ONU reporta 50,000 desaparecidos tras terremotos en Venezuela

La magnitud de la emergencia provocada por los terremotos en el norte de Venezuela podría ser mucho mayor de lo confirmado oficialmente. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas informó que maneja reportes no verificados que elevan a unos 50,000 el número de personas desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

 

Una mujer abraza y carga a un niño en la espalda frente a los escombros de un edificio destruido por el sismo

 

Aunque esa cifra aún no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas ni atribuida oficialmente a la ONU, el organismo mantiene como balance oficial los 589 fallecidos y 2,980 heridos reportados por el Gobierno venezolano.

Refuerzan las operaciones internacionales de rescate

La respuesta humanitaria continúa ampliándose con el despliegue de 30 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, integrados por alrededor de 1,600 especialistas y 100 perros entrenados para localizar víctimas entre los escombros.

Las brigadas proceden de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México. Algunos equipos ya operan en las zonas afectadas y otros llegarán en las próximas horas.

Millones de personas podrían estar afectadas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que hasta 6.76 millones de personas podrían haber resultado afectadas por los terremotos, incluyendo cerca de dos millones de habitantes en Caracas.

Mientras avanzan las operaciones de rescate, los organismos internacionales mantienen el monitoreo de la situación y continúan coordinando la asistencia humanitaria ante una de las mayores emergencias registradas recientemente en la región.

Las rutas migratorias de las Américas han cobrado la vida de 1,449 mujeres desde 2014

San José, Costa Rica

Al menos 1.449 mujeres han fallecido en las rutas migratorias de las Américas desde el 2014, en un contexto de invisibilidad de su situación debido a los escasos datos oficiales, a lo que se suman riesgos de violencia y de privación del acceso a servicios esenciales, informó este viernes el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los datos recopilados por el proyecto indican que de las miles de muertes de mujeres documentadas (de un total de 11.492 migrantes muertos o desaparecidos en las rutas migratorias de las Américas), 795 se ubicaron en la frontera entre Estados Unidos y México, 225 en las rutas del Caribe, 103 en las rutas del Darién (fronteriza entre Panamá y Colombia) y 112 en Suramérica.

El monitor regional del proyecto para las AméricasEdwin Viales, afirmó en una sesión virtual sobre el tema que estos datos muestran “la dimensión de una crisis invisible”, en la que las mujeres enfrentan mayores riegos de perder la vida, son víctimas de prácticas sociales que tienen que ver con violencia de género y además del crimen organizado que opera en las rutas migratorias.

La coordinadora del Proyecto Migrantes Desaparecidos, Andrea García, afirmó que los datos con los que cuenta la iniciativa son apenas una muestra de lo que en realidad ocurre, debido a vacíos en la información oficial, fallas en la calidad de los datos y porque muchos migrantes mueren o desaparecen en zonas remotas o en el mar, lo que dificulta aún más la labor.

Incluso en zonas donde hay datos disponibles, muchas veces no se identifican a las víctimas ni se desagrega la información por sexo.

“Cuando las mujeres migrantes mueren durante la migración no solo pierden la vida, sino que se vuelven más invisibles. Detrás de las cifras hay personas y en la mayoría de los casos no sabemos quiénes eran“, comentó García, quien valoró el esfuerzo por dar visibilidad a este problema con el fin de generar incidencia para la generación de políticas públicas en la región.

La agencia ONU Mujeres calcula que alrededor de un 8 % de las mujeres en el flujo migratorio que pasó por Centroamérica en el año 2024 estaban embarazadas y presentaban afectaciones que podrían derivar en amenazas de aborto.

Mar Companys Alet, de la oficina regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, señaló que las mujeres migrantes enfrentan diversos tipos de violencia antes de migrar y también durante las rutas, a lo que se suma la privación del acceso a servicios esenciales como los de salud.

Datos recopilados por la OIM mediante entrevistas a mujeres migrantes en la región, indican que el 54 % de ellas migraron por razones económicas, el 31,5 % por razones familiares como la reunificación, y el 3 % por la necesidad de protección frente a la violencia. 

Agencia EFE

El D13 votó contra la desconexión: cuando la campaña mira afuera y olvida el barrio

El resultado en el Distrito 13 no fue solo 49.4% vs 45.9%. Fue un referéndum sobre cómo se le habla a la diáspora.

La campaña del congresista Adriano Espaillat apostó fuerte al tema racial y al recuerdo de su gesta como “el primer dominicano en el Congreso”. Fue un mensaje que conectó con una parte de la base mayor, pero no logró traducirse en respuestas a los problemas del día a día aquí.

