Con el asesinato de diez mujeres a manos de hombres relacionados o exrelacionados con sus vidas en el primer trimestre, 24 en lo que va del 2024 y un decenio de alto promedio anual se llega a la convicción de que la sociedad está bajo un desbordamiento que obliga a los entes de poder a activar sus reacciones de protección a los derechos femeninos “como una cuestión de justicia social, salud y educación”. En cuestionamiento los métodos que se aplican contra el falso sentido de superioridad que echó raíces en un limitado pero nocivo sector masculino.
Una insistencia de años atrás (2020) conserva su vigencia: “La violencia contra la mujer no es ya un asunto privado en la República Dominicana y eso es un logro de 23 años (de Profamilia) pero existe una resistencia del patriarcado a admitir los avances de las mujeres, lo que ha provocado una mayor agresividad contra las féminas”. Así subrayaba su posición ante el auge de entonces en los feminicidios Magaly Caram colocada al frente de un importante núcleo protagónico en reclamo de garantías de género en la sociedad.
Del registro de actuaciones del Ministerio Público contra la incidencia de los feminicidios emerge un representativo caso de similitudes con otras tragedias y que costó la vida hace trece meses a la comunicadora Chantal Jiménez a manos de expareja que logró que le retiraran una orden judicial de alejamiento tres horas antes de consumar el hecho. Es común que corra la sangre con todo y el mecanismo institucional de supuesta protección por cuya aplicación han velado insuficientemente las autoridades en los últimos años.
Un amparo que no se traduce en hechos a pesar de existir ramas ministeriales a favor de las mujeres y una Dirección de Prevención y Atención a la violencia que en teoría debe “promover, defender y garantizar los derechos de las mujeres para el ejercicio pleno de su ciudadanía a través de acciones e intervenciones en programas de promoción, prevención y atención a la violencia contra ellas y en el seno familiar”.
Las bases jurídicas de lo que debería materializarse como cruzada de permanencia han sido cuestionadas desde el propio Estado con el Ministerio de la Mujer criticando las iniciativas legislativas de los últimos tiempos por carecer de: “un enfoque integral de garantías para una vida libre de violencia y de respeto a derecho humanos” del colectivo femenino. Se ha pecado al no reconocer la diferencia entre discriminación y violencia concibiendo una respuesta débil y no estructuralmente integral. Con bandera en alto, la ministra está unida al rechazo a una modificación del Código Penal que una parte de la sociedad objeta activamente.
LAMENTABLE VACÍO
Conmovida por la persistencia de feminicidios anuales, Susi Pola, que ha dedicado la mayor parte de su vida a la defensa de los derechos humanos, estalló con lamentos en su columna fija en la prensa escrita ante la ausencia en el país de un sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que constituyen la mitad de la población dominicana.
Argumentó que los hombres de esta nación son educados como los que tienen más poder, más ventajas y a las mujeres para que sean una figura débil de contraparte, un objeto de “propiedad masculina” como se infiere de los recientes pronunciamientos de un diputado oficialista. Advirtió que no se podría superar el estado de violencia misógina mientras en el imaginario popular prosiga un sentido de desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres “con la aplicación de pautas culturales y sociales que generan prácticas dolorosamente trágicas e injustas”.
Tomando en cuenta la profundidad de males sociales tiene que admitirse que nada ha cambiado desde entonces. Un diagnóstico del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL aplicado dos años atrás indicó que República Dominicana era en ese momento el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios con 2.4 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes. Y efectivamente: los estudiosos de ese comportamiento coincidieron en que la racha mortal se habría intensificado en este 2024.
Al enfocarse desde un plano general sobre la violencia por razones de género en República Dominicana la entidad especializada estimó que existe un desafío estructural que afecta al 68.8% de las mujeres mayores de 15 años. El país está entre los cuatro de mayor incidencia en uniones tempranas y generalmente críticas y vulnerables según medición del año pasado que subraya que el desconocimiento de derechos femeninos comienza a temprana edad.
MACHISMO ACTIVO
El esquema predominante en un sector de la sociedad dominicana para socializar hijos varones para los desafíos de la vida encaja en lo denunciado en un reciente libro de la periodista y escritora estadounidenses Ruth Whippman que considera que en la actualidad lo que hacen muchos padres es “masculinizar” a sus descendientes: “les decimos que se vuelvan rudos; que no muestren sus emociones”. Y que en suma: “no se les enseña a la autorregulación emocional”.
Su denuncia al patriarcado es la siguiente: “Beneficia a los niños y a los hombres de muchas maneras. Les da poder y privilegios; pero también les hace daño. Hace que sea difícil a los menores y a los adultos acceder a sus emociones. Bajo el patriarcado la población masculina “lo tiene todo” menos lo que más vale la pena tener que es la conexión humana. Considera que muchas familias crían a sus hijos sin reconocer su complejidad emocional. A su entender, la visión de la masculinidad imperante impide hacer lo que corresponde.
A raíz del feminicidio que segó la vida de la comunicadora Chantal Jiménez, la terapeuta de parejas y familias, Ana Simó, dijo sentir que las mujeres del país estaban luchando por su vida. “Y con estos quiero que entiendan que muchas todavía no se han percatado de que pueden ser asesinadas porque ese es el tema dentro de lo que es el síndrome de la mujer maltratada. La mujer minimiza lo que el hombre dice”. Tiende a no creerle capaz de matarla y a que sus celos son pasajeros.
PACIENTES MENTALES
Ejerciendo la psiquiatría en el seno de la colectividad del Cibao, el doctor José Dúnker, ha catalogado las conductas violentas de hombres contra mujeres de “arrebatos que los llevan a cometer acciones irracionales. Un hombre que no es capaz de aceptar como normal la separación no está funcionando bien mentalmente” y sus reacciones destructivas podrían ir eventualmente contra sí mismo y otras personas con inclinación a asumir comportamientos antisociales en sentido general. Es notable el índice de feminicidas que casi al mismo tiempo se quita la vida.
Puso de relieve con preocupación que en el seno de algunos hogares los hijos observan comportamientos violentos de sus padres hacia las madres y tienden en la adultez a replicar la misma violencia y a convertirla en un patrón. Aunque primeramente salgan en defensa de las progenitoras agredidas crecen con un sello neuronal que los lleva a arremeter contra esposas e hijos. El clásico círculo viciosa de la adhesión a la drasticidad.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas describe como epidemia la violencia basada en género (VBG) en atención a que afecta a millones de mujeres globalmente “mellando su dignidad, su libertad y su autonomía” pero mostrando extremos en América Latina y el Caribe, zona del planeta en la que están situados 14 de los 25 países del globo donde se cometen más feminicidios.
Una resolución de la ONU invocó estadísticas indicadoras de que una de cada tres mujeres de la región sufre violencia física, sexual o emocional infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas. En marcha incontrolable una “violación de derechos humanos, un problema de salud pública y un problema de justicia social influido en gran medida por la condición social, económica y jurídica subordinada de la mujer en muchos entornos”.
