En plena Revolución Francesa, cuando el lema de “libertad, igualdad y fraternidad” prometía una nueva era de derechos, la dramaturga y escritora Olympe de Gouges (1748-1793) denunció que esa igualdad excluía a la mitad de la población. Con una pluma desafiante y una firme defensa de la justicia, se convirtió en una de las primeras mujeres en exigir públicamente que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos políticos que los hombres, un pensamiento que décadas más tarde inspiraría el movimiento por el sufragio femenino.
Nacida como Marie Gouze el 7 de mayo de 1748 en Montauban, Francia, quedó viuda a una edad temprana y decidió trasladarse a París, donde adoptó el nombre de Olympe de Gouges para iniciar una carrera como escritora y dramaturga. En la capital francesa comenzó a frecuentar círculos intelectuales y políticos, utilizando el teatro y los ensayos como herramientas para denunciar las injusticias sociales.
A lo largo de su vida escribió numerosas obras sobre temas considerados revolucionarios para su época, entre ellos la esclavitud, la pobreza, el matrimonio, los derechos civiles y la igualdad entre hombres y mujeres. Su obra teatral La esclavitud de los negros (L’Esclavage des Noirs) criticó el comercio de personas esclavizadas, convirtiéndola también en una de las primeras voces abolicionistas de Francia.
Su mayor legado llegó en 1791 con la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un documento que respondió directamente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada dos años antes por la Asamblea Nacional francesa, la cual ignoraba los derechos de las mujeres.
En este texto histórico, Olympe de Gouges sostuvo que las mujeres nacían libres y debían disfrutar de los mismos derechos políticos, civiles y legales que los hombres. Defendió su participación en la elaboración de las leyes, el acceso a los cargos públicos, la igualdad ante la justicia, el derecho a la propiedad, a la educación y a expresar libremente sus opiniones.
Uno de los planteamientos más innovadores de su declaración fue afirmar que, si las mujeres podían ser castigadas por las leyes del Estado, también debían tener el derecho de participar en su creación y en la elección de quienes las gobernaban. Aunque el sufragio femenino aún no era una demanda organizada como movimiento político, esta idea representó uno de los primeros argumentos modernos en favor de la participación electoral de las mujeres.
Sus escritos rompieron con la visión tradicional que relegaba a las mujeres al ámbito doméstico y defendieron que la ciudadanía no podía limitarse al sexo masculino. Estas ideas influyeron posteriormente en las pensadoras y activistas que, durante los siglos XIX y XX, lideraron las campañas por el derecho al voto en Europa y América.
La firme defensa de sus convicciones también la convirtió en una figura incómoda durante el período del Terror de la Revolución Francesa. Criticó los excesos del gobierno revolucionario y defendió la libertad de expresión, posiciones que le valieron ser arrestada por el Comité de Salvación Pública.
El 3 de noviembre de 1793 fue condenada a muerte y ejecutada en la guillotina, a los 45 años. Antes de su ejecución dejó un legado intelectual que sobrevivió a los intentos por silenciar su voz y que sería reivindicado por generaciones posteriores de feministas.
Aunque Francia no reconoció el derecho al voto de las mujeres hasta 1944, más de 150 años después de la publicación de su declaración, las ideas de Olympe de Gouges sirvieron de inspiración para quienes defendieron la igualdad política y la participación de las mujeres en la vida pública.
Hoy es considerada una de las grandes precursoras del feminismo moderno y de los derechos humanos. Su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana continúa siendo un referente histórico en la lucha por la igualdad de género y un antecedente fundamental del movimiento sufragista. Al afirmar que las mujeres debían ser reconocidas como ciudadanas plenas, Olympe de Gouges abrió el camino para que generaciones posteriores reclamaran el derecho al voto y la participación política en igualdad de condiciones.
En una época en la que las mujeres estaban excluidas de la vida política y carecían de derechos fundamentales, la escritora, periodista y activista Hermila Galindo Acosta (1886-1954) se convirtió en una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad en México. A través de sus artículos, conferencias y ensayos, defendió el derecho de las mujeres a la educación, la participación política y el sufragio, convirtiéndose en una de las principales precursoras del voto femenino en el país.