Mientras tanto, en el terreno hubo otro fenómeno que caló mal: la contratación de más de 50 periodistas e influencers desde República Dominicana para cubrir y defender la campaña. Muchos de ellos aterrizaron sin haber vivido la renta insostenible de Washington Heights, la crisis de salud mental, los salarios bajos, las escuelas sobrepobladas, la inseguridad y la falta de oportunidades que enfrentan los dominicanos de a pie en Nueva York.

Y ese es el punto más grave: los dominicanos se están yendo. Familias completas se están saliendo de Nueva York hacia otros estados por la alta renta y la inseguridad. Ese éxodo sí debilita nuestra comunidad. Nos desarraiga, nos quita fuerza política y nos borra del mapa que tanto costó construir.

Ese vacío se sintió en campaña. Hubo episodios de violencia verbal contra Darializa Avila Chevalier, una joven socióloga hija de padres dominicanos, nacida en Miami y criada en el barrio. Avila no es una “foránea”. Es producto del D13.

El efecto fue el contrario al buscado: en vez de unir, se profundizó la división. En vez de sumar orgullo por la bandera tricolor, se dejó la sensación de que se menospreciaba a una joven que ha dedicado gran parte de su vida a educar y servir.

ADDENDUM – SIN RODEOS:

Y hay que decirlo claro: estos mal llamados “comunicadores” e influencers solo buscaron el beneficio del momento. El dinero que recibieron les tapó los ojos para no ver en Darializa Avila Chevalier lo que ella realmente representa.

Ella es el ejemplo vivo de que sí se puede. Una joven hija de dominicanos, educada, criada en el barrio, que estudia y sirve. El modelo que necesitamos para que surjan nuevos líderes y para que los muchachos sigan educándose. El recordatorio de que el sueño americano aún es posible lograrlo, aquí, en el D13.

Tapar ese ejemplo por un contrato, es traicionar a la comunidad.

Que esto no se repita.

A los candidatos y a sus equipos: las próximas campañas deben empezar por la agenda, no por el ataque. El D13 no necesita voceros importados ni campañas basadas en división. Necesita planes para frenar el éxodo, bajar la renta, devolver la seguridad a las calles y salvar nuestras escuelas.

Al final, eso es lo que la gente pide y lo que la comunidad necesita. El barrio votó para que se le escuche, no para que se le use. Porque si seguimos perdiendo dominicanos por renta e inseguridad, nos quedamos sin barrio que representar.

La utilización de un cargo público para influir en una elección ajena

Causa indignación las tácticas viles y baja moral utilizadas, la intervención de una funcionaria del Estado dominicano en este proceso electoral que debía ser ajeno a su  intervención; se trata de la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celines Toribio, quien utilizo su investidura y una plataforma mediatica para conducir un programa maratónico de ataques contra Avila Chevalier.

Una funcionaria remunerada con fondos del estado dominicano no puede actuar de forma selectiva. Su deber es representar a todos los dominicanos, no intervenir en una primaria del Distrito 13. Hacerlo vulnera la confianza de miles de dominicanos residentes aquí que no comparten esa línea.

Lo ocurrido refleja patrones descritos en el informe de Marcela Ríos Tobar, titulado Violencia política de género en la esfera digital en América Latina, que advierte cómo las mujeres que participan en la vida pública suelen enfrentar campañas de hostigamiento, desinformación, ataques a su credibilidad y esfuerzos coordinados para desalentar su participación política.

Desde Fundación Oruga Internacional.Org alzamos nuestra voz. Porque si hoy callamos este abuso contra una mujer, mañana lo normalizamos contra todas.

Pero el D13 respondió. Y aquí aplica el pasaje de David y Goliath.

Goliath tenía el ejército, el dinero, los medios y las alianzas. David solo tenía una honda y una piedra.

La piedra fue la dignidad del barrio.

La propuesta. El cara a cara con la gente.

Y Goliath cayó.

Que esto sirva de precedente: en el D13 las mujeres no se aplastan. Se escuchan.

Desde la discordia del D13
Mundo News Canal 1 / Telepoder Canal 30

Fresa Torres, Presidenta Fundación Oruga Internacional . Org

Oruga Internacional.Org

 

Unicef expresa solidaridad y pide se priorice a la niñez tras los terremotos en Venezuela

Por Redacción EC

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad con los niños, niñas, adolescentes y familias afectados por los terremotos en Venezuela el pasado 24 de junio de magnitud 7,5 y 7,2 que impactaron diversas regiones.

