La Defensoría de la Niñez descartó la existencia de antecedentes que adviertan delitos como trata o tráfico en marco del caso de niños haitianos que habrían entrado a Chile de forma irregular con el proceso de reunificación familiar.

En el programa Estado Nacional, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, dijo que “hasta ahora, con la información que manejamos, por la información también que ha venido saliendo desde los municipios, no hay al menos denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico y otro delito, tal como se ha hablado durante la semana”.

Y agregó que “hay un grupo de niños que formalmente han sido ubicado y que en definitiva también da cuenta de un trabajo coordinado de un trabajo coordinado de las instituciones competentes”.

En esa línea, indicó que ahora resta tener “certezas de cuál es su situación real, si están gozando o no de los derechos de que son titulares y efectivamente ver cuáles son las brechas que el sistema de protección integral”.

El defensor de la Niñez valoró las decisiones tomadas por la administración de José Antonio Kast al conformar “una fuerza de tareas, donde lo más positivo es que sea liderado por el Ministerio de Desarrollo Social (…) porque el enfoque que se le está dando a esta tarea no es el de la seguridad, no es de control migratorio, sino que es desde la mirada desde la protección de niños, niñas y adolescentes”.
A fines de abril de 2025, la Defensoría de la Niñez viene recibiendo presuntas alertas por vuelos chárters provenientes desde Haití con centenares de niños en el marco de la reunificación familiar. “En principio en el ejercicio de su derecho”, dijo Quesille.

Esta información es emanada por la Comisión de Defensa del Senado. “Frente a eso, la primera herramienta legal es efectivamente identificar si dentro de este proceso existen o no eventuales comisiones de delitos o existen vulneraciones de derechos”, manifestó.

Para ello, solicitaron información a la Policía de Investigaciones y al Servicio Nacional de Migraciones: “Pedimos a cada una de las instituciones que nos entregara un reporte detallado que nos permitiera ver la situación de los menores para ver si había vulneraciones o delitos”, apuntó.

Así, aseveró que la PDI “no nos da cuenta de situaciones que estuvieran vinculadas a la comisión de delitos”, mientras que el Sermig no entregó respuestas.

De la Redacción de EL NORTE

Los casos de violencia sexual en conflictos bélicos “han sufrido un aumento vertiginoso de más del 100 % desde 2024”, lo que evidencia un panorama “sombrío” con nuevos países –Israel y Rusia– entre los que utilizan la violencia sexual como arma de guerra, aseguró la representante especial de la ONU para violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten.

En una entrevista con la agencia EFE, Patten denunció, además, que los recortes de financiación sin precedentes a la ONU, llevados a cabo principalmente por los EE.UU., “han impactado de forma severa”, con graves repercusiones en países como Afganistán, Mali, Somalia, República Centroafricana, Palestina o Yemen, entre otros.

La representante del organismo internacional enmarcó esta advertencia en el 18º aniversario de la resolución histórica que reconoció la violencia sexual como una táctica de guerra, y del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, que se conmemora cada 19 de junio.

En junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo y rendir homenaje a todos quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos y han perdido la vida en ello. La fecha fue elegida para conmemorar la adopción de la resolución 1820 del Consejo de Seguridad –el 19 de junio de 2008– en la que el Consejo condenó la violencia sexual como táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz.

INCREMENTO

El informe anual de Naciones Unidas evidencia un panorama “sombrío” en el que “se ha reportado un aumento vertiginoso de más del 100 % en el número de casos de violencia sexual confirmados desde 2024. Más del 90 % de los casos se cometieron contra mujeres y niñas”, especificó Patten.

Según el informe, que refleja solo los casos que la ONU ha podido confirmar de manera directa, el país con más casos reportados es Haití, con 1.863, seguido de la República Democrática del Congo, con 1.534 ataques confirmados, y Sudán, con 501.

En el caso de la República Democrática del Congo, además de la violencia sexual relacionada con el conflicto y el desplazamiento, Patten subrayó la relación entre la inseguridad alimentaria y el aumento de este delito.