Nacida el 2 de junio de 1886 en Villa Juárez, Durango, Galindo perdió a su madre siendo muy pequeña y fue criada por familiares. Desde joven destacó por su interés en la educación y el periodismo, convencida de que el conocimiento era la herramienta más poderosa para transformar la sociedad.
Durante la Revolución Mexicana se unió al movimiento encabezado por Venustiano Carranza, de quien fue secretaria particular y asesora. Desde esa posición impulsó reformas orientadas a ampliar los derechos de las mujeres y aprovechó los espacios públicos para promover una agenda de igualdad de género en un contexto profundamente conservador.
En 1915 fundó la revista La Mujer Moderna, una publicación que se convirtió en uno de los principales foros del pensamiento feminista en México. A través de sus páginas abordó temas considerados tabú para la época, como la educación sexual, la autonomía de las mujeres, la igualdad jurídica, el divorcio y el acceso de las mujeres a los cargos públicos.
Sus escritos desafiaron la idea de que el papel femenino debía limitarse al hogar y sostuvieron que las mujeres eran ciudadanas con la misma capacidad intelectual y moral que los hombres para participar en la vida política. Galindo argumentaba que negarles el derecho al voto era incompatible con los principios democráticos que el país buscaba consolidar tras la Revolución.
En 1916 participó en el Primer Congreso Feminista de Yucatán, donde presentó una visión innovadora sobre la emancipación femenina, defendiendo que la igualdad solo sería posible si las mujeres tenían acceso a la educación, la independencia económica y los derechos políticos.
Uno de sus actos más trascendentes ocurrió en 1917, cuando presentó una propuesta para que la nueva Constitución reconociera el sufragio femenino. Aunque la iniciativa fue rechazada por el Congreso Constituyente, su planteamiento marcó un precedente histórico al colocar el voto de las mujeres en el centro del debate político nacional.
Ese mismo año, Hermila Galindo decidió postularse como candidata a diputada federal, pese a que la legislación no reconocía plenamente los derechos políticos de las mujeres. Aunque obtuvo un importante respaldo ciudadano, las autoridades le impidieron asumir el cargo, evidenciando las barreras legales que enfrentaban las mexicanas.
Si bien Hermila Galindo no llegó a presenciar de inmediato el triunfo de sus propuestas, sus ideas y publicaciones mantuvieron vivo el movimiento sufragista durante las décadas siguientes. Sus argumentos fueron retomados por organizaciones feministas y legisladores que continuaron impulsando el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Finalmente, en 1953, el Estado mexicano reformó la Constitución para reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas para cargos de elección popular, una conquista que reflejó décadas de lucha de activistas como Galindo. Un año después, en 1954, la escritora falleció, dejando un legado fundamental para la historia democrática del país.
Hoy, Hermila Galindo es reconocida como una de las pioneras del feminismo mexicano y una figura clave en la conquista del sufragio femenino. Sus escritos no solo cuestionaron las estructuras de desigualdad de su tiempo, sino que ayudaron a construir el pensamiento político que permitió a las mujeres reclamar plenamente su ciudadanía y participar en la vida democrática de México.
Londres, Reino Unido. Mucho antes de que las mujeres conquistaran el derecho al voto en distintos países del mundo, la filósofa y escritora británica Mary Wollstonecraft (1759-1797) desafió las normas de su época al defender que las mujeres debían gozar de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Considerada una de las precursoras del feminismo moderno, sus ideas sentaron las bases intelectuales del movimiento sufragista que surgiría décadas después.
Nacida el 27 de abril de 1759 en Londres, Wollstonecraft creció en un entorno familiar marcado por la inestabilidad económica y la violencia doméstica. Estas experiencias influyeron en su visión sobre la desigualdad de género y la llevaron a cuestionar el papel subordinado que la sociedad asignaba a las mujeres.
Convencida de que la educación era la clave para alcanzar la igualdad, trabajó como institutriz, maestra y escritora. En 1792 publicó su obra más influyente, “Vindicación de los derechos de la mujer” (A Vindication of the Rights of Woman), considerada uno de los textos fundacionales del pensamiento feminista.
En este ensayo, Wollstonecraft rechazó la idea de que las mujeres fueran inferiores por naturaleza y sostuvo que las diferencias entre hombres y mujeres respondían, principalmente, a la falta de acceso a la educación. Argumentó que una sociedad verdaderamente justa debía ofrecer las mismas oportunidades educativas y civiles para ambos sexos.