Los movimientos telúricos afectaron severamente a comunidades en la capital, Caracas, así como en los estados de Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda. Hasta el momento, el balance oficial proporcionado por las autoridades venezolanas reporta un total de 164 personas fallecidas y 971 heridos como consecuencia de los derrumbes y daños estructurales.

Unicef informó que se encuentra realizando un monitoreo constante de la situación para asegurar que los derechos de los menores permanezcan como eje central de la respuesta humanitaria. La institución subrayó la importancia de garantizar la protección inmediata de los niños y niñas que enfrentan la pérdida de sus hogares o de su entorno familiar tras la catástrofe.

Necesidades urgentes en Venezuela tras terremotos

Unicef identificó como prioridades la provisión de agua segura, atención sanitaria y la creación de espacios protegidos para la infancia. Además, resaltó la necesidad de implementar programas de apoyo psicosocial para ayudar a los menores a procesar el impacto emocional derivado de la destrucción y la conmoción generalizada.

La declaración reafirma el compromiso de Unicef de apoyar los esfuerzos nacionales para atender a las poblaciones más vulnerables en las zonas de desastre. La organización instó a las comunidades a mantenerse en alerta ante la posibilidad de réplicas y a seguir estrictamente las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.

El pronunciamiento de Unicef se suma a otras manifestaciones de apoyo internacional, incluyendo el ofrecimiento de ayuda humanitaria por parte de la Cancillería peruana, la cual activó protocolos de monitoreo a través de su Sección de Intereses en Caracas para asistir a los connacionales residentes en las jurisdicciones más golpeadas.

Liberan 10 mujeres y arrestan a 15 personas en una operación contra la trata de seres humanos en Gipuzkoa

Euskaraz irakurri

Quince personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional y 10 mujeres liberadas en el marco de la operación ‘Buda’, desarrollada contra la trata de seres humanos en San Sebastián.

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y la Jefa Superior de la Policía, Teresa Herráez, han dado a conocer los detalles de esta actuación en una comparecencia celebrada este jueves en la comisaría de Donostia-San Sebastián.

Garmendia ha destacado que esta “muy importante” operación se ha saldado con 15 personas detenidas sobre todo de origen colombiano (10 mujeres y cinco hombres), una de ellas en prisión provisional sin fianza la presunta encargada del establecimiento colombiana y nacionalizada española, el último, la pareja de ésta en libertad tras abonar una fianza de 15000 euros, este pasado miércoles, y la liberación de 10 víctimas, “sobre todo también colombianas y venezolanas”. El resto de arrestados están en libertad con medidas cautelares.

La principal investigada, detenida en 2018 por regentar otro club en Gipuzkoa y a la espera de juicio, “estaría ejerciendo esta labor en este chalet desde el 2023, obteniendo el 50 % de los beneficios de los servicios sexuales realizados” en la villa, según han señalado.

Una villa, ubicada en Camino Zubiberri, centro de operaciones de la trama

“Estamos hablando de la esclavitud del siglo XXI, la trata de mujeres y niñas atenta contra la dignidad de las personas y la humanidad misma”, ha subrayado Garmendia, que ha destacado que “la lucha para erradicarla es uno de los objetivos constantes y fundamentales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como lo demuestran la importante cantidad de detenciones y víctimas liberadas en los últimos tiempos”.

Además, ha hecho un llamamiento a las mujeres que se encuentran en estas situaciones a que “denuncien” para que puedan llevarse a cabo operaciones como ésta que comenzó en febrero de 2025 con una llamada anónima de dos víctimas.

Esta operación ‘Buda’, dirigida por agentes del GOE II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián, se ha saldado también con dos personas investigadas no detenidas y continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones y víctimas.

Además, se ha llevado a cabo la clausura temporal de la villa, ubicada en Camino Zubiberri 21, que era utilizada como centro de operaciones de la trama. En el operativo también han participado agentes de la Unidad de Intervención policial, del Grupo Operativo Especial de Seguridad, de la Unidad Canina, todos ellos adscritos a la Jefatura Superior del País Vasco, y se ha contado con la colaboración de agentes de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.

Estructura criminal “organizada, estable y jerarquizada”

El jefe del Grupo II Operativo de Extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa ha detallado que las primeras gestiones permitieron detectar la “existencia de una estructura criminal organizada, estable y jerarquizada, en la que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones específicas relacionadas con el control de las mujeres, la captación de clientes, el traslado de estas para realizar sus servicios, la gestión económica del negocio y la distribución de sustancias estupefacientes”.