En países como Yemen, la ONU solo ha podido documentar 12 casos, según Linda Al Obahi, de la organización Peace Track Initiative, porque pese a que la violencia sexual en el país “se ha incrementado”, las organizaciones están enfrentando “grandes desafíos y no pueden reportar todos los casos existentes”. Además, Al Obahi aseguró que denunciar casos de violencia sexual en el país “depende de factores como la familia o la región porque muchas veces, a causa de tradiciones, las mujeres tienden a callar y no compartirlo con sus familias para preservar su reputación”, a lo que se suma “un sistema que no funciona, que no proporciona el apoyo necesario y no hace un seguimiento correcto de estos casos”.

COMO ARMA DE GUERRA

La reciente inclusión de Israel y Rusia en la lista de países que utilizan la violencia sexual como arma de guerra se produce después de que, como recuerda la representante, ninguno de ellos “tomaron ninguna de las medidas preventivas enviadas por el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar su presencia en la lista”.

En el caso de Israel, la ONU ha documentado un total de 31 casos de violencia sexual por parte de las Fuerzas de Seguridad israelíes a 17 mujeres y niñas palestinas y 14 palestinos, “especialmente en contexto de centros de detención. En este país, el seguimiento y la verificación de los casos se vieron gravemente obstaculizados por la falta total de acceso de los observadores de la ONU”, denunció Patten.

Según Huda Abuarqub, defensora de derechos humanos palestina, la violencia sexual contra su comunidad “afecta a todos los niveles: desde descargar la frustración en la comunidad, pasando por la incapacidad para vivir y el suicidio, hasta la delincuencia”.

La ONU ha verificado 310 casos de violencia sexual perpetrados por fuerzas rusas y, sin embargo, este país “no ha dicho ni una palabra desde que recibió la notificación el pasado agosto”, así como tampoco ha tomado “ninguna de las medidas preventivas para evitar que se incluyera a este país en la lista”, criticó Patten.

VÍCTIMAS Y RECORTES

Los recortes a los que se ha visto sometida la oficina de Patten tienen un impacto directo en las víctimas de violencia sexual en los conflictos. Y pone como ejemplo Afganistán, donde “se han cerrado 400 centros de salud y más de 100 centros de atención a la violencia de género”, denunció.

Y en países como la República Centroafricana, Mali o Somalia “se está recortando más del 70 % de los refugios de acogida integral y de la prestación de servicios contra la violencia de género”, alertó y sumó: “Es extremadamente frustrante ir a misiones sobre el terreno, crear expectativas, ver el sufrimiento de las sobrevivientes, y de sus hijos nacidos de una violación, y no poder hacer lo necesario”.

Además, las mujeres y niñas afectadas por este tipo de violencia “necesitan una atención médica oportuna y accesible, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva en un plazo de 72 horas para evitar un embarazo, y eso no es lo que está ocurriendo”, denunció.

La oficina se ha visto “gravemente afectada y se encuentra en un punto de inflexión: o conseguimos la financiación, o nos hundimos”, subrayó la representante, que participó a principios de este mes en Madrid en la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista.

EL DELITO “MÁS SILENCIADO”

Para la representante especial de la ONU, pese a que la violencia sexual se utiliza como arma de guerra “desde que existen los conflictos”, se trata del delito “más silenciado de la historia”, y del que no se consiguen reportar la mayoría de casos por múltiples motivos, “que van desde la vergüenza hasta el estigma”.

Asimismo, el aumento de conflictos a escala global en los últimos años y el creciente número de delitos de violencia sexual en estos contextos suponen un desafío a la hora de frenar a los perpetradores, y pese al “fuerte marco normativo”, Patten afirmó que el derecho internacional “está siendo desafiado” y que “cuando la impunidad es la norma y la justicia la excepción, existe una brecha entre las resoluciones del Consejo y la realidad en el terreno”.