Aunque en su obra no formuló una campaña específica por el sufragio femenino, sí defendió que las mujeres debían ser reconocidas como ciudadanas racionales con derechos propios, una idea revolucionaria para finales del siglo XVIII. Su planteamiento de igualdad política y moral inspiró a generaciones posteriores de activistas que sí convertirían el voto femenino en una de sus principales reivindicaciones.
Durante el siglo XIX, líderes sufragistas del Reino Unido y Estados Unidos encontraron en sus escritos un sólido fundamento filosófico para exigir la participación política de las mujeres. Figuras como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y Millicent Garrett Fawcett retomaron muchos de los principios defendidos por Wollstonecraft al impulsar campañas por el sufragio femenino.
Su legado también trascendió el derecho al voto. Sus ideas contribuyeron al desarrollo de movimientos que promovieron el acceso de las mujeres a la educación superior, el empleo, la propiedad y la participación en la vida pública, transformando el debate sobre la igualdad de género a nivel mundial.
Mary Wollstonecraft falleció el 10 de septiembre de 1797, pocos días después de dar a luz a su hija Mary Shelley, quien años más tarde alcanzaría fama universal como autora de la novela Frankenstein. Aunque durante décadas su vida personal fue objeto de críticas y controversias, el valor de su pensamiento ha sido ampliamente reconocido por la historia.
Hoy, más de dos siglos después de la publicación de Vindicación de los derechos de la mujer, Mary Wollstonecraft es considerada una de las figuras más influyentes en la defensa de los derechos de las mujeres. Sus escritos no solo cuestionaron las estructuras de desigualdad de su tiempo, sino que proporcionaron las bases filosóficas sobre las que se construiría el movimiento sufragista y la posterior conquista del voto femenino en numerosos países.
Edificios colapsaron, familias enteras quedaron bajo los escombros y los hospitales se llenaron de heridos tras los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio. Pero cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, las cifras oficiales no existen. El Ministerio de Salud, Protección Civil y las gobernaciones afectadas han difundido balances generales de la emergencia, pero en ninguna comparecencia pública ni en boletines oficiales se ha desglosado cuántos de esos heridos, desaparecidos, desplazados o fallecidos son menores de edad.
Si bien es cierto que algunas historias se han contado sobre cómo ha afectado la tragedia a los niños, incluso se han publicado en medios historias dolorosas con menores de edad como protagonistas, la realidad es que las diferentes ONG coinciden en que se trata del grupo menos visibilizado. Y cuando se han mostrado sus casos, muchas veces se hace de una manera poco ética. Son cientos los vídeos que corren por las redes sociales con rostros de niños a los que no se les observa ningún padre o representante cerca; son cientos los reportajes donde se les revictimiza, invalidando el dolor.
A su vez, a casi tres semanas de los terremotos, la ausencia de datos impide dimensionar la magnitud real del daño: no se sabe cuántos niños perdieron a sus padres o representantes legales, cuántos quedaron separados de sus familias durante el caos del rescate, cuántos fueron trasladados a hospitales fuera de su lugar de residencia ni cuántos permanecen en refugios temporales sin documentación. En una crisis de esta magnitud, no contar esa información equivale a no poder medir el daño ni priorizar la protección para la infancia.
Si bien es cierto que expertos afirman quese deben esperar unas tres semanas para obtener informes, el bienestar de los menores no puede esperar y, en los campamentos y refugios, se encuentran aún organizaciones como Cecodap, Aldeas Infantiles, Save The Children, Plan International o Unicef trabajando por los niños y adolescentes y mediando por su amparo en las leyes.
CECODAP publicó “Decálogo para la cobertura responsable de la niñez y adolescencia en emergencias” / AP – Fernando Vergara
Aún sin cifras oficiales
Cecodap y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (PANA) revelan que la niñez y adolescencia ha recibido atención insuficiente en la narrativa de la alta vocería del Estado (Poder Ejecutivo y Asamblea Nacional). Aún hoy, no hay información oficial que permita dimensionar el daño físico, mental y material en niños, niñas y adolescentes.
“El monitoreo da cuenta además de cómo la centralización de los canales oficiales para dar información y recibir ayuda, junto con las restricciones al acceso de organizaciones independientes y medios de comunicación,, configuran una estrategia comunicacional altamente centralizada que limita la circulación autónoma de información”, aseguran en un comunicado.