“La organización sometía a las mujeres a un control constante sobre su actividad diaria, sobre su forma de vestir, las salidas al exterior y las relaciones con los clientes”, al tiempo que “gestionaban los anuncios en páginas de contactos, los teléfonos utilizados para concretar citas y los cobros por los servicios sexuales”.

“Era la principal investigada, junto con otra mujer que ejercía como lugarteniente, las que durante las 24 horas del día coordinaban la actividad de las personas encargadas del inmueble, la gestión de cómo efectuar los pagos y los traslados de las víctimas para los encuentros con los clientes, utilizando como taxistas a diferentes varones que formaban parte de la organización” y que, además, “amenazaban” a las víctimas, ha explicado.

Drogas, aplicaciones móviles y datáfonos

El pasado 20 de mayo se practicaron cuatro entradas y registros autorizados judicialmente en inmuebles relacionados con la organización criminal, incluyendo la villa de Zubiberri —centro de operaciones y residencia de la principal investigada— y los domicilios de su pareja.

Durante el operativo, los agentes intervinieron dinero en efectivo (65.315 euros, 6.431 dólares americanos y 2.085 libras esterlinas), diversas sustancias estupefacientes (aproximadamente 40 gramos de cocaína, 17,51 gramos de tusi, 15,46 gramos de roca cristalina —ambas positivas en metanfetamina—, 15 pastillas de MDMA y once recipientes de posible ‘popper’), siete balanzas de precisión y 83 pastillas de sildenafilo.

Asimismo, el jefe del operativo apuntó la incautación de armas (dos pistolas de aire comprimido, dos machetes, una katana y tres táser), numerosos dispositivos electrónicos (21 móviles, dos portátiles, un iPad, siete datáfonos y dos drones), joyas (doce relojes de alta gama, piezas de oro y diamantes con certificado y un lingote de oro de unos 20 gramos) y abundante documentación sobre el trabajo de las trabajadoras sexuales, tales como cuadernos y hojas con horarios y cantidades asignadas a sus nombres, hallándose en el chalet a trece mujeres ejerciendo la prostitución que fueron asistidas por los agentes.

EL DÍA QUE TODO EL PODER SE PUSO CONTRA UNA SOLA MUJER Denuncia Pública de Fundación Oruga Internacional.Org

Por: Fresa Torres, Presidenta

Lo que ocurrió en el Distrito 13 durante las primarias demócratas no fue una competencia. Fue un cerco.

Nunca antes habíamos visto una concentración de fuerzas tan descarada contra una sola candidata. Representantes de varios partidos políticos, directores de asociaciones comunitarias, y mujeres que lideran cámaras de comercio para “el desarrollo de la mujer”, se alinearon con un único objetivo: detener a Darializa Avila Chevalier.

¿Por qué tanto esfuerzo contra una joven? Porque la vieron sola. La vieron sin maquinaria, sin dinero de grandes donantes, sin padrinos. La vieron vulnerable e indefensa. Y decidieron ir todos contra ella.

Hubo violencia política. Hubo descrédito. Hubo uso de dinero e influencia para intentar borrar un nuevo liderazgo. Se prefirió el ataque personal a debatir ideas sobre la renta, la seguridad, y el éxodo de nuestra gente.

Esto no es democracia. Esto es miedo al relevo generacional.

Lo más grave: la injerencia externa. La Viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celines Toribio, utilizó su figura y una plataforma mediática para conducir un programa maratónico de ataques contra Avila Chevalier.

Una funcionaria pagada con fondos del Estado dominicano no puede ser selectiva. Su deber es con todos. Intervenir en una primaria del D13 es violar la confianza de miles de dominicanos aquí que no comparten esa línea.

Lo ocurrido refleja patrones descritos en el informe de Marcela Ríos Tobar, titulado Violencia política de género en la esfera digital en América Latina, que advierte cómo las mujeres que participan en la vida pública suelen enfrentar campañas de hostigamiento, desinformación, ataques a su credibilidad y esfuerzos coordinados para desalentar su participación política.

Desde Fundación Oruga Internacional.Org alzamos nuestra voz. Porque si hoy callamos este abuso contra una mujer, mañana lo normalizamos contra todas.

Pero el D13 respondió. Y aquí aplica el pasaje de David y Goliath.

Goliath tenía el ejército, el dinero, los medios y las alianzas. David solo tenía una honda y una piedra.

La piedra fue la dignidad del barrio.

La propuesta. El cara a cara con la gente.

Y Goliath cayó.

Que esto sirva de precedente: en el D13 las mujeres no se aplastan. Se escuchan.