Por Georgia Pietropaoli

En Afganistán, la vida cotidiana de las mujeres es una crónica de desapariciones forzadas, violencia impune y restricciones asfixiantes impuestas sistemáticamente por el régimen. El asesinato de la funcionaria de la ONU Fereshteh Amadi y las oleadas de arrestos arbitrarios en Herat son solo el último capítulo de una estrategia planificada para eliminar a las mujeres del espacio público.

Fereshteh Amadi, una respetada empleada del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), fue hallada muerta en circunstancias misteriosas el 4 de junio en Kabul. La respuesta de las autoridades talibanes a esta tragedia confirma la estrategia sistemática de encubrimiento que impregna todos los aspectos de la vida pública afgana. Si bien la UNAMA confirmó la muerte de la funcionaria sin aclarar las circunstancias, los talibanes tardaron días en responder, calificándola de «suicidio». Sin embargo, esta reconstrucción resultó ser poco fiable, lo que provocó una oleada de críticas y exigencias de verdad, incluso en las redes sociales. La muerte de Amadi se produce tras un período de constantes amenazas debido a sus compromisos laborales. En 2023, los talibanes impusieron la prohibición a las mujeres afganas que trabajan con las Naciones Unidas: un edicto que no solo pisotea los derechos fundamentales, sino que rompe deliberadamente el vínculo vital entre las trabajadoras y las mujeres que, debido a las restricciones del régimen, solo pueden recibir ayuda de otras mujeres. Desde 2021, el régimen ha atacado sistemáticamente al personal femenino de la ONU, desatando acoso, amenazas de muerte e intimidación que ni siquiera ha perdonado a sus familias. La falta de una investigación transparente refleja una preocupante «normalización» de la violencia contra las mujeres: la vida de Fereshteh Amadi no tiene ningún valor para quienes ostentan el poder; es un acto de impunidad que condena a las mujeres afganas a desaparecer en el anonimato, relegadas a una noticia menor en el frenético flujo de crisis mundiales.

Escrito por
Valdemar Medeiros

Wangari Maathai creó el Green Belt Movement y ayudó a Kenia a superar 51 millones de árboles al transformar la plantación en ingresos, movilización femenina y fuerza política.

Wangari Maathai transformó un problema cotidiano enfrentado por mujeres rurales de Kenia en una de las iniciativas ambientales más conocidas del mundo. En 1977, ella creó el Green Belt Movement, movimiento que nació para responder a la escasez de leña, al debilitamiento de la seguridad alimentaria y al avance de la degradación ambiental en comunidades kenianas.

Décadas después, el alcance de la iniciativa superó la reforestación local y se convirtió en referencia internacional. De acuerdo con el Nobel Prize y el propio Green Belt Movement, la movilización liderada por Maathai ayudó a Kenia a superar la marca de más de 51 millones de árboles, fortaleció comunidades y proyectó a la activista como símbolo de sostenibilidad, democracia y participación femenina.

Relatos de mujeres rurales dieron origen al Green Belt Movement en Kenia
Según la página de historia del Green Belt Movement, el origen del proyecto está en las quejas de mujeres kenianas que relataban un escenario cada vez más duro en el campo.

Joven de 17 años concilia trabajo manual en el campo, hasta 10 horas de estudio por día y aprueba en Medicina en la UFT por el Sisu.

Escondido bajo aguas heladas entre Alaska y Siberia, un cañón submarino de 160 km se hunde 2.600 metros y transforma el Mar de Bering en un corredor de vida.

Um limpiador de hospital que también lavaba autos para sobrevivir acaba de impresionar a Brasil al realizar el sueño imposible de convertirse en médico a los 26 años y gritar al mundo que el limpiador venció.

Ellas decían que los arroyos se estaban secando, que el suministro de comida se volvía menos seguro y que necesitaban caminar distancias cada vez mayores para buscar leña usada como combustible y material de cerca.

La propuesta era simple en la forma, pero profunda en el efecto: organizar comunidades para plantar árboles, recuperar áreas degradadas y devolver capacidad productiva a territorios presionados por la deforestación.