Indira Rojas, coordinadora de la Agencia PANA, señala que aún no se sabe oficialmente cuántos niños, niñas y adolescentes han fallecido, cuántos han sido heridos, cuántos se encuentran o no acompañados o cuántos están en búsqueda de familia extendida. “Las veces que el gobierno ha hablado sobre las infancias, se han limitado a mencionar que repartieron juguetes y que una autoridad visitó un hospital, donde aseguró haber conversado con niños que se encontraban gravemente heridos. Sin embargo, la vocería oficial no ha ofrecido información ni datos sobre la situación de la niñez y la adolescencia”, dice Rojas.
“Eso deja un horizonte muy vacío en relación a qué está pasando con las infancias oficialmente“, asegura, aunque afirma que sobre el terreno se han movilizado los Consejos de Protección de niños, Niñas y Adolescentes y los Consejos Municipales de Derechos (CMDNNA) que trabajan directamente con las familias.
“Los consejeros se desplazaron y se distribuyeron entre los hospitales y también entre los refugios para identificar a estos niños solos o con quién estaban acompañados, de modo que no quedaran sin rastrear los niños que estaban siendo afectados por la emergencia”. Rojas enfatiza que este trabajo está pasando “por debajo de la mesa” porque el gobierno no los ha tomado en cuenta para sus declaraciones oficiales.
La periodista aclara que las medidas de abrigo o el cuidado temporal que estos órganos realizan no son definitivas, y que la investigación para localizar a las familias biológicas o extendidas continúa, con decisiones finales a cargo de los tribunales cuando proceda.
Cecodap, en su informe del 30 de junio, elaborado con la Agencia PANA y con base en reportes públicos, listas hospitalarias y observación en terreno durante los tres primeros días posteriores al sismo, registró 333 casos de niños, niñas y adolescentes afectados: 188 reportados como heridos, 123 como desaparecidos y 14 como fallecidos, además de 7 rescatados y 1 evacuado. La organización advierte que se trata de un piso mínimo, condicionado por la dispersión de la información inicial.
La Guaira concentró la mayor parte de los casos documentados —250 de los 333—; el Distrito Capital aparece con 67 casos y los demás estados con cifras puntuales menores (Aragua 9, Carabobo 3, Falcón 2, Yaracuy 2). El informe también registra que 80 casos carecían de datos sobre edad y 146 aparecían en reportes colectivos, lo que reduce la trazabilidad individual y la capacidad de respuesta focalizada.
Limitaciones en zona cero, refugios y campamentos
Rojas subraya que la limitación inicial fue la falta de registro y trazabilidad: “Lo que nos preocupó en un principio fue la falta de registro y trazabilidad de los casos, los primeros días de la contingencia tenían limitaciones severas para identificar con precisión qué estaba ocurriendo con los niños, niñas y adolescentes afectados”. Esa dificultad incluyó la imposibilidad de determinar datos básicos como edad, género, ubicación y evolución médica.
La comunicadora detalla ejemplos del caos logístico que entorpeció la identificación. “La Guaira, que es el estado más afectado, no tenía luz y, los rescatistas que llegaron de inmediato, los que pudieron sacar a los niños, la mayoría llegaron a hospitales en Caracas, entonces no sabíamos en ese primer momento cuántos de esos niños llegaron acompañados por adultos que significaran familia cercana o familia extendida, cuántos llegaron solos”, explica.
Esa falta de trazabilidad, advierte Rojas, elevó el riesgo de separaciones familiares prolongadas, al menos en la fase inicial del rescate.
Campamentos, refugios y la doble vulnerabilidad infantil
En una segunda etapa de la contingencia, los refugios y campamentos temporales dan lugar a otro tipo de riesgos para la población infantil, como el hacinamiento, la suspensión de servicios, la pérdida de documentación y la interrupción de referentes cotidianos. Cecodap advierte en su informe que la falta de registro formal en muchos de esos espacios dificulta conocer cuántos niños y adolescentes están alojados, cuántos recibieron atención médica adecuada y con qué acompañamiento psicosocial.
La interrupción de servicios básicos como el agua potable, saneamiento e higiene aumenta el riesgo de enfermedades, mientras que la pérdida de hogares, la interrupción de la educación y la exposición a situaciones de estrés y violencia afectan gravemente el bienestar y protección de la infancia, según detalla UNICEF en su más reciente comunicado.