Fresa Torres, Presidenta Fundación Oruga Internacional . Org

Oruga Internacional.Org

Israel ataca deliberadamente a niños en Gaza segun informe de comisión de la ONU

David Grittenv y Stephanie Hegarty – BBC News

Una comisión de investigación de la ONU dice que Israel atacó deliberadamente a niños palestinos, lo que ha derivado en genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza, así como crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada.

Un nuevo informe alega que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han “llevado a cabo deliberadamente actos que causaron la muerte y graves daños físicos y psicológicos a cientos de miles de niños palestinos”, y que las muertes continuaron incluso después del alto el fuego de octubre pasado en Gaza.

La comisión afirma tener motivos razonables para concluir que estos actos “forman parte de una estrategia deliberada para destruir el futuro de los palestinos en Gaza atacando a sus niños”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró que “rechaza categóricamente” el informe de la comisión, calificándolo de “farsa difamatoria” y “un texto propagandístico tan escandaloso como los anteriores”.

El ejército israelí lanzó una campaña militar en Gaza en respuesta al ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, al menos 73.035 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza, incluidos más de 21.280 niños, según el Ministerio de Salud gazatí, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 para investigar presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Su panel de expertos, compuesto por tres miembros, no habla oficialmente en nombre de la ONU.

Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

El pasado mes de septiembre, la comisión acusó a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

Un informe señalaba que existían motivos razonables para concluir que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han perpetrado cuatro de los cinco supuestos contemplados en la definición de genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Israel rechazó categóricamente dicho informe, calificándolo de distorsionado y falso.

La comisión concluyó anteriormente que Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional el 7 de octubre de 2023, y que las fuerzas de seguridad israelíes han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza.

El pasado mes de octubre, Israel y Hamás acordaron un alto el fuego como parte del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar la tregua en repetidas ocasiones.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que desde octubre han muerto más de 1.020 palestinos, entre ellos 265 niños. El ejército israelí informa que también han fallecido cuatro soldados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su llegada a la Casa Blanca
El alto el fuego entró en vigor en octubre de 2025.

El martes, la comisión de investigación declaró, en un comunicado publicado junto con el informe, que “la intensa magnitud y el carácter sistemático” de las operaciones militares israelíes en Gaza han continuado, provocando “niveles sin precedentes de muerte, lesiones y traumas entre los niños palestinos”.

“Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, se sigue matando y causando heridas graves a niños, ante el continuo menosprecio de Israel por el alto el fuego y por la protección que, en virtud del derecho internacional, se debe a los niños palestinos”, afirmó Srinivasan Muralidhar, jurista indio que preside la comisión.

“La protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos son inseparables del derecho del pueblo palestino a la libre determinación”, añadió.

“Al atacar a los niños, Israel ataca la propia capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro”.

El nuevo informe de la comisión señala que Israel ha atacado directamente a niños palestinos en Gaza disparando contra sus órganos vitales con armas de precisión —como drones cuadricópteros y francotiradores— y utilizando armas de alto impacto en ataques contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados abarrotados de niños.

Israel también es legalmente responsable de no proteger a los niños palestinos frente a los ataques de soldados y colonos israelíes en Cisjordania, añade.

Yazan, un niño palestino de 2 años que sufre desnutrición, está sentado junto a sus hermanos en la vivienda familiar dañada, situada en el campo de refugiados de al Shati
El informe acusa a Israel de utilizar el hambre como método de guerra.

Ataques israelíes contra hospitales neonatales

El informe señala asimismo que los niños de Gaza y Cisjordania —especialmente los varones adolescentes— han sido “detenidos, torturados y maltratados en prisiones y centros de detención israelíes”, y que se han documentado “incidentes de violencia sexual y de género contra niños palestinos, a menudo durante las detenciones o mientras permanecían bajo custodia”.

Por otra parte, los ataques israelíes contra hospitales neonatales y pediátricos en Gaza “desmantelaron sistemáticamente el acceso de los niños a cuidados vitales, socavando su supervivencia como grupo protegido”, según el informe.

Una madre sentada sobre una piedra en mitad de los escombros de edificios con un niño en brazos.
La hambruna, especialmente cuando es organizada, es un crimen condenable según el derecho internacional.

Asimismo, acusa a Israel de utilizar el hambre como método de guerra y advierte que las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza han “provocado desnutrición aguda y crónica entre los niños de la Franja, eliminando las condiciones básicas necesarias para su supervivencia”.

