad de México, unas activistas llevaban a hombros a una compañera que simulaba estar muerta y metida en una bolsa negra de basura, como muchas veces se encuentran los cadáveres en este país.

En Quito, Ecuador, los carteles por el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer clamaban que “Violento es el sistema, la lucha es la respuesta” o “Mamá, grito lo que tú callaste”.

En Bogotá, decenas exigían a gritos el fin de la impunidad frente a la sede de la fiscalía de Colombia, un país que vio cómo en septiembre un grupo armado del oeste del país llegó a anunciar en redes su “plan feminicidio” que era declarar “objetivo militar” a las mujeres familiares y parejas de sus enemigos. Para Natalia Correa, de la plataforma feminista Somos un Rostro Colectivo, ese suceso demostró el desprecio absoluto por los derechos humanos que el sistema colombiano permite.

La Cepal denuncia que menos de un tercio de las mujeres que viven estas situaciones utilizan los servicios públicos diseñados para ellas, por lo que urgió a los estados a generar más confianza en las instituciones y recordó que este tipo de violencias tiene más víctimas: hijos, hijas y personas dependientes de las mujeres.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo sentirse “avergonzado” por todos estos datos mientras en Argentina se hablaba de recortes. Amnistía Internacional denunció que, entre otros ajustes del gobierno de Javier Milei, estaba la eliminación de la línea exclusiva para denunciar violencia de género.

Aunque las metodologías difieren, los datos de la Organización de Naciones Unidas son igual de preocupantes. En el mundo, aproximadamente 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares durante 2023, una cada 10 minutos.

Y como recordaron en Tijuana en un acto del domingo, no se trata de números, sino de personas. Por eso en esta ciudad del extremo oeste de la frontera mexicano-estadounidense la protesta fue leer sus nombres.

En las marchas, predominó un ambiente festivo pese a las reivindicaciones. Donde no las hubo, como en Cuba, se celebró que, al menos, por primera vez se dieran datos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

También hubo un llamamiento de los colectivos a continuar esta lucha unidas, máxime en momentos en los que la violencia cruza fronteras.

Según la ONU, el 60% de las mujeres en movilidad ha sido víctimas de acoso o violencia. “Niñas de 12 años reciben inyecciones anticonceptivas ante el alto riesgo de ser violadas en el trayecto”, denunció.

De hecho, para las activistas mexicanas fue motivo de celebración que justo el lunes, el congreso del Estado de México, la región más poblada del país, siguiera la tendencia de la mayoría de territorios de la nación y aprobara la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo.

La ONU recordó también los millones de mujeres jóvenes que fueron víctimas de ciberacoso el año pasado solo en México o la normalización que se hace de este tipo de violencias en muchos lugares.

“No es normal, es violencia”, decía uno de los lemas de una campaña del gobierno de México —liderado por primera vez por una mujer— para subrayar que determinadas actitudes muy aceptadas no deben tolerarse.

Su presidenta, Claudia Sheinbaum, que tomó posesión el 1 de octubre de un país con muchos territorios azotados por la violencia generalizada de los cárteles, dijo el lunes que no quiere ser sólo un “símbolo”.

“No veo cómo una mujer pueda cambiar cierta situacion si se sigue teniendo el mismo discurso”, decía la estudiante Re Cabrera mientras se manifestaba en Ciudad de México. “No se quiere escuchar a las víctimas”.

Aunque hay reformas legales en marcha para que haya fiscalías especializadas en violencia de género en todo el país, en las calles de la capital, como en toda Latinoamérica, las activistas querían resultados: justicia y ni una muerta más.

Los periodistas de The Associated Pres Astrid Suárez, desde Bogotá; Gonzalo Solano, desde Quito; Marcelo Androetto, desde Buenos Aires; Sonia Pérez D., desde Ciudad de Guatemala; Fernanda Pesce, desde Ciudad de México: y Andrea Rodríguez, desde La Habana, contribuyeron a esta nota.