Las ONG aseguran que esta situación, sumada a la falta de registro, se podría convertir en un caldo de cultivo para otras dificultades y violaciones de derechos humanos como separación familiar, pérdida de documentos de identidad, hacinamiento, y exposición potencial a redes de trata y explotación sexual.
Las calles de La Guaira aún permanecen con varias carpas de personas damnificadas. | Foto: Ezequiel Carías
Rojas argumenta que las condiciones para los niños en refugios y campamentos han sido precarias. “En los primeros refugios habilitados, como el Parque del Oeste y el Parque del Este, que concentraban a un gran número de personas, la situación era especialmente compleja. Además de estos espacios, también era posible ver carpas en distintos puntos de la ciudad que no correspondían a refugios organizados. Por ejemplo, al recorrer zonas como San Bernardino o algunas plazas públicas, era frecuente encontrar familias viviendo en carpas improvisadas”.
En este sentido, “los niños estaban expuestos en espacios donde convivían con muchas personas a las que no conocían y en un contexto de alta vulnerabilidad. Esa situación no solo aumentaba los riesgos para su protección, sino que también representaba una amenaza para su salud”. Sin embargo, afirma que la situación es muy cambiante y que muchas familias se han movilizado a otros campamentos, hospitales o Estados.
El gobierno ha afirmado que, a la fecha, existen 89 campamentos transitorios distribuidos en Caracas, La Guaira y Miranda, y que la capacidad instalada en estos centros de asistencia es de 24.280 plazas, registrando actualmente una capacidad ocupada de 17.128 personas. No hay cifras de los menores de edad.
En un recorrido realizado recientemente por El Nacional, este medio pudo constatar que, a pesar de que el gobierno ha dispuesto campamentos y refugios temporales para alojar a los afectados, la realidad en La Guaira es que las calles siguen llenas de damnificados que se alojan en carpas improvisadas y que allí conviven aún muchos niños.
Unicef es la única organización que se aventura a publicar una cifra de infantes afectados. La portavoz de comunicaciones de la oficina regional de Unicef para América Latina, Sendai Zena, señaló el pasado 2 de julio que alrededor de 680.000 niños están en necesidad en todos los estados que han sido afectados por el terremoto, y que la organización quiere llegar al menos a 232.000.
En este contexto, la ciudadanía sigue a la espera de respuestas claras y de una rendición de cuentas que permita dimensionar el impacto real de la tragedia, especialmente sobre una infancia que encarna a toda una generación marcada por los terremotos y cuya protección no admite más demora.
La activista por los derechos de las mujeres Şede Beşîr hizo una declaración en su cuenta oficial de Facebook sobre el número de feminicidios en la Región del Kurdistán de Irak.
Şede Beşîr dijo que 31 mujeres han sido asesinadas en la Región del Kurdistán desde principios de este año y declaró:
“Aunque esta cifra no es oficial, refleja la realidad en la región. Permanecer en silencio ante estos crímenes es volverse cómplice de ellos. Una sociedad que permanece en silencio sobre los feminicidios crea las condiciones para nuevas víctimas.”
Beşîr enfatizó que las mujeres no necesitan palabras de consuelo; Necesitan justicia, la aplicación de la ley, el enjuiciamiento y castigo de los perpetradores, protección para las mujeres y el fin de todas las formas de impunidad que pongan en peligro la vida de las mujeres.
“Cada mujer asesinada no solo una pérdida familiar, sino una tragedia para toda la sociedad”, dijo Şede Beşîr. Afirmó que la falta de atención del gobierno a las organizaciones de mujeres y a las defensoras de los derechos de las mujeres es una grave carencia que permite que tales crímenes continúen. Subrayando que lo que se necesita no son promesas vacías e ineficaces, sino la voluntad política y la impartición de justicia, Beşîr afirmó que las autoridades deben escuchar genuinamente a las organizaciones de mujeres, implementar rápidamente las propuestas y proyectos de ley que estas organizaciones han presentado durante años para proteger los derechos de las mujeres, hacer cumplir la ley de forma decisiva y sin discriminación, y poner fin de inmediato en los tribunales a las intervenciones tribales y a los compromisos políticos hechos a costa de la vida de las mujeres.