Además, sostiene que, mediante ataques a escuelas, desplazamientos masivos y cierres forzosos, las autoridades israelíes han “obstaculizado sistemáticamente la capacidad de aprendizaje de los niños, saboteando así los cimientos intelectuales y sociales de la propia sociedad palestina”.

Condena de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel condenó el informe, calificando a la comisión de “mecanismo fundamentalmente viciado cuyo único propósito es señalar y vilipendiar a Israel en lugar de buscar la verdad”.

“Ignora por completo a los niños israelíes que fueron brutalmente asesinados, secuestrados y atacados por Hamás, al tiempo que pasa por alto el uso cínico que Hamás hace de los niños palestinos como escudos humanos y peones de guerra”, añadió.

Asimismo, acusó a la comisión de carecer de “cualquier mecanismo de verificación creíble para sus afirmaciones”.

Los dirigentes israelíes han rechazado sistemáticamente las acusaciones de genocidio y afirman que las operaciones militares en Gaza se han realizado en legítima defensa, con el fin de derrotar a Hamás y a otros grupos armados palestinos, así como de lograr la liberación de los rehenes israelíes.

También han insistido en que las fuerzas israelíes han actuado conforme al derecho internacional y adoptan todas las medidas posibles para mitigar los daños a la población civil.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) examina actualmente una demanda presentada por Sudáfrica que acusa a las fuerzas israelíes de genocidio, aunque podrían pasar años hasta que se llegue a una conclusión.

Israel ha calificado el caso de “totalmente infundado” y basado en “acusaciones sesgadas y falsas”.

Afganas condenan visita de los talibanes a Bruselas: “Todo acercamiento es una traición al sufrimiento de las mujeres”

Por Elena Pérez

La Unión Europea (UE) lleva varias semanas siendo objeto de duras críticas tras conocerse que una delegación del Gobierno de facto talibán había sido invitada a una reunión técnica en Bruselas, noticia que las propias autoridades del país ya confirmaron y que desató una oleada de reacciones en la comunidad internacional.

Pese a la esperanza de las organizaciones feministas y de derechos humanos de que la visita no llegase a producirse, esta ha tenido lugar. El martes, 23 de junio, miembros del régimen y de la UE se han citado para hablar, entre otros asuntos, de la posible reanudación de los servicios consulares para afganos, según el portavoz de Exteriores Abdul Qahar Balkhi.

“Los servicios de la Comisión y Suecia copresidieron hoy una reunión de nivel técnico con representantes técnicos de las autoridades de Afganistán responsables del retorno y la readmisión”, confirmaba ayer a Europa Press un portavoz comunitario, indicando también que en esta habrían participado una quincena de Estados miembros.

Se sabe que en la cita no ha participado España, cuyo Gobierno central ha denunciado en múltiples ocasiones las violaciones de derechos humanos cometidas desde la toma de Kabul. Paralelamente, días antes de la reunión, el 20 de junio, Madrid acogió una protesta en apoyo de las mujeres de Afganistán en la que participó Khadija Amin.

La periodista, que en 2021 figuraba entre las más de 2.000 personas evacuadas por el Estado español en un operativo de emergencia coordinado entre los Ministerios de Defensa y Exteriores, hoy es una de las voces más firmes contra la represión ejercida por el grupo fundamentalista.

La autora de Sin velo. Una mujer libre contra los talibanes (Debate, 2026) se pronuncia sobre la cita. “Hoy estaba leyendo los informes sobre la reunión y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro”, lamenta la informadora, que hace cinco años pasó de dar los buenos días en la Radiotelevisión Pública de Afganistán a convertirse en refugiada.

Asegura estar “profundamente decepcionada” por el encuentro, con el que esperaba que la Comisión diera un paso atrás en nombre del sentido común. “¿Cómo es posible que Europa olvide que allí se ha privado a las niñas de su derecho a la educación?“, cuestiona en declaraciones a esta revista.

El drama de las afganas

En los últimos años, las mujeres del Emirato Islámico han visto cómo se ha restringido su acceso a la formación a través de decretos que limitaban su enseñanza a partir de los 12 años y prohibiciones que excluían al 78% de ellas de la escolarización y el trabajo, según el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2025 de Amnistía Internacional.

A la parálisis formativa se suma la pérdida de la libertad de movimiento. En la actualidad, no pueden salir a la calle sin la presencia de un mahram, el hombre de la familia encargado de velar por su seguridad y su honor. Tal exigencia bloquea su acceso a necesidades críticas, pues no pueden, por ejemplo, acudir solas a un centro médico.

Además, este mayo se conoció que el Gobierno había promulgado una normativa de derecho familiar que agravaba aún más el drama del matrimonio infantil en el país, tipificando nuevas circunstancias en las que se pueden consumar estas uniones.