Plantación de árboles se convirtió en trabajo, organización comunitaria y recuperación ambiental
El Green Belt Movement informa que fue fundado bajo la estructura del National Council of Women of Kenya, el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, y desde el inicio combinó conservación ambiental con fortalecimiento comunitario.

La organización define su misión como mejora de la gestión ambiental, del empoderamiento social y de las condiciones de vida mediante la plantación de árboles.

El Nobel Prize destaca que, al incentivar a las mujeres a plantar árboles, Wangari Maathai ayudó a crear oportunidades de trabajo e ingresos a escala local.

Con el tiempo, el movimiento dejó de ser solo una respuesta ecológica y pasó a funcionar también como estructura de organización social en comunidades que dependían directamente de la tierra, del agua y de la vegetación para sobrevivir.

Marca de más de 51 millones de árboles colocó el movimiento entre los mayores ejemplos de reforestación comunitaria

Uno de los datos más fuertes de la trayectoria de Wangari Maathai es la escala alcanzada por el proyecto. El Nobel Prize registra que la campaña iniciada en 1977 se extendió y llevó a la plantación de más de 51 millones de árboles solo en Kenia, número que transformó al Green Belt Movement en referencia global de restauración ambiental basada en acción comunitaria.

El propio Green Belt Movement sostiene que su actuación fue más allá de la plantación aislada de plántulas. La organización pasó a vincular reforestación, resiliencia climática, protección ambiental, mejora de medios de vida y participación popular, mostrando que la recuperación del paisaje también puede funcionar como estrategia de defensa económica y social.

Wangari Maathai transformó la reforestación en símbolo de democracia y justicia ambiental

La página histórica del movimiento afirma que, a medida que la iniciativa creció, también pasó a actuar contra la apropiación ilegal de tierras, la deforestación y la destrucción de espacios públicos. En esa fase, el Green Belt Movement dejó claro que cuidar del medio ambiente y defender derechos civiles estaban en el mismo campo de disputa.

Esto ayuda a explicar por qué Wangari Maathai se consolidó no solo como ambientalista, sino como una líder que conectó preservación ambiental, autonomía femenina y participación ciudadana en una misma agenda pública.

Premio Nobel de la Paz consolidó a Wangari Maathai como nombre central de la sostenibilidad global

En 2004, Wangari Maathai recibió el Premio Nobel de la Paz y, según el Nobel Prize, se convirtió en la primera mujer africana en conquistar el honor. El reconocimiento internacional dio una dimensión aún mayor a una trayectoria que ya mostraba, desde los años 1970, cómo el medio ambiente puede estar directamente ligado a la paz, la democracia y la dignidad social.

El premio no apareció como punto aislado, sino como consecuencia de una construcción larga. Al asociar árboles, generación de trabajo, recuperación de áreas degradadas y resistencia cívica, Wangari Maathai ayudó a ampliar el entendimiento global sobre lo que realmente sustenta la paz en sociedades presionadas por pobreza, degradación ambiental y exclusión. Legado de Wangari Maathai sigue vivo en Kenia y continúa influyendo en el debate ambiental

La página de historia del Green Belt Movement afirma que el trabajo de Wangari Maathai continúa presente en la línea de frente de la defensa ambiental en Kenia.

La organización sigue vinculando conservación, democracia, empoderamiento comunitario y restauración forestal, preservando la lógica que transformó una demanda local en movimiento de alcance internacional.

Wangari Maathai creó el Green Belt Movement y ayudó a Kenia a superar 51 millones de árboles al transformar la plantación en ingresos, movilización femenina y fuerza política.
Wangari Maathai creó el Green Belt Movement
Casi medio siglo después del primer impulso dado por Maathai, el caso sigue siendo recordado porque reunió elementos raramente vistos en la misma escala: mujeres organizadas, plantación de árboles, respuesta a la degradación ambiental, presión por derechos y una marca superior a 51 millones de árboles en un solo país.

Es esta combinación la que mantiene al Green Belt Movement entre los ejemplos más influyentes de restauración comunitaria ya asociados al continente africano.