La Habana/Yunierkis Gómez Lozano, de 43 años, murió en el municipio de Cumanayagua, en Cienfuegos, al caer de una azotea tras forcejear con su pareja y padre de sus dos hijos adolescentes, quien luego se suicidó. El hecho fue confirmado este domingo por el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat).
La organización informó que logró documentar antecedentes de violencia dentro de la pareja “extendida por años, que confirman el contexto feminicida de la muerte de la mujer”. En cuanto a los dos hijos que quedan huérfanos, el Observatorio informó que se trata de una chica y un varón.
En su reporte, la ONG informó además que investiga 22 posibles feminicidios y ocho intentos durante 2025 y 2026.
Con este caso, son 36 los feminicidios registrados por 14ymedio en el año, y el tercero en julio, luego del caso de Dayana Borges, de 26 años, quien fue asesinada por su pareja y padre de sus dos hijos menores el pasado 1 de julio en la casa que ambos compartían en Centro Habana, y el de Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, que falleció el 5 de julio en el hospital de Camagüey, “donde luchaba por su vida desde que fuera atacada con arma blanca por su pareja el pasado 29 de junio”. El suceso fue confirmado el viernes pasado por el Observatorio, que indicó que el agresor, de 27 años, se encontraba bajo custodia policial.
Fue asesinada por su pareja y padre de sus dos hijos menores el pasado 1 de julio en la casa que ambos compartían en Centro Habana
El conteo de Alas Tensas se eleva a 40 muertes, pues en su lista incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.
En la mayoría de los ataques confirmados por el Observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.
Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron cometidos por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.
El 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron cometidos por la pareja de las víctimas
Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.
Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 355 feminicidios en Cuba. El año con más casos fue el 2023, con 90.
“Este monitoreo se realiza en un contexto adverso, marcado por la precariedad de recursos, la criminalización del activismo independiente y la ausencia de registros públicos oficiales. Documentar feminicidios, acompañar a familias, solicitar información o denunciar la falta de protección institucional puede derivar en hostigamiento, campañas de descrédito o represalias”, señala la organización.
América del Norte continúa siendo el epicentro mundial de la mortalidad por drogas, pero América Latina comienza a mostrar serias señales de alarma. Según datos de la Universidad de Harvard y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la región ingresó en una fase de mayor riesgo sanitario debido al crecimiento récord del mercado de cocaína, la expansión de sustancias sintéticas y una cobertura de tratamiento insuficiente.
El escenario en los Estados Unidos y Canadá sigue registrando los índices de letalidad más altos del planeta, impulsados de forma casi exclusiva por los opioides sintéticos como el fentanilo. Durante 2024, las autoridades estadounidenses contabilizaron 48.422 muertes relacionadas con estas sustancias, mientras que el gobierno canadiense reportó una cifra superior a los 10.000 fallecimientos asociados en su último informe anual. A pesar de la gravedad de estas cifras, la ONU identificó una tendencia positiva: las muertes por sobredosis de opioides sintéticos cayeron un 36% en los Estados Unidos entre 2023 y 2024, lo que podría marcar los primeros indicios de una estabilización de la crisis.
En el contexto latinoamericano, aunque las tasas de mortalidad general todavía se mantienen lejos de los niveles norteamericanos, la preocupación de los expertos se concentra en los cambios rápidos en los patrones de consumo. Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ubicó a Brasil como el principal foco de alerta en la región, registrando uno de los aumentos más veloces en la mortalidad por adicciones y reportando la aparición de nitacenos, unos opioides sintéticos de alta potencia. En paralelo, México enfrenta una creciente presión sanitaria por el uso de metanfetaminas, mientras que países del Cono Sur como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay muestran incrementos relevantes en la carga de salud pública ligada a la cocaína y otros estimulantes.
El informe de la OPS advierte además que los trastornos por adicciones se convirtieron en una de las causas de discapacidad que más rápido crecen en el continente, afectando de manera desproporcionada a la población joven. En América Latina, los nuevos casos alcanzan su punto máximo entre los adolescentes de 15 a 19 años, y la mayor prevalencia de consumo se observa en el rango que va de los 20 a los 24 años, con un fuerte impacto en los hombres pero con un incremento cada vez más visible entre las mujeres.