Uno de los puntos más controvertidos del reglamento era el artículo 7, que dicta que el “silencio” de una chica virgen que haya alcanzado la pubertad se interpretará como consentimiento, así como otros en los que se amplía la autoridad concedida a padres y abuelos para concertar los casamientos de menores.

En este contexto, el acercamiento con Bruselas ha caído como una jarra de agua fría sobre las activistas que rechazan las actuaciones del régimen. En palabras de Amin, “durante estos cinco años hemos alzado nuestra voz en todas las circunstancias, pero no hemos sido escuchadas“.

Igualmente rotunda ha sido Arezo Golsari, que antes de huir del país ya había luchado contra múltiples barreras sociales y, además de jugar al fútbol, solía ser la presidenta de la federación femenina de este deporte. Cuando los talibanes tomaron el control, huyó a España en busca de un futuro mejor para la hija que estaba esperando.

“Expresamos nuestra más profunda preocupación y enérgica objeción al Parlamento Europeo y a todas las instituciones o personas que hayan facilitado su invitación, reconocimiento o legitimación”, expresa en apoyo de su comunidad y, en concreto, de los más de 22 millones de mujeres que viven en ella.

La activista les insta “a que reconozcan su responsabilidad moral y humana” y critica que “todo representante que decida dialogar o negociar con los talibanes hoy debe ponerse, aunque sea por un instante, en el lugar del pueblo de Khorasan, Afganistán”.

Se dirige directamente a los representantes políticos para pedirles que, “si son mujeres”, se imaginen “como madres, hermanas o hijas privadas de sus derechos humanos más básicos”. “Si son hombres”, prosigue, “deben pensar en ellas e imaginarlas viviendo tal represión“.

“El silencio es complicidad”

“Los talibanes no sólo violan flagrantemente los derechos humanos, sino que también son enemigos del conocimiento, la educación y la libertad“, dice. Porque mediante la opresión femenina sistemática, el cierre de escuelas y universidades y las restricciones a la mitad de la sociedad, denuncia, “están cometiendo crímenes de lesa humanidad“.

También critica que “cualquier acercamiento político o diplomático a este grupo, sin reconocer estas realidades, constituye una traición al sufrimiento de millones de mujeres y familias“. Por ello, no duda en afirmar que “el silencio ante la opresión es, en sí mismo, una forma de complicidad“.

Se trata de la primera vez que la UE acoge al grupo desde el regreso del régimen al poder en 2021. Actualmente, ningún país del bloque comunitario reconoce a los talibanes, de ahí que su visita haya sido interpretada por múltiples oenegés y afganos —uno de los colectivos más numerosos de solicitantes de asilo en la UE— como una apertura al grupo.

Golsari hace un llamamiento a la comunidad internacional “para que pongan fin a esta evidente injusticiaabandonen la política de apaciguamiento hacia los talibanes y se solidaricen firmemente” con el pueblo oprimido.

Afganas y españolas también se están movilizando a través de campañas en rechazo a la visita. Una de ellas la lidera People HELP bajo el lema ‘No en mi nombre‘. Su presidenta, Mònica Moya, asegura que desde la oenegé se han enviado comunicaciones a los eurodiputados condenando la cita.

Lamenta que “se amparen en una cuestión técnica” para justificar el viaje de la delegación —a cuyos miembros se expidieron visados de un día sólo válidos para Bélgica—. “¿Es técnico enviar a personas a la muerte, el maltrato y las torturas?“, ha cuestionado, en relación a las conversaciones para facilitar las deportaciones de migrantes del país.

En efecto, el motivo del encuentro, impulsado por la presión de Estados miembros como Alemania y Suecia, era coordinar los canales operativos para ejecutar la repatriación y devolución de ciudadanos que hayan cometido delitos en suelo europeo.

“Hablemos del fondo de la cuestión y no de sutilezas lingüísticas —expresa—. Si mandan a alguien allí, exigimos seguimiento, fe de vida y de trato”. De no ser así, “Europa será cómplice, más aún, de lo que está pasando [en el país]”.

Amin, Golsari, Moya y más de una treintena de personas se inscriben en We Raise Our Voices For Afghan Women, una red internacional formada por organizaciones y activistas “que nace de la necesidad de dar una respuesta coordinada a la constante erosión de los derechos de las mujeres en Afganistán”, explican desde la comunidad.