Diez mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas en las últimas horas en el barrio porteño de Caballito, durante un allanamiento realizado por la Policía de la Ciudad en un local que funcionaba bajo la fachada de una “casa de masajes”.

Una mujer de nacionalidad paraguaya fue detenida, acusada de regentear el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado sobre la calle Beauchef al 500, en el marco de una investigación iniciada en abril a partir de una denuncia anónima. Tras el operativo, el establecimiento fue clausurado.

La denuncia, radicada el 16 de abril, advertía que en el lugar se explotaba sexualmente a varias mujeres y que se registraba un constante movimiento de hombres que ingresaban y salían del inmueble.

A partir de esa información, la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad inició tareas investigativas para verificar los hechos denunciados y determinar la posible existencia de delitos vinculados con la trata de personas y la explotación sexual.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento del lugar. Durante el operativo fue detenida una ciudadana paraguaya identificada como la responsable del establecimiento, quien ya había sido señalada como recepcionista y administradora del local.

Los elementos secuestrados durante el allanamiento (Policía de la Ciudad )

La medida judicial también contempló la identificación de todas las personas presentes, el secuestro de elementos de interés para la causa y la intervención de distintos organismos especializados.

Del procedimiento participaron integrantes de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, área Trata de Personas, quienes entrevistaron a las mujeres rescatadas; personal de la Dirección Nacional de Migraciones, encargado de realizar controles documentarios; y agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que efectuaron una inspección integral del inmueble.

Al momento del allanamiento había once mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por personal de Migraciones. Posteriormente, las mujeres fueron entrevistadas para determinar las circunstancias en las que se encontraban en el lugar.

Una mujer quedó detenida tras el allanamiento (Policía de la Ciudad )

Durante la requisa, los investigadores secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones y un dispositivo de cobro electrónico (Posnet), elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Por su parte, la AGC dispuso la clausura del establecimiento. La Justicia ordenó además el secuestro de los elementos hallados, la detención de la sospechosa, el cierre del inmueble y la implantación de una consigna policial en el lugar.

En la causa intervienen el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, encabezada por Rocío Zapata.

Termina la guerra, pero no la violencia contra la mujer. Mientras el mundo centra su mirada en la firma del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán, que pone fin a la guerra iniciada en febrero, un tribunal de la ciudad iraní de Qom ha condenado a la cantante Parastu Ahmadi, junto con otros ocho músicos, a 74 latigazos, una prohibición de dos años de salida del país y otra de otros dos para ejercer actividades artísticas por cantar sin llevar puesto el velo en un concierto retransmitido en YouTube.

La corte ha condenado a los acusados —entre ellos ocho miembros del equipo de producción y músicos que participaron en un concierto grabado el 11 de diciembre de 2024, que tiene casi tres millones de visualizaciones en YouTube— por cargos como “ofensa a la moral pública” al violar las normas islámicas, así como por “producir, enviar, distribuir y publicar” contenido “vulgar” e “inmoral”.

En diciembre de 2024, Ahmadi y varios de sus músicos ofrecieron un concierto simbólico a puerta cerrada en un caravasar —una suerte de albergue apto para caravanas típico de la región— en Deir Gachin, en Qom, que duró alrededor de media hora. La actuación se transmitió en directo por su canal de YouTube.

La publicación posterior del concierto dio lugar a la apertura de una causa judicial en su contra. La Fiscalía de Teherán imputó formalmente a la cantante a finales de diciembre, si bien tras ser detenida fue puesta en libertad bajo fianza con el resto de coacusados, según ha informado la ONG HRANA.

El nombre del vídeo de la actuación, ‘Un concierto imaginario’, hace referencia a la prohibición de las mujeres artistas a cantar en solitario delante de un público en Irán. La cantante aparece precisamente cantando sola, con el pelo descubierto y vestida con un vestido negro de tirantes.

Ahmadi, nacida en 1997, es graduada en dirección cinematográfica por la Universidad de Soore, en Teherán. Empezó a ser conocida por reinterpretar una canción patriótica durante las protestas antigubernamentales de 2022 tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial por no ponerse bien el velo.