Frente a este panorama, las Naciones Unidas enfatizaron que estos daños a la salud pública no son inevitables y pueden prevenirse mediante políticas públicas que dejen de enfocarse únicamente en la persecución policial del narcotráfico. Los especialistas recomiendan implementar de forma urgente programas de reducción de daños que incluyan el acceso universal a tratamientos médicos basados en evidencia, la distribución comunitaria de insumos estériles y de naloxona para revertir sobredosis en la vía pública, y un refuerzo en los sistemas estadísticos locales para vigilar y frenar el ingreso de los opioides sintéticos antes de que la crisis del norte se replique en la región.
El gobierno talibán de Afganistán ordenó este sábado a las organizaciones no gubernamentales dejar de emplear a mujeres porque no estaban respetando el debido código de vestimenta, el mismo argumento por el que hace cuatro días excluyó a las mujeres de las universidades del país.
“Ha habido graves quejas sobre el incumplimiento del uso del hiyab islámico y otras normas y reglamentos relacionados con el trabajo de las mujeres en organizaciones nacionales e internacionales“, dice una notificación enviada a todas las oenegés.
Un portavoz del ministerio de Economía confirmó que esa cartera envió la orden a las ONG.
“En caso de incumplimiento de la directiva (…) se cancelará la licencia de la organización que fue expedida por este ministerio”, especifica la notificación.
Dos onegés internacionales con las que habló AFP confirmaron que habían recibido el comunicado del ministerio.
Talibanes tachan de infundadas las inquietudes de la ONU sobre derechos de mujeres
“A partir del domingo suspendemos todas nuestras actividades”, declaró, bajo anonimato, un alto funcionario de una organización internacional, que lleva a cabo acciones humanitarias en varias zonas remotas del país. “Pronto tendremos una reunión de las directivas de todas las ONG para decidir cómo manejar este tema”, agregó.
Decenas de onegés nacionales e internacionales trabajan en múltiples sectores en áreas remotas de Afganistán, y gran parte de su personal son mujeres.
Este anuncio se produce solo cuatro días después de que el gobierno talibán decidió prohibir indefinidamente a las mujeres afganas asistir a universidades públicas y privadas del país.
El ministro de Educación superior, Neda Mohammad Nadeem, explicó en una entrevista televisiva que tomó esta decisión porque las “estudiantes que iban a la universidad (…) no respetaron las instrucciones sobre el hiyab”.
“El hiyab es obligatorio en el islam”, insistió, refiriéndose a que las mujeres en Afganistán deben cubrirse la cara y todo el cuerpo. Según él, las niñas que estudiaban en una provincia lejana de su domicilio “no viajaban tampoco con un ‘mahram’, un acompañante masculino adulto”.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado una sentencia por la que condena a una pena de 21 años de prisión a un agente de los Mossos d’esquadra como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual con abuso de situación mental y de un delito de pornografía. Según recoge el dictamen judicial al que ha tenido acceso directo la agencia EFE, los hechos de la causa penal se ejecutaron de forma continuada durante los meses de verano de 2023, concretamente entre junio y agosto, en el territorio de la comarca barcelonesa del Bages, donde el procesado implementó una estrategia delictiva dirigida a vulnerar la libertad sexual de una mujer que presentaba una discapacidad psíquica diagnosticada.
El tribunal detalla en los fundamentos del fallo que el condenado, quien ostentaba una posición de cercanía familiar al ser el padrastro de la pareja sentimental de la víctima, urdió un “elaborado engaño” con la finalidad de hacer creer a la mujer que se encontraba participando en un proceso selectivo para obtener una beca formativa en una academia de masajes situada en la ciudad de Manresa. Para dotar de credibilidad al fraude y aislar la voluntad de la víctima, el acusado la incorporó a dos chats grupales dentro de la aplicación WhatsApp, en los cuales simulaba la existencia de docentes y alumnas de la supuesta institución educativa mediante perfiles y terminales telefónicos ficticios que él mismo gestionaba de forma encubierta.
A través de este mecanismo de manipulación digital, el Mosso d’esquadra normalizó ante la víctima el sometimiento a múltiples conductas de carácter sexual y vejatorio, obligándola asimismo a producir y remitir material audiovisual de índole sexual bajo el falso pretexto de que debía ser “100% sumisa, obediente y servicial” ante las peticiones de la supuesta academia, que debían mantenerse en estricto secreto”.