Rechazo categórico a la visita

Esta ya dirigió una carta abierta a los miembros del Parlamento Europeo expresando su alarma ante los “graves interrogantes políticos, jurídicos y éticos” que plantean las discusiones Bruselas-Kabul.

Magas ha tenido acceso al documento, del cual piden una respuesta antes del próximo debate parlamentario sobre cooperación migratoria.

No puede ignorarse el significado político y simbólico que implica abrir canales de interlocución con un régimen responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres y las niñas”, expresa.

El grupo solicita a los europarlamentarios que “exijan plena transparencia a la Comisión” e información pública y detallada sobre los objetivos de las reuniones, así como que “ejerzan sus funciones de control democrático” y que “rechacen cualquier invitación o interlocución” con los mismos.

También les insta a que “defiendan el principio de no devolución y la protección internacional“, “refuercen la protección de las mujeres y niñas afganas” y que “incorporen sus voces en cualquier política europea” relativa al país.

“No estamos ante una cuestión meramente protocolaria ni administrativa —dice la organización—. Estamos ante una decisión con profundas implicaciones para la credibilidad de la Unión como espacio comprometido con los derechos humanos, la igualdad y el Estado de derecho”.

El comunicado prosigue reivindicando que la resistencia de las mujeres tenga la solidaridad, protección y coherencia política que merece.

“Les pedimos que actúen con urgencia, responsabilidad y firmeza para garantizar que los principios fundacionales de la UE prevalezcan sobre cualquier consideración coyuntural de política migratoria”, concluye.

Mujeres en conflictos armados: protagonistas en la crisis, ausentes en la paz

Madrid, EFE.– En el momento de mayor número de conflictos armados desde 1946, las mujeres no solo sufren de manera desproporcionada la guerra, sino que son el primer y más efectivo escudo de contención y atención humanitaria. Antes que las agencias internacionales o los convoyes de ayuda logren sortear los frentes y las restricciones que algunos países ponen de acceso a la población, las redes locales de mujeres están atendiendo y cuidando en primera línea. Sin embargo, esta labor crucial enfrenta la asfixia financiera provocada por los recortes de la ayuda internacional y la histórica exclusión de las mujeres en las mesas donde se negocia la paz. 

Relatora de la ONU se pronuncia frente a la muerte de la activista Monika Silva

La relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de DD.HH., Andrea Bolaños, se pronunció respecto a la muerte de la activista Monika Silva. Este 22 de junio, Bolaños publicó a través de su cuenta de X que desde el 8 de junio ha seguido la información sobre el caso de la activista.

“Dado que las autoridades forenses indican que las circunstancias no concuerdan con un suicidio, este suceso adquiere una gravedad particular. Resulta emblemático de una crisis de inseguridad que afecta a quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, señaló.

Además, dijo que no es un caso aislado, ya que diversos informes muestran que otras personas defensoras de derechos humanos sufren hostilidad por parte del Estado. Y recalcó que esa situación vulnera gravemente los derechos.

Por lo que la Relatora de la ONU instó al Estado ecuatoriano a que garantice el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos, que cese la persecución, criminalización y vigilancia de personas defensoras; que garantice la protección efectiva contra amenazas, violencia e intimidación, que refuerce los mecanismos institucionales de la Defensoría del Pueblo para proteger y respaldar a personas defensoras; que enjuicie a los responsables de toda violación contra las personas defensoras, sin impunidad; y que lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente en el caso Monika Silva.

Monika Silva fue hallada muerta

El 8 de junio de 2026 se alertó que la activista de Santa Elena, Monika Silva, fue encontrada sin vida en su domicilio. Las circunstancias de la muerte de la activista no fueron esclarecidas inmediatamente, por lo que distintos organismos pidieron una investigación debido a los hechos que ella denunciaba.

Frente a ello, el 19 de junio de 2026, en una rueda de prensa el Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de las mujeres (Cepam) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) indicaron que serán los encargados de patrocinar legalmente el caso que investiga la muerte de la activista. Además, indicaron que con la autopsia se descartó el suicidio.

Además, rechazaron las declaraciones iniciales dadas por el ministro del Interior, John Reimberg, en el que manifestó que la causa de muerte de la activista habría sido un “suicidio”. “Esto para nosotros significa un hecho grave, que en algún momento ojalá pueda ser aclarado, de qué motivo esa premura para calificar de ese tipo”, indicó Billy Navarrete, director del CDH.

Silva denunció casos de corrupciónirregularidades en la administración pública y conflictos vinculados al tráfico ilegal de tierras. También colaboró con información relevante para el seguimiento y documentación del asesinato del comunicador Robinson del Pezo. (DLH)

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