La resolución de la Audiencia de Barcelona especifica que las agresiones físicas e imágenes grabadas por el procesado se consumaron en el interior del inmueble familiar donde ambos residían de forma temporal de sábado a martes, aprovechando los periodos en los cuales la joven se trasladaba al domicilio para convivir con el hijo del condenado, a quien había conocido a principios de ese año en un centro asistencial especializado para personas con discapacidad funcional que opera en la comarca del Bages. La sala penal recalca que el acusado actuó “con pleno conocimiento del menoscabo cognitivo de la víctima”, a la que define legalmente como una persona “muy influenciable, manipulable y por lo tanto vulnerable, con severas limitaciones cognitivas para interponer límites conductuales o discernir el alcance real y las segundas intenciones de las dinámicas de índole sexual”.
Asimismo, consta en las actuaciones que el núcleo familiar de la joven consintió las pernoctas bajo la firme convicción de que la residencia del agente “constituía un entorno plenamente seguro”, viendo “incrementada dicha confianza” debido a la condición profesional del encausado como funcionario policial del cuerpo de los Mossos d’esquadra, conforme argumentó la hermana de la denunciante durante la vista oral del juicio celebrado el pasado 13 de mayo.
Con esta resolución, el tribunal provincial rebaja la solicitud inicial formulada por el Ministerio Fiscal, que requería una condena de 27 años de cárcel, al “apreciar jurídicamente la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de reparación del daño”, ya que constaba un ingreso previo de 25.000 euros por parte del acusado, cantidad sensiblemente alejada de los 120.000 euros que reclamaba formalmente la acusación particular en su escrito de conclusiones definitivas.
Desde principios de 2025, al menos un millón de mujeres y niñas se han quedado sin acceso a servicios fundamentales debido a los recortes en la financiación destinada a la asistencia internacional. Esta situación ha obligado a numerosas organizaciones a operar en condiciones críticas, al grado de que dos de cada cinco prevén la posibilidad de cerrar durante el próximo año.
Así lo dio a conocer este viernes en Ginebra la agencia ONU Mujeres, que advirtió que esta disminución de recursos ocurre en un contexto especialmente preocupante, marcado por el nivel más alto de conflictos armados registrado en las últimas ocho décadas y por un incremento histórico en las necesidades humanitarias, que actualmente afectan a alrededor de 120 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.
Como consecuencia también aumentó la violencia sexual ejercida contra las mujeres en conflictos, que se duplicó en 2025.
Organizaciones de mujeres son las únicas que presentan asistencia a países como Afganistán
Las organizaciones de mujeres son las únicas capaces de prestar asistencia en países como Afganistán, la República Democrática del Congo, Haití y muchos otros, donde continúan operando cuando otros actores internacionales no pueden hacerlo.
ONU Mujeres consultó con 855 organizaciones de mujeres en 52 países afectados por conflictos y crisis, y a partir de las informaciones obtenidas señaló que nueve de cada diez reconocen que ya no pueden atender todas las necesidades existentes.
La mitad ha comenzado a establecer listas de espera o a rechazar a personas que solicitan ayuda, mientras el 63 % ha reducido sus servicios en comunidades remotas, que son precisamente las que tienen menos alternativas de asistencia.
Mientras, el 86 % de las organizaciones consultadas asegura haber registrado un aumento de la violencia de género en las comunidades donde trabaja y el 62 % afirma que los espacios seguros para mujeres y niñas han desaparecido o se han reducido de forma significativa.
ONU Mujeres señaló también que ocho de cada diez organizaciones ha observado en el último año un aumento del abandono escolar de las niñas.
“Las propias organizaciones sobreviven gracias al esfuerzo personal de sus trabajadoras. El 65 % de las entidades dirigidas por mujeres afirmó que parte de su personal sigue trabajando sin recibir su salario”, dijo a los periodistas la responsable de Acción Humanitaria del organismo, Sofia Calltorp.
“Cada dólar retirado de las organizaciones de mujeres es un dólar retirado a las supervivientes de violencia sexual, a las madres desplazadas, a las niñas obligadas a abandonar la escuela y a comunidades enteras que luchan por sobrevivir”, lamentó.
El desmantelamiento de estas organizaciones también está debilitando la participación de las mujeres en el liderazgo comunitario y la defensa de la igualdad de género, alertó.
